El congresista demócrata James P. McGovern, recordó este domingo el 36° aniversario del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador y destacó su legado.
“Hoy conmemoramos la brutalidad de un crimen cometido por el Ejército salvadoreño con armas suministradas por Estados Unidos”, expresó McGovern.
McGovern, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos y miembro de alto rango en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, fue parte de una comisión investigadora de la masacre antes de ser congresista.
“Los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López trabajaron incansablemente por la paz y la justicia. Elba y Celina Ramos los acompañaban en esa misión”, dijo el congresista en una declaración.
El congresista, quien mantiene una relación de décadas con El Salvador, lamentó que, tras más de tres décadas, no haya existido una rendición de cuentas real contra los autores intelectuales de la masacre.
“Muchos de ellos siguen libres”, denunció.
En su mensaje, criticó al Gobierno de Estados Unidos por financiar nuevamente a fuerzas de seguridad salvadoreñas, en este caso durante el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.
También reprochó que el actual Departamento de Estado haya cerrado la oficina encargada de supervisar si la ayuda militar estadounidense es utilizada para cometer abusos a los derechos humanos.
“Estados Unidos ha abandonado los derechos humanos como prioridad de política exterior. Esto está mal”, subrayó.
McGovern pidió que la memoria de los mártires de la UCA inspire a los estadounidenses a “resistir los llamados autoritarios a la brutalidad” y a luchar por una sociedad justa, en la que “los fuertes actúen con justicia y los débiles estén protegidos”.
La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ha confirmado su presencia en Oslo para la ceremonia de entrega que se celebrará el próximo 10 de diciembre, según informó el viernes el Comité Nobel noruego.
“Ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité, a la televisión pública NRK.
El líder del comité expresó su deseo de que Machado no solo pueda llegar con seguridad a Noruega, sino también regresar a su país para continuar su labor.
“Esperamos que pueda regresar y continuar el importante trabajo en Venezuela”, apuntó.
En octubre, la opositora aseguró al diario noruego Dagens Næringsliv que su capacidad de viajar dependía de un cambio político en Venezuela.
“No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, afirmó entonces, en referencia al gobierno de Nicolás Maduro.
El programa oficial del Nobel señala que Machado participará el 9 de diciembre en la conferencia de prensa tradicional del ganador del Nobel de la Paz, en el Instituto Nobel de Oslo.
La decisión de otorgarle el galardón fue respaldada por los principales partidos políticos del Parlamento noruego. Sin embargo, algunos sectores han manifestado su desacuerdo. El Consejo de la Paz noruego, integrado por 17 organizaciones pacifistas y alrededor de 15,000 activistas, anunció que este año no organizará la habitual procesión con antorchas en el centro de Oslo, como protesta ante su elección.
La presidenta del consejo, Eline H. Lorentzen, afirmó que “algunos de los métodos de Machado no están en consonancia con nuestros principios y valores, como el impulso al diálogo y a los métodos no violentos”.
En respuesta, la Norwegian Venezuelan Justice Alliance, una organización no gubernamental que promueve la democracia y los derechos humanos en Venezuela, anunció que asumirá la organización de la marcha de antorchas este año.
Santiago de Chile enfrenta una campaña electoral marcada por el regreso del pinochetismo al centro del debate. Tres de los ocho aspirantes a la Presidencia, incluyendo dos con fuertes opciones de llegar a segunda vuelta, justifican abiertamente el golpe de Estado de 1973 y, en distinta medida, el régimen militar que dejó más de 3,200 muertos y 1,162 desaparecidos.
Entre ellos figuran el ultraderechista José Antonio Kast, segundo en las encuestas, y Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, en cuarta posición. Ambos defendieron la continuidad de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 y participaron activamente en la propaganda oficialista.
El derechista José Antonio Kast, del Partido Republicano.
Kast, de 59 años, es hermano de Miguel Kast, un influyente ministro del régimen, presidente del Banco Central y miembro del grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys. Según el politólogo Simon Escoffier, “Kast representa el legado de Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura”.
Por su parte, EvelynMatthei, de 72 años, es hija del general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar. Durante años defendió con vehemencia al dictador, protestó por su arresto en Londres en 1998 y lo recibió públicamente a su regreso a Chile tras su detención domiciliaria.
