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  • Jueza de EEUU condena a DHS a pagar $164,527 por deportación de venezolano al Cecot

    Jueza de EEUU condena a DHS a pagar $164,527 por deportación de venezolano al Cecot

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) deberá pagar $164,527.70 en honorarios y gastos legales por la deportación indebida de un migrante venezolano hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador en marzo de 2025, según resolvió el martes la jueza federal Stephanie Gallagher, del Distrito de Maryland.

    La jueza ordenó al DHS cubrir los costos derivados del litigio después de concluir que la deportación del joven, identificado en los documentos judiciales con el seudónimo “Cristian”, incumplió un acuerdo alcanzado dentro de una demanda colectiva.

    Gallagher consideró que el Gobierno no estuvo “sustancialmente justificado” al señalarlo como integrante del Tren de Aragua y expulsarlo antes de que pudiera resolverse su solicitud de asilo.

    Cristian forma parte de una demanda colectiva presentada hace siete años en representación de menores migrantes no acompañados que carecen de estatus legal y tutores. Su pertenencia a ese grupo impedía que fuera deportado antes de que concluya el proceso relacionado con su petición de asilo.

    El venezolano fue enviado en marzo de 2025 al Cecot, un día después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la expulsión de venezolanos acusados ​​de pertenecer al Tren de Aragua. El Departamento de Estado había designado recientemente a esa organización como “organización terrorista extranjera”.

    Gallagher determinó en abril de 2025 que la deportación del entonces joven de 20 años fue indebida y ordenó al DHS “facilitar” su regreso.

    Después de permanecer varios meses en El Salvador, Cristian fue trasladado a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. Sus abogados perdieron temporalmente el contacto con él y, cuando consiguieron comunicarse nuevamente, el joven “nunca comunicó su deseo de regresar a los Estados Unidos para recibir su adjudicación de asilo”.

    El Gobierno estadounidense argumentó que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros lo eximía de cumplir las obligaciones establecidas en el acuerdo de la demanda colectiva, pero Gallagher rechazó ese planteamiento.

    “La decisión de los acusados ​​de expulsar a Cristian sin previo aviso, incluso después de que el abogado de inmigración de Cristian les había notificado de su pertenencia al grupo, fue injustificada y no razonable”, escribió la jueza.

    La resolución establece el pago de $160,823.09 en honorarios de abogados y otros $3,704.61 en gastos, para un total de $164,527.70.

    “Si consideramos la totalidad de las circunstancias, incluso si algunas de las posiciones del gobierno hubieran sido razonables, su posición general en el litigio no ha estado sustancialmente justificada”, señaló Gallagher.

     

     

  • EEUU busca reactivar cargos contra el salvadoreño Kilmar Ábrego

    EEUU busca reactivar cargos contra el salvadoreño Kilmar Ábrego

    Los problemas del salvadoreño Kilmar Ábrego García no cesan. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió el lunes a un tribunal federal de apelaciones restablecer los cargos penales en su contra, tras ser deportado erróneamente a El Salvador durante la administración de Donald Trump y posteriormente devuelto a territorio estadounidense por orden judicial.

    La petición fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito y busca revertir la decisión adoptada en mayo por el juez federal Waverly Crenshaw, de Tennessee, quien desestimó una acusación contra Ábrego García por dos cargos relacionados con el tráfico de migrantes.

    Crenshaw determinó que el Departamento de Justicia procesó al salvadoreño como represalia por sus acciones legales contra la deportación a El Salvador.

    “La evidencia objetiva aquí muestra que, de no haber existido una demanda exitosa de Abrego impugnando su expulsión a El Salvador, el Gobierno no habría iniciado este proceso”, escribió el juez en su resolución del 22 de mayo.

    El Departamento de Justicia rechazó que el proceso tuviera carácter vengativo y sostuvo que existían “múltiples bases legítimas para procesar” a Ábrego García. La institución argumentó que la decisión de presentar la acusación fue tomada por fiscales de carrera a partir de las pruebas disponibles y de su convencimiento de que podrían demostrar los delitos más allá de una duda razonable.

