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Escribo, desde Medellín, una ciudad pujante con gente encantadora, que considera, al menos con las decenas de personas que conversé, que el primer gobierno de izquierda del país ha sido un completo desastre y que un segundo mandato que responda a esa proyección política conduciría a la nación a su destrucción.

La mayoría de las personas con las que trabé conversación, gente aguda con amplio vocabulario y excelente memoria, consideran al mandatario Gustavo Petro como un hombre inepto, falto de disciplina y sin otra meta que el poder, aunque ignorara qué hacer con él. Más de uno de ellos me dijo que el presidente era más incapaz que Hugo Chávez y Nicolás Maduro juntos, porque no había logrado concretar la mayoría de las metas de su administración que se había propuesto, ni aun, aquellas que harían posible el continuismo de sus propuestas de gobierno.

Por mi parte confieso haberme equivocado. Tenía la idea de que Petro era un hombre disciplinado, trabajador e inteligente, lo contrario a lo que me demostraron sus compatriotas y que aprecio por su fracasada gestión de gobierno en las que hay destacar sus precarias relaciones con Washington, su posición contraria a Israel en la que apoya a los palestinos sin mencionar los crímenes de la agrupación terroristas de Hamás y su actitud mezquina ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a la lideresa María Corina Machado.

Debo recordar que en casi todas las conversaciones se habló de un personaje que al parecer para mis interlocutores es una mezcla extremadamente peligrosa entre el místico ruso Grigori Rasputín con el francés Jose Fouché, dos genios tenebrosos que manipularon con extrema habilidad a su favor situaciones complicadas, logrando ambos, una sobrevivencia política que escapaba a toda lógica.

Este sujeto es el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, sin dudas un hombre hábil y de notables recursos.  Fue concejal de Bogotá entre 1998 y 2000, posteriormente fue electo diputado por la capital, llegando al senado en el 2006, posición que ocupó durante 16 años, incorporándose a la campaña presidencia de Petro en el 2022, luego de haber presidido la Cámara Alta.

Benedetti más allá de los talentos que pueda poseer es considerado un hombre particularmente controversial. Su primer cargo en la administración fue embajador en Venezuela, pero antes de cumplir un año en esas funciones presentó su renuncia al presidente Petro, tras la publicación en los medios de comunicación de grabaciones de conversaciones telefónicas, en las que el embajador amenazaba a la jefa de gabinete del presidente, Laura Sarabia, con divulgar información sobre el financiamiento de la campaña electoral que podría derrocar al gobierno y enviar personas a prisión, renunció al cargo de embajador ocupando otras posiciones, hasta ser nombrado ministro del Interior.

No voy a pasar por alto que la mayoría de la población de esa región es partidaria del expresidente Álvaro Uribe, razón por la cual cuando el tribunal de Bogotá absolvió al exmandatario de los cargos en su contra expresaron una gran satisfacción, mientras, el presidente Petro criticaba severamente la decisión judicial, a pesar de haber manifestado en el primer fallo condenatorio que respetaba las sentencias que dictaran los tribunales.

Por otra parte, aprecié una vez más, que es una ciudadanía particularmente pendiente de las relaciones entre su país y Estados Unidos, condición que se evidenció cuando el presidente Donald Trump decidió cortarle la ayuda militar al gobierno de Petro y lo situó casi en el mismo nivel que al capo Nicolás Maduro al calificarlo de ser un líder del narcotráfico las personas expresaron gran satisfacción, valoración que subió de tono cuando se supo que el mandatario junto a su esposa, hijo mayor y el ministro, Armando Benedetti, habían sido incluido en la Lista Clinton, nombre que se le aplica a una lista negra que reúne empresas y personas vinculadas a la posesión de dinero proveniente del narcotráfico mundial.