Evelyn Matthei, que busca la Presidencia por segunda vez, se había distanciado de la figura del dictador en los últimos años, pero en esta campaña radicalizó ocasionalmente su discurso.
El tercer candidato que defiende con firmeza el legado militar es Johannes Kaiser, de 49 años. Considerado parte de una nueva ultraderecha más radical y libertaria, ha declarado que apoyaría “sin dudas” un nuevo golpe de Estado “con todas las consecuencias”.
Johannes Kaiser, que ha ganado impulso en las últimas semanas, ha propuesto indultar a los condenados por crímenes cometidos durante el régimen y ha prometido «homenajes y estatuas» en honor a Pinochet.
A diferencia de campañas anteriores, Kast ha evitado referirse directamente a la dictadura en esta ocasión. Según la periodista Amanda Marton, “apuesta por una campaña del silencio; no renuncia a su visión, pero se centra en seguridad y economía, lo que lo favorece electoralmente”.
Matthei ha oscilado entre el discurso moderado y el radical. En abril justificó el golpe de 1973 como necesario para evitar una supuesta “cubanización” de Chile, aunque recientemente aseguró que continuaría con el plan de búsqueda de desaparecidos y afirmó que “los derechos humanos son básicos”.
Kaiser, por el contrario, ha intensificado su discurso a favor del régimen militar. Ha propuesto indultar a condenados por violaciones a derechos humanos y rendir homenaje a Pinochet.
“Quiere ser quien está más a la derecha de todos”, explicó el politólogo Cristóbal Rovira.
Un estudio reciente de la encuestadora Cadem reveló que Pinochet es hoy la tercera figura más admirada en Chile.
“Se perdió el miedo a hablar de la dictadura”, apuntó la periodista María Olivia Monckeberg. Para los analistas, esta “nostalgia autoritaria” refleja una tendencia que también gana terreno en países como Brasil o Argentina.
Las diputadas opositoras Claudia Ortiz, del partido Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron este miércoles la decisión del Ejecutivo de disolver el Consejo Nacional de Inclusión para Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y trasladar sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE).
Ortiz afirmó que esta medida representa un retroceso en materia de derechos humanos, al considerar que el INABVE no tiene la especialización adecuada para atender las necesidades de personas con discapacidad ni de adultos mayores.
“Van a trasladar todas sus funciones, su patrimonio y todo lo que tenga que ver con su actuar al INABVE, que es el instituto nacional de los beneficios de los veteranos de guerra… y francamente, es un retroceso en los derechos”, afirmó la legisladora.
La diputada agregó que es “preocupante” el retroceso que representa esta decisión, al señalar que “este gobierno no ha avanzado en nada en los derechos de personas con discapacidad, una amplia gama de población que sufre discriminación y que no ha tenido instituciones que defiendan sus derechos y los protejan”.
Por su parte, Villatoro advirtió que la decisión vulnera los derechos fundamentales tanto de personas con discapacidad como de adultos mayores, y contraviene convenios internacionales ratificados por El Salvador, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“Con esto se vuelven inaplicables, pues los principales organismos que se encargan de velar por los derechos de ambos sectores van a desaparecer”, afirmó.
La legisladora tricolor consideró que la medida responde a una intención del Ejecutivo de debilitar instituciones que garantizan derechos a sectores históricamente vulnerables.
“Pasar todas las funciones al INABVE… es solo la muestra de la búsqueda continua de debilitar las verdaderas instituciones que velan por el respeto y los derechos de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores”, sostuvo.
Ortiz también criticó el argumento oficial, que justifica la medida por razones de eficiencia y ahorro de recursos.
“Ese es el gran argumento, y me parece inmoral e ilegal, porque violenta las obligaciones del Estado. Hago un llamado a las personas con discapacidad, a sus familias y amigos, a alzar la voz para que el gobierno no siga dando pasos hacia atrás”, dijo.
El gobierno presentó las solicitudes de disolución de ambos consejos el pasado 11 de noviembre. La propuesta será discutida por la Comisión de Niñez e Integración Social el próximo lunes 17.
Sin previo aviso, el Gobierno de Ecuador trasladó el lunes a los primeros reclusos a la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. Esta prisión es el emblema del plan de seguridad del presidente Daniel Noboa y se inspira en el modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. La medida coincide con una semana decisiva para Noboa, quien busca consolidar su proyecto político mediante un referéndum que podría convocar una Asamblea Constituyente.
