Etiqueta: derechos humanos

  • Velan en una universidad de Guatemala al sacerdote José María Tojeira

    Velan en una universidad de Guatemala al sacerdote José María Tojeira

    El sacerdote jesuita José María Tojeira, referente en la búsqueda de justicia por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres en El Salvador, fue velado este lunes en Ciudad de Guatemala, tres días después de su fallecimiento a los 78 años por un paro cardíaco.

    La Universidad Rafael Landívar, casa de estudios jesuita en Guatemala, acogió la velación y una misa en su honor, con la presencia de más de 200 personas, entre ellas autoridades académicas, miembros de la Compañía de Jesús y representantes diplomáticos.

    “Tenemos que rendirle el homenaje que se merece por todo el trabajo que ha realizado para Centroamérica”, expresó la embajadora de España en Guatemala, Clara Girbau Ronda, al destacar el compromiso del sacerdote con las causas sociales de la región. La diplomática lo describió como un trabajador “incansable desde finales de los años sesenta” y con un profundo amor por Centroamérica.

    Tojeira, nacido en Vigo, España, en 1947, fue naturalizado salvadoreño y tuvo un papel crucial en la denuncia internacional contra los responsables de la masacre cometida por el Ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). En aquel ataque, perpetrado por el Batallón Atlacatl, fueron asesinados cinco jesuitas españoles, un salvadoreño, su colaboradora Elba Ramos y su hija Celina.

    El sacerdote residía cerca del lugar de la masacre y fue uno de los primeros en llegar a la escena, acompañando a testigos y dando seguimiento al caso que más tarde se convertiría en una de las denuncias más emblemáticas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño.

    José María Tojeira llegó a Centroamérica en 1969 para trabajar en Honduras, y en 1985 fue enviado a El Salvador, en plena guerra civil (1980-1992). En 1988 fue nombrado provincial de los jesuitas en Centroamérica, consolidando su liderazgo como voz crítica frente a los abusos de poder en la región.

    Su legado abarca décadas de trabajo pastoral, académico y de denuncia contra la impunidad, así como su rol como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y como rector de la misma universidad.

    Según informaron fuentes jesuitas, el cuerpo del sacerdote será trasladado este martes a El Salvador, donde será velado en la parroquia que dirigía y sepultado en el campus de la UCA, junto a otros mártires de la Compañía de Jesús.

     

  • Fespad anuncia su cierre de operaciones en El Salvador por Ley de Agentes Extranjeros

    Fespad anuncia su cierre de operaciones en El Salvador por Ley de Agentes Extranjeros

    La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció este viernes el cierre de sus operaciones en El Salvador debido a la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.

    «Hoy, la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil en una encrucijada ineludible: seguir funcionando con personalidad jurídica bajo un marco jurídico restrictivo para el ejercicio del derecho de asociación o bien buscar alternativas que le permitan conservar su identidad y propósitos», señaló Fespad.

    La organización, que nació en 1988 con el objetivo de prestar servicios profesionales de derecho a personas vulnerables, aseveró que con esta nueva LAEX se genera inseguridad jurídica porque establece un régimen ambiguo y discrecional para aplicar prohibiciones a personas naturales o jurídicas, y que vuelve «insostenible financieramente» cualquier institución por el pago del impuesto del 30% de las donaciones.

    En tercer lugar, señala que impide cumplir libremente con la finalidad y misión institucional que cada organización se plantee en favor de los derechos humanos y que la normativa «constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos».

    «Ante esa realidad, como Fespad hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal», anunció la fundación.

    Agregó que «pretender seguir operando» bajo las reglas que establece la Ley de Agentes Extranjeros «implicaría abandonar» la finalidad de «correcta aplicación del derecho» y de «contribuir al desarrollo de una convivencia social, justa y democrática».

