El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró la noche del domingo que su régimen no permitirá la realización de elecciones que puedan facilitar la llegada de la oposición al poder, durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
En su discurso, el mandatario sostuvo que los grupos opositores, muchos de ellos en el exilio, buscan recuperar el control del país mediante procesos electorales.
«Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», declaró ante miles de simpatizantes.
Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y enfrenta constantes señalamientos de organismos internacionales y sectores opositores por presuntos fraudes electorales y por eliminar la competencia política. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la Vicepresidencia y, desde febrero de 2025, ejerce como «copresidenta» tras una reforma constitucional.
Durante el acto, el mandatario calificó a los opositores como «golpistas» y «vendepatrias», y anunció que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional para impedir que esos sectores puedan recuperar espacios políticos.
«Y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán», afirmó.
La reforma constitucional, que entró en vigor en febrero de 2025, modificó de forma profunda la estructura del Estado nicaragüense. Entre los principales cambios amplió de cinco a seis años el período presidencial, creó la figura de la copresidenta, otorgó al Ejecutivo facultades para coordinar los demás órganos del Estado y legalizó la apatridia.
Las modificaciones también alteraron el calendario electoral. Aunque las elecciones generales estaban previstas para noviembre de 2026, la ampliación del período presidencial trasladó, en teoría, los próximos comicios hasta noviembre de 2027.
La reforma ha sido cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y organizaciones opositoras, que consideran que concentra aún más el poder en Ortega y Murillo y elimina los contrapesos institucionales.
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de asumir el cargo de copresidenta sin haber sido elegida en un proceso democrático y sostuvo que el Gobierno nicaragüense ha privado a la población de su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, al mantener el poder mediante la represión y cambios constitucionales.
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