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Navi Pillay, a quien hoy se le ha concedido el premio Nobel de la Paz, lo tiene todo de una heroína de la Justicia, que desde muy joven consideró posible hacer respetar en toda circunstancia, empezando en Sudáfrica, país en el que nació, se formó como abogada y luchó contra el apartheid, hasta el genocidio de Ruanda y los crímenes en la guerra civil de Sri Lanka o en Gaza.

De origen tamil, nació en 1941 en Durban (Sudáfrica), en una familia muy humilde de siete hijos que se sostenía gracias al trabajo de su padre como conductor de autobús y que sufría -como la población negra- de la discriminación impuesta por el régimen del apartheid.

Pillay fue la primera en hacer muchas cosas, no solo en su país, sino en el mundo, empezando por haber sido la primera mujer sudafricana en abrir un bufete de abogados en Natal (1967), provincia en la que nació y cursó sus estudios universitarios, aunque bajo un sistema segregado racialmente, puesto que su origen la colocaba en el grupo de personas «de color».

Ganada esta primera lucha emprendió otra, convirtiéndose en defensora de activistas contra el apartheid, denunciando casos de tortura y velando por los derechos de los prisioneros políticos que se enviaban a la prisión de máxima seguridad en la isla de Robben.

Su esposo, Gaby Pillay, era también abogado y luchador contra el apartheid, llegando a ser detenido varias veces.

La vida de Pillay en esa época encuentra ciertos paralelismos con la de Mahatma Gandhi, quien después de estudiar derecho había llegado unos setenta años antes a Sudáfrica, donde se implicó fuertemente en la defensa de la comunidad india contra la discriminación racial.

De esos años Pillay ha recordado que solía pensar que el apartheid no sería eliminado mientras estuviera viva, pero que fue el apoyo colectivo de personas de todo el mundo, incluso de niños, lo que hizo posible la caída de ese cruel régimen.

Por ello siempre ha señalado que «si eso pudo lograrse también es posible construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos».

Tras el fin del apartheid y una especialización en la Universidad de Harvard, Pillay es nombrada en 1995 como la primera magistrada de color en el Tribunal Superior de Sudáfrica y ese mismo año es elegida jueza del Tribunal Penal Internacional creado para juzgar los crímenes cometidos en Ruanda durante el genocidio.

Ocupará ese cargo durante ocho años, siendo la única mujer durante la primera mitad de ese periodo, y luego la presidenta del tribunal.

Los libros de derecho retienen el rol que tuvo en el fallo que estableció que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir actos de genocidio, lo que marcaría un hito en el derecho penal internacional.

Además de su inteligencia y disciplina, su modestia y empatía son dos de las virtudes que reconocen quienes han trabajado con ella.

La calidad de su trabajo la llevó luego a ser elegida en 2023 como jueza de la Corte Penal Internacional, cargo que dejó en 2008, cuando fue elegida alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, siendo la tercera mujer en recibir esa responsabilidad, pero la primera no anglosajona, así como la primera procedente de Africa.

Sus antecedentes de luchadora y su defensa de cuestiones relativas a las mujeres, como el derecho al aborto seguro, llevaron a que Estados Unidos se opusiera inicialmente a su nombramiento, un veto que finalmente retiró.

Durante los seis años que estuvo al frente de ese organismo -considerado la voz moral de Naciones Unidas- su trabajo estuvo guiado por la defensa de la aplicación universal de los derechos humanos, de los derechos de los migrantes, indígenas y personas LGTBI; y por la denuncia abierta de poderosos gobiernos, por lo que estuvo en la mira de muchos de éstos.

Sobre la guerra civil en Siria, que se prolongó por catorce años (2011-2024), Pillay denunció a las grandes potencias por su inacción frente a la magnitud de los crímenes que se cometían en este país.

Su rol también fue considerable en la rendición de cuentas por los crímenes durante la guerra civil en Sri Lanka (1983-2009) y no tuvo reparos en hacer público que el gobierno no estaba haciendo lo necesario, por lo que el asunto debía ser objeto de una investigación internacional.

Otro de los frentes más visibles de su mandato fue la situación en Gaza al haber denunciado las operaciones militares israelíes y su extenso daño a los civiles en 2014, una cuestión en la que ahondaría a partir de 2021, cuando fue elegida para presidir la Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, cargo que dejó a finales de 2025.

Esta comisión ha documentado mediante una multitud de evidencias las atrocidades cometidas por el Ejército israelí en Gaza tras los ataques de Hamás contra Israel.

Pillay fue la personalidad que salió al frente para denunciar públicamente que lo que ocurría en esa parte de Palestina era un genocidio, además de identificar a los principales responsables, incluido el primer ministro israelí y su ministro de Defensa.

En este caso, como en anteriores, cumplir su misión le ha llevado a ser objeto de ataques y a ser acusada de estar sesgada, ante lo cual siempre ha invitado a sus críticos a que entren en contacto con ella y le muestren qué elemento de sus investigaciones es incorrecto, lo que no ha ocurrido.

Aunque alejada en los últimos meses del foco mediático, Pillay se ha mantenido activa en favor de distintas iniciativas proderechos humanos, así como con instituciones vinculadas a la justicia y la igualdad, en particular en Sudáfrica.