El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, asumió un papel central en la actual campaña electoral al protagonizar un choque inédito con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al que acusó de intentar dar un “golpe de Estado” luego de que el organismo solicitara levantar su fuero para investigarlo por supuesta beligerancia política.
Pese a que la legislación costarricense prohíbe expresamente la participación del presidente en actividades proselitistas, Chaves ha señalado públicamente a los partidos de oposición y al tribunal electoral, intensificando sus críticas durante los últimos meses previos a los comicios del 1 de febrero de 2026.
El TSE prohibió la propaganda oficial desde octubre pasado, tanto en medios de comunicación como en redes sociales gubernamentales, amparado en el Código Electoral para evitar una intervención directa del Ejecutivo en la decisión ciudadana. Costa Rica no permite la reelección presidencial consecutiva.
“No lo digo como presidente, lo digo como costarricense, y me causa un profundo dolor en el corazón. Me duele que lo que hasta ahora había sido un Tribunal Supremo de Elecciones inmaculado, porque ya tiene mácula con esta ley mordaza, le esté quitando la posibilidad a un presidente de comunicarse directamente con el pueblo”, expresó Chaves el 1 de octubre durante su conferencia semanal.
El enfrentamiento escaló el 7 de octubre, cuando el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial para abrir un proceso sancionatorio por 15 denuncias de beligerancia. Fue la primera vez en la historia democrática del país que el órgano electoral elevó una petición de este tipo. La propuesta no prosperó en el Congreso, pero Chaves calificó la acción como un “circo” y un intento de desestabilización institucional.
Durante su gestión, el mandatario ha mantenido una postura crítica constante contra el Poder Judicial, los medios de comunicación, expresidentes y la oposición legislativa. A lo largo del proceso electoral, pidió a la ciudadanía apoyar a “40 diputados patriotas” que —según dijo— estarían dispuestos a reformar el Estado, lo que motivó las denuncias por participación indebida.
Incluso, criticó al TSE por una advertencia emitida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien fue invitado por Chaves para la colocación de la primera piedra de una megacárcel, y a quien se le recordó que no debía intervenir en asuntos electorales de Costa Rica durante su visita.
El protagonismo de Chaves también ha marcado la campaña de Laura Fernández, candidata presidencial del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien fue su ministra de Planificación y de la Presidencia, y se autodenomina como su “heredera política”.
Fernández, cuya imagen ha sido reforzada con un documental titulado Los inesperados, ha prometido una serie de medidas que incluyen la propuesta de levantar garantías constitucionales en zonas dominadas por el narcotráfico, y ha adoptado el discurso confrontativo del mandatario contra la “casta política” y la corrupción.
Desde la oposición, los 18 aspirantes restantes han enfocado sus críticas en la figura del presidente y en la de Fernández, advirtiendo que su eventual triunfo representaría un riesgo autoritario y una concentración de poder.
Dirigentes del PPSO, como Nogui Acosta y Pilar Cisneros —asesora cercana a Chaves— han expresado que uno de sus objetivos es impulsar una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva, actualmente prohibida por la legislación costarricense.
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