    La Ley de Agentes Extranjeros inició su vigencia el 7 de junio de 2025. A partir de esa fecha, establece un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Obliga a estos «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX; y cobrarles, además, un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros que reciba, además que restringe expresamente su participación en actividades consideradas “políticas”.

    La Ley de Agentes Extranjeros es vista por organizaciones locales e internacionales como una amenaza a las libertades fundamentales y la democracia en El Salvador, y es visto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como una forma de «proteger la cooperación».

  • Exdiputada española de Vox destaca el "milagro" en seguridad de Bukele en El Salvador

    Exdiputada española de Vox destaca el «milagro» en seguridad de Bukele en El Salvador

    La exdiputada española de Vox, Macarena Olona, destacó este miércoles en un foro de derechos humanos en San Salvador los avances en seguridad durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele, calificándolos como un “milagro” y criticando a quienes señalan violaciones de derechos humanos o hablan de dictadura en el país.

    Olona, quien participó como presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana, afirmó que “en El Salvador se ha producido un auténtico milagro a través del modelo Bukele de seguridad”, al que describió como “el plan más efectivo del mundo”.

    La dirigente española cuestionó la visión de los críticos: “Los medios de desinformación nos trasladan una imagen de represión de derechos y libertades. Afirman que bajo el régimen de excepción el pueblo salvadoreño no puede vivir en libertad”.

    También arremetió contra quienes califican al país como dictadura: “Supongo que son los mismos que hablaban de democracia cuando más de 100 salvadoreños eran asesinados cada día”.

    El Salvador vive bajo régimen de excepción desde marzo de 2022, medida que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 6,400 denuncias de abusos y al menos 400 muertes bajo custodia estatal, según organizaciones humanitarias. El Gobierno ha reconocido la detención de 8,000 inocentes entre los más de 88,000 arrestos realizados.

    Pese a las críticas, las cifras oficiales destacan una drástica caída en homicidios. En 2024 se registraron 114 asesinatos, un 26 % menos que en 2023, lo que equivale a una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. La reducción de muertes violentas se ha intensificado desde 2019, con la llegada de Bukele, tras el pico de violencia en 2015 con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.

    Según datos oficiales, entre 2019 y 2024 se reportaron 5,688 homicidios y 2,548 desapariciones. En contraste, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén (2015-2018) hubo 19,244 homicidios y 6,917 desaparecidos.

  • Burkina Faso criminaliza la homosexualidad y se suma a lista de 65 países con leyes anti-LGBTI

    Burkina Faso criminaliza la homosexualidad y se suma a lista de 65 países con leyes anti-LGBTI

    Burkina Faso se convirtió en el último país en penalizar la homosexualidad, con una ley que castiga cualquier práctica entre personas del mismo sexo con penas de dos a cinco años de cárcel y multas. Con esta medida, la nación de África occidental se suma a los 65 Estados miembros de la ONU que criminalizan la homosexualidad, según la organización Human Dignity Trust.

    La normativa se enmarca en el auge del discurso anti-LGBTI en el continente africano. En 2024, Mali tipificó la homosexualidad como delito y criminalizó a las personas transgénero, mientras que Ghana aprobó una ley que condena con cárcel a quienes se identifiquen como homosexuales. Uganda, por su parte, promulgó en 2023 una de las legislaciones más duras del mundo, que contempla la pena de muerte en casos agravados.

    Otros países africanos como Mauritania, Nigeria y Somalia también aplican la pena capital contra personas homosexuales, al igual que Arabia Saudí, Irán y Yemen en Asia. Afganistán y Pakistán mantienen esta posibilidad en su legislación.

    En Asia, Malasia conserva una ley colonial británica que castiga la sodomía con hasta 20 años de prisión, mientras que en Indonesia la homosexualidad es legal, excepto en la provincia de Aceh, donde rige la sharía, aunque organizaciones como Human Rights Watch advierten de un clima “cada vez más hostil” hacia la comunidad gay.

    En el Caribe, naciones como Granada, Guyana, Jamaica y San Vicente y las Granadinas mantienen leyes de sodomía heredadas de la época colonial.

