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  • EE.UU. atacó con drones de la CIA un puerto en Venezuela, según el New York Times

    EE.UU. atacó con drones de la CIA un puerto en Venezuela, según el New York Times

    La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, informó este lunes el New York Times.

    Según el diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

    El presidente, Donald Trump, confirmó el lunes que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo.

    «Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos», dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago.

    El Gobierno venezolano no comentó directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de «acoso, amenazas y ataques».

    De acuerdo con el New York Times, la operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

    El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, añadió el diario.

    Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de lanchas que supuestamente cargan drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

    EE.UU mantiene desde mitad de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como «amenazas» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

    Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas. 

  • Un muerto y cuatro lesionados deja un choque entre microbús y pick up en Apaneca

    Un muerto y cuatro lesionados deja un choque entre microbús y pick up en Apaneca

    Un aparatoso accidente de tránsito dejó a una persona muerta y a otras cuatro lesionadas este lunes por la noche en el kilómetro 91 y medio de la carretera que conduce de Apaneca hacia Ahuachapán, informó la Policía Nacional Civil (PNC) por medio de su cuenta de la red social X.

    De acuerdo con la institución policial, en el accidente se vieron involucrados un microbús y un vehículo tipo pick up que quedó tras el siniestro vial. Además, las autoridades policiales informaron que entre los cuatro lesionados se encontraba una menor de cinco años de edad.

    Tras ser atendidos por cuerpos de socorro, las personas lesionadas fueron trasladados a un hospital, notificaron en su publicación. Al lugar llegaron elementos policiales para realizar las investigaciones pertinentes, informaron.


    A este accidente, también se suma otro reportado durante la “tarde-noche”,  del lunes que dejó a un hombre de 59 años con múltiples traumas en calle que conduce a Masahuat a la altura de balneario el Bosque, jurisdicción de Metapán, informó la Cruz Roja en su cuenta de Facebook.


    Asimismo, Comandos de Salvamento seccional Ciudad Arce, resultó lesionada el lunes en dicho distrito luego de accidentarse con su motocicleta. Tras ser atendida, la institución informó que la paciente fue trasladada, junto con personal de Cruz Roja, hacia la unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Quezaltepeque.

    Por otro lado, usuarios de las redes sociales reportaron este martes que un vehículo tipo sedán se subió a los separadores del carril exsitramss de la Alameda Juan Pablo II. Sin embargo, y de forma extraoficial, no se reportaron lesionados.

    El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registra que entre el 1 de enero, hasta el 29 de diciembre, a tan sólo dos días de terminar el 2025, han ocurrido 22,147 siniestros viales, 13,200 lesionados y 1,229 muertos por dichos siniestros.

  • Disturbios en el Centro Histórico dejan 10 vendedores afectados por gas pimienta 

    Disturbios en el Centro Histórico dejan 10 vendedores afectados por gas pimienta 

    Una decena de vendedores informales resultaron afectados en el rostro y los ojos tras ser alcanzados por gas pimienta luego de disturbios en los que presuntamente se vieron involucrados con agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), el lunes a mediodía.

    Estos hechos ocurrieron en las cercanías del parque Zurita ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. Según la institución, las personas atendidas solo sufrieron afectaciones leves.

    En las fotografías divulgadas por la institución, también se mostraron afectaciones en el pecho y brazos de algunos de los vendedores tras la utilización del gas pimienta.

    En un video publicado por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, se mostraron los presuntos altercados entre vendedores ambulantes y agentes del CAM, los cuales incluyeron discusiones, forcejeos y el lanzamiento de productos.

    Ante ello, el funcionario aseguró que, a su juicio, la municipalidad continuará con el ordenamiento en estos lugares públicos.

    “Quiero decirles muy claramente que nosotros no nos vamos a detener en la defensa del orden, no nos vamos a detener en la defensa del pueblo salvadoreño…no nos vamos a detener en la defensa del espacio público para que lo disfruten desde los más pequeños hasta los más grandes de la familia,”, expresó el funcionario quien también se refirió a los altercados.

