Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa autorizó el miércoles la emisión de $100 millones en títulos valores cuyos fondos obtenidos podrá usarlos el gobierno para prioridades estratégicas o necesidades en sectores sociales, ambientales o económicos.
Esta es la primera autorización legislativa para que el Gobierno Central emita deuda mediante títulos valores a ser colocados en el mercado nacional o internacional.
La primera solicitud de títulos valores de 2026 fue firmada por el viceministro de Ingresos, Juan Neftalí Murillo, como encargado del despacho del Ministerio de Hacienda, y entregada ayer a las 9:10 de la mañana poco antes de ser aprobada en el pleno.
Las instrucciones enviadas por el secretario jurídico de la Presidencia de la República es emitir esta deuda para colocarla en el mercado nacional o internacional con el fin de «atender prioridades estratégicas del Gobierno, así como para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos».
El decreto aprobado tampoco detalla un destino o tiempo concreto del uso de los fondos.
El artículo 2 indica que los fondos obtenidos de la emisión de estos instrumentos financieros, para que sean adquiridos por inversionistas internacionales o nacionales, como los bancos, «podrán destinarse en el transcurso del presente o de los siguientes ejercicios fiscales».
Como destinos posibles menciona:
- Atender prioridades estratégicas del Gobierno
- Obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez
- Transferencias varias
- Para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos
Los títulos valores constituyeron solo el 12 % de los ingresos por financiamiento (endeudamiento) del Gobierno Central en 2025, ya que la mayoría provino de préstamos externos: un 87.4 %.
Al cierre del año 2025, el Gobierno Central colocó $149.5 millones de títulos valores en el mercado nacional, pese a que se había previsto y autorizado mediante tres decretos legislativos una colocación de $566.6 millones en títulos valores, una diferencia de $417 millones, según la liquidación presupuestaria 2025.
En contraste, las empresas públicas y descentralizadas lograron colocar $35 millones de títulos valores en el mercado nacional y $580 millones en el mercado externo.
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