    Los cargos tienen su origen en un control de tránsito ocurrido en Tennessee en noviembre de 2022, cuando agentes estatales detuvieron un vehículo conducido por Ábrego García en el que viajaban numerosas personas. La investigación federal sobre esos hechos comenzó unos dos años y medio después y el salvadoreño se declaró inocente de los cargos.

    Ábrego García fue deportado a El Salvador en marzo de 2025 pese a que existía una orden judicial que impedía enviarlo a su país por temor a la violencia de pandillas. Su situación se convirtió posteriormente en uno de los casos más conocidos entre los críticos de la política migratoria de la administración Trump. Tras una intervención del Tribunal Supremo, fue devuelto a Estados Unidos y posteriormente acusado penalmente.

    La administración Trump sostiene ahora que la resolución de Crenshaw no siguió los precedentes establecidos por el Tribunal Supremo. El Departamento de Justicia afirmó además que el fallo supone una ampliación considerable de la facultad de los tribunales para desestimar acusaciones penales calculando en valoraciones sobre las motivaciones de los fiscales.

    Ábrego García enfrenta paralelamente otro proceso federal en Maryland relacionado con los intentos del Gobierno estadounidense de deportarlo nuevamente. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pretende enviarlo a Liberia, pero una jueza federal bloqueó temporalmente esa medida y determinó que no podrá ser deportado al menos hasta octubre.

     

  • Corte frena nuevamente deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

    Corte frena nuevamente deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

    La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos rechazó el miércoles una solicitud del Gobierno de Donald Trump para levantar una orden judicial que impide deportar a Liberia al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado erróneamente a El Salvador el año pasado, según informó la cadena estadounidense NBC.

    La administración Trump insiste en deportar a Ábrego García hacia Liberia, aunque el salvadoreño aceptó ser enviado a Costa Rica. Sin embargo, una orden de la jueza federal Paula Xinis impide al Gobierno ejecutar su traslado al país africano, decisión que la administración apeló en abril.

    “Hace unos meses, el gobierno presentó una moción para esencialmente anular esa orden solicitando permiso para deportarlo a Liberia y detenerlo en un centro de detención mientras lo llevaban a cabo”, afirmó Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García. Según explicó, el Gobierno acudió a la Corte de Apelaciones antes de que Xinis resolviera la solicitud presentada ante su tribunal.

    Tras el rechazo de la apelación, el asunto regresa al tribunal de Xinis.

    «El punto muerto continúa, ¿verdad?» dijo Sandoval-Moshenberg, quien aseguró que el enfrentamiento judicial se mantiene desde diciembre pasado. El abogado recordó que la administración primero pareció Uganda y posteriormente Ghana como posibles destinos antes de insistir en Liberia.

    La defensa también señaló una aparente contradicción entre la posición del Gobierno ante los tribunales y declaraciones recientes del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Durante una audiencia en el Congreso, el funcionario manifestó que si Ábrego García quiere trasladarse a Costa Rica, el Gobierno lo enviaría a ese país, según el informe.

    “Y en respuesta al interrogatorio del senador [Chris] Van Hollen [demócrata de Maryland] bajo juramento, lo señalamos y lo incorporamos al caso”, afirmó Sandoval-Moshenberg. “Me parece que se están retractando en silencio, porque no han cambiado su postura en absoluto ante el tribunal”.

    El abogado dijo que no espera una nueva audiencia antes de que Xinis emita otra resolución.

    Sandoval-Moshenberg afirmó que una eventual deportación a Liberia tendría que pasar por un procedimiento migratorio. “Si quieren deportarlo a Liberia, tiene que ser llevado ante un juez de inmigración”, afirmó. “Tiene que tener la oportunidad de presentar su caso, ya sabe, gane o pierda, apelaciones, etc. Es decir, el hecho de que sea un tercer país y no su país de ciudadanía no significa que tenga derecho a menos garantías procesales”.

    Mientras continúa la disputa, Ábrego García permanece con su familia en Maryland. El proceso penal por supuesto tráfico de personas que enfrentaba en Tennessee fue desestimado por considerar que hubo una acusación vengativa y selectiva, decisión que también fue apelada por la administración Trump. Según NBC, el Departamento de Justicia no comentó sobre la última resolución ni presentó nuevas mociones después del fallo.

