El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes al expresidente venezolano Nicolás Maduro de haber “matado a millones de personas” y de mantener una “cámara de tortura” oculta en el centro de Caracas.
Durante un evento celebrado en el Centro Kennedy de Washington con congresistas republicanos, Trump abordó diversos temas de su agenda, entre ellos la operación militar ejecutada el pasado fin de semana en Venezuela, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
“Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento”, declaró Trump, en referencia al exmandatario venezolano.
“Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo”, añadió el presidente, en alusión a los gestos de Maduro en apariciones públicas pasadas.
Según fuentes citadas por el New York Times, Trump habría reaccionado con furia cuando, antes del operativo, Maduro desestimó una oferta de negociación del gobierno estadounidense y respondió públicamente con bailes, en tono burlesco.
“En cualquier caso, es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas”, reiteró Trump, sin ofrecer pruebas adicionales durante su intervención.
Las acusaciones se producen en un contexto de tensión geopolítica regional, tras la ofensiva militar liderada por Estados Unidos que provocó una fractura diplomática en América Latina y el Caribe. Aunque la cifra de “millones de muertos” ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales, Trump ha sostenido su narrativa contra Maduro como parte de su discurso de política exterior y defensa de los derechos humanos.
Un grupo de los 252 venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador pidieron este viernes garantías para acudir a una audiencia ordenada por un juez federal en la nación norteamericana, luego de determinar que el Gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso de estos migrantes que se encuentran ahora en libertad.
«Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permita participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas», señaló, en una carta, el grupo de migrantes que fue repatriado a su país el pasado 18 de julio tras cuatro meses detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
Además, exigieron a Estados Unidos que garanticen condiciones de retorno «dignas y apropiadas» y que estos hechos no se repitan, por lo que instaron a revisar los protocolos de deportación y acogida.
«Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes», añadió el grupo en la misiva leída ante la prensa por un repatriado que no se identificó.
Norberto Aguilar, uno de los migrantes deportados a El Salvador en marzo pasado, relató durante la rueda de prensa haber sido golpeado en el CECOT.
Por su parte, Arturo Suárez sostuvo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha brindado su ayuda con terapias psicológicas pero que no ha sido fácil reinsertarse en la sociedad porque, dijo, «los golpes físicos sanan pero los mentales no».
«Entonces estamos luchando con mucha ansiedad, problemas para dormir, para comer», agregó.
El lunes, un juez federal dictaminó que el Gobierno de Trump negó el debido proceso a cerca de 200 venezolanos que deportó a una prisión de alta seguridad en El Salvador y ordenó que se les dé la oportunidad de tener una audiencia.
El juez James Boasberg dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez.
El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT en marzo pasado impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU.
Tras meses de presión de las familias de los inmigrantes, los venezolanos fueron enviados a su país natal en julio pasado en un intercambio de rehenes entre EE.UU. y el Gobierno de Maduro.
Florida aplicó este jueves la pena capital a Frank Athen Walls, un hombre de 58 años condenado en 1992 por asesinato que se convirtió en el 19º ejecutado de 2025, un máximo histórico para un estado que ha concentrado dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte en EE.UU. este año.
En lo que va del año se han registrado 47 ejecuciones en el país, la mayoría por inyección letal, aunque también se han utilizado otros métodos como el gas nitrógeno, aplicado a cinco reos en Alabama y Luisiana y considerado controvertido por el sufrimiento que provoca, así como el pelotón de fusilamiento, con tres ejecuciones en Carolina del Sur.
La ejecución de Walls se llevó a cabo a las 18:11 hora local (23:11 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville, siendo la última este año.
El hombre fue condenado hace más de tres décadas por el asesinato en 1987 de una pareja en el condado tras irrumpir en su domicilio cuando contaba con 19 años de edad.
La corte de apelaciones rechazó el recurso de la defensa, que argumentó que su cliente padecía problemas médicos que podían agravar su sufrimiento durante la ejecución, que fue realizada mediante inyección letal.
