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  • Juez ordena al Gobierno de Trump moderar comentarios sobre Kilmar Ábrego para un juicio justo

    Juez ordena al Gobierno de Trump moderar comentarios sobre Kilmar Ábrego para un juicio justo

    Un juez federal en Estados Unidos ordenó este jueves al Gobierno del expresidente Donald Trump abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el juicio del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de transportar personas indocumentadas en territorio estadounidense.

    La medida, adoptada por el magistrado Waverly Crenshaw, busca preservar la imparcialidad del proceso judicial que enfrenta Abrego en Nashville, Tennessee, donde fue trasladado tras haber permanecido por error en una prisión de máxima seguridad en El Salvador durante casi tres meses.

    “Para garantizar un juicio justo, todas las partes y sus representantes están obligados a evitar declaraciones extrajudiciales que interfieran con el derecho constitucional del acusado”, señaló Crenshaw en su resolución.

    El juez recordó que Ábrego debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

    La defensa legal del migrante salvadoreño denunció ante el tribunal las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en una conferencia de prensa lo calificó de “monstruo” y “ser humano horrible”.

    Noem también lo acusó sin juicio previo de haber cometido delitos como tráfico de personas, violencia doméstica y abuso sexual, pese a que Ábrego no ha sido condenado por esos cargos. “Nunca debería ser liberado”, afirmó la funcionaria públicamente, generando preocupación en los abogados sobre una posible contaminación del jurado.

    Críticas por trato a migrantes

    El caso ha generado repercusión internacional, especialmente entre defensores de los derechos humanos y críticos de las políticas migratorias de la administración Trump. Ábrego fue uno de los más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron deportados sin juicio y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador, lo que organizaciones civiles han denunciado como una forma de “desaparición forzada”.

    Los abogados del migrante salvadoreño aseguraron que la campaña del Gobierno para vincularlo con la pandilla MS-13 carece de fundamento judicial y que ningún tribunal en EE.UU. lo ha acusado formalmente por esos delitos.

    “La intervención del Tribunal es necesaria para proteger el derecho del Sr. Ábrego a un juicio justo, su seguridad personal y la integridad de los procedimientos legales”, indicaron los abogados en un escrito dirigido al juez.

    Ábrego, quien lleva más de una década viviendo en Maryland junto a su familia, se ha convertido en símbolo de las críticas contra las deportaciones masivas y detenciones arbitrarias impulsadas por el Gobierno republicano.

     

  • Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    La defensa de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico humano en Estados Unidos, pidió a un juez federal en Tennessee frenar su liberación de prisión para evitar que sea deportado de inmediato por el gobierno del presidente Donald Trump.

    La solicitud fue presentada el domingo ante el juez Waverly D. Crenshaw, quien decidirá en los próximos días si permite que Ábrego, residente de Maryland, afronte en libertad su proceso judicial. Aunque una jueza anterior había determinado que no representa riesgo de fuga, las autoridades migratorias han advertido que, si es liberado, será detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y puesto en proceso de deportación.

    Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que le protegía de ser enviado a su país natal debido a amenazas de violencia por parte de pandillas. Su caso generó controversia al evidenciar una posible violación al debido proceso en las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

    El gobierno estadounidense lo ha vinculado con la pandilla MS-13, aunque nunca ha sido acusado formalmente ni se han presentado pruebas. Tras presiones legales y una orden de la Corte Suprema, fue devuelto a EE.UU. el mes pasado para enfrentar cargos federales relacionados con un supuesto caso de tráfico humano ocurrido en 2022 en Tennessee.

    La defensa de Ábrego calificó los cargos como “absurdos” y ahora busca ganar tiempo para evitar que sea deportado antes del juicio programado para enero. El domingo, sus abogados y fiscales federales solicitaron conjuntamente una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, con el fin de que el acusado “evalúe sus opciones y determine si requiere medidas adicionales”.