     

     

  • La salvadoreña Yessenia Ruano regresa a Estados Unidos tras ganar batalla contra su deportación

    La salvadoreña Yessenia Ruano regresa a Estados Unidos tras ganar batalla contra su deportación

    Yessenia Ruano, una salvadoreña que el año pasado se convirtió en símbolo de la lucha contra la deportación en Estados Unidos, regresó este miércoles al país norteamericano junto a sus hijas gemelas de 11 años, tras permanecer cerca de un año en El Salvador.

    Ruano arribó al aeropuerto O’Hare, en Chicago, luego de que un juez federal autorizara su regreso para esperar la resolución de su solicitud de visa para víctimas de trata. La salvadoreña calificó el momento como un milagro y aseguró que representa una nueva oportunidad para su familia.

    «Esto es una bendición de Dios para nosotros», expresó al salir de la terminal aérea, donde fue recibida después de varias horas de viaje y de completar los controles migratorios.

    La madre de familia viajó acompañada por sus hijas, Elizabeth y Paola, ambas ciudadanas estadounidenses, pero tuvo que dejar en El Salvador a su esposo, Miguel, ya que la resolución judicial únicamente autorizó su reingreso y el de las menores.

    «Quiero que mis hijas crezcan aquí», afirmó Ruano. «Como madre, son mi primera prioridad».

    Las niñas, que regresarán a cursar sexto grado en la escuela ALBA de Milwaukee, manifestaron su entusiasmo por reencontrarse con sus familiares y amigos. Para ambas, el viaje representó apenas el segundo vuelo de sus vidas, luego del traslado que realizaron hacia El Salvador en 2025.

    Ruano explicó que las autoridades migratorias le fijaron como fecha límite el 16 de julio para regresar a Estados Unidos, por lo que decidió viajar pese a la incertidumbre sobre el futuro de su esposo. Ambos acordaron priorizar el bienestar de sus hijas, aunque la decisión estuvo marcada por la tristeza.

    La familia también tuvo que dejar en El Salvador a su perro, Copitos, debido a que no pudo abordar el avión por la falta de un documento requerido por las autoridades aeroportuarias. Mientras tanto, Miguel permanecerá en el país terminando la construcción de la vivienda que ambos comenzaron con sus ahorros.

    Ahora instalada temporalmente en Milwaukee junto a un familiar, Ruano espera obtener un permiso de trabajo, reactivar su caso de visa para víctimas de trata y lograr que su esposo pueda reunirse con ellas en Estados Unidos. Además, aspira a obtener una certificación como docente para trabajar en la escuela donde estudian sus hijas.

    La salvadoreña también expresó su preocupación por la política migratoria estadounidense y calificó las recientes redadas como una «persecución inhumana». No obstante, aseguró que mantiene la esperanza de reconstruir su vida. Al concluir su llegada al aeropuerto, lanzó un mensaje de optimismo: «¡Sí se pudo!».

     

  • Administración Trump apelará fallo que favorece al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Administración Trump apelará fallo que favorece al salvadoreño Kilmar Ábrego

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que apelará la decisión judicial que desestimó los cargos de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, un caso que ha generado controversia por su deportación errónea y posterior regreso al país norteamericano.

    La notificación fue presentada el lunes, pocas horas antes de que venciera el plazo legal para recurrir el fallo, con el objetivo de que el caso sea revisado por la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, con sede en Ohio.

    La decisión apelada fue emitida por una jueza federal de Tennessee, quien concluyó que los cargos fueron presentados de manera “selectiva y vengativa”, por lo que ordenó su desestimación.

    Ábrego García se convirtió en una figura central de un prolongado litigio migratorio después de haber sido deportado en marzo de 2025 a una prisión en El Salvador, pese a que posteriormente el propio Gobierno estadounidense reconoció que la expulsión ocurrió debido a un error administrativo.

    Tras una orden judicial que exigió su retorno a Estados Unidos, el salvadoreño fue nuevamente detenido por las autoridades y acusado de participar en actividades de tráfico de personas.

    El caso se remonta a 2022, cuando agentes de la Policía Estatal de Tennessee detuvieron una furgoneta en la que viajaba Ábrego García junto a varias personas que no pudieron presentar documentos de identidad ni pruebas de ciudadanía.

