El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, se comprometió ante los diputados de la Comisión de Hacienda a no aprobar nuevas plazas por ley de salarios ni por contrato si estas no son estrictamente necesarias. Puso como ejemplo plazas de policías, médicos y enfermeras.
«El Ministerio de Hacienda no va a autorizar ninguna contratación de nuevo personal que no sea estrictamente necesario en las instituciones”, expresó.
El artículo 3 del proyecto de presupuesto general del Estado prohíbe la creación de plazas nuevas en todas las entidades de los tres órganos de Estado, instituciones autónomas, descentralizadas y municipalidades.
«Únicamente cuando existan casos excepcionales, generados por motivos de fuerza mayor, o por la incorporación de nuevas instituciones públicas creadas por una ley específica, se podrá solicitar al Ministerio de Hacienda que realice el análisis correspondiente» para que emita «una resolución razonada», establece el mismo artículo. Hacienda no informó cuántas resoluciones razonadas emitió en 2026.
Casos excepcionales, según el ministro, «es decir policías, médicos, enfermeras, personal que necesite la Red Nacional de Hospitales».
El presupuesto de 2027 tiene un aumento de 953 plazas respecto al de 2026, solo en el Gobierno Central porque pasará de tener 126,820 a 127,773 plazas, lo que implicará un gasto anual adicional de $14 millones, de $1,520 millones a $1,534 millones.
Las plazas vacantes tampoco podrán ser utilizadas. Según el ministro, «solo se podrán utilizar plazas vacantes por cualquier sistema de pago cuando se cuente con la autorización previa del Ministerio de Hacienda».
«Cuando una persona renuncia, esa plaza queda vacante, esas plazas no serán autorizadas, a menos que sean estrictamente necesarias”. Jerson Posada, ministro de Hacienda, a diputados.
El presupuesto 2027 también prohibirá «incrementos y nivelaciones salariales en el Estado» a todos los funcionarios o empleados públicos que presten sus servicios bajo ley de salarios, contratos o por cualquier otra fuente de financiamiento, o cualquier otro beneficio económico, incluso los establecidos en contratos colectivos.
Este presupuesto mantendrá beneficios de contratos colectivos vigentes en 2025 en «todas las instituciones» del Estado, incluidas autónomas, descentralizadas, bonificaciones o remuneraciones adicionales.
También mantendrá escalafones de salud y educación a funcionarios y empleados cuyos salarios sean menores a $1,500.
El encargado del fisco manifestó que el presupuesto está alineado al cumplimiento de metas fiscales según la Ley de sostenibilidad fiscal aprobada por la Asamblea Legislativa.
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