    En Europa, Hungría ha sido señalada como el país más restrictivo tras prohibir reuniones que promuevan la homosexualidad o el cambio de sexo, lo que generó fuertes críticas de la Unión Europea.

    En América también se reportan retrocesos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas como la eliminación del reconocimiento legal de personas no binarias, la retirada de pasaportes con género “X”, la prohibición de mujeres trans en deportes femeninos y la exclusión de personas trans de las Fuerzas Armadas. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha sido criticado por desmantelar instituciones clave en la defensa de derechos de género y por declaraciones que vinculan la homosexualidad con la pedofilia.

    Con estos retrocesos, organismos internacionales y activistas denuncian que la comunidad LGBTI enfrenta un panorama cada vez más hostil en diversas regiones del mundo, pese a los avances en otros países hacia la igualdad y la protección de derechos.

     

  • La Unión Europea nombra a Duccio Bandini como su nuevo embajador en El Salvador

    La Unión Europea nombra a Duccio Bandini como su nuevo embajador en El Salvador

    La Unión Europea anunció este sábado el nombramiento del italiano Duccio Bandini como nuevo embajador de la UE en El Salvador, en una decisión comunicada por Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea.

    El anuncio forma parte de un paquete que nombra cinco altos directivos del SEAE, 36 jefes de delegación y dos adjuntos.

    Bandini se desempeña actualmente como jefe adjunto de División para México, América Central y el Caribe en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

    Antes fue jefe de la Sección Política, Comercial, de Prensa e Información en la Delegación de la UE en Venezuela.

    Posee una maestría en Gestión del Desarrollo por la London School of Economics y ha trabajado en respuesta a crisis, recuperación y estabilización en Colombia, Centroamérica, Ruanda y Líbano, con énfasis en consolidación de la paz, reconciliación y reforma del sector seguridad.

    En 2023, cuando era subdirector en el SEAE, Bandini sugirió en el Parlamento Europeo cerrar la etapa de medidas excepcionales en El Salvador y avanzar hacia “una transición” a “la normalidad” con políticas “más de largo plazo”. 

    Entonces reconoció el impacto de la violencia de pandillas —“una inseguridad ciudadana generalizada”— y explicó que la UE ha apoyado “la lucha del gobierno a través de las medidas de prevención” en centros juveniles y contra la violencia hacia las mujeres.

    El diplomático también subrayó los resultados en seguridad: “Los niveles de violencia se han disminuido enormemente, el impacto de estas políticas es evidente y se han abierto espacios cívicos para la ciudadanía”. No obstante, precisó que la posición de la UE “sigue siendo” que “las medidas no deben hacerse en detrimento de los derechos humanos fundamentales” y llamó a corregir asuntos estructurales.

    Bandini sustituye a François Roudié, nombrado embajador de la UE en Colombia. Roudié recibió el pasado 19 de agosto  la condecoración Orden Nacional José Matías Delgado como «reconocimiento a su dedicación y valiosa labor» en favor de los salvadoreños.

  • Informe denuncia desapariciones forzadas sistemáticas en Nicaragua desde 2018

    Informe denuncia desapariciones forzadas sistemáticas en Nicaragua desde 2018

    El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecuta una práctica sistemática de desapariciones forzadas desde abril de 2018, en el marco de la crisis política y social que atraviesa el país, denunció este viernes un informe de organizaciones defensoras de derechos humanos.

    El documento fue elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica, Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Como ejemplo, citan la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el 17 de julio y cuyo cuerpo fue entregado a su familia 38 días después en el Instituto de Medicina Legal de Managua.

    La investigación, divulgada en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, sostiene que este mecanismo de represión afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias, que enfrentan hostigamiento, incertidumbre y silencio oficial.

    “Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, señala el informe.