    En aquel momento, los ocupantes fueron liberados con una advertencia y las investigaciones no derivaron en cargos formales. Sin embargo, el expediente fue reactivado después de que Ábrego García regresara a territorio estadounidense tras su deportación.

    A pesar de admitir que la expulsión inicial fue producto de un error burocrático, la administración del presidente Donald Trump ha sostenido que Ábrego García mantiene vínculos con la pandilla MS-13, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas públicas que respalden esa acusación.

    Con la apelación, el Gobierno busca reactivar el proceso penal y dejar sin efecto la decisión que anuló los cargos, mientras continúa explorando alternativas para una nueva deportación del salvadoreño.

    Medios estadounidenses señalan que entre las opciones evaluadas por las autoridades migratorias figura trasladarlo a un tercer país, entre ellos Liberia (en África) u otra nación dispuesta a recibirlo.

    El caso continúa generando debate en Estados Unidos sobre los procedimientos migratorios, las garantías judiciales y el uso de acusaciones penales en procesos de deportación.

     

  • EE.UU. abre la puerta para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego a Costa Rica

    EE.UU. abre la puerta para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego a Costa Rica

    El caso del salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, convertido en uno de los símbolos de las disputas judiciales por la política migratoria del presidente Donald Trump, registró un giro inesperado luego de que el Gobierno de Estados Unidos manifestara disposición para enviarlo a Costa Rica.

    La declaración fue anunciada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una audiencia en el Congreso estadounidense, donde fue consultado por el senador demócrata Chris Van Hollen sobre el futuro migratorio del ciudadano salvadoreño.

    «Si él está dispuesto a hacerlo, estaremos felices de enviarlo», respondió Mullin al referirse a una eventual deportación de Ábrego García hacia Costa Rica.

    La postura representa un cambio significativo respecto a la posición mantenida durante los últimos meses por la administración estadounidense, que había rechazado repetidamente esa posibilidad y buscaba trasladarlo a diversos países africanos con los que el salvadoreño no mantiene vínculos personales ni familiares.

    Los abogados de Ábrego García sostienen desde hace tiempo que su cliente aceptaría poner fin a los litigios contra el Gobierno estadounidense si se le permite trasladarse a Costa Rica, nación que ya expresó su disposición a recibirlo y otorgarle estatus de refugiado.

    Tras conocerse las declaraciones de Mullin, la defensa presentó inmediatamente una copia de sus palabras ante la jueza federal Paula Xinis, quien supervisa el caso y anteriormente había cuestionado a las autoridades sobre las razones para negar esa alternativa migratoria.

    Ábrego García fue deportado a El Salvador en marzo de 2025 junto a migrantes venezolanos durante una operación impulsada por la administración Trump. Posteriormente fue recluido en una prisión salvadoreña, donde denunció haber sido víctima de abusos y malos tratos, algo que el gobierno salvadoreño ha negado.

    El caso adquirió notoriedad nacional en Estados Unidos debido a la prolongada batalla judicial que ha llegado incluso a la Corte Suprema. En mayo pasado, un juez federal en Nashville desestimó cargos penales relacionados con un supuesto esquema de tráfico de migrantes, al considerar que la acusación constituía un uso indebido del poder de persecución penal.

    Según el fallo judicial, las acusaciones fueron utilizadas como parte de una estrategia para justificar la permanencia de Ábrego García fuera del país mientras se resolvían los procesos legales relacionados con su deportación.

    Aunque actualmente ya no enfrenta cargos criminales, el salvadoreño continúa litigando contra los intentos de las autoridades estadounidenses de trasladarlo a terceros países. La administración había evaluado previamente opciones en países africanos como Uganda, Ghana, Esuatini y Liberia, luego de que otras alternativas fueran rechazadas.

    Se espera que el Departamento de Justicia presente la próxima semana nuevos argumentos ante la corte para sustentar su posición sobre el destino migratorio de Ábrego García. La jueza Xinis deberá evaluar toda la información disponible, incluyendo las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, antes de emitir una resolución sobre el futuro del ciudadano salvadoreño.

     

  • Juez EEUU desestima caso de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego

    Juez EEUU desestima caso de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego

    Un juez federal de Estados Unidos desestimó este viernes el caso por tráfico de personas presentado contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea a El Salvador generó controversia y críticas contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

    La decisión fue emitida por el juez federal Waverly Crenshaw, de Nashville, quien concluyó que la acusación presentada contra Ábrego García constituyó una posible “persecución selectiva o vengativa” por parte del gobierno estadounidense.

