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  • Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    La Corte Suprema de Justicia notificó a la Asamblea Legislativa sobre una propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial, aprobada en Corte Plena el pasado 4 de noviembre, con el objetivo de reestructurar y redistribuir la carga de trabajo en los juzgados del departamento de San Miguel.

    El plan contempla la conversión de los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y Chinameca en nuevos juzgados especializados, así como la ampliación de competencias territoriales para diversas sedes judiciales civiles, mercantiles, laborales y penales.

    Según uno de los considerandos, los controles estadísticos de la Corte revelaron una sobrecarga de trabajo en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Por ello, se propone una reorganización interna con los recursos existentes para garantizar un mejor acceso a la justicia.

    La Asamblea Legislativa debe dar por recibida la reforma y mandarla a publicar al Diario Oficial para que entre en vigencia.

    Principales reformas aprobadas en Corte Plena:

    Conversión de juzgados: El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios se convierte en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, mientras que el de Chinameca será el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Ambos mantendrán su sede original, pero asumirán competencia en todo el departamento.

    Ampliación de competencia: Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel extenderán su jurisdicción a todos los distritos del departamento. Lo mismo aplicará para los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, que asumirán procesos penales provenientes de los distritos de Ciudad Barrios y Chinameca.

    Juzgado de lo Laboral: El Juzgado de lo Laboral de San Miguel absorberá todos los procesos laborales activos e inactivos que estaban bajo la competencia de los juzgados convertidos.

    Redistribución penal: Los casos penales en trámite serán asignados de forma equitativa entre los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, mediante la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de San Miguel.

    Segunda instancia: La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente será competente para conocer en apelación los casos tramitados en los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Garantía de derechos laborales: El acuerdo garantiza el respeto pleno de los derechos laborales del personal de los juzgados convertidos. Su incorporación a los nuevos juzgados será evaluada por la Corte Suprema según criterios técnicos y el Manual de Clasificación de Cargos vigente.

    Además, se establece que durante los primeros cuatro meses a partir de la entrada en vigencia del decreto —la cual se dará 60 días después de su publicación en el Diario Oficial—, la recepción de nuevas demandas corresponderá exclusivamente a los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Casos fenecidos y archivo judicial: Los expedientes cerrados de los juzgados convertidos serán enviados al Archivo Especializado Judicial. Las partes interesadas podrán solicitar certificaciones o constancias ante los nuevos juzgados, según corresponda.

    Los juzgados transformados deberán remitir todos los procesos activos o en trámite al Juzgado de lo Laboral y a los juzgados de Instrucción mencionados, en un plazo máximo de 90 días, a través de la Secretaría Receptora.

    Gestión tecnológica: La distribución de demandas y asignaciones podrá realizarse utilizando herramientas tecnológicas. La Secretaría Receptora comunicará digitalmente las asignaciones tanto a los juzgados como a los usuarios del sistema judicial.

    Finalmente, dicha Secretaría también será responsable de designar a los juzgados de instrucción encargados de conocer los casos provenientes de Juzgados de Paz de los distritos ubicados en los municipios de San Miguel Norte y San Miguel Oeste.

     

  • Organizaciones religiosas extranjeras piden reinstaurar prohibición minera en El Salvador

    Organizaciones religiosas extranjeras piden reinstaurar prohibición minera en El Salvador

     

    Un total de 153 organizaciones religiosas de 25 países firmaron una carta pública en la que respaldan a líderes e instituciones que demandan la restitución de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, derogada recientemente por la Asamblea Legislativa.

    El pronunciamiento fue divulgado por el Instituto de Estudios Políticos, y sostiene que la actividad minera representa un riesgo para el acceso al agua potable, al que consideran un derecho concedido por Dios. “Oramos por el pueblo salvadoreño y su gobierno, para que protejan el don sagrado de la creación, defiendan los derechos humanos y garanticen agua potable a todas las familias, ahora y para las generaciones venideras”, indicaron.

    Las entidades religiosas manifestaron su solidaridad con líderes sociales y religiosos que, afirman, han sido “perseguidos y encarcelados” por oponerse a proyectos mineros que podrían generar “devastación” en las comunidades. Reiteraron que la minería metálica utiliza sustancias como arsénico y cianuro que representan “graves amenazas” para las cuencas hidrográficas del país.

