Diputados de Nuevas Ideas defendieron ayer el modelo de asocios o alianzas entre públicos y privados para desarrollar infraestructura pública o prestar servicios públicos, así como aclararon que los servicios de salud, educación y agua serán excluidos de este modelo.
Al iniciar el estudio del proyecto de «Ley de alianzas público-privadas» enviado por el Ministerio de Economía, en el cual se elimina la exclusión de este esquema en los servicios de salud, educación y recursos hídricos de la vigente Ley de asocios público-privados de 2013, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, destacó que estos han sido aplicados en Londres, Inglaterra, para desarrollar un sistema de metro; en el Aeropuerto El Dorado en Colombia; y en la línea 1 del Metro de Lima, Perú.
Los diputados de Nuevas Ideas argumentan que esta figura permite que los gobiernos desarrollen infraestructura o presten servicios públicos con el cofinanciamiento o financiamiento total del privado, «el cual asume todo el riesgo».
«Es una herramienta para el desarrollo de infraestructura pública en donde el privado, el inversionista, asume la construcción y operación de este tipo de infraestructura, lo que permite que el Estado no cargue con todo el costo financiero de construir este tipo de infraestructura y poder enfocar sus recursos limitados en aquellas áreas que son de máxima urgencia», indicó Soriano.
El diputado de Nuevas Ideas dijo que El Salvador está en pleno crecimiento, requiere apoyo, por lo que ve el «asocio público privado» como una «herramienta muy importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele», luego de referirse a que el gobierno del FMLN «no pudo ejecutar ningún asocio público-privado» luego de la aprobación de la normativa en 2013.
Servicios de salud, educación y agua
Soriano aclaró que se excluyen de estos asocios todos los servicios de salud, educación y agua, luego de que la diputada Claudia Ortiz pidiera mantener la exclusión de estos tres sectores en los APP.
«Como sea lo decía, diputada, tal cual como lo repetimos nosotros: se excluyen todos esos servicios y es importante dejarlo claro, es importante dejarlo claro de tal forma que no vaya a salir en los medios de comunicación diciendo que la Comisión está queriendo hacer una cosa», señaló Soriano, respecto a la exclusión de los servicios de salud, educación y agua solicitada por Ortiz.
El diputado aseveró que Nuevas Ideas sigue procesos si reforma la Constitución de la República, que establece que la salud es un bien público a cargo del Estado, y que han hecho «todo lo posible» por mejorar la educación pública. Se refirió a la necesidad de «aclararle a la población para que no existan especulaciones de ningún tipo, especulaciones que no vienen al caso, ya que la misma Constitución también esclarece».
«Nosotros cada vez que hemos hecho una propuesta de ley, una reforma a la Constitución, hemos seguido los procesos que nos brinda la misma Constitución y creo que es importante recordarle a la población que este gobierno y esta Asamblea han hecho todo posible para poder mejorar el servicio de educación pública, brindándoles computadoras, internet, reconstruyendo cientos de escuelas, mejorando la currícula, preparando mejor a los maestros, brindándoles asistencia de IA, metiendo a la cárcel a todos los mareros», señaló.
«Para infraestructura o servicios»
«En El Salvador, tenemos la visión de usarlos (los asocios público-privados) para infraestructura o servicios», dijo por su parte el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, sin detallar en cuáles servicios públicos aplicarían este modelo de financiamiento.
Mulato afirmó que se han utilizado en «infraestructura de puertos, pero también existen carreteras, también existen sistemas de salud, en temas de agua y saneamiento, transporte público, alumbrado público, manejo de residuos» y subrayó que los grandes beneficios son que «la Asamblea Legislativa tiene que velar» por el recurso de los salvadoreños y «la empresa privada» puede «poner parte de estos proyectos». «Y nosotros como Estado, en este caso el Ejecutivo, hacer una supervisión debida y estos controles son muy importantes y tienen tiempo limitado», señaló.
La Asamblea Legislativa estudia un proyecto de Ley de alianzas público-privadas que extiende este tipo de asocios a 50 años y que también elimina las exclusiones de los servicios de salud, educación y recursos hídricos, incluidos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Universidad de El Salvador (UES). Partidos de oposición han criticado que se entregue a manos de privados la administración de servicios de salud, educación o agua, ya que el servicio respondería más a un modelo de rentabilidad y no de calidad de servicio. También se han opuesto la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), que prevé «privatización».
Los diputados han citado a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para escuchar una explicación sobre la propuesta de ley.
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