El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se mantiene bajo incertidumbre por la posibilidad de una nueva elección de magistrados por los comicios presidenciales 2027 que serán celebrados dos años antes de la finalización del quinquenio presidencial en 2029.
La Constitución de la República indica que el organismo colegiado es elegido con base a los resultados de la última elección presidencial.
El artículo 208 de la Constitución señala que los magistrados del TSE se eligen con tres ternas de los partidos «que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial» y otras dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dos fuentes internas del TSE dijeron a El Mundo que en la institución se manejan varias hipótesis de «cómo queda este organismo colegiado», debido al cambio en los plazos presidenciales.
La Asamblea Legislativa aprobó medidas transitorias para acortar el actual mandato presidencial a tres años para celebrar elecciones en 2027 como parte de una reforma a la Constitución para ampliar de cinco a seis años el mandato y aprobar la habilitación de la reelección presidencial indefinida.
Algunas valoraciones dentro del Tribunal aseguran que el decreto de nombramiento de los actuales magistrados aplica para el período 2024-2029 y se debe cumplir el plazo. Mientras, otros consideran que los magistrados finalizarían en 2027, para dar lugar a la elección de un nuevo organismo conforme a los resultados de los comicios presidenciales.
La normativa indica que el período de los magistrados dura cinco años.
Con cada nueva elección de presidente, la Asamblea Legislativa ha elegido nuevo organismo colegiado. Una de las fuentes asegura que se debería reformar la Constitución para aumentar también a seis años el período del TSE. Otra fuente dijo que «solo se necesita que la Asamblea nombre nuevos magistrados sin más trámite, sin reformar nada».
«Sigue pendiente»
La secretaria jurídica de Vamos, Karmy Abiu Ramos, consideró a El Mundo que, para que la reforma constitucional y las medidas transitorias aprobadas por la Asamblea coincidan con el TSE, se tendría que reformar el artículo 208 y el Código Electoral «en lo relativo al período de duración» de los cargos para aumentarlo a seis años.
Según Ramos, jurídicamente «no es viable» reducir el período de los magistrados actuales por el principio de «irrectroactividad» de la ley, es decir, la ley no puede ser aplicada de manera retroactiva, hacia el pasado. Consideró que una reducción del período a los actuales magistrados «podría dar lugar a conflictos legales y políticos».
De acortarse su período, proyecta que los magistrados estarían facultados para presentar una demanda de inconstitucionalidad por vulnerarse su derecho al período completo para el que «fueron legalmente electos».
«Es importante señalar que, en las reformas constitucionales aprobadas el 31 de julio del presente año, no se abordó ninguna disposición relativa al TSE, por lo cual esta adecuación sigue pendiente». Karmy Abiu Ramos, secretaría jurídica de Vamos.
Por estas razones, asegura que no corresponde realizar una nueva elección en 2027 y así, los partidos con más votos de ese año podrían proponer ternas en 2029. Señala que en ese nuevo organismo es que se tendría que acortar su período para «armonizar con el nuevo marco constitucional».
Ramos considera que se debe mantener la forma de propuesta de las ternas para elegir magistrados por la «necesidad de garantizar la representación política y el equilibrio institucional» y así asegurar la «pluralidad política y el derecho de vigilancia» por la facultad de la entidad para resolver conflictos electorales.
Así mismo, considera que las ternas propuestas por la CSJ buscan «salvaguardar la imparcialidad y legalidad en la integración» del organismo colegiado contribuyendo a un «balance técnico y jurídico dentro del TSE».
No fue un proceso ordinario y «rompe con el orden constitucional»
El analista Ramiro Navas dijo a El Mundo que «el simple hecho» que existan dudas sobre cómo se procederá con la elección de magistrados «evidencia la irresponsabilidad del Gobierno» en aprobar medidas «improvisadas» para la «cooptación total» de las instituciones.
Aseguró que estos cambios por las reformas constitucionales no fue un proceso ordinario porque «rompe con el orden constitucional» al generar dudas sobre cómo elegir al próximo organismo colegiado, por ello, cree que la Asamblea debe estandarizar la elección del TSE.
Sin embargo, cree que aunque se elija un nuevo organismo en 2027 o que se mantengan el período hasta 2029 «siempre va a haber un control absoluto del oficialismo sobre el Tribunal Supremo Electoral».
Por otro lado, Acción Ciudadana considera que la Constitución dice que se eligen los nuevos magistrados a partir de los resultados presidenciales para un período de cinco años, «no que deban elegirse el mismo año».
Aún así considera que los caminos son variados porque podrían terminar su período en 2029 (como el decreto de su juramentación) y elegir nuevas autoridades a partir de los comicios de 2027 o homologar los tiempos por reforma para reducir el período actual y aumentar el período a seis años.
Los actuales magistrados fueron juramentados en sus puestos casi dos meses después de que el anterior organismo dejara sus cargos. El período de los actuales magistrados concluye según el decreto de su nombramiento el 31 de julio de 2029.