El gobierno entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma para que la base de datos del historial crediticio de las personas en El Salvador se almacene en la nube con el fin de mantener la integridad de la información.
La solicitud fue enviada por el Ministerio de Economía el 4 de febrero y las reformas se realizarán a la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas».
Actualmente, la Ley establece en su artículo 17 literal «n» que las agencias de información deben mantener la base de datos y su respaldo en El Salvador y que deben permitir su acceso a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y al Banco Central de Reserva (BCR).
La solicitud, firmada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien es encargada del despacho del Ministerio de Economía, se debe a «que las agencias de información cuenten con mecanismos de seguridad que permitan y garanticen la disponibilidad, integridad, confidencialidad, respaldo y salvaguarda de la información de las personas que firman la autorización para consultar y compartir información».
«Es conveniente que las agencias de información cuenten con respaldo de información, con el objeto de disponer de un medio para su recuperación, de tal forma que se garantice la continuidad del negocio, conforme a estándares internacionales».
Solicitud del Ministerio de Economía.
Por ello, el gobierno propone reformar el literal «n», de la siguiente forma:
«n) Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo, también será permitido el almacenamiento en el territorio nacional, en ambos casos se dará acceso irrestricto al Banco Central de Reserva de El Salvador y a la Superintendencia del Sistema Financiero. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva emitirá las Normas Técnicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos.»
Para el mismo fin, el gobierno también solicitó una segunda reforma, en el literal «h» del artículo 19, que establece prohibiciones a las agencias sobre «utilizar, transferir, compartir y comercializar a cualquier título y destino la información de las personas que conste en su base de datos, sin el consentimiento expreso de sus titulares para realizar dichas actividades», agregando al final: «salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n).»
La iniciativa pasó a estudio a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que fue convocada para este viernes 7 de marzo a las 10:00 de la mañana.
