El cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este miércoles haber sido amenazado con ser detenido por funcionarios migratorios cuando intentaba salir del país desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con rumbo a España, vía Colombia.
A través de su cuenta en la red social X, el arzobispo emérito de Caracas relató que el incidente ocurrió cuando se disponía a viajar para cumplir compromisos eclesiásticos en territorio español. Sin embargo, al llegar al control migratorio, un oficial le indicó que debía verificar si su pasaporte estaba “al día”.
Posteriormente, aseguró que se le informó que el documento presentaba “problemas” y que debía regresar a Caracas para resolver la situación en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Aunque solicitó la devolución de su pasaporte para reclamar su equipaje, no le fue entregado.
“Hasta para ir al baño me siguió de cerca el funcionario, preguntándome a qué iba hasta ese lugar”, reclamó el cardenal, quien además detalló que fue obligado a firmar documentos donde supuestamente aceptaba que no podía viajar “por incumplimiento de las normas”.
Porras explicó que intentó tomar una fotografía del documento que se le presentó, pero los agentes se lo impidieron “no de muy buenas maneras” y lo amenazaron con detenerlo si insistía. También señaló que nunca le informaron sobre el paradero de su pasaporte.
Finalmente, el líder católico regresó a su residencia en Caracas, acompañado por la misma persona que lo había trasladado al aeropuerto. “Del pasaporte nadie me supo dar información y alguien me sugirió: ‘no pierda su tiempo aquí en Maiquetía’”, indicó.
La situación, denunció el cardenal, ocurrió precisamente el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. “Duele y atenta contra los derechos de los ciudadanos”, afirmó. “Sin igualdad de derechos, sin posibilidad de ser informado, difícilmente puede haber justicia y equidad”, agregó.
Esta no es la primera vez que Porras enfrenta obstáculos por parte del gobierno. En octubre pasado, denunció que le impidieron asistir a una misa en Isnotú, estado Trujillo, en honor al natalicio del médico y beato José Gregorio Hernández.
Baltazar Porras fue nombrado cardenal en 2016 y ha sido una de las voces más críticas del chavismo desde el púlpito. Ha sido blanco de ataques tanto del fallecido expresidente Hugo Chávez como de su sucesor, Nicolás Maduro.
El caso penal por la masacre de El Mozote fue elevado a juicio a finales de noviembre de 2025, confirmó este martes Cristosal a través de un comunicado, una organización que junto a Tutela Legal Dra. María Julia Hernández conforman la acusación particular de este proceso penal.
El presidente la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Leonel Claros Tobar, explicó a Diario El Mundo que las familias de las víctimas fueron notificadas por personal del juzgado que llegó a sus casas para entregarles un resumen de la notificación, esta última, un basto documento de más de 900 páginas.
“Nos notificaron, pero lo que pasa es que es bastante grande, lo que han hecho ellos es elevar a juicio el caso de El Mozote…solo para sentar en el banco de los acusados. Han convocado a algunos familiares para ver si tienen algo qué decir extra de los testimonios”, explicó esta semana Claros a Diario El Mundo.
Hasta el momento, ninguno de los testigos ha dicho que agregará a lo ya declarado ante la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quien desde el 29 de septiembre del año 2021 asumió el proceso penal, tras la renuncia del juez Jorge Guzmán Urquilla.
Sin embargo, esta notificación no ha sido recibida por todas las partes. El abogado, acusador particular, Ovidio Mauricio de Tutela Legal, señaló que no ha recibido el escrito, sino que se enteró por la comunicación que tiene con APDHEM.
“Ha habido una resolución de El Mozote, de acuerdo al código del 73, la jueza ha resuelto elevar a plenaria; al elevar a plenaria es pues pasar a la etapa de contradicción o la etapa de debates, entonces, pero a nosotros no nos ha notificado nada; sí sabemos porque tenemos comunicación con el presidente del Comité de Víctimas de El Mozote, a ellos les notificaron”, manifestó esta semana.