    “Hemos tenido al parecer unos altercados en el que han variado las acciones de los vendedores en el Centro Histórico, ellos han empezado a ser violentos a agredir a agentes del CAM, a golpearlos a tirarles objetos, realmente nosotros no queremos ver esa situación ya que son cosas del pasado”, aseguró Durán en un video publicado el lunes en su cuenta de la red social X.


    El pasado domingo, Durán advirtió que realiza una investigación rigurosa acerca de estructuras organizadas, cuyo objetivo es reinstaurar el «desorden y el caos» en el Centro Histórico de San Salvador.

    El alcalde afirmó en su momento en su cuenta de la red social X que no permitirán «estructuras organizadas para regresar al desorden y al caos». Detalló esto con un video en el que asegura que han incrementado «la fuerza» con la que implementan el orden, no solo en el Centro Histórico, sino también en otras zonas de San Salvador.

    La semana pasada, Durán también anunció que ya no regresarán la mercadería decomisada a vendedores, y que, aquella perecedera será donada.

  • El Salvador ha recibido 334,557 deportados desde 2013 según Migración

    El Salvador ha recibido 334,557 deportados desde 2013 según Migración

    Un total de 334,557 salvadoreños han sido deportados a su país desde el año 2013 hasta septiembre de 2025, según los registros oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) que se suelen publicar cada trimestre o cada año.

    Si se analizan las cifras de las autoridades migratorias nacionales, la los años de mayor recepción de deportados en el país fueron de 2013 a 2016 y 2019: solo esos cinco años El Salvador recibió a 229,758 compatriotas retornados en su mayoría desde Estados Unidos.

    Esos cinco años concentraron el 69 % de las deportaciones de los últimos 13 años.

    Las deportaciones de El Salvador solo comenzaron a disminuir sostenidamente a partir de 2020, año marcado por el cierre de las fronteras en plena pandemia de covid-19.

    Ese año, se registraron 10,716 salvadoreños deportados con una sensible caída –nueve veces menos– de las ocurridas por frontera terrestre un año antes, 2019.

    De las 334,557 deportaciones registradas de enero de 2013 hasta septiembre, según el recuento realizado por El Mundo con los datos publicados en Migración, 136,298 o un 40.7 %, se dio por tierra.

    Por otra parte, durante estos 13 años, 209,454 salvadoreños fueron deportados por aire, un 62.6 %.

    Sin embargo, en los últimos cuatro años las deportaciones por tierra son casi nulas, ya que vienen cayendo desde 2021 cuando se registraron 321 hasta 2024, con 21 deportaciones terrestres. Mientras, las deportaciones aéreas se han mantenido entre 13,300 y 15,000 los últimos tres años.

    En 2025, la cifra más actualizada data de enero a septiembre, con 10,162 deportados. Con ello, según las cifras oficiales, 2025 se prevé un año que no superará las deportaciones de años anteriores y menos los del periodo 2013-2016. Las cifras incluyen todos los países de origen de deportación, con predominancia de Estados Unidos y, con gran diferencia, México.

    Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) registró 661,903 deportados desde Estados Unidos y México desde 2020 hasta julio de 2025, dentro de los cuales identificó a 67,137 salvadoreños, 363,763 guatemaltecos y 231,003 hondureños.

    Un recuento realizado por El Mundo con los informes anuales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revela 333,543 salvadoreños deportados por Estados Unidos desde enero de 2004 hasta diciembre de 2024.

    En estos 21 años, los años de mayor deportación desde los Estados Unidos han sido de 2007 a 2010, y desde 2013 a 2017, con cantidades que superaron los 20,000 anuales y llegaron hasta un pico de 27,180 en 2014. Sin embargo, luego de una disminución en 2024 se duplicaron aunque sin alcanzar los niveles de años anteriores.

