Diputados de oposición de El Salvador señalaron que el gobierno salvadoreño ha incumplido compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y advierten que este acuerdo no busca promover el gasto sino la disciplina fiscal.
El FMI anunció el jueves que el personal técnico del FMI y las autoridades de El Salvador llegaron a un acuerdo sobre la segunda y tercera revisiones en torno al programa de Servicio Ampliado del FMI (SAF) aprobado para El Salvador.
El acuerdo, que pospuso la reforma de pensiones a 2027 con el compromiso de incluir cambios paramétricos, implicó un desembolso de $140 millones, acuerdos sobre consolidación fiscal, anticorrupción, transparencia y gobernanza, y la verificación de las compras de Bitcoin con dinero de donaciones privadas, no del Estado.
El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró el jueves que el comunicado del FMI confirma que El Salvador «todavía tiene compromisos importantes pendientes, especialmente en materia de disciplina fiscal, transparencia, pensiones y reforma del servicio civil».
«Que exista un nuevo acuerdo con el FMI es importante para la estabilidad financiera del país, pero eso no significa que todos los compromisos estén cumplidos». Francisco Lira, diputado de Arena.
Lira sostuvo que estarán atentos ante la propuesta de reforma paramétrica de pensiones acordada con el FMI –como aumento de la edad de jubilación y tasa de cotización– y que «cualquier reforma debe garantizar la sostenibilidad del sistema, sin que sean los trabajadores quienes terminen pagando el costo del ajuste fiscal del Gobierno».
«Desde la oposición mantendremos una posición responsable: fiscalizar, exigir transparencia y velar porque las decisiones económicas no terminen afectando a los salvadoreños», insistió.
Ortiz: «¿Cuál es la seriedad?»
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reiteró el miércoles en declaraciones a la prensa que El Salvador ha incumplido compromisos con el FMI por la falta de reforma de servicio civil y al sistema de pensiones, así como por la indisciplina fiscal y falta de transparencia en los datos de los proveedores publicados.
«Es un hecho, no hay reforma de pensiones al momento y estaba contemplada con el Fondo, no hay Ley de Servicio Civil y estaba contemplada, también se sigue comprando bitcoin», señaló.
Ortiz subrayó que el acuerdo del SAF con el Fondo no tiene como fin permitirle al Estado de El Salvador «abrir el bolsón y seguir gastando, endeudando», sino que es un mecanismo de refinanciamiento bajo condiciones de disciplina fiscal y control de gastos.
«No se cumple. Esos desembolsos iniciales (del FMI a El Salvador), ¿han servido para qué?, ¿para solo endeudarnos y que caiga en saco roto, y que el gobierno pueda decir estamos saliendo de la deuda?». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Cuestionó que la transparencia sobre proveedores en el portal de Compras Públicas «se cumplió al inicio» porque «ahora solo puede ver proveedores de las alcaldías». «¿Cuál es la seriedad con la que El Salvador puede decirle a los mercados internacionales está cumpliendo con sus compromisos?», preguntó.
El SAF proporciona asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo por deficiencias estructurales y respalda programas para corregir desequilibrios estructurales, con condiciones sobre reformas estructurales institucionales o económicas, y que buscan estabilidad macroeconómica. El FMI realiza exámenes periódicos a la implementación del programa, mientras los recursos son desembolsados por tramos.
Para El Salvador fue aprobado un programa de 40 meses con un acceso de $1,400 millones. La primera revisión se concluyó el 27 de junio de 2025.
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