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El huracán Flossie, activo en el océano Pacífico, redujo su intensidad de categoría 3 a 2 en la escala Saffir-Simpson, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que a las 09.15 de la mañanal fenómeno meteorológico ubicado al oeste del país se localizó a 380 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 445 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La borrasca registra vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 17 km/h.

La previsión para la jornada indica que el ciclón provocará lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, y fuertes en el sur Baja California Sur, en la costa, el oeste y el sur de Jalisco, así como en Colima.

Se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco y Colima.

Las autoridades piden atender a los avisos de los servicios mexicanos ante las precipitaciones que podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano; de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5. Hasta ahora se han formado seis tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Laila, Erick y Flossie.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el jueves 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

Como parte de su plan para recortar el presupuesto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quiere modificar medio centenar de sus regulaciones, lo que incluye simplificar y flexibilizar la verificación de antecedentes para comprar armas.

Según informan este miércoles varios medios estadounidenses, el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha estado enviando personal para revisar el funcionamiento del ATF, del cual quiere eliminar a unos 540 de sus inspectores, dos tercios del total.

También revisar unas 50 de sus normativas, lo que incluye, por ejemplo, la destrucción de archivos de dueños de armas de fuego pasados 20 años (en la actualidad deben guardarse de manera permanente) o extender el periodo de revisión de antecedentes previo a la compra de un arma de fuego de 30 a 60 días.

Todo esto busca reducir el volumen de burocracia con el que carga esta oficina que depende del Departamento de Justicia, el cual ha propuesto ya una reducción de presupuesto para la ATF del 25 % para el próximo ejercicio fiscal, que arranca en octubre.

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La fiscal general, Pam Bondi, incluso ha llegado a proponer fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Estas medidas de recorte burocrático aumentan el riesgo de que se creen lagunas relativas a los antecedentes y datos de las personas que posean y quieran comprar armas, según argumentan asociaciones para el control de armas de fuego.

Y a esto se suma el plan para simplificar el formulario 4473 -el que requiere la ATF para iniciar el proceso de revisión de antecedentes- de las siete páginas actuales a tan solo tres, según adelantó el diario The Washington Post.

De acuerdo con los últimos datos de la ONG Gun Violence Archive, desde el inicio del año han fallecido en EE.UU. 7,358 personas en incidentes con armas de fuego y 13,203 han resultado heridas, mientras que se han producido 192 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.
De entre las víctimas, 503 adolescentes (entre los 12 y los 17 años) se cuentan entre los fallecidos desde que arrancó el 2025, mientras que 1.424 han resultado heridos.

Más de 4,000 personas han sido asesinadas en Haití en los primeros seis meses de 2025, según un informe reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Las cifras representan un aumento del 24 % en comparación al mismo período del año anterior.

«La BINUH registró 4,026 víctimas de homicidio intencionado, entre ellas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños», informó Miroslav Jenča, secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en el país caribeño.

En paralelo, la violencia generada por las pandillas ha forzado el desplazamiento interno de 1,3 millones de personas, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. Esta cifra triplica la de 2023 y es seis veces mayor que la registrada en 2022.

Jenča, quien visitó recientemente Haití, advirtió que la capital del país, Puerto Príncipe, se encuentra «a todos los efectos paralizada por las bandas y aislada». Añadió que, de no mediar una intervención más decidida de la comunidad internacional, «el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real».

Pese al panorama, el Consejo Electoral Provisional de Haití, con respaldo de BINUH y otros organismos de Naciones Unidas, mantiene como meta celebrar elecciones en febrero de 2026. No obstante, «existen divergencias claras entre las partes interesadas» que dificultan la viabilidad del proceso si persiste la violencia, subrayó Jenča.

En la misma sesión del Consejo de Seguridad, la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Ghada Waly, afirmó que «los grupos delictivos organizados han tomado el control casi total de la capital, con aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe bajo su control».

Waly alertó sobre un escenario de «creciente degeneración», con la expansión del crimen hacia el este y sur del país, el cierre de la presa hidroeléctrica que provee el 30 % de la energía nacional y el incremento de grupos parapoliciales de autodefensa.

La funcionaria también denunció la «repatriación forzosa» de migrantes haitianos desde distintos países, lo cual aumenta la vulnerabilidad de estas personas, quienes regresan a zonas de alta inseguridad, sin servicios ni protección básica.

En un tema relacionado, este lunes un juez federal en Nueva York falló en favor de los haitianos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE.UU., permitiendo que continúen protegidos ante intentos de deportación iniciados durante la administración de Donald Trump.