Al menos 21 organismos humanitarios instaron este sábado a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a demandar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua ante instancias internacionales por violaciones graves a los derechos humanos, incluidas torturas y la imposición de apatridia, delitos que calificaron como crímenes de lesa humanidad.
La solicitud fue presentada por el Colectivo 46/2, conformado por organizaciones regionales y nicaragüenses como Raza e Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que exigieron el respaldo de los países miembros al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
“Instamos a los Estados a explorar todas las vías disponibles de justicia internacional”, afirmó el colectivo en un comunicado, al tiempo que advirtió que “la impunidad no puede ser la respuesta ante el patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua”.
El pronunciamiento surge tras la presentación, el jueves pasado, de las conclusiones del Grupo de Expertos ante la Asamblea General de la ONU. En su informe, denunciaron una estrategia deliberada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para acallar a la disidencia y consolidar su poder a través del uso del miedo, la violencia y la eliminación de garantías constitucionales.
Los hallazgos se basan en más de 1,900 entrevistas y el análisis de 9,300 documentos, y detallan que los abusos cometidos desde 2018 han sido “generalizados y sistemáticos”, alcanzando el umbral de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, evidencian una persecución que se ha extendido más allá de las fronteras nicaragüenses contra opositores reales o percibidos.
Uno de los casos mencionados por los expertos fue el asesinato, en junio pasado, del mayor en retiro Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica y crítico del régimen. De acuerdo con el informe, este es el cuarto ataque documentado contra opositores nicaragüenses en ese país, lo que refuerza la necesidad de medidas internacionales urgentes.
El Grupo también señaló la reciente retirada de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, decisión que calificaron como parte de una maniobra para eludir el escrutinio internacional y afianzar la impunidad dentro del país.
En respuesta, los expertos exhortaron a la comunidad internacional a adoptar acciones concretas, como el fortalecimiento de los mecanismos de asilo y protección para personas exiliadas, y el inicio de procesos legales ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tratados internacionales, como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.