  • Más allá de las redes sociales: la digitalización que las MYPES necesitan para crecer

    Más allá de las redes sociales: la digitalización que las MYPES necesitan para crecer

    La digitalización se ha convertido en un factor decisivo para el crecimiento y la competitividad de las micro y pequeñas empresas (MYPES). En un entorno económico marcado por la incertidumbre, los cambios tecnológicos acelerados y mercados cada vez más exigentes, incorporar tecnología no se limita a vender por redes sociales, sino que supone mejorar la gestión interna, profesionalizar las finanzas, ampliar mercados y fortalecer la capacidad de adaptación de los negocios. Sin embargo, el proceso de digitalización de las MYPES salvadoreñas dista de ser integral. Este artículo, basado en el Informe sobre el Estado de la MYPE 2025: La otra cara de la economía, elaborado por el Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI y FLACSO El Salvador, muestra que los avances existen, pero siguen siendo desiguales y excesivamente concentrados en los canales comerciales.

    En términos generales, la digitalización de las MYPES avanza, pero de forma fragmentada. Aunque en los últimos años se ha ampliado el acceso a herramientas digitales, su adopción no ha derivado en una transformación profunda de los modelos de gestión ni de los procesos productivos. El resultado es un uso tecnológico que mejora la visibilidad de los negocios y facilita la relación con los clientes, pero que deja intactos muchos de los factores que limitan la productividad y el crecimiento empresarial.

    La mayoría de las MYPES ya cuenta con acceso a internet, lo que representa un avance relevante. No obstante, este acceso está condicionado por el costo y, sobre todo, por la calidad del servicio. El internet móvil se ha convertido en la principal vía de conexión para negocios pequeños, informales o ubicados en zonas con menor infraestructura, gracias a su flexibilidad y menor costo. Sin embargo, su baja velocidad y capacidad restringen el uso de aplicaciones más complejas y limitan la incorporación de herramientas orientadas a la gestión, el análisis de información o la automatización. En contraste, la banda ancha fija —más frecuente entre empresas de mayor tamaño y formalización— ofrece mejores condiciones para integrar sistemas de gestión y plataformas digitales más avanzadas, ampliando de manera significativa el potencial de uso tecnológico.

    En cuanto a la adopción de herramientas, la digitalización se concentra casi exclusivamente en la relación con el cliente. WhatsApp y Facebook son la principal puerta de entrada al mundo digital: la mayoría de empresarios las utiliza para comunicarse con clientes, coordinar pedidos y promocionar productos. Estas plataformas cumplen una función clave para sostener las ventas y mantener la cercanía con el mercado, pero su uso suele ser intuitivo y poco estratégico. Otras herramientas, como sitios web propios, Instagram o TikTok, tienen una presencia más limitada, mientras que recursos básicos como el correo electrónico o los programas de oficina siguen siendo utilizados por una minoría. El uso de sistemas especializados, como la gestión de relaciones con clientes, soluciones de ciberseguridad o aplicaciones basadas en inteligencia artificial, continúa siendo marginal y se concentra en un segmento reducido del tejido empresarial.

    La adopción de pagos digitales constituye otro de los grandes rezagos. A pesar de la existencia de soluciones accesibles y gratuitas, una proporción significativa de MYPES continúa operando principalmente con efectivo. Entre quienes han incorporado medios digitales, Transfer365 destaca como la herramienta más utilizada, lo que sugiere que las barreras no son exclusivamente tecnológicas. La preferencia por el efectivo limita la trazabilidad financiera, dificulta el registro sistemático de operaciones y restringe el acceso a clientes institucionales, plataformas de comercio electrónico y modelos de negocio más sofisticados. Además, refuerza la desconexión entre las ventas y la gestión financiera, reduciendo la capacidad de planificación y crecimiento.

    La mayor brecha de la digitalización se encuentra en los procesos internos. Una parte importante de las MYPES no ha digitalizado ninguna función administrativa y, entre las que lo han hecho, predominan aplicaciones orientadas a tareas operativas puntuales, como la coordinación de entregas. La gestión financiera, el control de inventarios, la administración del personal y el manejo de información estratégica continúan realizándose mayoritariamente de forma manual. Esta situación limita la eficiencia, eleva costos ocultos y reduce la capacidad de tomar decisiones basadas en información oportuna y confiable. A ello se suma la escasa formación digital, que frena la adquisición de nuevas competencias y la apropiación de herramientas más sofisticadas.

