Blog

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respondió a la petición pública de la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, quien pidió públicamente al Gobierno salvadoreño que revise la reciente reforma constitucional ya que consideró que la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años está «en contradicción con las normas internacionales».

«Así que no, muchas gracias. Llévense sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido; tal vez ellos les crean (ojalá que no). Nosotros no vamos a volver al pasado», le respondió.

El mandatario recordó que en 1994 fue aprobada la Ley del Menor Infractor y aseveró que «Bill Clinton deportó a los salvadoreños que habían formado pandillas en los Estados Unidos» quienes se encontraron con «una ley que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años».

La portavoz de la ONU dijo que los cambios constitucionales en El Salvador «son perjudiciales para los niños y niñas y vulneran varios de sus derechos». «Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos», dijo la portavoz.

El mandatario dijo que en ese entonces los pandilleros «empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de TAL VEZ enfrentar una PENA MÍNIMA en un centro light, donde incluso llegaban a matar y violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores y que sí hubieran podido ser reformados». Señaló que las pandillas mantuvieron prisionero al 80% de nuestro país y formaron «un gobierno paralelo», matando a un cuarto de millón de personas y desplazando a otros dos millones.

La reforma de la cadena perpetua aprobada por la Asamblea impone como única pena posible la pena perpetua con una posibilidad de libertad controlada luego de 25 a 40 años de prisión; la reforma establece la revisión obligatoria de todas las cadenas perpetuas impuestas; plantea también la posibilidad de un procedimiento abreviado y la revisión de la pena perpetua en no menos de 10 años. La reforma aplica por igual a condenados por homicidios, feminicidios, violaciones, pandilleros o no, y por el delito de pertenencia a organización terrorista, tanto a autores como cómplices, todos a partir de los 12 años de edad.

Los cambios constitucionales aprobados en El Salvador que posibilitan la prisión perpetua para los menores de edad deben ser revisados con «prontitud» por las autoridades salvadoreñas, pues son perjudiciales para los niños y niñas y vulneran varios de sus derechos, dijo este martes una oficina de la ONU.

«Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos», dijo la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó el 26 de marzo pasado un paquete de reformas penales, incluida una que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, esto luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir dicha pena para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).

Hurtado señaló que en virtud de las disposiciones aprobadas, «los casos de niños y niñas condenados a cadena perpetua serán, por lo general, revisados únicamente cuando hayan cumplido 25 años de detención».

Este enfoque «contraviene» la Convención sobre los Derechos del Niño, «que exige que los niños y niñas en conflicto con la ley sean tratados de una manera que priorice su rehabilitación y reintegración, y que la privación de libertad se utilice solo como medida de último recurso y durante el período más breve posible», indicó.

«La detención prolongada es profundamente perjudicial para los niños y niñas, vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de la vida, reduciendo sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad», agregó.

En igual medida, Hurtado considera que «también es esencial mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar el pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos para todas las personas privadas de libertad».

Las declaraciones de Hurtado están recogidas en un comunicado divulgado este martes por la Oficina Regional para América Central y el Caribe del Alto Comisionado, que tiene su sede en Panamá.