    Según la carta, la prohibición de la minería metálica fue aprobada en 2017 tras un estudio técnico encargado por una comisión en 2010, en la que expertos advertían sobre los impactos negativos de esa industria. Por eso, las organizaciones consideran que “las razones que motivaron su prohibición siguen vigentes”.

    Además, citaron una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicada en 2024, que reveló que 3 de cada 5 salvadoreños consideran que El Salvador no es un país apto para actividades mineras.

    Las organizaciones religiosas también criticaron la reciente aprobación de la Ley General de Minería Metálica, que sustituyó la normativa anterior y abrió las puertas a la explotación minera. Como prueba del rechazo popular, recordaron que la Iglesia Católica entregó a la Asamblea Legislativa al menos 150,000 firmas de fieles solicitando no avalar la nueva legislación.

    Le puede interesar: Obispos de Centroamérica se reúnen y expresan preocupación por minería y criminalización de ambientalistas

    En ese sentido, las organizaciones aseguran que buscan ampliar el «llamamiento» de autoridades eclesiásticas, feligreses y ciudadanos para que se termine con «la persecución y criminalización» de quienes «defienden el derecho al agua».

    En noviembre, durante la Asamblea Ordinaria del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac), los obispos de la región también reiteraron su preocupación por la expansión de proyectos mineros y la criminalización de ambientalistas en Centroamérica.

  • Asamblea evalúa crear una comisión especial para analizar la reforma de pensiones

    Asamblea evalúa crear una comisión especial para analizar la reforma de pensiones

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó este lunes que el estudio de la reforma de pensiones continúa en análisis y que aún no es posible adelantar criterios sobre sus posibles componentes, incluyendo un eventual aumento en la edad de retiro. No obstante, dejó abierta la posibilidad de crear una comisión especial para su discusión.

    «Tenemos pendiente ese estudio, lo seguimos revisando en su momento se los vamos a informar. No puedo ser irresponsable en dar opinión en este momento», dijo Castro al consultarle si a su criterio debería aumentarse la edad de retiro.

    Agregó que es «probable, es un tema muy importante para todo el país, y si se llegara a dar la necesidad de eso, seguramente lo vamos a hacer, una comisión especial», para ver el tema de la reforma de pensiones.

    Según el documento final de la cuarta revisión 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el 15 de junio, la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para ser publicada el 10 de febrero de 2026 para que la aplicación de la reforma se realice “a mediados de 2026” con la incorporación de recomendaciones del FMI.

    La publicación del informe actuarial sobre la reforma de pensiones estaba proyectada para finales de julio de 2025. Los estudios actuariales previsionales hacen proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema, según las cotizaciones de los trabajadores, el aporte de los empleadores, las edades de jubilación, la esperanza de vida y las obligaciones futuras de pago de pensiones.

    El acuerdo financiero con el FMI compromete al gobierno salvadoreño con una reforma de pensiones a “asegurar una financiación adecuada al sistema de pensiones y una diversificación adecuada de los activos de las carteras gestoras de fondos de pensiones privadas”.

     

     

     

  • Asamblea aprueba $61.3 millones para apoyar agricultura rural

    Asamblea aprueba $61.3 millones para apoyar agricultura rural

    La Asamblea Legislativa autorizó este martes, con 60 votos, la contratación de dos préstamos por un monto total de $61.3 millones, fondos que serán destinados a la implementación del “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.

    La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tiene como objetivo impactar a 74,000 familias del sector agrícola, mejorando su acceso a infraestructura de riego, tecnología productiva, servicios ecosistémicos y herramientas para fortalecer sus ingresos y el acceso al sistema financiero.

    El plan de desarrollo tendrá una cobertura nacional, con énfasis en las cuencas que alimentan distritos de riego en Zapotitán y Atiocoyo Sur, en el departamento de La Libertad; Atiocoyo Norte en Chalatenango; y Lempa Caguaca, en Usulután y San Vicente.

    Durante la discusión del dictamen, el diputado Christian Guevara afirmó que el financiamiento busca “incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria de los hogares rurales vulnerables, mediante prácticas agrícolas sostenibles, un mejor acceso a mercados y estrategias de adaptación al cambio climático, también el beneficio a mujeres rurales, cabezas de hogar”.

    Por su parte, el legislador Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), valoró el apoyo al agro salvadoreño: “Me alegra que con el programa se apoyará a Chalatenango, especialmente a Atiocoyo, en el sistema de riego. La agricultura hay que reactivarla. Se dice que en 2026 tendremos un déficit de comida, no solo en el país, sino a nivel internacional, que habrá un 8 % de déficit. Por eso es fenomenal activar la agricultura nacional”.