Las 19 ejecuciones realizadas en Florida este año -todas ellas mediante el cóctel letal- superan con creces el récord anual de ocho muertes que poseía el ‘Estado del sol’ desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos.
Florida, uno de los 27 estados estadounidenses que mantiene vigente la pena capital, había alcanzado dicha cifra en dos ocasiones: 1984 y 2014.
Sin embargo, la flexibilización de los criterios para aplicar la pena de muerte en los últimos años, sumada a un gobernador, el republicano Ron DeSantis, que no muestra intención de reducir el ritmo de las ejecuciones, propició que el estado batiera ese récord en julio.
Florida es desde 2023 uno de los dos estados de EE.UU. -junto con Alabama- en los que no es necesaria unanimidad del jurado para aplicar la pena capital, y además es el estado en el que se requieren menos votos para recomendar la pena de muerte -8 de los 12 miembros del jurado-.
Actualmente posee 265 reclusos en el corredor de la muerte. El segundo estado por detrás de California, con más de 500 condenados a muerte, aunque el gobierno californiano impuso en 2019 una moratoria a todas las ejecuciones.
Dos de cada cinco ejecuciones en EE.UU. son en Florida Florida concluye este año como el estado que más ejecuciones ha realizado, con mucha distancia con respecto al segundo lugar, que comparten Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
Con Walls, Estados Unidos ha aplicado la pena capital a 47 personas este año, a la espera de que se resuelva un caso en Georgia, donde fue suspendida la ejecución de un convicto por un conflicto de intereses entre los miembros de la junta de libertad condicional.
Este balance supone que Florida ha albergado dos de cada cinco ejecuciones registradas en el país este año.
La inyección letal ha sido el método más común para ejecutar a los condenados, con 39 casos -incluido Walls-, seguido del uso de gas nitrógeno, una forma de ejecución controvertida porque, según especialistas médicos, produce graves sufrimientos antes de la muerte, y que se ha aplicado a cinco reos en Alabama y Luisiana.
Además, tres personas fueron ejecutadas por un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur. Fue la primera vez que se aplicó este castigo letal desde 2010, y únicamente se ha empleado en cuatro ocasiones en lo que va de siglo.
Estados Unidos tiene programadas trece ejecuciones el próximo año: seis en Ohio, cuatro en Tennessee y tres en Texas. Sin embargo esa cifra crecerá a medida que los gobernadores de los estados firmen nuevas sentencias de muerte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de una misma familia en 1982, en el contexto de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), informó este jueves la CIDH.
De acuerdo con un comunicado del organismo con sede en Washington, publicado en X, se trata del caso Natividad de Jesús Ramírez y familia por «las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de la familia Ramírez cometidas por agentes estatales en 1982, así como por la situación de impunidad de los hechos».
Describió que «durante el conflicto armado interno, la familia Ramírez, activa en la Iglesia católica y catalogada por el Estado como opositora política, fue víctima de allanamientos, amenazas, detenciones y agresiones por parte de agentes estatales».
Señaló que la petición, recibida por la CIDH en 2004, «trata sobre la ejecución de Rufino y Teresa Ramírez y la desaparición de Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla, Jorge Ramírez Cuchilla y Salvador Ramírez, cuyos paraderos siguen desconocidos».
En un informe, la CIDH, determinó que «el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales contra Rufino y Teresa de Jesús Ramírez fue injustificado, desproporcional y carente de fin legítimo», apuntó.
La CIDH consideró probada la desaparición forzada de Natividad de Jesús, Salvador, José Elías, Jorge Alberto y Guadalupe Robles Ramírez, «al acreditarse que agentes públicos irrumpieron en sus domicilios, los detuvieron y se negaron a revelar su paradero», indicó.
Detalló que la Comisión identificó «omisiones graves, tales como la falta de preservación de la escena del crimen, la ausencia de autopsias, la inexistencia de medidas de búsqueda efectivas y la apertura tardía de investigaciones, hasta 20 años después, sin resultados verificables».