    Según la CIDH, más de 2,000 detenciones políticas en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas. Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, sometidas a torturas físicas y psicológicas y privadas de contacto con sus familiares y abogados. El estudio advierte que desde 2023 estos procesos han pasado de durar pocos días a convertirse en desapariciones prolongadas, amparadas en la opacidad del sistema judicial.

    El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU concluyó que estas prácticas responden a un “plan criminal” del régimen Ortega-Murillo para neutralizar la disidencia. Además, el informe alerta que afectan con mayor crudeza a mujeres, adolescentes, líderes indígenas, personas adultas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.

    Las presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas con componentes de violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron tendencias suicidas. El estudio también resalta el impacto en familiares buscadores —en su mayoría mujeres— que enfrentan hostigamiento, altos costos económicos y graves afectaciones emocionales.

    Las organizaciones exigieron al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas, liberar a los presos políticos y establecer mecanismos independientes de verdad y justicia. Asimismo, llamaron a la comunidad internacional a mantener la vigilancia, exigir responsabilidades y acompañar a las víctimas.

    Nicaragua vive una crisis política desde hace siete años, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes encarcelados, despojados de su nacionalidad y expulsados del país.

     

  • El 28 % de las madres salvadoreñas reportó discriminación laboral durante la etapa de embarazo

    El 28 % de las madres salvadoreñas reportó discriminación laboral durante la etapa de embarazo

    Un 28.1 % de las madres salvadoreñas reportó discriminación laboral durante la etapa del embarazo, según un estudio divulgado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

    El documento, que retoma la opinión de más de un centenar de mujeres, revela que un 71.9 % aseguró no sentirse discriminada por aspectos relacionados con su embarazo en sus lugares de trabajo.

    Para Ormusa, es preocupante que un 28.1 % de las mujeres embarazadas experimenta un trato desigual durante esta etapa .

    “El dato anterior es alarmante y evidencia que, pese a la existencia de leyes que protegen a las mujeres embarazadas, persisten actitudes prácticas y entornos laborales hostiles hacia la maternidad y a las trabajadoras embarazadas”, señala el documento de Ormusa.

    Cuando se habla de despidos o sanciones, Ormusa revela que un 12.3 % de las mujeres encuestadas confirmaron este tipo de medidas en su contra, incluso durante la etapa de la lactancia.

    La institución destaca una práctica contraria al marco legal vigente en El Salvador en donde se externa una protección hacia las mujeres embarazadas.

    Pese a las sanciones o despidos, el documento revela que la mayoría no denunció el hecho.

    “El 93 % de las mujeres dijo que nunca presentó ninguna denuncia formal”, añadió la institución.

     

    Temor

    Ormusa señala que la falta de denuncia en estas situaciones se relaciona con el temor a represalias, al desconocimiento o incluso por la poca confianza que se pueda tener sobre el aparataje legal en El Salvador.

    El instrumento también recoge testimonios sobre abuso de derechos, una de las mujeres encuestadas reveló en anonimato que tras trabajar en una empresa donde estaba expuesta a químicos perdió a su bebé.

    La trabajadora aseguró que otras de sus compañeras también sufrieron abortos y que el jefe de estas no tomó ninguna medida ni se les apoyó.

    El informe destaca que en El Salvador existe un desconocimiento relacionado con los derechos laborales, una situación que limita a las mujeres a poder defenderse ante las violaciones laborales.

    De hecho, en 2023 la Asamblea Legislativa aprobó incorporar el artículo 113-A con el que se buscó el reinstalo de mujeres en estado de gestación que fueron despedidas.

    Según la ley, las mujeres no pueden ser despedidas de su trabajo seis meses después de tener a su bebe.

  • Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    La abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó que el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. correspondiente a 2024 “omite una enorme cantidad de denuncias” sobre abusos cometidos en El Salvador.

    El documento, publicado con varios meses de retraso por la Administración de Donald Trump, eliminó críticas dirigidas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras aumentó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica.

