El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este miércoles como «absurda» y «política de la más barata» la acusación penal en su contra por un delito de concusión en el manejo de fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y por la cual el Congreso analizará si le levanta el fuero.
«Era cuestión de tiempo para que la Corte Plena, vestida con la toga de la institucionalidad, hiciera política de la más barata enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó (el fiscal general) Carlo Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero», declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.
Según Chaves, los 15 magistrados de la Corte Plena que votaron el martes a favor de trasladar el expediente a la Asamblea Legislativa «enterraron la credibilidad aún más profundo» del Poder Judicial, mientras que a los 7 que votaron en contra expresó su «admiración».
El presidente calificó la acusación como una «novela» con «castillo, brujas, traiciones y hasta un bufón», así como con una «espía estrella», en referencia a su exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien sacó a la luz una serie de audios sobre el caso.
«Ni la corte ni el fiscal buscan justicia. Lo que buscan es sacarse un clavo que yo estoy orgullosísimo de haber clavado, que es que este Gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial», dijo el mandatario.
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica remitió el martes al Congreso una solicitud para el levantamiento del fuero de Chaves, con el objetivo de que sea procesado por un presunta concusión, que es un delito contra los deberes de la función público.
Para que el fuero sea levantado se requiere una mayoría calificada, es decir, 38 de los 57 diputados del Congreso.
La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión en la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia en el periodo 2022-2026, con 405.000 dólares donados por el BCIE.
La acusación de la Fiscalía también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como Jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del presidente, y además se ha identificado como amigo del mandatario.
Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación.
«Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato», detalla la acusación de la Fiscalía General.
En junio de 2024 el BCIE informó que sancionó con un veto de siete años a Bulgarelli y la empresa por «la comisión de las prácticas prohibidas de fraude y colusión» en este caso.
El caso salió a la luz pública en diciembre de 2023 cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por cuatro meses desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves.
