El exseleccionado nacional David Antonio Rugamas Leiva sumó una nueva detención provisional luego de que el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador ordenara que enfrente un proceso penal por 25 casos de estafa agravada relacionados con la comercialización de paquetes turísticos.
La resolución judicial también alcanza a Lised Cristina Posada Cuadros, pareja del exfutbolista; Juan Carlos Henríquez López; Jonathan David Torres Builes; Gregory Andrés García Echeverry; y Natalia Paniagua Jaramillo, estos tres últimos de nacionalidad colombiana.
Según la acusación fiscal, los seis imputados habrían participado como coautores en una estafa que provocó pérdidas por $29,337.50 a un total de 25 víctimas.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía, los procesados operaban a través de la empresa Trópico Travel S. A. de C. V., desde donde ofrecían paquetes turísticos nacionales e internacionales, alquiler de vehículos, boletos aéreos, transporte terrestre y viajes en crucero.
Las investigaciones señalan que los acusados contactaban a potenciales clientes en centros comerciales o mediante llamadas telefónicas, donde les informaban que habían sido beneficiados con una supuesta promoción.
La estrategia consistía en hacer creer a las víctimas que habían ganado estadías en hoteles como parte de campañas promocionales asociadas a tarjetas VISA y MasterCard, con el objetivo de generar confianza y concretar las contrataciones.
Durante la audiencia inicial, el juzgador concluyó que existen suficientes elementos indiciarios para establecer la posible existencia del delito y la probable participación de los imputados en los hechos denunciados.
Por esa razón, el tribunal ordenó que el caso avance a la fase de instrucción con todos los acusados bajo detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Las autoridades también indicaron que esta causa penal se suma a otros procesos que enfrentan los imputados por presuntas estafas similares, las cuales habrían afectado a cientos de personas en distintos puntos del país.
La etapa de instrucción permitirá a la Fiscalía ampliar las investigaciones, incorporar nuevas pruebas y determinar la magnitud total de los daños ocasionados por la presunta estructura dedicada a ofrecer servicios turísticos que, según las denuncias, nunca fueron cumplidos.
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