    Según el fallo judicial, las autoridades retomaron el caso penal únicamente después de que Abrego García lograra una resolución favorable en su demanda por deportación indebida.

    “Sin la exitosa demanda de Ábrego García impugnando su expulsión a El Salvador, el gobierno no habría presentado este proceso”, sostuvo Crenshaw en la resolución.

    El salvadoreño había sido acusado de tráfico de personas y conspiración para tráfico humano, bajo señalamientos de transportar migrantes indocumentados dentro de Estados Unidos a cambio de dinero.

    Las acusaciones se originaron tras una detención de tránsito ocurrida en Tennessee en 2022, cuando Abrego García fue interceptado por exceso de velocidad mientras transportaba a nueve pasajeros.

    Sin embargo, videos corporales de la Policía mostraron un procedimiento sin incidentes mayores y finalmente el salvadoreño recibió únicamente una advertencia antes de continuar su camino.

    El juez destacó que las autoridades migratorias estadounidenses conocían el caso desde hacía dos años y que incluso lo habían cerrado previamente antes de deportarlo a El Salvador.

    No obstante, luego de que la Corte Suprema ordenara su retorno a Estados Unidos por considerar ilegal la deportación, el caso fue reabierto y derivó en las acusaciones criminales ahora desestimadas.

    Crenshaw también cuestionó declaraciones públicas de funcionarios de la administración Trump, entre ellos el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche, quien sugirió públicamente que el proceso judicial se relacionaba con la victoria legal obtenida por Ábrego García.

    El salvadoreño había sido deportado en marzo de 2025 e internado brevemente en el CECOT, pese a contar con una orden judicial emitida en 2019 que le otorgaba protección contra la expulsión hacia El Salvador, debido al riesgo que enfrentaba por amenazas de pandillas contra su familia. Ábrego fue retornado a EEUU tres meses después.

    Ábrego García reside desde hace años en Maryland, donde formó una familia junto a su esposa e hijo estadounidenses, aunque ingresó irregularmente a territorio estadounidense siendo adolescente.

    Pese al fallo judicial favorable, funcionarios del gobierno estadounidense han reiterado que Ábrego García no podrá permanecer en Estados Unidos y han planteado deportarlo hacia un tercer país, entre ellos Liberia.

     

     

  • Jueza estadounidense bloquea nuevamente deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

    Jueza estadounidense bloquea nuevamente deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

    Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este lunes de forma temporal la deportación del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García hacia un tercer país, frenando por ahora la intención del gobierno de trasladarlo a Liberia, en África Occidental.

    La orden fue emitida por la jueza de distrito Paula Xinis, quien decidió mantener vigentes dos resoluciones previas que impedían una segunda deportación del salvadoreño fuera del territorio estadounidense.

    La decisión se conoce días después de que el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, solicitó anular la medida judicial. El funcionario argumentó que el Gobierno planeaba acelerar el traslado de Abrego García hacia Liberia.

    Lyons informó además al tribunal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió desestimar la petición del migrante de ser enviado a Costa Rica, al señalar que no lo elegido como destino durante una audiencia migratoria realizada en 2019.

    “Ni el estatuto ni las regulaciones permiten a un extranjero designar un país de expulsión más allá de la oportunidad inicial otorgada en el proceso de expulsión”, dijo Lyons.

    «Si, como en este caso, a un extranjero se le permitiera designar un país de expulsión años después de la conclusión del procedimiento de expulsión, un extranjero podría evitar ser expulsado designando incesantemente nuevos países de expulsión», añadió.

    El funcionario también señaló que existen negociaciones entre Estados Unidos y Liberia para concretar la expulsión, y advirtió que cancelarlas podría afectar la autoridad diplomática del país.

    El caso de Ábrego García se mantiene en el centro de una disputa legal desde marzo, cuando fue deportado a El Salvador pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía, en lo que las autoridades del gobierno reconocieron como un “error administrativo”.