    El caso ha escalado también a una corte federal en Maryland, donde su esposa estadounidense, Jennifer Vasquez Sura, demandó al gobierno de Trump por la expulsión ilegal de marzo y busca frenar cualquier nuevo intento de deportación. Ábrego estuvo bajo supervisión federal durante años, con permiso de trabajo vigente y presentándose regularmente ante ICE, hasta que recientemente se revocó esa supervisión.

    Los abogados también han pedido a la jueza de Maryland, Paula Xinis, que ordene su traslado a ese estado y emita al menos una suspensión de 72 horas que evite su deportación inmediata si es liberado en Tennessee. Mientras tanto, la administración Trump insiste en que puede expulsarlo a un tercer país, como México o Sudán del Sur, argumentando que representa un peligro para la comunidad.

    El caso Ábrego Garcia sigue siendo un símbolo del debate migratorio en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las deportaciones y acusaciones de violaciones al debido proceso por parte de la administración del presidente Donald Trump. 

  • Programan juicio contra salvadoreño Kilmar Ábrego para enero 2026 en EE.UU.

    Programan juicio contra salvadoreño Kilmar Ábrego para enero 2026 en EE.UU.

    Un juez federal en Tennessee programó para el 27 de enero de 2026 el inicio del juicio por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño cuyo caso ha encendido la polémica en torno a la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos.

    Según documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE, la audiencia celebrada este miércoles se extendió por más de tres horas, pero el juez Waverly D. Crenshaw no emitió una decisión sobre una posible liberación anticipada del acusado. La defensa advirtió que esa excarcelación facilitaría su deportación inmediata a un tercer país, como México o Sudán del Sur, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Ábrego García, de 30 años, se encuentra recluido en una prisión de Nashville por presuntamente transportar personas indocumentadas en Tennessee, en un hecho ocurrido en 2022. Aunque se ha declarado inocente, enfrenta un proceso federal que sus abogados califican como una represalia del Gobierno de Donald Trump por una deportación errónea.

    Errores administrativos y riesgos de deportación

    En marzo pasado, Kilmar Ábrego fue expulsado por error a El Salvador, pese a contar con una orden judicial de protección por amenazas de la pandilla Barrio 18. Fue enviado junto a más de 200 migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sin derecho a apelar, según la defensa.

    Aunque una jueza en Maryland ordenó su liberación en un proceso civil interpuesto por su familia, los abogados pidieron mantenerlo detenido en EE.UU. para evitar que vuelva a ser deportado antes del juicio penal.

    “Gracias a la lucha de la familia de Kilmar, su nombre ya no es solo un caso, sino un símbolo de resistencia contra este Gobierno”, afirmó Lydia Walther-Rodríguez, de la organización We are Casa, durante una rueda de prensa frente al tribunal de Tennessee.

    El salvadoreño había residido en Maryland por más de diez años, tras haber ingresado irregularmente en 2012 cuando era menor de edad. En 2019, un juez de inmigración lo declaró “deportable”, pero más tarde otro tribunal de asilo determinó que no podía ser regresado a El Salvador debido a la persecución que enfrentaba por parte de estructuras criminales.

    El 6 de junio de 2025, Ábrego fue devuelto a EE.UU. pero arrestado inmediatamente por los cargos en Tennessee. Su defensa considera que estos señalamientos responden a un intento del Gobierno de justificar su error de deportación.

    El caso de Ábrego García ha generado críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, que insisten en que su detención es parte de una política migratoria que vulnera el debido proceso y pone en riesgo la vida de migrantes vulnerables. 

  • Juristas cuestionan en Sudán del Sur la legalidad de la llegada de deportados desde EE.UU.

    Juristas cuestionan en Sudán del Sur la legalidad de la llegada de deportados desde EE.UU.

    El Gobierno de Sudán del Sur aceptó la semana pasada a ocho personas deportadas por Estados Unidos, pero no ofreció explicaciones sobre los motivos de la decisión ni sobre los procedimientos legales seguidos, lo que ha generado dudas para varios juristas y expertos del país sobre la legalidad de la medida.

