Sin modificar la redistribución legislativa propuesta por el Ministerio de Gobernación, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable de la reforma al Código Electoral que asigna 6 escaños legislativos a los salvadoreños que viven en el extranjero y que resta 5 escaños al departamento de San Salvador y 1 a La Libertad.
Los diputados también aprobaron, con 8 votos, otros dos dictámenes favorables de la Ley de partidos políticos y de la Ley especial del sufragio en el extranjero.
Los dictámenes fueron aprobados luego de una reunión pública sostenida por los diputados con el director del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, las vicecancilleres Adriana Mira y Patricia Godínez.
La diputada Marcela Villatoro les preguntó: «¿Alguno de ustedes conoce de dónde ha salido el número de 6 diputados?, ¿basado en qué?». La diputadas comentó que «hay departamentos como San Miguel, ellos tendrían que tener solo 4 diputados y en la ley les están dando 5, La Libertad tiene 7 pero tendría que tener 8».
El diputado Ernesto Castro intervino. “Si alguien quiere opinar y, si no, pues, no son ustedes los que están haciendo las fórmulas y eso, pero si alguien quiere opinar también pueden hacerlo”, dijo.
Luego, Velasco respondió: “Eso iba a decir, lastimosamente no hemos participado nosotros en ese tema, sería abusivo de mi parte yo darle algún tipo de referencia en ese tema”.
Una propuesta de Acción Ciudadana calcula que proporcionalmente a la cantidad de salvadoreños domiciliados en el Registro Electoral le corresponderían 8 escaños legislativos, con 956,917 salvadoreños en el Registro Electoral; San Miguel se reduciría de 5 a 4 diputados, porque el departamento tiene una población de 447,634 según el último censo (2024); y San Salvador quedaría con 13 diputados, ya que tiene 1,563,371 habitantes.
El inciso segundo del artículo 79 de la Constitución ordena una distribución proporcional en la Asamblea Legislativa. Si es proporcional , una división de la población entre diputados asignados resulta un número similar.
La Comisión también recibió la visita de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, a quien diputados de Nuevas Ideas le preguntaron si están preparados para aplicar la reforma electoral. La presidenta del TSE respondió que están preparando una campaña y aseveró que han cambiado los términos de referencia para contratar a la empresa que administrará el voto en el exterior. En esta segunda reunión, Soriano no fue cuestionada sobre la redistribución de los escaños. En una primera manifestó que acatará la reforma que apruebe la Asamblea Legislativa.
NI pide modificaciones a proyectos
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió agregar el literal “f” del artículo 22 de la Ley de partidos políticos “Llevar contabilidad formal y contar con auditoría interna sobre el uso del patrimonio propio y fondos de financiamiento privado y patrimonio”.
Así mismo, pidió que el literal f del artículo 24 dijera únicamente “Montos de financiamiento privado”, quitándole financiamiento público, ya que fue eliminada la deuda política, en este artículo se regula la información que de manera oficiosa los partidos políticos deben facilitar a la ciudadanía.
Guevara también pidió reformar el literal “b” del inciso 1 del 24-A: b) informe sobre uso y destino de los fondos mediante las donaciones privadas, eliminando la “deuda pública” sobre la información que deben dar los partidos a la ciudadanía que lo solicite.
También pidió agregar en el inciso final del 26-C que “los partidos políticos tendrán obligación de poner a disposición de Tribunal Supremo Electoral y Ministerio de Hacienda la información de su financiamiento privado a detalle sin necesidad que medie el consentimiento de los donantes” así como por investigación judicial. El artículo original indica “financiamiento público y privado” pero establece la misma obligación, incluida la de informar a la Corte de Cuentas por la deuda política que era recibida.
También pidió reformas de forma a artículos 37, 41 y la derogatoria de la letra g del artículo 71 de la ley, que versa sobre deuda política, y al Código Electoral.
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