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, también respaldó la iniciativa señalando que “los agricultores necesitan, de manera urgente, que la ayuda les llegue. De cada diez salvadoreños, siete dicen que les preocupa la economía, les preocupa la comida. Así que, como grupo parlamentario, una vez más, estamos a favor de todo aquello que pueda llegar a la gente más vulnerable… la seguridad alimenticia es un derecho humano”.

    Ambos préstamos fueron aprobados de forma separada, con 60 votos en cada uno de los dictámenes.

     

  • Asamblea tiene 23 días para aprobar la Ley del Presupuesto general 2026

    Asamblea tiene 23 días para aprobar la Ley del Presupuesto general 2026

    La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cerró el ciclo de audiencias públicas con instituciones del Estado que acudieron a explicar sus requerimientos financieros para el próximo año fiscal. Durante ocho jornadas consecutivas, los diputados escucharon a distintos titulares justificar sus gastos y planes proyectados para 2026.

    Durante las entrevistas, los diputados de la Comisión se enfocaron en evaluar la eficiencia del gasto público, la ejecución de proyectos y la planificación financiera de las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, algunas instituciones claves quedaron fuera del proceso, como el Ministerio de Trabajo, que no fue convocado, y la propia Asamblea Legislativa, cuyo presupuesto sigue sin ser público.

    El proyecto de presupuesto general de El Salvador para 2026 contempla un monto total de $10,555.5 millones, lo que representa un incremento de $892.5 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025, que fue de $9,663 millones. No obstante, ese monto ya sufrió modificaciones a lo largo del año.

    Hasta octubre de 2025, el presupuesto modificado ascendía a $10,395 millones, tras incorporaciones adicionales destinadas, principalmente, a proyectos estratégicos. Según el portal de Transparencia Fiscal, ya se han comprometido $8,473.4 millones y devengado $7,897.4 millones, reflejando un avance del 76% en la ejecución presupuestaria.

    La falta de discusión sobre el presupuesto del Órgano Legislativo ha generado cuestionamientos desde sectores de sociedad civil que demandan mayor transparencia. En años anteriores, la Asamblea ha recibido críticas por aumentos en gastos operativos sin justificación clara ante la ciudadanía.

    El Ministerio de Hacienda ha justificado el aumento del presupuesto para 2026 en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, sin embargo, no se han detallado públicamente todos los rubros que explican el crecimiento de casi $900 millones respecto al año anterior.

    Se espera que, como en años anteriores, la aprobación del presupuesto se concrete en diciembre, posiblemente cerca del 17 de ese mes, fecha en la que en 2024 se autorizó el plan de gastos con una modificación de última hora para incluir $10 millones dirigidos a escalafones salariales de Salud y Educación.

    El proyecto de ley tiene que ser aprobado por mayoría calificada antes del 31 de diciembre para evitar un cierre del ejercicio fiscal sin un nuevo presupuesto aprobado. En ese caso, la ley vigente prevé una prórroga automática del presupuesto anterior, lo cual podría limitar la implementación de nuevas políticas públicas.

    De momento, el Ejecutivo y la Asamblea continúan en fase de ajustes técnicos. Aunque el proceso se mantiene con bajo perfil mediático, las decisiones tomadas en estas semanas serán clave para la ejecución de programas sociales, inversión pública y estabilidad fiscal en 2026.

     

  • ISBM tendría reducción de $4.7 millones y Bases Magisteriales dice el sistema “está quebrado”

    ISBM tendría reducción de $4.7 millones y Bases Magisteriales dice el sistema “está quebrado”

    El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) experimentaría una baja de $4,771,390 en su presupuesto del próximo año según el proyecto de presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Bases Magisteriales ya califica el sistema de salud docente como «quebrado» por carencias.

    El ISBM dispuso de $71,244,685 para prestación de servicios médicos, infraestructura física y administración, sin embargo, para el próximo año el monto se reduciría a $66,472,755, lo que significa una reducción de $4.7 millones equivalente al 7 %.

    El área de servicios médicos hospitalarios tendría una reducción de $5,546,335 para el próximo año. En 2025 este rubro recibió un financiamiento de $64,247,210 pero para el próximo fiscal podría bajar a $58,700,875 de ser aprobada esta propuesta por los diputados de la Asamblea Legislativa.

