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El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reveló este jueves que el país ya decomisó más de siete toneladas de droga en lo que va el año 2026, tras la reciente incautación de 6.6 toneladas de presunta cocaína, el pasado 13 de febrero, en una operación que ha sido catalogada como la más grande hecha en el país.

Ayer, durante una conferencia en la base naval de La Unión, el ministro indicó que éstas más de siete toneladas equivalen a 22 millones de porciones o dosis que no llegarán a la calle. El ministro de la Defensa Nacional, René Merino, precisó que se trata de 7.41 toneladas equivalentes a $184.5 millones.

Solo  la última incautación está valorada en $165 millones y afirmó que equivalen a 19,800,000 dosis de cocaína.

“Estos resultados están sirviendo de ejemplo para otros países, para que los ciudadanos también les exijan a su gobierno poder poner un basta ya a estas organizaciones criminales que sin duda en muchos países son los que realmente gobiernan”, indicó el ministro.

El pasado domingo en la noche, el presidente salvadoreño Nayib Bukele reveló que la Marina Nacional había incautado 6.6 toneladas de presunta cocaína, al interior de un Buque de Apoyo Multipropósito, un barco de grandes proporciones, con bandera de Tanzania, África. El operativo contra el narcotráfico se realizó a 380 millas naúticas, es decir, a 703.7 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, del estero de Jaltepeque.

En su interior, fueron detenidos 10 presuntos narcotraficantes, cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano identificados como Luis Enrique Rodelo Osorio de 59 años, Antonio José Ángulo Narváez de 59 años, Mario Alonso Pérez Hernández de 58 años y Miguel Antonio Galeano Ariaza de 71 años

, así como José Martín Cerda Cea de 60 años, Roberto Adolfo Día de 64 años z y Francisco Javier García Duval de 63 años (nicaragüenses), Yareth Sanir Carr Garcés de 29 años y Vicente Ramos de 60 años (panameños) y el ecuatoriano José Ramiro Valencia Fox de 59 años, dos de ellos, fueron señalados con antecedentes de narcotráfico.

Ayer, la Fiscalía General junto con la División de Análisis Técnico Científico Forense de la Policía Nacional Civil anunciaron que empezarían el peritaje de los 330 bultos de droga, para confirmar que se trata de cocaína. Al terminar el análisis, los 10 detenidos serán acusados de  tráfico internacional de drogas.

La Fiscalía General de la República (FGR) apeló, el pasado viernes, la segunda absolución del caso Santa Marta, donde ocho exguerrilleros habían sido exonerados del delito de homicidio en perjuicio de una mujer, durante el conflicto armado.

Según la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, Victoria, Cabañas, el Ministerio Público Fiscal pidió a la Cámara de lo Penal de San Vicente que revoque el fallo y ordene repetir el juicio, por tercera vez.

“La Fiscalía presentó la apelación el viernes pasado, (13 de febrero) era el último día hábil durante el plazo, que son 10 días después de recibida la sentencia”, manifestó ayer el líder de ADES, Alfredo Leiva, en conferencia de prensa.

Según Leiva, la apelación fiscal no posee argumentos jurídicos para revocar el fallo, sino inconformidades. “No están satisfechos con la resolución de los jueces sin plantear mayores argumentos jurídicos que sustenten la apelación, entonces nosotros consideramos que más que buscar hacer justicia lo que tratan es con su estrategia de dilatar el proceso”, añadió.

A través de un comunicado, la asociación señaló que consideran que se trata de una manera de retardar la justicia y mantener el caso, cuando el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, que permitiría a las empresas de ese país del norte, la extracción de “minerales críticos” y “tierras raras”.

“Esto es una clara señal de que la amenaza de la minería metálica se aproxima rápidamente, poniendo en grave peligro el agua,  la salud de la población y la existencia misma del país”, añade el comunicado.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente exoneró a los ocho procesados por homicidio el 24 de septiembre de 2025, levantó las órdenes de captura y absolvió de forma unánime por falta de pruebas a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a los otros cuatro Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez,  y Arturo Serrano Ascencio, fueron absueltos por mayoría dado que hubo dudas en el tribunal, los jueces dijeron sobre ellos que hubo vinculación pero las pruebas no lograr quebrantar la hipótesis de la Fiscalía.

El Ministerio Público acusó a los ocho del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.

Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.