La deuda total que tiene el Estado con el ahorro de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) alcanzó los $11,761.31 millones, al cierre de agosto de 2026.
Al cierre de diciembre de 2022, cuando se realizó la reforma de pensiones, la deuda que tenía el Estado con el Fondo de Pensiones era $8,197.23 millones.
El monto de la deuda estatal incluye los $8,393.56 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) cuyo monto se ha mantenido fijo desde la reforma de 2022 y que es la deuda heredada en Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que antes de la reforma emitía el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) ya derogado.
Fue sobre esta deuda que el Estado logró un periodo de gracia para el pago de los intereses que suman más de $2,300 millones. El periodo de gracia, que le ha permitido al Estado dejar de pagar intereses de esta deuda con el Fondo de Pensiones, se vence en 2027.
El monto total de la deuda incluye la nueva emitida a partir de la reforma de 2022 en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que cerró en $3,367.75 millones hasta agosto, según datos preliminares actualizados esta semana por el Banco Central de Reserva. Esta nueva deuda estatal de pensiones conforma el 28.6 % de la deuda previsional.
Esta nueva deuda de pensiones es la emitida por el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que luego de que las AFP adquieran esos certificados COP con los fondos del ahorro para pensiones a cambio de una tasa de interés del 7 % anual los utiliza para cumplir sus obligaciones previsionales, como las pensiones de los jubilados del Sistema Público de Pensiones (SSP).
Uno de los compromisos de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para El Salvador es una reforma de pensiones que junto con una ley de servicio civil apoye objetivos de consolidación fiscal.
El acuerdo de 40 meses a favor de El Salvador en el marco del SAF fue aprobado el 26 de febrero de 2025 y en 2027 se prevé «el reconocimiento de intereses devengados pero no pagados a fondos de pensiones privados», que ascienden a $2,300 millones.
En el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027 entregado a la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda tiene programados $250 millones para gasto previsional en 2027.
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