Este 10 de diciembre se cumplen 44 años de la peor matanza en la historia moderna de El Salvador, perpetrada a manos del proscrito Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Atlácatl, bajo la comandancia de Domingo Monterrosa, quienes junto a la tercera, quinta brigada de infantería del Destacamento Militar #4 y la Fuerza Aérea Salvadoreña, asesinaron a 978 personas entre el 10 y 13 de diciembre de 1981
Según el registro del mismo juzgado, de esas casi mil víctimas, 220 eran hombres, 200 mujeres, 293 eran niños y 248 eran niñas. Todos fueron señalados de ser supuestos guerrilleros y condenados a muerte en la operación Yunque y Martillo que desplegó el Ejército para tomarse Perquín y los lugares aledaños, un territorio que la Fuerza Armada de El Salvador concebía como de la guerrilla, durante el conflicto armado.
Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM). / Archivo DEM
Los acusados
La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General de 1993, en julio de 2016, y dos meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, entonces presidido por el juez Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el proceso penal por la matanza de El Mozote.
Aquel proceso referencia 238/1990 archivado desde hacía 23 años, volvió a ser leído y los nombres de los acusados, perseguidos, por la justicia salvadoreña.
Los acusados que sobreviven son el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García; el general de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo Toledo; el subteniente Carlos Eduardo Cáceres Flores (ahora general); el entonces teniente coronel de brigada de artillería, Luis Adalberto Landaverde Barrera (hoy coronel); el teniente Óscar Córdova Hernández (hoy capitán); el entonces subteniente César Augusto Milla Ramírez, hoy general; el capitán del BIRI Atlácatl, José Antonio Rodríguez Molina; el subteniente y hoy coronel Roberto Antonio Garay Saravia; el subteniente Rafael Santiago del Cid Aguirre; el mayor José Mario Godínez Castillo; el entonces capitán y hoy general, Mauricio Isaac Duke Lozano; el capitán y hoy general Walter Oswaldo Salazar Martínez y el entonces capitán del BIRI Atlácatl y hoy coronel, Juan Ernesto Méndez Rodríguez.
No obstante, en diciembre de 2023, la jueza Portillo de Cruz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal, en favor de los principales imputados de la matanza. Estos últimos son: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores.
Además de ellos: Reynaldo Quintanilla Prado, quien fue secretario de la Asamblea en 1993; también los exdiputados fallecidos, el pecenista, Ciro Cruz Zepeda Peña, y la tricolor, Mercedes Gloria Salguero Gross; añaden a René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
Según el Juzgado, tras el cometimiento de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, los 10 nuevos imputados en el proceso penal “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.
Los delitos
En este juicio desfilarán al menos 12 delitos que están consignados en el Código Penal de 1973:
Asesinato
Violación agravada
Privación de libertad agravada
Violación de Morada
Robo
Daños agravados
Estragos especialmente sancionados
Actos de terrorismo
Tortura
Desaparición forzada de personas
Y desplazamiento forzado
Pero la jueza, al agregar 10 imputados más, agregó los delitos de encubrimiento personal. La docena de delitos antes mencionados ya son catalogados como de lesa humanidad, y por lo tanto, son imprescriptibles; sin embargo, la jueza determinó que este último delito agregado tampoco prescribe.
La masacre de El Mozote ocurrió entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en las comunidades Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz, sin embargo, la mayoría de las víctimas se concentraron en El Mozote y el día más mortífero fue el 11.
La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época, presidido por el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido, y por la administración estadounidense de Ronald Reagan, que entregaba un millón de dólares diarios para la guerra al país centroamericano.
Aunque negada, la masacre encontró eco a nivel internacional y el 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza y exigió un proceso judicial para encontrar verdad, justicia y reparación.
La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, no podrá asistir este miércoles a la ceremonia oficial en el Ayuntamiento de Oslo, aunque el Instituto Nobel confirmó que sí llegará a la ciudad, en medio de lo que describen como un “viaje en una situación de peligro extremo”.
A través de un comunicado, el Instituto Nobel explicó: “La laureada ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy… Aunque no podrá llegar a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.
