En las últimas semanas hemos presenciado una sincronía que invita a la reflexión. Primero, informes locales como el de Cristosal; luego, la audiencia temática en la CIDH con el informe del grupo de expertos; y ahora, el Democracy Report 2026 de Suecia, que compara la situación del país con un golpe militar. Es evidente que esta coordinación de entregas no es al azar, pero es aún más evidente que este despliegue revela la desconexión de ciertos actores y el grave error de una oposición que no entiende a la población. Esto explica por qué, incluso luego de siete años, no logran ganar el corazón del votante.
Mientras los organismos internacionales se centran en la «erosión institucional» en términos meramente académicos, olvidan que, para el imaginario colectivo, su libertad no nació en una sentencia emitida en una oficina judicial, sino por los pies: para estas poblaciones, su derecho a caminar por su barrio sin el permiso de un criminal es la verdadera libertad.
El gran error de la sociedad civil y los partidos de oposición ha sido atrincherarse en la defensa de una institucionalidad que, en la práctica —entiendan—, nunca le sirvió a la gente que vivía en zozobra bajo el dominio total de las pandillas.
Esa «independencia de poderes» que desde la academia señalamos como perdida, fue la misma que permitió que la violencia se normalizara mientras las instituciones miraban hacia otro lado. Intentar convencer a la población de que esa estructura que les falló es el ideal al que deben volver es un ejercicio inútil. Para el ciudadano de a pie, esa institucionalidad no fue un refugio; ni siquiera sabían que existía porque nunca les enseñaron a ejercer sus derechos. Los salvadoreños se quedaron solos frente al crimen mientras los burócratas celebraban subir un par de puntos en las mediciones internacionales de democracia.
Sé con certeza que la marcada soberbia intelectual de ciertos actores les hace creer que cualquiera que los critique es un enemigo. Siguen sin comprender que ese manejo desde un pedestal, regañando a la gente por sus decisiones, es un error estratégico. No se dan cuenta de que tratarlos como ignorantes, solo porque no están dispuestos a sacrificar su paz actual por conceptos jurídicos abstractos, los aleja cada vez más.
Llevo varios años diciéndoles que, mientras el lenguaje de la oposición sea decirle al ciudadano que es «tonto» por preferir su seguridad física, lo único que están haciendo es clavarse una daga en el pecho. No se puede representar ni pedir el voto a la gente a la que se mira con desprecio.
Este manejo coordinado de informes, con una narrativa que parece priorizar los derechos de quienes antes aterrorizaban comunidades, los está dejando marcados con la etiqueta de «libérenlos ya». Lejos de debilitar al poder actual, esta manera de comunicar solo está consolidando a quienes hoy gobiernan, convirtiéndose en el mejor movilizador del voto oficialista de cara al 2027.
Si queremos hablar con la gente y explicar qué es la democracia real, debemos entender que la seguridad es el derecho supremo. Instalado en la mente de las personas —ya sea por publicidad, luces LED o cualquier otra cosa—, es algo que no van a entregar. Atacar el modelo actual desde la soberbia, sin ofrecer una alternativa que garantice que no habrá un paso atrás hacia la violencia, es ignorar a las otras víctimas: las de las pandillas.
El análisis de expertos, comisionados internacionales y tanques de pensamiento no hará incidencia en las elecciones de 2027 a menos que logren entender que, en este país, la libertad empezó por los pies. Nadie va a renunciar a su derecho a caminar solo porque un informe en inglés diga que, «técnicamente», el pasado institucional era mejor.