La nueva cárcel es la primera de dos prometidas por Noboa al asumir el poder en 2023, como parte de su estrategia contra el crimen organizado. Aunque su homóloga en la provincia amazónica de Napo fue cancelada por la oposición de comunidades locales, la de Santa Elena fue construida a contrarreloj y con fuerte resguardo gubernamental.
Ubicada en un área boscosa e inhóspita, la instalación se extiende sobre 16,2 hectáreas, a una hora por carretera desde Guayaquil. Está rodeada por un perímetro de altos muros y equipada con inhibidores de señal para evitar el uso de drones y dispositivos electrónicos. La comunidad más cercana, Bajada de Chanduy, ha denunciado que la obra se levantó en terrenos de su propiedad y planea acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con una capacidad máxima de 736 presos, la cárcel consta de tres módulos: alta seguridad, máxima seguridad y super máxima seguridad. El primero cuenta con 160 celdas para cuatro internos cada una; el segundo, con 32 celdas para dos personas; y el tercero, con 32 celdas individuales. En total, seis pabellones hexagonales conforman el complejo carcelario.
El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos.
Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro. pic.twitter.com/fu3OJQ7fhC
El costo de la obra asciende a 52 millones de dólares y fue ejecutada por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del Grupo Puentes español, que comparte vínculos con la compañía estatal china China Road and Bridge Corporation. Aunque las obras aún no han finalizado por completo, el Gobierno optó por iniciar operaciones esta semana, en medio de una coyuntura política clave.
Los primeros reclusos llegaron rapados y vestidos con uniformes naranjas, similares a los del modelo carcelario salvadoreño. Estas medidas buscan facilitar su identificación y mantener el control visual en caso de motines o fugas.
La imagen de los presos alineados recuerda escenas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que ha sido ampliamente publicitado por el Gobierno de El Salvador.
El presidente Noboa ha defendido este enfoque como necesario para enfrentar la crisis carcelaria y el auge del crimen organizado en el país, mientras sus detractores cuestionan el modelo por violaciones a derechos humanos y falta de garantías jurídicas. La prisión se convierte así en un símbolo de su lucha por el orden, en vísperas del referéndum que podría redefinir la Constitución vigente desde la era de Rafael Correa.
El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, entre los 300 presos trasladados a la megacárcel.
Exvicepresidente entre los reclusos
El exvicepresidente correísta Jorge Glas figura entre los primeros 300 presos trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada Cárcel del Encuentro. Noboa divulgó una foto del exfuncionario con la vestimenta naranja que el Gobierno impone a los presos de sus cárceles.
Glas, que se encontraba recluido en La Roca, la cárcel hasta el momento de mayor seguridad del país, fue trasladado pese a las últimas medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que requirió al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de «asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida».
El exvicepresidente, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción, fue recapturado el año pasado en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito después de que el Gobierno mexicano lo considerara un perseguido político ante los procesos judiciales que acumula en la Justicia ecuatoriana.
Antes de su detención dentro de la embajada mexicana, el que fuera una figura clave en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) tenía pendiente de terminar de cumplir una una pena de ocho años por dos condenas de corrupción. El pasado mes de junio, Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
El gobierno de Donald Trump, solicitó anular una orden judicial que impide la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño actualmente detenido en Pensilvania, para proceder con su traslado a Liberia, un país de África Occidental. Las autoridades estadounidenses argumentan que el gobierno del país africano ofreció garantías de que no será torturado ni perseguido.
En una serie de documentos presentados durante la noche del viernes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) aseguró que la solicitud de asilo de Ábrego García fue rechazada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tras una entrevista reciente en la que su reclamo por temor a tortura o persecución fue desestimado.
El DOJ sostiene que la medida cautelar que bloquea su deportación debe eliminarse, ya que Liberia ha dado su consentimiento para recibirlo bajo condiciones seguras. A su vez, los abogados del gobierno señalaron que el recurso legal de Abrego García es improcedente, ya que el salvadoreño es parte de una demanda colectiva en Massachusetts relacionada con deportaciones a terceros países.
“Incluso si los méritos fueran correctamente presentados, las alegaciones del peticionario fracasan”, afirmó el Departamento de Justicia. “La Constitución no garantiza al peticionario un proceso más allá del que las ramas políticas han decidido ofrecer”.