    En el caso salvadoreño, el reporte sostiene que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos”, en contraste con el informe de 2023, que sí documentó casos de tortura y malas condiciones en las cárceles.

    Para Escobar, este cambio “matiza” la situación penitenciaria en el país y pasa por alto la existencia de más de 1.000 muertes en centros penales, de las cuales el SJH ha confirmado 433, muchas ocurridas antes de que los reclusos tuvieran derecho a una segunda audiencia. “No se le da la importancia debida a las muertes extrajudiciales en las cárceles”, advirtió.

    La directora del SJH también denunció que EE.UU. envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de integrar el Tren de Aragua, y señaló que este penal funciona “como un campo de concentración” donde se han documentado torturas y tratos crueles.

    Escobar sostuvo que Washington evita reflejar la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador debido a su alianza coyuntural con el gobierno salvadoreño en materia de control migratorio. “Poner la verdad en el informe sería aceptar una culpa”, concluyó.

     

  • EE.UU. ofrece $5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier, alias Barbecue

    EE.UU. ofrece $5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier, alias Barbecue

    El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó este martes a $5 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, considerado el líder pandillero más peligroso de Haití y cabecilla de la banda Viv Ansanm.

    La oferta, que duplica los $2 millones anunciados anteriormente, se produce después de que el Gobierno haitiano declarara estado de emergencia por tres meses, tras una escalada de violencia que mantiene bajo control de las pandillas al 90 % de la capital, Puerto Príncipe.

    El pasado jueves, Cherizier amenazó con “derrocar” al Consejo Presidencial de Transición, organismo encargado de restaurar la estabilidad política y convocar elecciones a finales de este año.

    “Es el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití”, afirmó la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris, al justificar la recompensa.

    La funcionaria subrayó que Estados Unidos está comprometido con la seguridad de sus ciudadanos “en cualquier lugar del mundo” y que la violencia en Haití “debe terminar”.

    Según la acusación, tanto Cherizier como su aliado Bazile Richardson, alias “Fredo” —haitiano naturalizado estadounidense—, enfrentan cargos por conspiración para transferir fondos ilegalmente desde EE.UU. y financiar actividades criminales en violación de sanciones estadounidenses.

    Las autoridades estadounidenses llaman a la población a colaborar con información que permita ubicar a “Barbecue”, cuyo accionar violento ha desatado una crisis humanitaria y ha paralizado gran parte de la vida económica y social de Puerto Príncipe.

     

  • María Corina Machado califica la crisis venezolana como “el conflicto más urgente” del hemisferio

    María Corina Machado califica la crisis venezolana como “el conflicto más urgente” del hemisferio

    La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó el jueves su agradecimiento a los países “aliados” que se pronunciaron en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el incremento de la represión en Venezuela. A través de su cuenta en X, destacó que “nuestros aliados de la región fijaron firme posición a favor de la democracia y la libertad de los venezolanos”.

    El pronunciamiento se dio un día después de que Gloria de Mees, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, expusiera ante la OEA el deterioro de la situación en el país, a poco más de un año de las elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador sobre el opositor Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude electoral.

    Machado, quien compartió videos de las intervenciones de representantes de Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Chile y Panamá, insistió en que “Venezuela es el conflicto más urgente que existe en el hemisferio occidental y su resolución definitiva es responsabilidad de todos”. Aseguró que “el silencio y la inacción” son formas de “complicidad” e instó a la “justicia internacional” a actuar con “mayor celeridad y firmeza”.

    Antes de su participación en la OEA, De Mees declaró a EFE que la represión “no es nueva, pero ahora es sistemática” y se ha intensificado, afectando no solo a defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes, sino “a todo el mundo, porque hay temor a las represalias”.

    La relatora denunció un “clima de miedo” generado por la vigilancia estatal, acompañado de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos inhumanos y la cancelación de pasaportes a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. También señaló la autocensura generalizada de la población ante el temor a represalias.