    Las diferencias en los niveles de digitalización responden a factores estructurales bien definidos. El tamaño del negocio, el nivel educativo del empresario, el grado de formalización y el sector económico condicionan el tipo y la intensidad del uso tecnológico. Las MYPES formales, de mayor tamaño y con mayor nivel educativo muestran avances más consistentes, aunque algunos negocios semiformales destacan en la adopción exploratoria de tecnologías emergentes. Por sector, producción y servicios presentan un patrón de uso más diversificado, mientras que comercio y agro se concentran en funciones básicas asociadas a la coordinación de ventas.

    Las percepciones del empresariado confirman este panorama. La principal oportunidad que identifican en la digitalización es el aumento de la visibilidad y el acceso a nuevos mercados, mientras que beneficios como la mejora de la productividad, la reducción de costos o la capacitación aparecen con menor peso. Entre las principales barreras destacan el alto costo, la falta de conocimientos, la baja calidad del internet y la dificultad para encontrar proveedores confiables.

    Más que confirmar un rezago, los hallazgos del estudio apuntan a una hoja de ruta clara. La digitalización de las MYPES requiere dejar atrás enfoques parciales y avanzar hacia estrategias integrales que combinen conectividad de calidad, alfabetización digital y acompañamiento técnico continuo. No se trata solo de vender más, sino de incorporar tecnología en la gestión financiera, la administración del personal, el control de inventarios y la capacitación, vinculando el uso digital con objetivos concretos de negocio. Para ello, resulta clave ampliar el acceso a banda ancha fija y soluciones alternativas en zonas rurales, promover de forma decidida los pagos digitales interoperables, cerrar brechas de conocimiento con programas adaptados al tamaño y sector de cada empresa y facilitar el uso práctico de herramientas emergentes como la inteligencia artificial. Este esfuerzo exige políticas diferenciadas y el fortalecimiento de alianzas público-privadas que integren a universidades, cooperativas, proveedores tecnológicos y organizaciones de desarrollo. Solo así la digitalización podrá convertirse en un verdadero motor de productividad, competitividad y crecimiento sostenible para las MYPES salvadoreñas, y no quedarse únicamente en una vitrina digital.Principio del formulario

     

    *William Pleites, director de FLACSO El Salvador

  • 2025: Entre orden, silencio y esperanza

    2025: Entre orden, silencio y esperanza

    En El Salvador no se termina un año: se sobrevive a él. Aquí el calendario no avanza, da brincos; el reloj no marca horas, marca acontecimientos; y el salvadoreño no pregunta “¿cómo te fue este año?”, sino “¿todavía estás vivo?”. Porque cerrar un año en este país es como bajarse de una montaña rusa sin cinturón: despeinado, confundido, agradecido de estar entero y con la firme sospecha de que el próximo viaje será igual… o peor, pero jamás aburrido. Este ha sido uno de esos años que no se cuentan en meses, sino en episodios. Un año donde el país parecía vivir en “modo intenso”

    Donde cada semana traía tema nuevo y cada día parecía querer entrar a la historia nacional, aunque fuera por insistencia. Un año que dejó a algunos celebrando, a otros reflexionando, y a la mayoría simplemente tratando de llegar a diciembre con salud, empleo y sin haber discutido con medio país por redes sociales. Hay cosas buenas que no se pueden negar. La seguridad se ha convertido, para muchos, en el punto de partida de la vida cotidiana. No como consigna, sino como experiencia real. La percepción de mayor control ha devuelto al país algo que durante años parecía extraviado.

    Es decir, la posibilidad de planificar la vida. Cuando una persona puede desplazarse, trabajar y regresar a casa con menor temor, recupera algo esencial: la confianza en el mañana. Y cuando hay confianza, suceden cosas extraordinariamente normales: la gente vuelve a hacer planes. A partir de ahí, el salvadoreño vuelve a pensar en estudiar, en emprender, en invertir y en abrir un negocio sin asumir —como dogma nacional no escrito— que cerrará antes de terminar de pagar el rótulo. Ya no se parte necesariamente de la idea de “esto no va a durar”, sino de “probemos”.