El Estado, concluyó, «tampoco aportó información sobre diligencias realizadas, razones para el archivo, ni evidencia de un análisis con perspectiva de género, respecto a la ejecución de Teresa de Jesús Ramírez.
En conclusión, añadió, la Comisión estableció que «el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la familia, derecho de niñez y protección judicial, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
La CIDH solicita a la CorteIDH que, entre otras medidas, «ordene al Estado reparar integralmente las violaciones, incluyendo compensación y medidas de satisfacción».
Además, «investigar y localizar a las personas desaparecidas, identificar y entregar sus restos, y acordar un plan de búsqueda y «garantizar atención en salud física y mental para los familiares, con enfoque diferencial» y «adoptar medidas de no repetición, como políticas de reparación integral».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un guiño al Kremlin al normalizar las relaciones con su principal aliado, Bielorrusia, a través del levantamiento de sanciones.
El mensaje es que, en el marco de negociaciones de normalización, la Casa Blanca está dispuesta a ignorar cualquier abuso de los derechos humanos siempre que sea a cambio de concesiones políticas.
En el plan de paz original para Ucrania, EE.UU. también planteó el total levantamiento de las sanciones e incluso el retorno de Rusia al G7 a cambio del fin de la guerra, lo que fue rechazado por los europeos.
El conejillo de indias bielorruso
La Realpolitik estadounidense comenzó con la sorprendente llamada telefónica que Trump hizo el 15 de agosto pasado mientras volaba a Alaska para su cumbre con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.
Entonces, según escribió él mismo en Truth Social, pidió al líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, que liberara a todos los presos políticos en la antigua república soviética, país denostado desde la violenta represión de las protestas opositoras contra el fraude electoral en 2020.
«Es un hombre respetable», dijo Trump, haciendo de tripas corazón, sobre Lukashenko, el mandatario europeo que lleva más tiempo en el poder.
A cambio, EE.UU. primero levantó las restricciones vigentes desde 2022 a la aerolínea Belavia y el sábado le tocó el turno al potasio, sancionado desde 2021. La corporación estatal Belaruskalia exportaba antes de ser sancionada más de 10 millones de toneladas, un 20 % del total mundial.
Ante el cierre por parte de Lituania del puerto báltico de Klaipeda, Minsk se vio obligado a exportar el cloruro de potasio a través de puertos rusos y en tren a China.
«La decisión ya está tomada. Entró en vigor inmediatamente», explicó Valentín Ribakov, embajador bielorruso ante la ONU, a la televisión local.
La mejor forma de llegar a Putin
Bielorrusia juega aquí el papel de conejillo de indias de cara a unas futuras negociaciones con su hermano mayor, Rusia. Lukashenko siempre ha sabido jugar a varias bandas.
Ahora su papel debe ser el de convencer a Putin de que lo mejor es llegar cuanto antes a un trato con Trump, al que le importan mucho más los negocios que las consecuencias políticas de un acuerdo de paz injusto.
La paz tiene contrapartidas, más aún cuando la economía rusa ha entrado en un claro proceso de estancamiento después de casi cuatro años de combates debido a la drástica caída de los ingresos por la exportación de hidrocarburos.
«Lukashenko nos ayuda, nos aconseja qué hacer con la guerra entre Rusia y Ucrania. Son buenos consejos», comentó el emisario estadounidense, John Cole, tras mantener consultas durante dos días con Lukashenko en Minsk.
Cole recordó que el líder bielorruso tiene «una larga historia de relaciones con el presidente Putin», que le cedió en su momento armas nucleares tácticas para defenderse de una posible amenaza de la OTAN.
Añadió: «Esto es muy útil en esta situación. Son amigos desde hace mucho (…) Naturalmente, Putin puede aceptar algunos consejos y rechazar otros».
Los presos políticos como moneda de cambio
La normalización de relaciones con Bielorrusia, considerada una versión en pequeño de la Federación Rusa, comenzó con pequeñas amnistías de presos a mediados de este año.
