La Asamblea Legislativa aprobó este martes la disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam). El personal será indemnizado.
La disolución de ambas entidades fue aprobada con 56 votos. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos votaron en contra.
Las funciones de las instituciones disueltas serán asumidas por el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), en cuya directiva serán sumados dos representante, uno por cada uno de ambos sectores. Deberán trasladar recursos, registros y expedientes de las personas con discapacidad y personas adultas mayores beneficiarias. También deberán indemnizar a los empleados ya que el INABVE “no tendrá obligación» de continuar con estos contratos laborales.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, aseguró que “estos decretos son el resultado de una mala gestión por parte del gobierno anterior»; «sí, que es el mismo que está ahorita”, señaló.
Aseguró que en enero de 2021, cuando “ya eran gobierno”, la ley de discapacidad entró en vigor y recriminó que Nuevas Ideas haya prorrogado varias veces el funcionamiento del tribunal sancionador de la Ley especial de inclusión de las personas con discapacidad.
“La excusa para no crear el tribunal sancionador ha sido que se estaba trabajando en una mejor ley, pero en 2023 la Asamblea inició el estudio de una gran cantidad de reformas a la Ley de Inclusión, hasta dio audiencias… pero súbitamente esa reforma quedó en pausa y nunca se retomó”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Ortiz advirtió que “se ha violentado el derecho de las personas con discapacidad” ya que estas leyes deben ser consultadas con el sector.
Cuestionó que las personas con discapacidad pasarán de tener siete representantes en una junta directiva del Conaipd a tener únicamente un representante “en una junta directiva que está viendo cualquier otra cantidad de temas”, dijo.
Lo calificó de “retroceso en el derecho de participación establecido en el artículo 4.3 de la Convención”. La diputada también desmintió que la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) haya sido consultada como lo aseguró Francesca Rivas de Apostolo, abogada y asesora jurídica de la Primera Dama de la República. “Hoy ALGES saca un comunicado desmintiendo que nunca han sido consultados”, indicó.
Por su parte, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró que los tres decretos buscan seguir otorgando los beneficios a los sectores. Chamagua leyó algunas de las nuevas facultades sobre las personas con discapacidad y adultos mayores que pasarán al INABVE.
“El punto esencial de estas reformas es básicamente, busca consolidar una institución más robusta, la cual es el INABVE, que va a percibir un paso necesario para la mejora de la eficiencia técnica en la gestión de programas sociales mediante concentración de recursos. Si algo nos ha quedado demostrado con el gobierno del presidente Nayib Bukele es que estamos enfocados en trabajar de manera articulada”. Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.
