El Estado salvadoreño cumple de manera limitada las obligaciones de transparencia asumidas en el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según un informe de Acción Ciudadana publicado este jueves.
De 14 compromisos de transparencia con el FMI evaluados por el Centro de Monitoreo Institucional de la AC, solo se identificaron dos cumplidos –uno con retraso–, seis con cumplimiento parcial y seis no cumplidos.
El informe del centro de monitoreo de la AC concluyó que la disponibilidad de información pública en El Salvador “continúa siendo insuficiente para que la ciudadanía pueda verificar plenamente el cumplimiento de varios de los compromisos asumidos en materia de gobernanza y transparencia dentro del programa suscrito con el FMI”.
El informe reconoce avances como el acceso público al registro de adjudicaciones de Compras Públicas (Comprasal), la publicación del estudio actuarial de pensiones, presupuesto del Centro Nacional Anticorrupción y fortalecimiento de la Corte de Cuentas, y la consulta pública de los activos y pasivos de funcionarios y empleados públicos obligados.
La AC sostiene que hay falta de información verificable porque falta la documentación de respaldo de auditorías, estados financieros y del informe de activos y pasivos de funcionarios y empleados públicos. “Si bien existe más información que antes sigue siendo insuficiente”, indicó la AC en un video.
Uno de los compromisos con menor transparencia identificados fue la falta de estados financieros del Fondo Bitcoin y el uso de fondos públicos en bitcoin. Esta es una de las áreas que continúan opacas, según la organización.
Las áreas críticas señaladas por el informe tienen que ver con lucha contra la corrupción, prevención de lavado de dinero, la transparencia en compras públicas y la regulación sobre las criptomonedas.
Compromisos cumplidos:
1. Refuerzo presupuestario a Corte de Cuentas de $5.3 millones más respecto a 2025.
2. Se publicó el estudio actuarial pero con retraso ya que el plazo era septiembre y se publicó en diciembre de 2025.
Compromisos cumplidos parcialmente
1. Se publicó el Lineamiento de la Dirección Nacional de Compras (DINAC) con las excepciones a la ley de contratación pública; no se encontró un decreto presidencial.
2. No se han publicado los contratos, documentos de orden de compra, ni las modificaciones realizadas de las compras públicas.
3. Solo se ha publicado el nombre del beneficiario final, e incluso se ha colocado a personas jurídicas como beneficiarios finales, en compras públicas.
4. No se encontró información sobre medidas para el inicio de operaciones del Centro Nacional Anticorrupción (CNA) pero la AC infiere que ya está operando.
5. Se publicaron los montos de activos y pasivos de los sujetos obligados –funcionarios y empleados públicos– pero sin documentación sobre la información declarada.
6. Acciones formativas de la Corte de Cuentas a su personal, una carta de entendimiento suscrita con la Fiscalía General para competencias del personal; pero la AC no encontró mecanismos para el intercambio de información.
Compromisos no cumplidos:
1. La AC indicó que en el portal de la CCR y de los entes obligados no se encontró información sobre informes de auditorías realizadas en 2024 a los ministerios y empresas más relevantes; y en los documentos publicados por cada ministerio tampoco haló evidencia de estados financieros auditados.
2. Falta de evidencia de que la Asamblea Legislativa haya legislado sobre beneficiario y propiedad final de todas las personas y estructuras jurídicas registradas en El Salvador, ni registro específico derivado del compromiso con el FMI.
3. La AC encontró información sobre seminarios sobre medidas antilavado de dinero AML/CFT pero no halló medidas específicas adoptadas por la FGR para fortalecer el rol de la Unidad de Investigación Financiera.
4. Falta de información sobre estados financieros de las empresas que participan en el proyecto Bitcoin.
5. Falta de documentos de respaldo sobre el avance en el proceso de desmantelamiento del uso del Bitcoin en el sector público, más allá de las reformas a la ley.
6. Falta de información que evidencie las medidas adoptadas dentro del proceso de desmantelamiento para no utilizar Chivo Wallet. Incluso se continúa comprando Bitcoin.
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