«Créanme, las reuniones con representantes de Estados Unidos tienen lugar prácticamente cada semana. Estamos preparando ya las próximas citas, los próximos pasos que ambas partes deben dar en el camino a la plena normalización de nuestras relaciones», comentó Ribakov.
La regla es simple. «Levantamos sanciones y liberamos presos», explicó Cole el sábado. Aunque las organizaciones de derechos humanos hablan de más de un millar de presos políticos, Minsk liberó en los últimos meses al Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, y a los principales líderes opositores: Tijanovski, Kolésnikova y Babariko.
La Casa Blanca ya realizó en agosto pasado un gran canje de 25 presos con Rusia, pero Trump quiere que la normalización con Moscú se traduzca en el fin de la guerra en Ucrania.
Lukashenko, cuyo país acogió en momento las negociaciones que frenaron los combates en 2015, tiene algo que decir, ya que Minsk cedió su territorio para la invasión rusa en 2022 y es considerado un cómplice por Kiev.
En los últimos meses Lukashenko aprovecha cada ocasión para alabar a Trump. «Dicen que a Trump le gustan los halagos. Yo no es por halagar, pero quiero decir que últimamente su comportamiento me gusta mucho», dijo.
Trump, que quiere promover a toda costa su imagen de ‘hombre de paz’, y su esposa, Melanie, le respondieron con un telegrama de agradecimiento y una felicitación navideña.
Según explicó Ribakov, Lukashenko también recomendó a la Casa Blanca no invadir Venezuela, estrecho aliado de Minsk y Moscú desde tiempos de Hugo Chávez.
«El presidente de Bielorrusia habló muy francamente con la delegación estadounidense y les advirtió que la implicación de EE.UU. en una guerra como esa significará la repetición de Vietnam, lo que no necesitan ni el pueblo estadounidense ni, menos aún, el pueblo venezolano y tampoco la comunidad internacional», señaló a la televisión bielorrusa.
Ana Corina Sosa, la hija de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que es consciente de que al regresar a Venezuela su madre correrá peligro pero a la vez sabe que su misión está en su país y que no descansará hasta verlo otra vez libre.
«Tienen que entender que su regreso en estas condiciones es un riesgo y que mi mamá va a correr peligro, dijo Sosa en entrevista concedida a EFE en Oslo, donde se reencontró con su madre tras dos años de separación forzada.
» Pero sé que la misión que ella lleva es más grande que nosotros en este momento y que ella lo hace por nuestro futuro y para que podamos volver a estar en Venezuela y finalmente en paz y libertad y unidos como familia. Nos da fuerza saber que ella está haciendo algo noble y que lo está haciendo por nosotros», afirmó.
Sosa manifestó que es difícil poner en palabras lo que había significado volver a abrazar a su madre.
«Es difícil ponerlo en palabras. Han sido dos años que no nos habíamos visto en persona pero se han sentido más largos porque el país ha atravesado tantas cosas y sobre todo mi mamá ha enfrentado unos riesgos enormes y amenazas en contra de su vida a diario», señaló
A la vez, Sosa recordó en la entrevista la situación de otros venezolanos que no tienen la expectativa de un reencuentro con sus seres queridos y ni siquiera saben dónde están.
«El sufrimiento de los venezolanos es muy real. Mientras teníamos esa expectativa y esa certeza de que nos íbamos a ver porque ya había cruzado el mayor riesgo y estaba segura y sin peligro también recordamos que hay millones de venezolanos que tienen más de diez años sin ver a sus familiares y hay venezolanos que ni siquiera saben si sus seres queridos están vivos y que se encuentran presos o desaparecidos», reflexionó.
Sosa dijo que lo que siente ahora, ante el hecho de saber que su madre va a volver a Venezuela y que van a tener que volver a separarse.
«Por un lado no quiero que se vaya, la quiero abrazar y esconderla y que se quede y poder vivir una vida normal como familia, disfrutar la vida normal, ir a los mercaditos de Navidad que están allí fuera. Una tiene como ese deseo y el impulso natural y humano de disfrutar la vida normal», indicó.
