Seis de cada diez salvadoreños no tendría inconveniente con un gobierno no democrático si resolviera sus problemas (62 %) y un 46 % percibe el proceso político como injusto, cita el informe “Ruptura y oportunidades, propuesta para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica” de la Comisión de la CEPAL sobre Geopolíltica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe.
El estudio, que retoma los datos de Latinobarómetro 2024, ubica como una de las principales rupturas del orden mundial el deterioro de instituciones democráticas y del Estado de Derecho, la restricción de las libertades civiles y políticas, polarización creciente y pérdida de confianza.
Cita que la proporción de personas a las que no les importaría tener un gobierno no democrático si este resuelve sus problemas es mayor en Paraguay (70 %), seguido de Guatemala (67 %), El Salvador (62 %), Honduras y Ecuador (61 %).
La Comisión plantea cuatro posibles escenarios para el futuro del orden mundial, desde la fragmentación geopolítica con reglas definidas con esferas de influencia hasta la reconfiguración multipolar estable con pragmatismo.
El análisis, que ve la región latinoamericana con baja capacidad para crecer, alta desigualdad y gobernanza poco efectiva, e identifica como fuentes de presión la polarización política y la delincuencia organizada transnacional, reafirma que existe la necesidad de “fortalecer la democracia” para mejorar la gobernanza.
Señala que en Estados Unidos los indicadores de calidad democrática “han empeorado progresivamente desde mediados de la década pasada”, sin embargo, considera que “en 2025 preocuparse por el destino de la democracia estadounidense ha casi pasado de moda”.
Citando el “Informe sobre la democracia 2025”, indica que en 2024 solo el 28 % de la población mundial vivía en regímenes democráticos, mientras que el 72 % bajo formas de gobierno autocráticas; y por primera vez en 20 años en el mundo había menos democracias (88) que autocracias (91).
Una explicación al fenómeno es, según el informe, que la población cree que la democracia no le da resultados a sus problemas en seguridad, empleo, calidad de vida o lucha contra la corrupción; y otra es que las élites políticas “erosionan la democracia” y las instituciones no son capaces de imponer restricciones. Según la Comisión, esas dos explicaciones refuerzan un círculo vicioso que debilita aún más la legitimidad democrática.
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