Debido a su ausencia, será su hija Ana Corina Sosa quien reciba el Nobel de la Paz y lea el discurso de aceptación en nombre de la líder política venezolana. La entrega del premio está programada para las 13:00, hora local (6 am en Centroamérica).
El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó a la cadena NRK que Machado “no estará en el escenario” durante la ceremonia. La líder opositora permanece en paradero desconocido dentro de Venezuela, donde enfrenta una fuerte represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Sin precedentes, pero no única
No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no puede asistir a recoger el premio. En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, fue homenajeado con una silla vacía y su discurso fue leído por la actriz Liv Ullmann. Casos similares ocurrieron en 2022 y 2023, con los premios al activista bielorruso Ales Bialiatski y la iraní Narges Mohammadi, quienes estuvieron representados por familiares.
De concretarse su llegada a Noruega, será la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.
En Oslo se encuentran ya varias figuras de la oposición venezolana, entre ellas el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España.
Además, atendiendo a una invitación de Machado, los presidentes de Panamá (José Raúl Mulino), Argentina (Javier Milei), Paraguay (Santiago Peña) y Ecuador (Daniel Noboa) están presentes en Noruega para la ceremonia. Tras el evento, los cuatro mandatarios serán recibidos por el rey Harald V y posteriormente sostendrán reuniones individuales con el primer ministro Jonas Gahr Støre.
Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.
El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre.
Según ICE, la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del hospital la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones.
La agencia aseguró que Gaspar-Andres recibió atención médica «constante y de alta calidad» desde que se detectó el deterioro de su salud.
Gaspar-Andres había sido detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación planificada por la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), el brazo de ICE encargado de la detención y deportación de migrantes.
Según aseguran las autoridades migratorias, había cruzado la frontera desde México de manera irregular. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome South, en Miami, y poco después fue hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.
El 19 de septiembre, ICE lo transfirió a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios.
Registros médicos incluidos en el informe indican que recibió atención en diversas ocasiones por reflujo, alergias, dolor de cabeza y otros malestares.
El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Fue intubado 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, de acuerdo con DHS.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales llevan años documentando condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en centros de detención de inmigración donde estuvo el guatemalteco, incluidos Krome y el mega‑campamento de ICE en Fort Bliss conocido como Camp East Montana.
Los testimonios e informes apuntan a un patrón recurrente: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o sucios, acceso muy limitado a duchas, alimentación deficiente, iluminación constante y uso extendido del aislamiento, junto con demoras graves o negativas en la atención médica y de salud mental, en algunos casos vinculadas a hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.
Bajo el Gobierno de Donald Trump, múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo alguno.
En el año fiscal 2025 han muerto al menos entre 20 y 22 personas bajo custodia de ICE, lo que lo convierte en el año más letal en dos décadas, solo superado por 2004 según datos oficiales.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó este martes su preocupación por la extensión de seis meses adicionales en la etapa de instrucción judicial contra la abogada salvadoreña Ruth López, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo pasado.
“Recibo noticias muy preocupantes sobre la ampliación de 6 meses de la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador”, publicó Lawlor en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la abogada en septiembre. “Debe ser liberada”, subrayó la relatora.
López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele, está encarcelada desde el 18 de mayo. Según su familia y organizaciones no gubernamentales, ha cumplido 200 días en total incomunicación. Inicialmente fue detenida por el cargo de peculado, vinculado a su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, al momento de presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República modificó el cargo a enriquecimiento ilícito.
El proceso judicial fue declarado en reserva total, por lo que no se conocen detalles adicionales sobre la investigación en su contra.
La organización humanitaria Cristosal, para la que laboraba la abogada, denunció que el Estado salvadoreño no ha cumplido la resolución de la CIDH que exige proteger la integridad de López. Además, cuestionó la decisión judicial de extender el plazo de la etapa de investigación, cuyo vencimiento original era el pasado 4 de diciembre.
Estados Unidos señaló este martes que el régimen nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y laborales, incluyendo confiscaciones arbitrarias de propiedades y la negación de entrada a ciudadanos a su propio país.
