A tan solo 42 días de las elecciones generales en Honduras, previstas para el próximo 30 de noviembre, expertos alertan sobre la falta de un reglamento que regule el voto en el exterior y la limitada capacidad operativa del sistema consular hondureño, especialmente en Estados Unidos, donde reside la mayor parte del electorado fuera del país.
La asesora legal del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Osiris Payes, manifestó su “preocupación” por la ausencia de normativas claras que garanticen procedimientos de trazabilidad, control biométrico y seguimiento electoral. Según indicó, el Consejo Nacional Electoral (CNE) únicamente aprobó la votación en el extranjero para el territorio estadounidense, donde se prevé la instalación de cerca de 15 juntas receptoras de votos.
Payes recordó que la legislación hondureña exige que el voto en el exterior debe replicar los mismos estándares de seguridad y confianza utilizados dentro del país.
“La ley manda que el voto en el extranjero debe seguir las mismas disposiciones de trazabilidad, biometría y seguimiento que se aplican en Honduras. Es decir, el mismo nivel de confianza y credibilidad debe replicarse fuera del país”, subrayó Payes.
La especialista también señaló que hasta el momento no se conoce si se enviará tecnología biométrica para registrar los votos ni cuál será la ruta logística para la transmisión de actas. Esta incertidumbre, afirmó, podría derivar en conflictos postelectorales.
“Si no se conoce la trazabilidad ni el procedimiento, los partidos podrían aceptar o rechazar los resultados de forma arbitraria, lo que sería un punto de disputa importante”, advirtió.
Según cifras oficiales del CNE, más de 430,000 hondureños están habilitados para votar desde el extranjero, lo que equivale al 6 % del Censo Nacional Electoral.
Por ello, Payes insistió en que el reglamento debe ser “técnico y minucioso” y replicar los mismos procedimientos de las juntas receptoras de votos en Honduras. Aseguró que “la no aprobación del reglamento del voto en el extranjero no puede ser un tema negociable porque su ausencia pone en riesgo la participación de miles de hondureños y la legitimidad misma del proceso electoral”.
Costos altos y participación baja
Por su parte, el analista político Luis León coincidió en que, aunque el voto en el exterior es un derecho constitucional, Honduras enfrenta grandes limitaciones para garantizarlo. Aseguró que el costo de implementación podría ser más alto que sus beneficios reales.
León señaló que en los últimos tres procesos electorales no se superaron los 4,500 votos emitidos desde el extranjero, a pesar de la alta cantidad de ciudadanos habilitados para votar en Estados Unidos.
“No es lo mismo estar habilitado que presentarse a votar”, explicó.
Atribuyó la baja participación a la escasa cobertura consular y a las largas distancias entre ciudades, lo que complica el acceso a los centros de votación. Además, calificó de compleja y costosa la organización logística del sufragio en el extranjero, e instó al Parlamento a reformar la legislación vigente.
A su juicio, se necesita una nueva Ley Electoral más robusta, que fortalezca la institucionalidad y amplíe la cobertura operativa del sistema electoral.