Denuncias ante la PDDH caen 60 % según la OUDH; una fue por tortura

Las denuncias interpuestas por los ciudadanos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tuvieron una baja de 833 a 334 de 2024 a 2025, una caída del 59.9 %, de acuerdo con el informe anual 2025 “El estado de los derechos humanos en El Salvador” del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH de la UCA) presentado este jueves.

“Hay un tema de análisis sobre el papel que está jugando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador”, comentó la coordinadora del OUDH de la UCA, Fátima Peña.

Entre las 334 denuncias recibidas por la PDDH durante 2025, se presentaron 138 de presunta detención arbitraria, 64 de posibles persecuciones o indagaciones ilegales y 31 denuncias de intimidación.

Durante el último año, según la investigación de la OUDH, la Procuraduría recibió 25 denuncias de malos tratos, 7 de uso desproporcionado de la fuerza, 4 de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, 1 caso de muerte por uso desproporcionado de la fuerza y 1 denuncia de tortura.

De acuerdo con el informe, el análisis de las denuncias por tortura, malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza fue afectado por la restricción del acceso a la información pública.

Pero detalla los géneros de las víctimas de los hechos denunciados: un hombre de tortura, 21 hombres y 3 mujeres de malos tratos, 7 hombres de uso desproporcionado de la fuerza y 4 hombres de tratos crueles. 

Un 72 % de las víctimas de las denuncias son hombres y un 26 % son mujeres; un 93 % de las denuncias fueron interpuestas contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el resto contra la Fuerza Armada de El Salvador. La mayor parte de afectados son jóvenes entre 18 y 35 años, un 52 %.

El informe de la OUDH, que analiza el estado de los derechos a la vida, libertad personal, integridad personal, acceso a la justicia y libertad de expresión, concluye que el Estado salvadoreño agravó durante el año 2025 el deterioro de las garantías procesales de las personas capturadas en el marco del régimen de excepción; y también concluyó que hay persecución selectiva de la organización comunitaria, el periodismo crítico y la defensa de los derechos humanos.

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