El presupuesto de las siete instituciones de control o fiscalizadoras del Estado sumó un total de $564.9 millones, apenas un 5.3 % del presupuesto general del Estado durante 2026, cifra que representó una caída del 17 % en un año.
“Esto no solo representa menos presupuesto, sino implica además menos capacidad de control”, indicó la organización Acción Ciudadana (AC), en la presentación del informe.
El informe de la AC detectó recortes presupuestarios en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), del -17.9 %, y en el Órgano Judicial, del -25 %, mientras leves aumentos en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), de apenas el 0.16 %, de 1.82 % en la Procuraduría General de la República y de 3.5 % en la Fiscalía General de la República (FGR).
Solo la Corte de Cuentas de la República reportó un aumento presupuestario del 10.65 %, con un aumento de $50.4 a $55.8 millones.
Con estos datos, la AC consideró que hay un riesgo de “impunidad estructural” porque el Estado “propicia un sistema donde la fiscalización se vuelve selectiva y los recursos públicos se gestionan sin contrapesos efectivos”. Además, advierte un riesgo de “coacción política” al Órgano Judicial ya que su presupuesto dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo.
“La eliminación del porcentaje mínimo del 6 % del Órgano Judicial abre la puerta a que el presupuesto se utilice como un mecanismo premio/castigo, basado en las resoluciones que emitan los jueces o la docilidad de los titulares”. Acción Ciudadana.
Además, hay un impacto directo en la operatividad de algunas instituciones como el Órgano Judicial y la PDDH, baja inversión en modernización y mayor destino a pago de salarios. Las prioridades presupuestarias son, según el análisis de la AC, las carteras de Seguridad y Presidencia.
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