La misma resolución que confirma la condena de los tres militares por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses también exonera al actual comandante general de la Fuerza Armada de El Salvador de pedir perdón por este crimen, una condena que había puesto la Jueza de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango.
Los magistrados, Roberto Antonio Anzora Quiroz -expresidente de la Corte de Cuentas de la República- y Rigoberto Chicas, dieron la razón a los fiscales del caso quienes alegaron que ni ellos ni los acusadores particulares pidieron una condena subsidiaria para el Estado salvadoreño.
Los fiscales Karla Arana, Juan José Benavides y Daniel Cordón dijeron a los magistrados que esta condena subsidiaria al Estado salvadoreño fue “sorpresiva” e “inesperada” y alegaron que se violentó el artículo 77 del Código Procesal Penal derogado, porque en todo el juicio el Estado no fue notificado de una acusación en su contra.
“Correspondía que Fiscalía o la parte acusadora hiciera la petición del emplazamiento para esa institución Estatal, para que el juez lo ordenara por auto en el proceso, pero nada de ello consta que se haya hecho y por lo mismo no fue así ejecutado, lo que implica que esa calidad de responsable civil nunca se le hizo saber, en este caso al Comandante de la Fuerza Armada, porque ha sido a él a quien la señora Jueza ha condenado como responsable civil subsidiario, con lo cual se ha violentado el contenido de los artículos. 77 y 79 del Código Procesal Penal, derogado de 1973/74, pues se privó al Estado de El Salvador de ejercer su derecho de defensa; es decir que no se cumplió con el principio de Garantía de Audiencia (emplazamiento), a efecto de que tuviese conocimiento de la supuesta responsabilidad civil subsidiaria que se le pretendía atribuir”, dicen los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en La Libertad.
En junio de 2025, un jurado encontró culpable por el asesinato de los periodistas holandeses Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper al excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada, el excoronel Mario Adalberto Reyes Mena; el exdirector de la Policía de hacienda, Francisco Antonio Morán; y el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García, todos miembros de la Fuerza Armada y la jueza de Dulce Nombre de María los condenó a 60 años de cárcel, reemplazada por la pena máxima de ese entonces, 30 años de prisión.
La jueza también resolvió en su condena que el actual comandante general de la Fuerza Armada debía pedir perdón a las víctimas por la justicia tardía, en un acto público, en los siguientes 30 días después de notificada la condena. El artículo 157 de la Constitución señala que el comandante general de la institución castrense es el presidente del órgano ejecutivo; es decir que, según la jueza el actual presidente Nayib Bukele debía pedir perdón a las víctimas, sin embargo, los magistrados de cámara decidieron que esto no pasará.
Los cuatro holandeses fueron asesinados el 7 de marzo de 1982, luego que fueran emboscados en Santa Rita, Chalatenango, por soldados del Batallón Atonal que salían de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, en el mismo departamento, cuando hacían una cobertura sobre el impacto del conflicto en la población empobrecida, y en ese momento, se dirigían a un campamento guerrillero.
Este caso es el primero del conflicto armado en solventarse por la vía penal, luego de 43 años de impunidad.
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