Dos escándalos mayúsculos sacuden en este momento a Hispanoamérica: el llamado Hondurasgate, en el país con mejor ubicación al centro del continente, y la petición formal de Estados Unidos a México para que le envíe, mediante extradición, a un grupo de altos funcionarios sinaloenses del partido oficial, Morena. Ambos casos son de enorme relevancia y demostrarían la existencia de amplias redes delictivas y de clientelismo político en la región.
Debido quizá a que los medios de comunicación que han difundido el Hondurasgate son claramente ideológicos en su forma de tratar la noticia —algo que me permito advertir con la desenvoltura con que estos mismos medios califican de “conservadora” o “ultraderechista” a la prensa de signo contrario—, la revelación de audios comprometedores entre el ex presidente Juan Orlando Hernández con el actual mandatario hondureño, Nasry Asfura, así como de otros personeros públicos de ese país, no ha tenido en Centroamérica la repercusión que debería. Y es una lástima.
La subjetividad política de un medio no constituye razón suficiente para ignorar todo lo que ese medio dice, máxime si presenta evidencias. Tampoco debemos ser ingenuos pensando que los grandes consorcios de comunicación tienden a la objetividad por definición. Lo que resulta lamentable es que los jaloneos ideológicos intervengan de tal manera en el oficio periodístico que entre colegas se acusan de “imponer agendas”, olvidándose cada uno de que la libre expresión ampara su labor y que serán las personas, en cualquier caso, quienes desde su propia conciencia y formación premien con su atención y preferencia a cada medio.
En el caso del Hondurasgate, por ejemplo, los audios pueden escucharse libremente en la misma plataforma que los ha divulgado. Y es muy difícil negar la credibilidad de estas 37 filtraciones. Las voces de los involucrados están allí, claras, con sus inconfundibles matices y timbres. En esos intercambios, Hernández y Asfura parecerían dispuestos a facilitar la instalación de una red de intervencionismo estadounidense e israelí en Honduras, algo que explicaría por qué Donald Trump indultó al primero y respaldó en las pasadas elecciones presidenciales al segundo.
Ciertamente, la forma descarada en la que el presidente de Estados Unidos apoyó a Asfura al final de la campaña del año pasado, casi al mismo tiempo que excarcelaba a Hernández —condenado a casi medio siglo de prisión por delitos de narcotráfico— tendría aquí una verdadera razón de fondo: convertir a Honduras en una sede regional de intervencionismo sistemático, que incluiría espionaje electrónico, inversiones lucrativas, injerencia política y control ciudadano.
El asunto da para mucho y probaría varias hipótesis. La ex mandataria Xiomara Castro, claro, desearía que compráramos la tesis del fraude contra su partido, pero lo cierto es que la candidata de Libre, Rixi Moncada, nunca despegó en las encuestas y apenas consiguió un lejano tercer lugar, con menos del 20% de los votos. No. Lo que estas conversaciones revelan es que el viejo bipartidismo hondureño —conformado por el Nacional (de Hernández y Asfura) y el Liberal (hoy en la oposición)— es susceptible de corrupción al más alto nivel, con el involucramiento autoridades electorales, legisladores, empresarios y hasta bandas de narcos y sicarios.
De toda esta trama se desprendería, además, un supuesto aviso a México, porque el plan general presuntamente abarca el montaje de estructuras digitales de ataque y desprestigio contra los gobiernos “progresistas” de Claudia Sheinbaum y de Gustavo Petro (en Colombia). Es indudable que Trump no simpatiza con Sheinbaum, pero seamos francos: tampoco necesita de ningún sofisticado andamiaje para socavar su Gobierno. Ella solita se ve dispuesta a hacer este trabajo sin que sus adversarios se lo pidan. Veamos, para ilustrarlo, la torpeza con que la mandataria está manejando su propio escándalo doméstico.
En vigor desde 1980, Estados Unidos y México tienen un tratado de extradición que estipula los procedimientos mediante los cuales se intercambiarán criminales entre ambas naciones. Echando mano de este histórico acuerdo bilateral, un acta de acusación formal de 34 páginas, emitida por un Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York —por tanto, no susceptible de manipulación por parte de la Casa Blanca—, pide ahora a México la aprehensión y extradición de una decena de funcionarios públicos del estado de Sinaloa.
Así como apenas en el año 2025 se envió por la misma vía a otros presuntos responsables de delitos relacionados al tráfico de drogas, sobornos y crimen organizado —El Mayo Zambada, los hermanos Treviño o Abigael González, por mencionar algunos—, hoy la Fiscalía mexicana debería proceder a las capturas de los señalados sin exigir ninguna otra prueba más que el acta correspondiente, pues el ciclo legal de acusación no necesita agregar ningún elemento adicional, en tanto las pruebas se presentarán, como es lógico, durante los correspondientes juicios.
Pues ahora Claudia Sheinbaum, en lugar de aprovechar la ocasión para sacudirse a tantos personajes desacreditados, ha optado por envolverse en la bandera mexicana, reclamando soberanía, y con una celeridad digna de mejor causa ha respaldado a la Fiscalía —en la que ella sí tiene influencia— en su reclamo de pruebas al vecino del norte contra los funcionarios de su partido involucrados. El escándalo amenaza con crecer y convertirse en el Watergate del oficialismo mexicano.
Como pintan las cosas, aquello de los sencillos principios morales vendrá a ser más decisivo que las rancias ideologías. “Izquierdas” y “derechas” son puras viñetas, envoltorios, cascarones… La vieja miseria humana prevalece.