    En un país donde durante años el miedo fue la variable dominante, este cambio no es pequeño; es profundo y se siente en la vida diaria. Esa misma sensación de orden también ha modificado la forma en que El Salvador se proyecta hacia afuera. Hoy el país aparece en conversaciones internacionales no solo como advertencia, sino como caso de estudio. Nos observan, nos analizan y nos discuten. A veces con aplausos, a veces con reservas, pero ya no con indiferencia. Eso no garantiza reconocimientos permanentes, pero sí obliga a elevar la conversación sobre quiénes somos, qué estamos construyendo y hacia dónde queremos ir.

    Sin embargo, no todo avanza al mismo ritmo. La economía cotidiana sigue siendo el gran desafío. El dinero llega puntual, pero se va temprano. El salario hace su esfuerzo, pero el costo de la vida corre maratones. Ir al supermercado se ha convertido en una experiencia existencial: uno entra con lista y sale con preguntas profundas sobre la vida, el universo y en qué momento los productos básicos decidieron vivir en otra categoría. El salvadoreño no ahorra: administra con creatividad. Ajusta, prioriza y posterga con una habilidad que no se aprende en libros, sino en la vida.

    La estabilidad social es importante, pero cuando no va acompañada de oportunidades económicas reales para la mayoría, genera una presión silenciosa que no se manifiesta en protestas estruendosas, sino en preocupación diaria. Y luego está lo que más duele, lo que incomoda y lo que se habla en voz baja. Hay un ambiente donde opinar se vuelve un ejercicio de cálculo. Donde se piensa una cosa, se dice otra y muchas veces se guarda silencio. No por falta de criterio, sino por prudencia. El salvadoreño, con memoria histórica, sabe que sobrevivir también implica saber cuándo hablar y cuándo observar.

    En ese mismo espacio aparecen realidades que merecen ser tratadas con extrema sensibilidad. Por un lado, los despidos en el sector salud, que no solo alcanzaron a médicos, sino también a enfermeras y a otro personal sanitario, personas que durante años sostuvieron hospitales, clínicas y turnos imposibles, y que hoy se ven obligadas a rehacer su vida laboral, muchas veces sin notificaciones claras ni procesos humanos de transición. No se trata de juzgar decisiones administrativas, sino de recordar que detrás de cada uniforme hay una familia, una vocación y una historia de servicio.

    Pero hay una herida aún más profunda para muchas familias: la de personas detenidas que aseguran no tener vínculo alguno con estructuras criminales, pero que fueron privadas de libertad por parecer sospechosas, por vivir en una zona estigmatizada, por tener tatuajes, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, o incluso —según relatan familiares— por llamadas malintencionadas de personas de mal corazón, que señalaron sin pruebas, con ligereza o por venganza personal. No se trata de negar la necesidad del Estado de actuar con firmeza frente al crimen, ni de desconocer el derecho de la sociedad a vivir segura.

    Pero también es legítimo —y necesario— reconocer que existen casos donde la justicia tarda en escuchar, donde la presunción de inocencia parece diluirse y donde hogares enteros quedan suspendidos en la angustia, esperando que alguien revise con detenimiento, con humanidad y con verdad su caso. El Salvador conoce demasiado bien el valor de la libertad como para tratar estos casos como simples daños colaterales. Detrás de cada detenido injustamente hay madres que esperan, hijos que preguntan, esposas que resisten y familias que cargan el peso de una acusación que, en algunos casos, nunca debió formularse.

    A pesar de todo, hay algo que no se ha perdido: la capacidad del salvadoreño para adaptarse y seguir adelante. Aquí la creatividad no es lujo, es supervivencia. Cuando no hay recursos, hay ideas. Cuando no hay certezas, hay iniciativa. El salvadoreño inventa, ajusta y continúa. Incluso el humor —usado con respeto— sigue siendo una válvula de escape, no para burlarse del dolor, sino para no ser vencido por él. El año que viene plantea un desafío claro: consolidar lo que funciona, corregir lo que duele y no normalizar aquello que hiere la dignidad humana.

    La seguridad debe sostenerse con legalidad y humanidad; la economía necesita incluir a más; y la justicia debe ser firme, pero también justa en el sentido más profundo de la palabra. Y aquí resulta inevitable recordar un principio bíblico que trasciende ideologías y coyunturas: “Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno; y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.” (Miqueas 6:8) Justicia para sostener el orden, misericordia para no perder la humanidad y humildad para corregir cuando sea necesario.