Ábrego García vivía en Maryland con su esposa e hijos antes de ser deportado en marzo pasado a El Salvador, específicamente a la megacárcel CECOT, a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su envío a ese país debido a riesgos de persecución. Sin embargo, fue devuelto a EE.UU. en junio para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee, caso en el que se ha declarado no culpable.
Las autoridades estadounidenses lo identifican como miembro de la pandilla MS-13 y han defendido su expulsión alegando que responde “al interés público”. Familiares y abogados de Ábrego han negado esas acusaciones.
Por su parte, la defensa legal solicitó a la jueza federal Paula Xinis que suspenda su deportación a Liberia hasta que un juez de inmigración evalúe adecuadamente la decisión del USCIS.
“El Gobierno insiste en que la conclusión sin fundamentos de un solo oficial migratorio—que determinó que Ábrego García no demostró que es “más probable que no” que será torturado o perseguido en Liberia—satisface el debido proceso. No lo hace”, argumentaron los abogados del detenido.
Además, cuestionaron que las autoridades estadounidenses hayan rotado hasta cuatro países como destinos alternativos de deportación —Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia— sin ofrecer “la notificación, audiencia y evaluación individualizada que exige el debido proceso”.
El equipo legal también denunció que el gobierno ignoró la “designación estatutaria” de Costa Rica, país que en el pasado expresó su disposición a recibir a Ábrego García como refugiado o residente, y que había sido previamente considerado como destino viable.
Actualmente, Kilmar Ábrego García permanece bajo custodia en un centro de detención en el estado de Pensilvania, mientras su futuro migratorio se debate en los tribunales.
La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 450 personas han fallecido bajo custodia del Estado en diferentes cárceles de El Salvador desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.
La directora de SJH, Ingrid Escobar, confirmó este lunes que la cifra corresponde a casos verificados hasta el 31 de octubre de 2025.
“El último caso registrado por la organización se trata del joven Humberto Adonay Mónico, de 35 años, que murió en el centro penal La Esperanza y su cuerpo presentaba signos de violencia, un golpe a nivel de cráneo y otro en la costilla”, denunció Escobar en declaraciones compartidas a la agencia EFE.
La ONG señaló que la mayoría de muertes ocurrieron en los centros penales de Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos, y que muchas de las víctimas carecían de antecedentes por vínculos con estructuras criminales.
“Según nuestros registros, el 94 % de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros”, aseguró la directora del SJH, quien también alertó que la cifra real de muertes bajo custodia podría superar los 1,000 casos, debido a una supuesta falta de transparencia en los procesos judiciales masivos.
La organización acusó al sistema judicial de intentar ocultar parte de esta información en los denominados juicios colectivos, permitidos desde 2023 tras una reforma penal aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Dicha reforma permite juzgar a grupos completos por vínculos con pandillas, eliminando los procesos individuales.
El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022, tras un repunte de violencia que dejó más de 80 asesinatos en un fin de semana. Desde entonces, el Gobierno ha capturado a más de 89,900 personas, logrando una notable reducción en los índices de homicidios, según datos oficiales.
No obstante, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, y fallecimientos dentro del sistema penitenciario salvadoreño bajo este régimen.
A pesar de las denuncias, el Gobierno ha negado en múltiples ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la existencia de torturas o muertes en prisión, asegurando que las acciones forman parte de una política de “mano dura” contra las pandillas.
Un informe divulgado este lunes por la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro reveló que más del 95 % de los civiles muertos identificados en la reciente megaoperación policial tenían vínculos confirmados con el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.
El balance, presentado por la Policía Civil, detalla que 115 de los 117 civiles fallecidos fueron identificados y, entre ellos, el 54 % no era originario del estado de Río. Además, se identificaron a cuatro agentes de seguridad fallecidos durante la operación, lo que eleva la cifra oficial a 121 muertos. No obstante, la Defensoría Pública sostiene que el número total asciende a 132.
Según las autoridades, al menos 97 de los fallecidos tenían antecedentes criminales relevantes y 59 eran buscados por la justicia. De los 17 restantes sin registros delictivos, la Policía aseguró que 12 mostraban indicios de vínculos con el narcotráfico a través de publicaciones en redes sociales.
“Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos”, declaró el secretario de Policía Civil, Felipe Curi.
