El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, compareció este lunes ante un juez en Tegucigalpa para enfrentar una primera audiencia por un proceso en el que es acusado de presunto fraude y lavado de activos por alrededor de $10.8 millones, hechos investigados desde 2023.
El exmandatario, de 57 años, llegó al Tribunal de Sentencia luego de que un juez suspendiera de manera provisional la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, tras aceptar que se presentara voluntariamente ante la justicia.
Antes de ingresar a la audiencia, Hernández afirmó que enfrenta una persecución política y cuestionó el desarrollo del proceso judicial. «A esta hora estoy en indefensión todavía (…) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo», declaró a periodistas.
El exgobernante también pidió a la prensa investigar por qué, según él, únicamente en su caso se emitió una orden de captura, mientras que los demás implicados en el expediente pudieron comparecer en libertad ante los tribunales.
La audiencia quedó bajo la responsabilidad de un juez de Criminalidad Organizada, luego de que el magistrado inicialmente designado por la Corte Suprema de Justicia se declarara incompetente para conocer el caso al considerar que la investigación ya no correspondía al máximo tribunal.
De acuerdo con la acusación, el proceso conocido como Pandora II está relacionado con el supuesto desvío de $10.8 millones hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, período en el que Hernández presidía el Congreso Nacional. La Fiscalía sostiene que esos recursos habrían sido utilizados para financiar su campaña presidencial de 2013.
En las afueras de la Corte Suprema de Justicia se concentraron decenas de simpatizantes del exmandatario para expresarle su respaldo con banderas y consignas. Hernández llegó acompañado por familiares y bajo un amplio dispositivo de seguridad.
El exmandatario regresó a Honduras el pasado 26 de julio, después de permanecer en Estados Unidos, país al que fue extraditado en 2022. En 2024 fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, aunque esa sentencia quedó sin efecto tras el indulto total otorgado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 1 de diciembre de 2025.
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