    Si El Salvador camina en ese equilibrio, el 2026 puede ser más que un cambio de número: puede ser un año de madurez colectiva. Que el nuevo año nos encuentre más conscientes, más humanos y más responsables unos con otros. Y con respeto, esperanza y fe, decimos: el Señor Jesucristo te bendiga en este nuevo año que viene.

  • Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece "lo más rápido posible"

    Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece «lo más rápido posible»

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes que espera que la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza comience “lo más rápido posible” y pidió al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que deponga las armas como condición indispensable para avanzar.

    Tiene que haber un desarme: tenemos que desarmar a Hamás”, dijo Trump en declaraciones a la prensa junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ambos se reunieron en la residencia presidencial de Mar-a-Lago, en Florida, donde también discutieron sobre el inicio de la fase de reconstrucción del enclave palestino, que Trump espera “empiece muy pronto”.

    Durante su intervención, el presidente estadounidense reiteró su respaldo a un eventual ataque contra Irán si ese país intenta recuperar capacidades nucleares. “Podrían haber llegado a un acuerdo la última vez, antes de que les lanzáramos un gran ataque”, afirmó, sugiriendo que Teherán debería optar por negociar un nuevo pacto con Washington.

    Trump destacó además su vínculo con Netanyahu, al que calificó como un “hombre fuerte” y “primer ministro en tiempos de guerra”. “Si hubiera un hombre débil, no habría Israel ahora”, aseguró. También insistió en que la relación entre ambos países se encuentra en su mejor momento.

    En ese contexto, el mandatario estadounidense hizo referencia a la carta enviada en noviembre al presidente israelí, Isaac Herzog, en la que solicitaba un indulto para Netanyahu. Afirmó haber conversado recientemente con Herzog, quien —según Trump— le habría confirmado que “el indulto está de camino”.

    Sin embargo, la oficina del presidente israelí desmintió esta versión mediante un comunicado oficial: “No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto”, aclaró. Según el documento, el mandatario israelí solo ha mantenido contacto con un representante del líder estadounidense.

    Más tarde, Netanyahu sostuvo una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que discutieron temas de seguridad regional, cooperación económica y lucha contra el antisemitismo. Ambos coincidieron en la necesidad de mantener esfuerzos conjuntos para lograr la estabilidad en Oriente Próximo, en línea con los 20 puntos del plan de paz promovido por Trump.

    Asimismo, el primer ministro israelí sostuvo una videoconferencia con el empresario Elon Musk, acompañado por la ministra de Transporte, Miri Regev, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia Artificial, Erez Eskel. Según el gobierno israelí, Musk aceptó participar en la Conferencia de Transporte Inteligente de marzo, y se abordó la colaboración con Tesla y el avance en leyes sobre vehículos autónomos.

  • Panaderos reportan un incremento de un 10 % de pedidos para Nochevieja

    Panaderos reportan un incremento de un 10 % de pedidos para Nochevieja

    Los pedidos de pan francés para la Nochevieja han incrementado en un 10 %, según reportes de la Mesa Nacional de Panificadores de El Salvador (Menapaes).

    El representante de Menapaes, José Portillo, aseguró que la producción de las panaderías para el 31 de diciembre tiende a ser más “tranquila” que los pedidos que se programan para la Nochebuena.

    “Los 31 es menos la producción que el 24. (Pero) hemos aumentado quizás un 10 % (de pedidos)”, indicó Portillo.

    Los hogares salvadoreños tienden a acompañar las fiestas de fin de año con panes con pollo o gallina en salsa o recaudo.

    Miles de personas tienden a incrementar el consumo de pan durante la temporada, así como para reservar alimento porque muchas panaderías, especialmente en el interior del país, no laboran algunos días posteriores al 24 y 31 de diciembre.

    El incremento de los pedidos de pan está relacionado, según estimaciones de Menapaes, al aumento de la población en El Salvador.

     

    Aumento de la producción

    La Mesa Nacional plantea que el 24 de diciembre la producción de pan incrementó entre un 40 % y un 50 % respecto al año pasado a nivel nacional.

