La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes una solicitud de formación de causa contra 563 presuntos cabecillas de la pandilla 18, acusados de participar en 240 homicidios, entre ellos masacres, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
En un comunicado difundido en redes sociales, la Secretaría de Prensa indicó que los acusados pertenecerían a la pandilla 18 y a sus facciones Sureños y Revolucionarios.
Max Muñoz, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado de la FGR, aseguró que el proceso judicial «va a ser bastante corto».
«Esperamos en agosto presentar el dictamen de acusación para que este mismo año podamos estar en la audiencia única y definir la situación jurídica de todos estos cabecillas», sostuvo.
Según el Gobierno, este proceso permitirá saldar una «deuda histórica» relacionada con crímenes cometidos desde 2012.
Por su parte, la FGR detalló que 275 pandilleros eran de la fracción sureña y 288 de la fracción revolucionaria, quienes cometieron 14, 488 crímenes cometidos del año 2012 a la fecha. De estos, 269 son homicidios, así como extorsiones, tráfico de armas, trata de personas, pertenencia a estructura criminal y rebelión al haber intentado imponer Estado criminal.
La acusación presentada por la FGR atribuye a los detenidos una masacre ocurrida en Opico, donde fueron asesinados 14 trabajadores, así como otra registrada en el penal de Quezaltepeque.
«Al igual que los líderes de la Mara Salvatrucha, durante la época de la tregua también fueron fortalecidos los cabecillas de la pandilla 18. En esos tres años recibieron ventajas por parte del gobierno de turno que les permitieron fortalecer y expandir su organización», cita la Secretaría de Prensa al fiscal.
Entre las pruebas presentadas por la FGR figuran intervenciones telefónicas que, según la institución, permitieron corroborar diversos crímenes. De acuerdo con Muñoz, mediante estas escuchas se detectó un supuesto plan para atacar con una granada una sede de la Fiscalía. El artefacto era transportado en un vehículo amarillo, por lo que se instalaron retenes sobre la carretera Panamericana y se logró su incautación.
Entre los acusados está una persona que habría ejecutado un atentado contra la delegación de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, donde murió en elemento de la seguridad.
Además, al grupo se le atribuye la venta de marihuana y cocaína para financiar sus operaciones criminales.
Tras una reforma penal, en El Salvador se permite la realización de juicios colectivos contra miembros de estructuras criminales. La acusación también incluye el delito de pertenencia a organizaciones terroristas.
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