En el Diccionario de la Real Academia Española se lee que expoliar significa «despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad»; es decir, con maldad o mediante una gran injusticia. Sinónimos de expoliar son robar, estafar, despojar, usurpar, defraudar, confiscar y más. Ese verbo resume lo que está ocurriendo hoy acá en nuestro país de manera desvergonzada, insolente, cínica, desconsiderada… Las víctimas son las mismas de siempre: aquellas que Roque enlistó en su «Poema de amor»; las que siguen y seguirán huyendo de esta tierra a pudrirse en las cárceles de otras, a reinar en sus páginas rojas, a sembrar y regar con su sudor selvas extranjeras, a llorar borrachas escuchando el himno nacional, a vivir eternamente indocumentadas, a hacer de todo, a comer lo que sea, a venderlo todo… A seguir siendo, más allá de sus fronteras patrias, ¡la «guanacada» hija de puta!
Y a sus sempiternos victimarios ‒la minoría privilegiada, con sus variantes incorporadas con el paso del tiempo‒ ahora se suma el «caporal» de la que consideran su hacienda y llaman El Salvador; este ha resucitado en la misma un Estado policial y militarizado que se había reducido a su mínima expresión hace 33 años; dicho usurpador inconstitucional fantasea con personificar a un «gran estadista» sin pasar de ser más que un vendedor de humo minorista, pretendiendo quedar bien con los poderes reales tanto del país como de los dos mundos existentes: el occidental y el oriental. Es ese quien, entonces, se ha dedicado a expoliar a nuestras mayorías populares conocidas desde hace mucho por su laboriosidad. Y son estas últimas las que resienten, cada vez más, el dizque «modelo económico» beneficioso únicamente y por mucho para quienes ahora les «chupan la sangre» con mayor voracidad.
Así persigue en los centros citadinos y desaloja de estos al ambulantaje, sin ofrecerle verdaderas alternativas para ganarse honradamente la vida y sostener medianamente bien a sus familias. Así despoja de sus parcelas a quienes se convierten en «estorbos» para la construcción de mega obras, innecesarias para el bien común pero provechosas para los sectores referidos; mega obras propias de gobiernos autoritarios y depredadores del medio ambiente, que sufre cada vez más su deterioro con el acelerado encementado de nuestro suelo nacional mediante la proliferación de casas y edificios al por mayor en terrenos donde deberíamos observar mejor ‒floreciente y esperanzador‒ el verde de los cultivos imprescindibles para garantizar progresivamente la seguridad alimentaria popular.
Así captura a quien se le antoja cuando se cuestiona ese ejercicio tan altamente nocivo del poder y así mueren en prisión personas inocentes injustamente detenidas en el marco de su régimen de «excepción». Entre las últimas se sabe de una joven madre de dos hijos menores de edad quien, habiéndose ordenado su libertad desde hace un buen rato, falleció en el hospital adonde fue trasladada por padecer una enfermedad terminal. De sus 24 años de vida, casi tres los pasó detenida sin deber nada.
Para hacer todo eso y más, además de su descomunal publicidad mediática, el autócrata secuestró el aparato estatal para manipularlo en función de su proyecto personal, político y económico. De importancia trascendental, dentro de este se encuentra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tal como fue concebida en los acuerdos que frenaron la guerra, en el texto constitucional y en su respectiva ley. A esta le corresponde «velar» por su «protección, promoción y educación» así como por su «vigencia irrestricta» en el país. Destaco tres atribuciones de su titular: asistir a las presuntas víctimas de sus violaciones y vigilar «la situación de las personas privadas de libertad»; además, debe contar un «registro centralizado» tanto de estas como de los «centros autorizados de detención».
Raquel Caballero de Guevara debería cumplir a cabalidad esas funciones y las otras que le demandan el cargo que, por segunda ocasión, ocupa; durante la primera, fue condenada y multada por el Tribunal de Ética Gubernamental. ¿El motivo? Nepotismo puro y duro. Era, pues, la «idónea» para cubrirle las espaldas al «bukelato» haciéndose del «ojo pacho» frente a sus despotismos. Para ser coherente en el ejercicio de dicho mandato, se requiere algo que a ella le escasea: autoridad moral. Esa le abundaba al mejor defensor del pueblo dentro y fuera del país: monseñor Óscar Arnulfo Romero y por eso lo inmolaron hace 45 años. Esta señora, «defensora del puesto», es pues cómplice conveniente de la expoliación que está agraviando a nuestras mayorías populares y deberá pagar por ello. Por ahora, prefiere ganar notoriedad con un «doctorado honoris causa» de una desconocida universidad que poner el pecho en defensa de las víctimas.