El documento oficial también señaló que 62 de los fallecidos eran foráneos, procedentes de once estados del país. Entre estos destacan Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). El resto provenía de Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo y el Distrito Federal. El informe confirmó la presencia de líderes criminales provenientes de estos territorios que se refugiaban en las favelas de Río.
“La investigación concluida es el verdadero retrato del escenario del que he estado hablando insistentemente. Fue un duro golpe para la delincuencia. Entre los que murieron al reaccionar a la acción de las fuerzas policiales, había varios líderes criminales”, expresó el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro.
La operación, que movilizó a 2,500 agentes en los complejos de favelas Penha y Alemão, tenía como objetivo debilitar al Comando Vermelho. Sin embargo, la intervención ha generado una ola de críticas y ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, además de ser objeto de una petición de investigación independiente por parte de la ONU.
Al menos 21 organismos humanitarios instaron este sábado a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a demandar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua ante instancias internacionales por violaciones graves a los derechos humanos, incluidas torturas y la imposición de apatridia, delitos que calificaron como crímenes de lesa humanidad.
La solicitud fue presentada por el Colectivo 46/2, conformado por organizaciones regionales y nicaragüenses como Raza e Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que exigieron el respaldo de los países miembros al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
“Instamos a los Estados a explorar todas las vías disponibles de justicia internacional”, afirmó el colectivo en un comunicado, al tiempo que advirtió que “la impunidad no puede ser la respuesta ante el patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua”.
El pronunciamiento surge tras la presentación, el jueves pasado, de las conclusiones del Grupo de Expertos ante la Asamblea General de la ONU. En su informe, denunciaron una estrategia deliberada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para acallar a la disidencia y consolidar su poder a través del uso del miedo, la violencia y la eliminación de garantías constitucionales.
Los hallazgos se basan en más de 1,900 entrevistas y el análisis de 9,300 documentos, y detallan que los abusos cometidos desde 2018 han sido “generalizados y sistemáticos”, alcanzando el umbral de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, evidencian una persecución que se ha extendido más allá de las fronteras nicaragüenses contra opositores reales o percibidos.
Uno de los casos mencionados por los expertos fue el asesinato, en junio pasado, del mayor en retiro Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica y crítico del régimen. De acuerdo con el informe, este es el cuarto ataque documentado contra opositores nicaragüenses en ese país, lo que refuerza la necesidad de medidas internacionales urgentes.
El Grupo también señaló la reciente retirada de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, decisión que calificaron como parte de una maniobra para eludir el escrutinio internacional y afianzar la impunidad dentro del país.
En respuesta, los expertos exhortaron a la comunidad internacional a adoptar acciones concretas, como el fortalecimiento de los mecanismos de asilo y protección para personas exiliadas, y el inicio de procesos legales ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tratados internacionales, como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este viernes que la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua está en peligro, como resultado de un contexto de violencia sistemática, despojo territorial y desplazamientos forzados.
El informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua” documenta cómo colonos armados han invadido los territorios ancestrales, provocando un deterioro en las condiciones de vida y poniendo en jaque la supervivencia cultural y colectiva de estos grupos.
“Estos territorios no sólo constituyen su espacio de vida, sino que son la base esencial para el desarrollo de sus conocimientos, formas de vida, tradiciones y espiritualidad, así como para la continuidad de su cosmovisión”, subrayó la CIDH en su más reciente informe.
El organismo advirtió que estas violaciones vulneran directamente los derechos a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de los pueblos originarios, quienes ven limitada su capacidad de preservar sus prácticas tradicionales, idioma y espiritualidad.
La CIDH recordó que Nicaragua, como parte de tratados internacionales vinculantes, está obligada a proteger a sus pueblos indígenas. Entre estos instrumentos están el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Comisión urgió al Estado nicaragüense a garantizar el derecho de estos pueblos a vivir en libertad y seguridad dentro de sus territorios, respetando sus sistemas de organización, cultura y cosmovisión, además de permitir el retorno seguro de las comunidades desplazadas.
Asimismo, exigió que se combata la impunidad en casos de violencia, y llamó a las instituciones financieras internacionales a condicionar créditos y financiamiento al cumplimiento del Estado de derecho en Nicaragua.
Además, exhortó a los países donde tienen origen las empresas involucradas en actividades ganaderas, de monocultivo, minería y tala ilegal a supervisar el comportamiento de sus compañías en el extranjero y asegurar que respeten los estándares internacionales de derechos humanos.
