La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), una entidad que fue el soporte técnico para crear los Códigos Penal y Procesal Penal en 1998 calificados como “desatre” por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.
La ley de disolución fue aprobada con 57 votos a favor. Tres diputados, de Arena y Vamos, votaron en contra. Ningún diputado emitió opinión en el pleno.
El proceso de liquidación se deberá finalizar a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y las indemnizaciones a los empleados de la UTE serán pagadas en los primeros tres meses de 2027.
La ley establece indemnizaciones de un salario por año de servicio hasta 24 salarios si estos oscilan entre $408.80 y $900; y hasta 12 salarios si este es igual o superior a $901.
La nueva ley traslada el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la UTE al Ministerio de Seguridad Pública, tanto sus competencias y el personal. El ministro de Seguridad aseguró que redefinirán el programa aunque no dio detalles.
Al Programa de Protección a Testigos y Víctimas le corresponde resolver las solicitudes de medidas de protección formuladas por el Órgano Judicial, la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Policía nacional Civil, resolver o suprimir medidas de protección adoptadas provisionalmente por situaciones de riesgo inminente, organizar y administrar albergues permanentes y casas de seguridad temporales,
La dirección general de la UTE y el Ministerio de Seguridad deberán conformar un comité de liquidación. La UTE deberá cancelar los contratos con proveedores y trasladar sus bienes al Ministerio de Seguridad.
La “Ley de disolución de la Comisión Coordinadora del sector justicia y de disolución y liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia” deroga la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, que estaba conformada por el presidente del Órgano Judicial, el ministro de Justicia, el fiscal general de la República, el procurador general de la República y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y tenía la atribución legal de definir la política y estrategias del sector así como analizar la problemática relacionada con el sector.
El ministro de Seguridad calificó de «contaminación” el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la labor de la UTE y señaló que “fue una institución que nació para poder hacer viable el desastre del Código Penal y Procesal Penal que nos impusieron en 1998”.
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