    En ese sentido, en un foro realizado por Bases Magisteriales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), Rafael Aguirre, explicó a los docentes que la reducción de esos fondos se traduciría en menos especialistas y subespecialistas para atenderlos.

    El presupuesto para la administración también se reduciría en $415,155 sin embargo, los fondos destinados para infraestructura aumentarían en un 1,983 % porque pasaría de $60,000 de este año a $1,249,560 para el próximo año para construcciones y mejoras en los bienes inmuebles de la institución.

    Mientras tanto, la gremial de maestros Bases Magisteriales Salvadoreñas asegura en el comunicado de cierre del año escolar que el sistema del ISBM «está quebrado» porque los docentes y sus familiares sufren diariamente la falta de medicamentos, «la imposibilidad» de pasar consulta con especialistas y la carencia de fondos para exámenes.

    «Este abandono pone en riesgo por completo la salud de los pilares de la educación salvadoreña» dice el comunicado publicado el fin de semana. Además, se refirieron al sistema de pensiones y «las pensiones de hambre» que califican como «una injusticia dolorosa» para los docentes.

    Indicó que la pensión que reciben los docentes pensionados desde 2018 son tan bajas que los «condena a una vejez de pobreza y desamparo».

    La Asamblea Legislativa ya concluyó las entrevistas previstas con funcionarios para el estudio de sus presupuestos para así decretar los fondos finales que serán distribuidos para cada institución para el 2026. La nueva Ley de presupuesto tendría que ser aprobada antes de que termine este año.

  • Capturan a conductor con 0.096 grados de alcohol y señalado de portar un arma de fuego en Santa Ana Oeste

    Capturan a conductor con 0.096 grados de alcohol y señalado de portar un arma de fuego en Santa Ana Oeste

    La Fuerza Armada de El Salvador capturó este lunes a un hombre identificado como Luis Mario Valdivieso González debido a que manejaba con 0.096 grados de alcohol  aspirado en la calle principal que conduce de Texistepeque hacia San Antonio Pajonal, en el municipio de Santa Ana Oeste.

    Además de ser detenido, la Fuerza Armada le incautó un arma de fuego con un cargador y con al menos cuatro balas, de acuerdo a la fotografía divulgada por la institución en su cuenta de la red social X.

    Tras su detención, la institución aseguró que Valdivieso González fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) para continuar con su proceso legal.

     

    El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta que entre el 1 de enero hasta el 7 de diciembre se han reportado 2,021 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa, un 5.9% menos en comparación al 2024 durante las mismas fechas.

    A tan sólo 12 días de que se cumpla un año de la modificación de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobada por la Asamblea Legislativa en 2024, el delito de conducción peligrosa prohibe el consumo de estupefacientes, medicamentos o de alcohol «en cualquier concentración», siendo «acreedor de una multa muy grave y la detención conforme a la legislación penal y la inhabilitación«.

    Asimismo, cabe recalcar que los conductores de vehículos livianos se exponen a una condena y a la pérdida de su licencia por un año.

  • Asamblea comienza la tercera entrega de las becas legislativas

    Asamblea comienza la tercera entrega de las becas legislativas

    La Asamblea Legislativa anunció viernes miércoles a los beneficiarios de la tercera entrega del programa de becas legislativas “Dagoberto Gutiérrez”, una iniciativa que busca apoyar a jóvenes de escasos recursos con deseos de superación profesional.

    Un equipo del Legislativo se desplazó hasta los hogares de los seleccionados con el pretexto de completar información adicional, cuando en realidad buscaban sorprenderlos con la entrega oficial de la beca. Uno de los casos fue el de Camila Rivas, de 17 años, quien aspira a convertirse en abogada.

    “Solo mi papá trabaja y gana por comisiones, a veces no alcanza ni para los servicios básicos. Esta beca es un alivio para mi familia”, expresó emocionada tras ser notificada.

    Otra beneficiaria fue Joseline Morán, de 19 años, quien estudiará Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entre lágrimas, expresó: “Es un sueño poder ser alguien en la vida, poder ser algo que yo soñé”.

    Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, escribió en su cuenta de X: “Joseline, en el pasado las pandillas arrebataron a muchos jóvenes, como vos, el sueño de superarse; pero esa realidad ha cambiado y hoy El Salvador renace”.

    Desde su creación en enero de 2024, el programa ha beneficiado a cientos de jóvenes. En su primera convocatoria se entregaron 150 becas, y en la segunda, realizada en agosto, se sumaron 100 jóvenes de municipios como San Miguel, Apopa, Panchimalco, Zacatecoluca, entre otros.

    Para dar sostenibilidad al programa, en julio de 2024 la Asamblea reorientó parte del presupuesto asignado a los diputados: $2,200 mensuales por cada uno de los 60 legisladores, entre julio de 2024 y abril de 2027, para un total acumulado de $4,488,000. Posteriormente, se aprobó una reorientación total de $5 millones para ampliar la cobertura.

    “Con las becas legislativas, seguimos llevando oportunidades a los jóvenes para que transformen nuestra nación”, escribió el presidente Ernesto Castro al felicitar a Camila, una de las nuevas becarias.

     

     

  • Nuevo Hospital Rosales será inaugurado pronto, anuncia presidente de la Asamblea Legislativa

    Nuevo Hospital Rosales será inaugurado pronto, anuncia presidente de la Asamblea Legislativa

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció a través de sus redes sociales que el nuevo Hospital Nacional Rosales será inaugurado próximamente. La noticia fue compartida el jueves junto con un video que muestra los avances del proyecto sanitario.

    “Muy pronto, el Hospital Rosales abrirá sus puertas para dar atención de alta calidad a los salvadoreños”, escribió Castro en la publicación. También destacó que la Asamblea Legislativa ha dado su respaldo para la ejecución de este proyecto, considerado uno de los más importantes en la renovación del sistema de salud pública del país.

    La construcción del nuevo centro hospitalario comenzó en febrero de 2023, con trabajos de terracería, y representa una inversión de $61.2 millones. El hospital contará con atención integral en todas las especialidades médicas, y estará equipado con tecnología de última generación, incluyendo áreas de cirugía robótica, nefrología pediátrica y geriatría.

    “El presidente Nayib Bukele ha impulsado la modernización y recuperación del sistema público de salud, abandonado por décadas”, enfatizó Castro, quien además resaltó que los fondos destinados al proyecto son 100 % recursos del Gobierno de El Salvador (GOES).

    Ampliación del personal médico

    Como parte del proceso de fortalecimiento del sistema hospitalario, el gobierno lanzó en julio pasado una convocatoria para reclutar profesionales en más de 25 especialidades médicas. Las vacantes incluían anestesiología, cardiología, neurocirugía, psiquiatría, cirugía laparoscópica, oncología, medicina paliativa, urología, cirugía maxilofacial, entre otras.

    El llamado fue parte de una estrategia más amplia para fortalecer la nueva Red de Hospitales Públicos, según comunicó el Ejecutivo.

    La colocación de la primera piedra del nuevo Rosales tuvo lugar el 15 de junio de 2023, en un acto liderado por el presidente Bukele, quien aseguró en esa ocasión que el antiguo hospital se encontraba en estado deplorable.

    “Este hospital ahora será totalmente nuevo. La inversión de $61.2 millones incluye construcción y equipamiento, y es financiada exclusivamente con fondos propios del Estado”, expresó el mandatario en ese momento.

  • Gobierno pide a diputados aprobar dos convenios por un total de $61.3 millones para programa de seguridad alimentaria en zona rural

    Gobierno pide a diputados aprobar dos convenios por un total de $61.3 millones para programa de seguridad alimentaria en zona rural

    El Gobierno salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa ratificar dos convenios de financiamiento por un total de $61.3 millones, suscritos previamente, que serán destinados al “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.

    El primero de los convenios corresponde a un contrato de préstamo suscrito con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por un monto de hasta $30 millones, firmado el 9 de octubre de 2025 por el ministro de Hacienda, Gerson Posada. Este financiamiento busca apoyar a agricultores con prácticas agrícolas sostenibles y mayor acceso a mercados, con el objetivo de mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de familias rurales.

    El segundo financiamiento fue pactado con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) por un total de hasta $31.3 millones. Este acuerdo fue suscrito por Hacienda el 20 de octubre y por el FIDA el 3 de noviembre de 2025, y se divide en tres componentes: un primer préstamo por $11.8 millones, un segundo por $4.5 millones y un tercero por $15 millones.

    De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso, la finalidad del segundo financiamiento es focalizar la inversión en zonas rurales según criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, a fin de fortalecer la resiliencia y elevar los niveles de ingreso y nutrición de las comunidades agrícolas más vulnerables.

    Ambas solicitudes serán analizadas el lunes 8 de diciembre, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, como parte del proceso requerido para la aprobación legislativa de los préstamos.