    El repunte en la demanda se da en medio de una escasez de mano de obra y de un incremento en el costo de algunos insumos.

    “La problemática que tenemos ahora es que tenemos el costo de la materia prima alta, dependemos mucho de la importación del grano de trigo y ahora se nos ha unido un problema más, que es que no encontramos mano de obra en la panificación, tenemos problemas”, puntualizó Portillo.

    Menapaes reconoce que la mejora en los niveles de seguridad han beneficiado al sector, pero la situación a nivel económico no mejoró para ellos debido a los altos niveles de inflación que perciben.

    Para 2026, los panificadores esperan tener mayores acercamientos con el gobierno, con el fin de externar las necesidades del sector.

    “El sector panificador habrá que tratar los temas que tiene bien de fondo y ese es un reto para el Estado porque somos gente que producimos empleo”, puntualizó la gremial.

    Pese al aumento de algunas materias primas, Menapaes aseguró que los panificadores no han reducido la cantidad de unidades que se entregan por $0.25 y que se mantiene el tamaño del alimento.

    La razón, indicó, está relacionada con el miedo de perder clientela por la reducción de las porciones o unidades.

  • Solo el 10 % de los casos iniciados por el TEG terminaron en sanciones por infracciones éticas en 2025

    Solo el 10 % de los casos iniciados por el TEG terminaron en sanciones por infracciones éticas en 2025

    Solo el 10 % de los casos que inició el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) concluyeron en sanciones por haber cometido infracciones a la Ley de Ética Gubernamental (LEG) durante 2025, detalla un informe compartido vía acceso a la información pública a Diario El Mundo.

    El informe señala que, de 206 casos que fueron iniciados desde el 1 de enero hasta el 25 noviembre de 2025, solo se impusieron 21 sanciones a 18 empleados públicos por haber cometido al menos seis faltas. Solo uno de los sancionados fue investigado a partir de denuncia y el resto luego de avisos.

    A partir de las 21 sanciones impuestas, el Tribunal impuso $18,133.13 en multas que deben pagar los empleados públicos encontrados culpables de incumplir la Ley de Ética. De ese monto, los sanciones solo han cancelado $6,017.50, es decir, se mantiene pendiente el pago de $12,115.63.

    La sanción más elevada fue de $3,650, impuesta solo una vez. La multa más impuesta fue de $365, a ocho empleados.

    También fueron impuestas multas de $1,460 a dos empleados; otra de $1,368.75 a otros dos empleados, otra de $1,095 a uno; $730 a cuatro empleados; $501.88 y $273.75, impuestas una vez cada una.

    El TEG indicó en el informe que, de los 206 casos iniciados, al menos 85 fueron notificados por avisos, 65 por denuncias y 56 fueron investigaciones de oficio.

    La mayoría de sancionados de alcaldías

    Los reportes del Tribunal de Ética señalan que del total de sancionados la mayoría trabajan en alcaldías siendo nueve. El resto de sancionados proviene de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

    Además, entre los sancionados, hay trabajadores del Ministerio de la Defensa Nacional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

    Entre las faltas cometidas por los empleados públicos, se encuentran: no haber utilizado los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para los fines institucionales para los que debían ser destinados y que no se excusaron de participar en asuntos en que familiares o socios estuvieran involucrados y que conllevarán un conflicto de interés.

    Asimismo, algunos percibieron más de una remuneración con fondos del presupuesto del Estado, se desempeñaron en más de dos cargos públicos, realizaron actividades privadas durante su jornada de trabajo y ascendieron en sus instituciones a familiares o socios.

    En total, la entidad investigó a 253 empleados públicos de los que sancionó a solo 18. De igual forma, la mayoría fueron investigados a partir de avisos, denuncias y por último por oficio de la institución.

  • Presentan 12 apelaciones contra la elevación del juicio de la masacre de El Mozote

    Presentan 12 apelaciones contra la elevación del juicio de la masacre de El Mozote

    El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, recibió 12 apelaciones por la elevación a plenario que hizo la jueza a finales de noviembre sobre el caso de la masacre de El Mozote.