    Posteriormente, la jueza ordenó su retorno inmediato a Estados Unidos, lo que dio paso a un proceso judicial que se ha extendido por un año, con acciones en distintos tribunales y repercusión internacional.

    En una resolución emitida el mes pasado, Xinis también bloqueó un intento del DHS de detener nuevamente al salvadoreño y enviarlo a otros países como Uganda, Ghana, Esuatini o Liberia, al considerar que no existían garantías claras sobre su recepción ni sobre la posibilidad de que fuera reenviado a El Salvador, donde enfrenta riesgos por violencia de pandillas.

    Por su parte, los abogados del migrante criticaron el nuevo intento de deportación hacia Liberia y cuestionaron la postura del gobierno estadounidense.

    “Por un lado, el señor Ábrego García perdió su derecho a designar a Costa Rica como país de expulsión hace siete años, pero por otro lado, reclaman el derecho de designar a Liberia como país de expulsión siete años después”, dijo Sandoval-Moshenberg.

     

  • Salvadoreño es condenado a 21 meses de cárcel por vender 1,000 pastillas de fentanilo en Boston

    Salvadoreño es condenado a 21 meses de cárcel por vender 1,000 pastillas de fentanilo en Boston

    Un ciudadano salvadoreño vinculado a la organización criminal transnacional pandilla 18 fue condenado a 21 meses de prisión en una corte federal de Boston por distribuir 1,000 pastillas de fentanilo en la zona norte del estado de Massachusetts.

    El implicado, identificado como Orlando Mancía, alias “Intruso”, de 22 años, deberá además cumplir tres años de libertad supervisada al finalizar la condena. Según confirmaron las autoridades estadounidenses, Mancía será deportado tras cumplir la sentencia impuesta por el juez federal F. Dennis Saylor IV.

    El joven se declaró culpable en agosto de 2025 por los delitos de distribución y posesión con intención de distribuir 40 gramos o más de fentanilo, una droga sintética altamente letal.

    De acuerdo con los expedientes judiciales, el 15 de octubre de 2024, Mancía vendió unas 500 pastillas de fentanilo prensado a un testigo colaborador en Everett. Días después, el 23 de octubre, volvió a entregar otras 500 pastillas junto a una cantidad no especificada de cocaína.

    La sentencia fue anunciada por la fiscal federal de Massachusetts, Leah B. Foley, junto al agente especial del FBI en Boston, Ted E. Docks, y el jefe regional de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Thomas Greco.

    El operativo contó con el apoyo de la Policía Estatal de Massachusetts, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como las fiscalías de los condados de Suffolk y Middlesex y varios departamentos de policía locales, entre ellos los de Boston, Chelsea, Everett, Lynn y Revere.

    La acusación fue procesada por los fiscales Timothy Moran, de la División Criminal, y Fred Wyshak, de la Unidad de Crimen Organizado y Pandillas.

     

  • EEUU captura a salvadoreño acusado de abuso sexual infantil cuando intentaba volar hacia El Salvador

    EEUU captura a salvadoreño acusado de abuso sexual infantil cuando intentaba volar hacia El Salvador

    Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) arrestaron a Nelvis González Purdencio, un ciudadano salvadoreño de 43 años, buscado por delitos graves de abuso sexual infantil en el estado de Maryland.

    González Purdencio fue capturado en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a El Salvador.

    Según autoridades estadounidenses, es requerido por la Policía del Condado de Montgomery por el delito de abuso sexual de un menor, tipificado como un delito grave en tercer grado.

    Además de enfrentar cargos por abuso, el salvadoreño tenía pendiente una orden de deportación emitida en septiembre de 2005, luego de haber ingresado ilegalmente a territorio estadounidense en julio del mismo año. También pesaba sobre él una orden de arresto adicional por no presentarse a su proceso de remoción migratoria en febrero de 2025.

    “Esta captura ilustra cómo los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza ayudan a las víctimas, incluidas las más vulnerables, a tener una voz, colaborando con nuestras agencias aliadas para capturar y llevar ante la justicia a los prófugos buscados”, declaró Christine Waugh, directora de puerto del Área de Washington, D.C.

    Las autoridades confirmaron la vigencia de la orden de arresto del condado y validaron que González Purdencio era efectivamente el sujeto buscado. Posteriormente, fue entregado a oficiales de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington.