El Gobierno de Costa Rica reiteró este lunes su preocupación por el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes en Nicaragua, después de que el dictador nicaragüense Daniel Ortega asegurara que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo.
En un comunicado, la Cancillería costarricense recordó que no reconoció las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 2021 por la ausencia de condiciones y garantías democráticas. Asimismo, reafirmó que continuará respaldando la realización de comicios libres, transparentes, plurales y democráticos en el país vecino.
San José también recordó que, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en junio, el canciller Manuel Tovar expresó la preocupación de Costa Rica por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, al citar denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a las libertades fundamentales y hostigamiento contra líderes religiosos.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen limitadas al nivel consular desde 2018, cuando el entonces presidente costarricense, Carlos Alvarado, decidió no nombrar embajador en Managua debido a la represión contra opositores y manifestantes por parte del Gobierno nicaragüense.
El pronunciamiento costarricense surgió un día después de que Ortega descartara públicamente cualquier posibilidad de alternancia democrática durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua.
«Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder», afirmó el mandatario, quien gobierna el país desde 2007 en medio de reiteradas denuncias de fraude electoral y persecución contra la oposición.
Desde febrero de 2025, la esposa de Ortega, Rosario Murillo, ejerce como copresidenta de Nicaragua tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Ejecutivo, reorganizó la estructura del Estado y legalizó la apatridia. Además, las reformas extendieron el período presidencial, por lo que las elecciones generales previstas para 2026 fueron trasladadas, en teoría, hasta noviembre de 2027.
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó la designación de Murillo como copresidenta al afirmar que asumió el cargo «sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad», y sostuvo que el oficialismo evita someterse a un proceso electoral competitivo.
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