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El Ministerio Público de Honduras (Fiscalía) incautó este miércoles documentación en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte de una investigación por el presunto uso indebido de fondos públicos para financiar actividades políticas del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, confirmó que la intervención fue ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para verificar el destino y la forma de asignación de recursos por parte de esa secretaría de Estado.

La investigación se centra en el presunto desvío de fondos del Programa de Administración Solidaria, que provocó la renuncia del titular de la Sedesol, José Carlos Cardona, ocurrida la semana anterior.

La renuncia de Cardona se produjo pocos días después de que se viralizara un video en el que, presuntamente, mantiene una conversación telefónica con la diputada Isis Cuéllar sobre el uso de recursos estatales con fines políticos.Crecen presiones para suspender a vicepresidenta del Parlamento El caso ha intensificado la presión pública, incluyendo demandas para suspender a la diputada Isis Cuéllar, vicepresidenta del Parlamento hondureño, también señalada en las supuestas irregularidades.

En redes sociales, la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, exigió este miércoles la «suspensión inmediata» de Cuéllar tanto de sus funciones legislativas como de su militancia en Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien es el esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro.

Moncada también instó a los diputados del partido a renunciar al fuero parlamentario que los protege de ser investigados por la Fiscalía.

«Sin excusas, (deben) rendir cuentas ante el MP (Fiscalía) y los tribunales de justicia. Sin privilegios», subrayó Moncada, quien pidió además detener la aprobación de nuevos recursos del fondo social.

Como parte de la investigación, las autoridades examinan 40 cheques emitidos por la Sedesol a través del Fondo de Administración Solidaria, aprobado por el Parlamento hondureño, por un monto total de 4.7 millones de lempiras (unos $180 mil), correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.

El fondo total aprobado asciende a 950 millones de lempiras (aproximadamente $38.5 millones de dólares). Graves fallas en manejo de fondos
La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción señaló la semana anterior que los documentos presentados por la Sedesol evidencian «deficiencias relevantes» en los procesos administrativos y financieros, incluyendo irregularidades en la emisión de cheques, debilidades en los controles internos y vacíos en la liquidación de los fondos asignados.

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, declaró el lunes que tras la divulgación del video ordenó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) iniciar una investigación de oficio.

Zelaya aseguró que esta investigación continuará de forma independiente, sin interferir con las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ni de la Secretaría de Transparencia.
«De encontrarse responsabilidad penal, las personas involucradas serán llevadas ante los tribunales, no podemos permitir que nuestros impuestos sean utilizados para fines distintos a su propósito legítimo y transparente», advirtió el fiscal.

Los fondos investigados estaban destinados a financiar proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, que debían ser ejecutados por organizaciones comunitarias, juntas de agua, patronatos, alcaldías y otras instancias locales.

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con el Cartel del Golfo en el central estado de Querétaro, quienes se dedicaban a la distribución de drogas y a homicidios en la región.

De acuerdo con fuentes oficiales, los detenidos fueron identificados como Felipe Jesús Ceballos Tovar, alias ‘Franco 6’ y Marcelino Luna Rodríguez, alias ‘Brócoli’.

«Los detenidos son identificados como generadores de violencia en Querétaro y Guanajuato, y ambos cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada. Se aseguraron cinco camionetas de lujo, dosis de droga y equipos electrónico», precisaron las fuentes.

Ceballos Tovar era el líder del grupo criminal tras la detención de José Francisco Contreras Gómez, alias ‘Alfa 1’, ocurrida en marzo de 2025, y se desempeñaba como jefe de plaza de la zona de Santiago de Querétaro y todo el corredor de San Miguel de Allende, hasta los límites con Celaya, Guanajuato.

«También se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva y la distribución de droga a células de narcomenudistas en Querétaro», señalaron las fuentes.

En un comunicado paralelo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apuntó que el arresto de ambos sujetos fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación, que tenían como objetivo desarticular células criminales que operan en la región y evitar que realicen actividades ilícitas en contra de la población.

Los agentes ubicaron inmuebles donde se resguardaban los dos sujetos e implementaron vigilancias fijas y móviles, además de realizar entrevistas ciudadanas, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los domicilios.