    En un escrito de recepción, el juzgado enlistó los 12 escritos recibidos y notificó que los ha enviado a la Cámara de lo Penal de la Tercera sección de oriente para que resuelva las impugnaciones presentadas.

    El documento, del cual Diario El Mundo tiene copia, indica que las quejas presentadas por los abogados y algunos acusados que ejercen su defensa es que la jueza Mirtala Portillo no ha individualizado la participación de cada uno de ellos, y que, en el auto de elevación a plenario no constan pruebas que los señalen en la participación de los hechos.

    Tal es el caso del escrito presentado por el abogado Francisco Rodolfo Garay Pineda, quien defiende a Roberto Antonio Garay Saravia y Rafael Santiago del Cid Aguirre, en el cual, indica que «existe agravio para sus representados porque no existen testigos que señalen la presencia de ellos en los lugares de los hechos, no existen documentos que los vinculen con la operación militar en el periodo de la ocurrencia de los hechos».

    También, los abogados Manuel Edgardo Acosta Oertel y José Manuel Cruz Azucena expusieron que en el caso de su defendido, Mauricio Isaac Duke Lozano, «no se ha logrado establecer la autoría o coautoría de su defendido en los hechos de asesinato, tentativa de asesinato, coacción agravada, a pesar de estar de alta como miembro del extinto Batallón BIRI Atlacatl».

    Por otro lado los cuatro abogados, Miguel Arturo Girón Flores, Martín Francisco Jiménez Moreno, Roberto Girón Rivera y Martín Salvador Morales Somoza, quienes defienden a Rubén Ignacio Zamora Rivas, reclaman que la jueza no puede elevar a plenario porque «se encuentra pendiente otro proceso de apelación sobre excepciones de falta de competencia judicial y falta de jurisdicción del juez, el cual, se encuentra en trámite ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente».

    El caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños fue elevado a fase plenaria, luego que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera emitiera una resolución y la notificara el pasado 26 de noviembre de 2025.

    A partir de la notificación del escrito del 22 de diciembre, la jueza da seis días hábiles para que los afectados comparezcan ante la cámara referida para argumentar sus agravios. El juzgado también anuncia que pondrá a disposición de la cámara el expediente en digital, debido a que existen folios que datan de hace 35 años y que su manipulación podría dañarlos.

    Los acusados

    La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General de 1993, en julio de 2016, y dos meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, entonces presidido por el juez Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el proceso penal por la matanza de El Mozote.

    Aquel proceso referencia 238/1990 archivado desde hacía 23 años, volvió a ser leído y los nombres de los acusados, perseguidos, por la justicia salvadoreña.

    Los acusados que sobreviven son el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García; el general de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo Toledo; el subteniente Carlos Eduardo Cáceres Flores (ahora general); el entonces teniente coronel de brigada de artillería; el teniente Óscar Córdova Hernández (hoy capitán); el entonces subteniente César Augusto Milla Ramírez, hoy general; el capitán del BIRI Atlácatl, José Antonio Rodríguez Molina; el subteniente y hoy coronel Roberto Antonio Garay Saravia; el subteniente Rafael Santiago del Cid Aguirre; el mayor José Mario Godínez Castillo; el entonces capitán y hoy general, Mauricio Isaac Duke Lozano; el capitán y hoy general Walter Oswaldo Salazar Martínez y el entonces capitán del BIRI Atlácatl y hoy coronel, Juan Ernesto Méndez Rodríguez.

    El pasado 1 de diciembre, la jueza fue notificada que el coronel Luis Adalberto Landaverde Barrera, también acusado, murió en junio de este año, por ello, fue sobreseído definitivamente de la causa.

    No obstante, en diciembre de 2023, la jueza Portillo de Cruz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal, en favor de los principales imputados de la matanza. Estos últimos son: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores.

    Además de ellos: Reynaldo Quintanilla Prado, quien fue secretario de la Asamblea en 1993; también los exdiputados fallecidos, el pecenista, Ciro Cruz Zepeda Peña, y la tricolor, Mercedes Gloria Salguero Gross; añaden a René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.

    Según el Juzgado, tras el cometimiento de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, los 10 nuevos imputados en el proceso penal “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.