«Pero hemos tenido muy presente que si bien tenemos a mi mamá por un instante sabemos que su corazón y su misión y su meta están en Venezuela y ella ha dicho muy claro a los venezolanos que va a volver, que su trabajo no ha terminado y yo sé que los venezolanos conocen a María Corina muy bien y que su misión es en Venezuela hasta que el país sea libre», subrayó.
Al ser preguntada por lo que había significado para ella la ceremonia de entrega del premio, en la que representó a su madre que no alcanzó a llegar a tiempo a Oslo, expresó que había sido un honor enorme, también como venezolana
«La situación que se vive en Venezuela no es un tema de derecha o de izquierda sino de claridad moral, de dignidad, de defensa de la democracia, de principios de libertad» , indicó Sosa, quien celebró que eso hubiera quedado claro en el discurso del presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes.
«Ese discurso ha sido una inyección de fuerza, ha mostrado que nuestra causa es justa y que el mundo nos reconoce», aseguró.
«Quiero decirle a los venezolanos que la libertad es algo por lo que se lucha todos los días y si algo aprendimos de nuestros padres es que no se puede dar por sentado. Ojalá la lucha que estamos llevando (a cabo) en Venezuela sea un ejemplo para el mundo», agregó.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ya se encuentra en Oslo, Noruega, tras meses de permanecer en la clandestinidad en Venezuela para evitar su captura por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La confirmación fue dada por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, durante una declaración ante medios de comunicación y simpatizantes congregados frente al Grand Hotel en la capital noruega.
“Puedo confirmar que María Corina Machado ha llegado a Oslo y está de camino hacia aquí”, afirmó Frydnes, aunque descartó que haya apariciones públicas por el momento.
“Hoy no habrá reunión. Mañana les comunicaremos el programa, pero por ahora solo quiero darles las gracias por este maravilloso día”, añadió.
Machado no pudo asistir a la ceremonia oficial de entrega del galardón debido a las restricciones impuestas por las autoridades venezolanas, por lo que su hija, Ana Corina Sosa, fue quien recibió el premio en su representación.
Durante los últimos meses, la opositora se mantuvo oculta en un lugar secreto dentro de Venezuela, tras enfrentar amenazas de detención por su activismo y liderazgo político, especialmente después de encabezar las primarias opositoras de 2023.
La comunidad internacional ha expresado respaldo a Machado, reconociendo su papel como símbolo de resistencia democrática en Venezuela. El Comité del Nobel destacó su lucha “pacífica y firme por la democracia y los derechos humanos”.
Un total de 153 organizaciones religiosas de 25 países firmaron una carta pública en la que respaldan a líderes e instituciones que demandan la restitución de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, derogada recientemente por la Asamblea Legislativa.
El pronunciamiento fue divulgado por el Instituto de Estudios Políticos, y sostiene que la actividad minera representa un riesgo para el acceso al agua potable, al que consideran un derecho concedido por Dios. “Oramos por el pueblo salvadoreño y su gobierno, para que protejan el don sagrado de la creación, defiendan los derechos humanos y garanticen agua potable a todas las familias, ahora y para las generaciones venideras”, indicaron.
Las entidades religiosas manifestaron su solidaridad con líderes sociales y religiosos que, afirman, han sido “perseguidos y encarcelados” por oponerse a proyectos mineros que podrían generar “devastación” en las comunidades. Reiteraron que la minería metálica utiliza sustancias como arsénico y cianuro que representan “graves amenazas” para las cuencas hidrográficas del país.
Según la carta, la prohibición de la minería metálica fue aprobada en 2017 tras un estudio técnico encargado por una comisión en 2010, en la que expertos advertían sobre los impactos negativos de esa industria. Por eso, las organizaciones consideran que “las razones que motivaron su prohibición siguen vigentes”.
Además, citaron una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicada en 2024, que reveló que 3 de cada 5 salvadoreños consideran que El Salvador no es un país apto para actividades mineras.