    El profesor de Ciencias Políticas Abraham Koul Nyoun consideró a EFE que esto puede representar “tanto un desafío como una oportunidad diplomática”, al permitir al Ejecutivo usarlo como palanca para negociar el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

    No obstante, advirtió que “algunos de los deportados podrían representar una amenaza si no se les somete a una supervisión adecuada, y esta aceptación podría malinterpretarse como una disposición a convertir el país en un vertedero de personas”.

    De los ocho deportados, sólo uno es ciudadano sursudanés, mientras que los demás son originarios de Myanmar, Cuba, Vietnam, Laos y México, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores sursudanés en un comunicado.

    La medida, según el Gobierno del país más joven del mundo, forma parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas con Washington, y añadió que fue adoptada tras “consultas exhaustivas” para promover los intereses comunes de ambos países.

    El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Yuba James Loko calificó la decisión como una “violación del principio de no devolución”, recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Explicó a EFE que trasladar a personas a un país con el que no tienen conexión legal plantea “serias cuestiones morales y jurídicas”, y podría vulnerar compromisos asumidos por Sudán del Sur en tratados internacionales, incluyendo los de la ONU y la Unión Africana.

    Loko subrayó también la ausencia de acuerdos bilaterales que regulen estas deportaciones, lo que, a su juicio, “refuerza las dudas sobre la legalidad del proceso y lo hace vulnerable a impugnaciones internacionales”.

    Sudán del Sur, inmerso en una creciente inestabilidad política, es considerado uno de los países más pobres del mundo.

    Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha impulsado las expulsiones exprés como parte de su campaña de deportaciones masivas, una de sus principales promesas electorales. Diversas organizaciones han denunciado que esta política vulnera derechos básicos como el del debido proceso. Uno de los países destino de las deportaciones de supuestos criminales ha sido El Salvador, en donde se han recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

  • EE.UU quiere enviar a Kilmar Ábrego a México o Sudán del Sur tras su audiencia

    EE.UU quiere enviar a Kilmar Ábrego a México o Sudán del Sur tras su audiencia

    El Gobierno de Estados Unidos confirmó el jueves que aún no define el destino final de Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño que enfrenta cargos de tráfico de personas, pero adelantó que México y Sudán del Sur se perfilan como opciones para deportarlo una vez concluya su proceso judicial.

    Thomas Giles, subdirector adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), explicó durante una audiencia en Maryland que EE. UU. mantiene acuerdos de repatriación con ambos países.

    “No vamos a enviar gente a un lugar donde sea perseguida o torturada”, enfatizó Giles, defendiendo que Ábrego García está recibiendo el mismo trato que cualquier otro detenido.

    De acuerdo con CBS News, la decisión final dependerá del espacio disponible en centros de detención migratoria y del curso de las audiencias, por lo que aún no existe un plan concreto. Por ahora, el migrante permanece bajo custodia en una prisión de Nashville, mientras se espera una nueva comparecencia programada para este viernes.

    Ábrego García, de 30 años, fue arrestado por supuestamente transportar migrantes irregulares dentro del país. Sin embargo, se ha declarado inocente, mientras su defensa argumenta que es víctima de una persecución política para encubrir un “error administrativo” cometido por el Gobierno, que lo deportó a El Salvador pese a contar con protección de un juez de asilo desde 2019.

    Originario de El Salvador, Kilmar ingresó de forma irregular a EE. UU. en 2012 siendo menor de edad. En 2019, un tribunal de inmigración ordenó su deportación, pero una corte de asilo le concedió protección tras comprobar amenazas y extorsiones de la pandilla Barrio 18. Pese a ello, fue expulsado en junio junto a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, y enviado al penal de máxima seguridad CECOT, situación que organizaciones humanitarias calificaron como “desaparición forzada”.

    Después de pasar dos meses en El Salvador, Ábrego García fue retornado a EE. UU. para enfrentar los cargos por tráfico de migrantes. Su caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones migratorias que exigen garantías legales y respeto a los procesos de asilo.