Fue así que lograron la detención de los presuntos criminales, quienes cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada. También se aseguraron camionetas de lujo, dosis de droga y equipos telefónicos.

En el operativo participaron agentes de la SSPC y de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con especialistas, diversos grupos criminales se disputan el control del estado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, de Los Caballeros Templarios, de los Beltrán Leyva, de Santa Rosa de Lima y el del Golfo.

El arresto cobra relevancia porque el Cartel del Golfo y el Jalisco Nueva Generación son dos de las seis agrupaciones mexicanas que Estados Unidos designó como terroristas en febrero, además del Cartel de Sinaloa, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

A pesar de la creciente militarización en México, la organización civil México Evalúa afirmó este miércoles que los municipios pueden jugar un papel clave en la construcción de entornos seguros, al «impulsar una pacificación real y duradera desde el ámbito local».

Al presentar el informe ‘La otra vía. Análisis de políticas públicas municipales de seguridad pública, 2021-2024’, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, afirmó que «sí existe otra vía frente a la militarización en los procesos de construcción de seguridad ciudadana».

«Cuando hay condiciones para la coordinación intergubernamental, amplias capacidades institucionales y un desarrollo comunitario bastante consolidado, la pacificación real, sostenida y desde lo local es muy plausible», aseguró el funcionario de México Evalúa.

Vargas recapituló que pese a que en 2012 la estrategia de seguridad en México apostó por lo local, «en años recientes, la consolidación de la militarización invisibilizó a los municipios, borrándolos prácticamente de la atención pública e institucional».

El miembro de la ONG señaló que esto ha tenido «efectos muy negativos», pues «invisibiliza el comportamiento diferenciado de la violencia delictiva, dificulta los diagnósticos precisos y obstaculiza la implementación de políticas efectivas».

Por ello, Vargas dijo que este estudio es una «apuesta» por recuperar esta visión de la construcción de la seguridad desde lo local, «no desde el idealismo, sino desde la evidencia».

Por su parte, Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, precisó que el objetivo central de la investigación fue identificar las acciones de los gobiernos municipales para contener la incidencia delictiva entre 2021 y 2024.

Mendoza explicó que se analizaron 2,238 acciones municipales, de las cuales 54 % fueron penales -como el fortalecimiento operativo y el endurecimiento de sanciones-, y un 46 % fueron no penales -como atención a víctimas, proximidad policial y fortalecimiento del sentido de comunidad-.

Mientras que, para el análisis de la incidencia delictiva, el investigador indicó que se construyó un indicador agregado de delitos de alto impacto, en el cual se consideró la extorsión, el secuestro, el homicidio doloso, el feminicidio, el narcomenudeo y los robos de vehículos, negocios y transportistas.

Este indicador, expuso Mendoza, identificó que solamente 13 municipios lograron reducciones en su incidencia delictiva agregada: Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Tlaxcala (Tlaxcala), Guadalajara (Jalisco), Saltillo (Coahuila), Colima (Colima), Morelia (Michoacán), Pachuca (Hidalgo), Durango (Durango), La Paz (Baja California), Otón P. Blanco (Campeche), Xalapa (Veracruz), Cuernavaca (Morelos) y Toluca (Estado de México).

El investigador detalló que de estos municipios capitales, seis mostraron un sesgo en favor de políticas preventivas de tipo penal y seis de tipo no penal.

Así, México Evalúa identificó que aunque no hay una única fórmula para reducir la incidencia delictiva, «establecer estrategias mixtas entre políticas preventivas de tipo penal y no penal parece brindar mejores resultados», dijo Mendoza.

Además, el investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa destacó que los municipios con reducción delictiva suelen tener continuidad administrativa, coordinación intergubernamental, arraigo comunitario y una criminalidad acotada.

«En este sentido, este estudio propone una ruta distinta a lo instituido hasta el día de hoy para mejorar las condiciones de seguridad en los centros neurálgicos de las entidades federativas», señaló Mendoza.

El experto resaltó la necesidad de «reinstalar al municipio como protagonista en la construcción de condiciones de seguridad», así como en la tarea de «superar la dependencia de las fuerzas armadas y apostar por la profesionalización de la policía local».