Las elecciones presidenciales en Colombia son el próximo año y al parecer cada vez es menos probable que el candidato oficialista Iván Cepeda acceda al palacio de Nariño. Cepeda obtuvo muchísimos menos votos que Gustavo Petro en las primarias que lo llevaron a la presidencia y es considerado por muchos más extremista políticamente que el actual mandatario. Ojalá, los electores no vuelvan a equivocarse.

* Pedro Corzo es periodista cubano

En toda sociedad que atraviesa momentos de convulsión o transformación, el sistema de justicia se convierte en el termómetro más fiel del equilibrio institucional. No hay instrumento más sensible que el Derecho cuando el poder y el miedo comienzan a caminar de la mano. La historia enseña que los pueblos pueden sobrevivir a crisis económicas, políticas o sociales, pero no a la erosión silenciosa de su legalidad. Y cuando la legalidad se debilita, también se diluye la capacidad del Estado para reconocer los errores y sanar las heridas que dejan los procesos injustos.

El Salvador vive una etapa decisiva. El deseo legítimo de seguridad ciudadana ha impulsado medidas extraordinarias que, en efecto, han reducido la criminalidad visible. Sin embargo, también han generado una tensión latente entre eficacia y legalidad, entre la necesidad de control y el deber de garantizar derechos. Este dilema no se resuelve con consignas ni con aplausos, sino con madurez jurídica. La grandeza de un Estado no radica en la severidad de sus castigos, sino en la firmeza con que protege las garantías que limitan el poder de castigar.

Esa grandeza se mide también por su capacidad de rectificar. Miles de salvadoreños fueron privados de libertad sin haber pertenecido jamás a estructuras criminales, sin prueba técnica, sin defensa efectiva. Son hombres y mujeres trabajadores, padres, hijos, hermanos, cuyas vidas quedaron suspendidas en el aire entre el estigma y el silencio. Solo quien ha llorado por un ser querido injustamente preso entiende que la justicia tardía no consuela: duele. El Derecho penal moderno no es un instrumento de revancha, sino un sistema racional que pretende contener la violencia mediante la razón.

Su legitimidad no depende de cuántos encarcelamientos produce, sino de cuánta confianza genera en el ciudadano. El poder punitivo es un bisturí, no un martillo: debe aplicarse con precisión, no con furia. El bisturí representa la administración del castigo bajo la lógica del diagnóstico, la proporcionalidad y la técnica jurídica; el martillo, en cambio, simboliza la violencia institucional desprovista de discernimiento. El bisturí corta lo necesario para sanar; el martillo destruye incluso lo que está sano. Un Estado que usa el bisturí del Derecho actúa con control, evalúa consecuencias, calibra la medida del daño y de la pena; un Estado que usa el martillo confunde justicia con venganza, y poder con impunidad.

El bisturí respeta la anatomía del Estado de Derecho; el martillo la fractura. Por ello, el poder punitivo no puede ser emocional ni masivo: debe ser racional, proporcional y humano. Su precisión no lo debilita, lo legitima. Porque cuando el castigo se ejerce sin método, deja de ser justicia y se convierte en una forma sofisticada de violencia estatal. La grandeza del Derecho radica en saber cuándo cortar, cuánto cortar y, sobre todo, cuándo detener la mano antes de dañar lo que aún puede sanar. Y una sociedad solo puede sanar sus heridas cuando libera al inocente, cuando repara al injustamente privado de libertad y devuelve el nombre, el trabajo y la honra a quienes nunca debieron estar tras las rejas.

El reto salvadoreño es mayúsculo: mantener la eficacia del control delictivo sin degradar los principios del debido proceso. En palabras sencillas, no se trata de liberar culpables, sino de no encarcelar inocentes. Porque un sistema que ignora las reglas para alcanzar resultados inmediatos puede ganar batallas, pero pierde legitimidad. La legalidad es lo único que da al castigo su carácter moralmente aceptable. Por ello, se vuelve indispensable crear una vía institucional de revisión, seria y humanitaria, que permita examinar con rigor los miles de expedientes en los que la detención se produjo con vicios procesales.