En un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Managua, se advierte sobre “patrones preocupantes” en Nicaragua que afectan a la población, especialmente en áreas como el Estado de derecho, derechos laborales y libertades fundamentales.
Según la delegación diplomática, la investigación estadounidense reveló testimonios y evidencias directas sobre violaciones, como el uso del sistema judicial como herramienta de represión. La embajada compartió estos testimonios en sus redes sociales, los cuales señalan que el régimen ha desmantelado instituciones democráticas y afectado la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.
La Casa Blanca evalúa actualmente duplicar al 100 % los aranceles a Nicaragua, además de considerar su expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), alegando que las políticas del régimen obstaculizan el comercio por sus prácticas “irrazonables” en derechos laborales y humanos.
Uno de los testimonios recabados afirmó que en Nicaragua “los inversionistas enfrentan confiscaciones porque los tribunales se usan como armas de opresión” y que los impuestos funcionan como mecanismos de “extorsión”. Otro denunció que “está totalmente a la discreción —a voluntad del régimen de Ortega— quién puede operar y quién no”.
Un tercer testimonio evidencia la represión: “Imaginate que un día salís de tu casa, dejás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre, y te vas de viaje por cinco días y luego no podés volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno”.
Estas declaraciones fueron publicadas dos semanas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, “ha sido tomada por narcoterroristas”.
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Ortega como parte de una “dinastía familiar” que busca eliminar la iglesia católica y cualquier amenaza contra su poder. “Se ha convertido en una copresidencia donde han intentado erradicar todo lo religioso”, afirmó entonces Rubio.
La opositora venezolana María Corina Machado está haciendo gestiones para llegar a Oslo, Noruega, donde este miércoles será entregado el Premio Nobel de la Paz. Así lo aseguró su hermana, Clara Machado Parisca, en una entrevista brindada a la emisora colombiana Blu Radio desde la capital noruega.
Clara Machado, quien ya se encuentra en Oslo junto a su madre Corina Parisca y la hija de la líder opositora, Ana Corina Sosa, manifestó que mantienen la esperanza de que María Corina llegue a tiempo a la ceremonia.
“Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, declaró, sin confirmar si ya abandonó Venezuela.
La líder tenía programada una conferencia de prensa este domingo en el Instituto Nobel a la 1 pm, hora local, como parte de las actividades previas a la entrega del galardón. Sin embargo, el evento fue aplazado por razones no especificadas. El Instituto Nobel anunció que dará a conocer una nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.
El pasado sábado, el Instituto Nobel confirmó a la agencia EFE que María Corina Machado había asegurado en una llamada telefónica que viajaría a Noruega para asistir personalmente a la ceremonia de premiación. No obstante, hasta la fecha no se ha confirmado su paradero.
“Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr”, expresó Clara Machado, al reiterar la esperanza de que su hermana pueda recibir el premio en persona, acompañada por sus seres queridos.
Sobre una posible intervención diplomática o acción internacional para facilitar la salida de la opositora del país sudamericano, la hermana se limitó a decir: “No tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo”.
El Gobierno de Estados Unidos condenó el domingo la muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz, considerado preso político por la oposición, y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por lo que calificó como “otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal”.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló en un mensaje en la red social X que Díaz murió detenido arbitrariamente en el centro de reclusión de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde fue víctima de tortura, según denuncias de opositores y organizaciones de derechos humanos.
“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, afirmó el mensaje oficial.
Escalada de tensión
La declaración ocurre en un momento de alta tensión entre ambos países, luego de que Washington desplegara fuerzas militares cerca de Venezuela, en el mar Caribe, con el argumento de reforzar su lucha contra el narcotráfico. Caracas ha denunciado la acción como una “amenaza” e intento de intervención para provocar un cambio de gobierno.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela aseguró que Díaz falleció producto de un infarto, versión que también fue difundida por organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia desmintieron esta versión, señalando que se trata de un caso más dentro de un “patrón sostenido de represión estatal”.
“La integridad y vida de Alfredo Díaz eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado. Su muerte no fue común”, denunciaron los dirigentes de la principal coalición opositora.
Desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, que dieron la polémica reelección a Nicolás Maduro, ya son siete los presos políticos muertos en prisión, según datos de la oposición.
Un activista incómodo
Alfredo Díaz, dirigente del partido Acción Democrática, fue detenido en noviembre de 2024, poco después de cuestionar públicamente los resultados de los comicios y criticar la crisis eléctrica en el estado de Nueva Esparta, donde había sido gobernador. El Gobierno acusó entonces a sectores opositores de provocar sabotajes.
Además de su cargo como exgobernador, Díaz fue concejal y alcalde, y una figura reconocida dentro del movimiento opositor.
La organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) aseguró el sábado que la Interpol eliminó la alerta roja emitida contra los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes enfrentan un proceso judicial en el país y solicitaron asilo en España alegando persecución política.
Según Unidehc, la notificación fue anulada a finales de noviembre tras gestiones realizadas por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y el Colegio de la Abogacía Española.
“Esto es una victoria nacional e internacional frente a la mentira y la manipulación de un Gobierno, que con fines políticos persigue a críticos y defensores de derechos humanos”, señaló la organización en un comunicado.
Ambos abogados están vinculados al caso conocido como «La Floresta», en el cual son acusados por la comercialización irregular de lotificaciones en San Juan Opico, La Libertad. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado los citó para una audiencia especial de medidas cautelares realizada este martes, aunque fueron declarados ausentes.
Ivania Cruz y Rudy Joya enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de terrenos, mientras que a otros dos implicados se les atribuyen los delitos de usurpación y limitación de circulación, además de agrupaciones ilícitas.
La abogada Cruz denunció en mayo pasado que la Fiscalía está criminalizando a Unidehc por su labor de defensa comunitaria y se declaró «perseguida política».
También rechazó las acusaciones del Ministerio Público, que señala que la organización no está debidamente registrada, con el objetivo, según Cruz, de obstaculizar su trabajo en defensa de los derechos humanos.
La ONU también se pronunció sobre este caso. A principios de noviembre, expertos y relatores especiales criticaron el uso de alertas rojas por parte de Interpol, sin justificación pública, lo que consideraron como una forma de “represión transnacional” contra defensores de derechos humanos que buscan refugio fuera del país.
El activista Fidel Zavala también fue vinculado al caso. De acuerdo con la acusación, Zavala habría recibido instrucciones de Joya para realizar mediciones de terrenos con fines de venta ilegal. La Fiscalía le atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.
Interpol emitió la alerta roja en julio de 2025, dos meses después de que el tribunal salvadoreño iniciara los trámites correspondientes.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, confirmó su presencia en la ceremonia de entrega que se realizará el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega, según informó este sábado el Instituto Nobel noruego.
Erik Aasheim, portavoz del Instituto, declaró a la agencia EFE que Machado “dijo que estará en Oslo” durante una conversación que mantuvieron la noche anterior. Sin embargo, por motivos de seguridad, no se han revelado detalles sobre su viaje ni el momento de su llegada, ya que Machado permanece en la clandestinidad en Venezuela.
Además del reconocimiento internacional, Machado contará con el respaldo presencial de varios líderes latinoamericanos. El Gobierno de Paraguay anunció que su presidente, Santiago Peña, viajará a Noruega para acompañarla, al igual que los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa. También se espera la asistencia de Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano exiliado en España, quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
El Comité Nobel noruego anunció el pasado 10 de octubre que Machado fue reconocida por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
Pese a las amenazas del régimen venezolano, Machado confirmó nuevamente su intención de asistir al evento.
El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, advirtió en declaraciones a la televisión pública NRK que el viaje representa “un riesgo considerable” debido a que el Gobierno de Nicolás Maduro “quiere quitársela de en medio”. Añadió que espera que la líder opositora logre llegar con seguridad a Noruega y, eventualmente, regresar a su país.
En una entrevista publicada en octubre por el diario noruego Dagens Næringsliv, Machado declaró: “No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, y agregó que solo podría viajar si Venezuela fuera “libre”, algo imposible mientras Maduro se mantenga en el poder.
