Organizaciones comunitarias, feministas y de izquierda, sindicalistas del Seguro Social, partidos de oposición, afectados del fraude de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi), ambientalistas, entre otros, marcharon este viernes para protestar contra el Gobierno desde el Salvador del Mundo hacia la Plaza Gerardo Barrios, frente a la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).
En las marchas participaron miembros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Mesa por una Pensión Digna, Movimiento Ambientalista, Caminata Ecológica, veteranos de guerra, vendedores por cuenta propia, sindicatos que integran la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), la Colectiva y Movimienta Feminista, comunidad Santa Marta, Comunidades Eclesiales de Base y el Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, entre otros.
También participaron miembros del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), del Movimiento No a la minería, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetriss) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), entre otros.
La concentración de la primera marcha inició a las 7:00 de la mañana en el Salvador del Mundo y de la segunda en el parque Cuscatlán. La marcha inició más de dos horas después. Los partidos y las organizaciones denunciaron que muchas de las personas que llegaron a San Salvador a marchar fueron retenidas por policías en diferentes puntos.
“En Sonsonate, les han quitado las llaves a los motoristas en los buses, les han quitado DUI a nuestros compañeros del partido”, denunció el secretario general del FMLN, Manuel Flores.
Las exigencias en las protestas fueron: que no se privatice el sistema de salud pública ante la aprobación de una Ley de Alianzas Público Privadas, que se detengan los despidos de trabajadores y violaciones contra derechos sindicales, frenar el acoso y las amenazas contra los trabajadores del Estado para silenciarlos, que haya un debido proceso para personas capturadas inocentes, que se restablezcan las visitas a los detenidos, mejor calidad de vida, una pensión de $300 y acceso a la salud y medicamentos para los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y del FMLN,
Sonia Viñerta, de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, reiteró denuncias de despidos en el Estado, violación a convenios internacionales por parte del Estado salvadoreño y violación a derechos sindicales.
“El Salvador está señalado como un país en una lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dentro de los 24 países más vulneradores de los derechos sindicales, eso se logró el año pasado con las denuncias que hemos realizado, poniendo las pruebas para demostrar cómo el sindicalismo está siendo dañado y limitado y quisieran eliminarlo pero eso no podemos permitir”, afirmó Viñerta.
Según la líder sindical, en el Estado los trabajadores son amenazados y acosados, “que tienen que guardar silencio, no pueden hablar de las carencias en los servicios públicos, porque están bajo amenaza de ser despedidas”. “Esa situación hace que hay una apariencia de paz y tranquilidad en las instituciones estatales, lo mismo sucede en el ámbito empresarial”, denunció.
En las marchas pudieron verse dirigentes como el secretario general del FMLN, Manuel “El chino” Flores, la diputada del Parlamento Centroamericano Karina Sosa, la exdiputada Anabel Belloso.
También, desde otro punto, iniciaron una marcha la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, junto a la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas.
“Hoy aquí estamos todas las voces, están todas las causas, unidas en una misma ruta, ¿cuál es la ruta?, avancemos hacia una democracia que sí le funcione a la gente, no la democracia que teníamos años atrás, pero lo que está ahora, tampoco”, afirmó Ortiz.
Samuel Ramírez, del Movir, protestó contra la captura de “miles de personas inocentes sin el debido proceso” y exigió que se permitan las visitas familiares a los detenidos y no realizar juicios masivos.
El punto de llegada de las marchas fue la BINAES, la Plaza Gerardo Barrios o Plaza Cívica. Las cuentas gubernamentales y de medios estatales criticaron que estas tuvieron «poca afluencia».
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