No para debilitar la política de seguridad, sino para purificarla y devolverle su credibilidad. En el ámbito judicial, los desafíos son más profundos. El juez no puede convertirse en un ejecutor automático de decisiones de poder. Su función no es aplaudir la autoridad, sino someterla al examen de la razón jurídica. La independencia judicial no se mide por la retórica institucional, sino por la capacidad de decidir conforme a derecho, incluso cuando la verdad jurídica incomoda al contexto político. La imparcialidad no es heroísmo; es deber técnico de los que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Y dentro de ese deber técnico debe incluirse la revisión de las resoluciones que afectaron a personas sin vínculo real con las pandillas, permitiendo su pronta excarcelación sin temor ni presión mediática. Por su parte, el abogado tiene la misión de ser la voz del equilibrio. Defender el procedimiento no equivale a obstaculizar la justicia; significa preservar el único marco que la hace posible. Cuando el jurista calla ante la arbitrariedad, contribuye a normalizarla. El miedo a perder un cargo, una relación o una aprobación social ha sido, históricamente, más dañino que la corrupción misma. Las naciones no se derrumban por el abuso del poder, sino por el silencio ante los abusos.

Por ello, se debe crear una Comisión Nacional de Revisión de Casos, apolítica y humanitaria: integrada por jueces honorarios, académicos, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, y organizaciones sociales, que evalúe expedientes, escuche a las familias y recomiende liberaciones conforme a parámetros objetivos y verificables. El derecho procesal es la forma visible de la civilización. Cada audiencia, cada defensa y cada sentencia son expresiones de un pacto que sostiene a la república: Si ese pacto se debilita, la ley se convierte en retórica, y la justicia, en un discurso vacío.

Por eso, el procedimiento no es una formalidad: es la frontera moral entre el Estado y la arbitrariedad. Esa frontera debe permitir un proceso ágil de revisión judicial especial para detenidos sin acusación firme o con sobreseimientos omitidos, en el que la libertad no se vea como un favor, sino como una restitución de derechos. Hablar de justicia en tiempos de miedo no es un acto de desafío, sino de fidelidad. El miedo ha sido siempre el peor enemigo del Estado de Derecho, porque distorsiona la percepción del deber. Hace que la prudencia se confunda con cobardía, y que el silencio parezca sabiduría.

El Salvador necesita un modelo de justicia que combine firmeza y humanidad. La seguridad no debe construirse sobre la erosión del derecho, sino sobre su perfeccionamiento. No hay contradicción entre castigar y respetar, entre proteger y garantizar. Al contrario, es en la fidelidad a las reglas donde el Estado demuestra su verdadera fortaleza. La autoridad no se mide por el miedo que infunde, sino por la confianza que inspira. Esa confianza crecerá cuando el Estado reconozca, revise y libere a los inocentes, y demuestre que la fuerza de la justicia no está en la dureza, sino en su capacidad de rectificar.

La justicia que humilla pierde su sentido ético; la que corrige y restituye eleva la dignidad humana. La seguridad duradera nace del equilibrio, no de la venganza. Por eso, la Comisión Nacional de Revisión de Casos se erigiría como un acto de madurez jurídica: no para debilitar al Estado, sino para purificar su justicia, reparar lo irreparable y evitar que el dolor de los inocentes se herede a las próximas generaciones. El desafío de nuestro tiempo es mantener viva la conciencia jurídica en medio del ruido, la pasión y la presión. Recordar que la función del derecho no es castigar al débil ni proteger al fuerte, sino garantizar que todos —gobernantes y gobernados— sean medidos con la misma vara.

Solo así El Salvador podrá mirar hacia adelante, con seguridad y con honor, sin renunciar al rostro humano que toda república debe conservar: el de una justicia que no teme al poder, porque sabe que su poder verdadero es la razón. “El juicio será sin misericordia para el que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio». (Santiago 2:13)