Las organizaciones religiosas también criticaron la reciente aprobación de la Ley General de Minería Metálica, que sustituyó la normativa anterior y abrió las puertas a la explotación minera. Como prueba del rechazo popular, recordaron que la Iglesia Católica entregó a la Asamblea Legislativa al menos 150,000 firmas de fieles solicitando no avalar la nueva legislación.
En ese sentido, las organizaciones aseguran que buscan ampliar el «llamamiento» de autoridades eclesiásticas, feligreses y ciudadanos para que se termine con «la persecución y criminalización» de quienes «defienden el derecho al agua».
En noviembre, durante la Asamblea Ordinaria del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac), los obispos de la región también reiteraron su preocupación por la expansión de proyectos mineros y la criminalización de ambientalistas en Centroamérica.
El cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este miércoles haber sido amenazado con ser detenido por funcionarios migratorios cuando intentaba salir del país desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con rumbo a España, vía Colombia.
A través de su cuenta en la red social X, el arzobispo emérito de Caracas relató que el incidente ocurrió cuando se disponía a viajar para cumplir compromisos eclesiásticos en territorio español. Sin embargo, al llegar al control migratorio, un oficial le indicó que debía verificar si su pasaporte estaba “al día”.
Posteriormente, aseguró que se le informó que el documento presentaba “problemas” y que debía regresar a Caracas para resolver la situación en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Aunque solicitó la devolución de su pasaporte para reclamar su equipaje, no le fue entregado.
“Hasta para ir al baño me siguió de cerca el funcionario, preguntándome a qué iba hasta ese lugar”, reclamó el cardenal, quien además detalló que fue obligado a firmar documentos donde supuestamente aceptaba que no podía viajar “por incumplimiento de las normas”.
Porras explicó que intentó tomar una fotografía del documento que se le presentó, pero los agentes se lo impidieron “no de muy buenas maneras” y lo amenazaron con detenerlo si insistía. También señaló que nunca le informaron sobre el paradero de su pasaporte.
Finalmente, el líder católico regresó a su residencia en Caracas, acompañado por la misma persona que lo había trasladado al aeropuerto. “Del pasaporte nadie me supo dar información y alguien me sugirió: ‘no pierda su tiempo aquí en Maiquetía’”, indicó.
La situación, denunció el cardenal, ocurrió precisamente el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. “Duele y atenta contra los derechos de los ciudadanos”, afirmó. “Sin igualdad de derechos, sin posibilidad de ser informado, difícilmente puede haber justicia y equidad”, agregó.
Esta no es la primera vez que Porras enfrenta obstáculos por parte del gobierno. En octubre pasado, denunció que le impidieron asistir a una misa en Isnotú, estado Trujillo, en honor al natalicio del médico y beato José Gregorio Hernández.
Baltazar Porras fue nombrado cardenal en 2016 y ha sido una de las voces más críticas del chavismo desde el púlpito. Ha sido blanco de ataques tanto del fallecido expresidente Hugo Chávez como de su sucesor, Nicolás Maduro.
El caso penal por la masacre de El Mozote fue elevado a juicio a finales de noviembre de 2025, confirmó este martes Cristosal a través de un comunicado, una organización que junto a Tutela Legal Dra. María Julia Hernández conforman la acusación particular de este proceso penal.
El presidente la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Leonel Claros Tobar, explicó a Diario El Mundo que las familias de las víctimas fueron notificadas por personal del juzgado que llegó a sus casas para entregarles un resumen de la notificación, esta última, un basto documento de más de 900 páginas.
“Nos notificaron, pero lo que pasa es que es bastante grande, lo que han hecho ellos es elevar a juicio el caso de El Mozote…solo para sentar en el banco de los acusados. Han convocado a algunos familiares para ver si tienen algo qué decir extra de los testimonios”, explicó esta semana Claros a Diario El Mundo.
Hasta el momento, ninguno de los testigos ha dicho que agregará a lo ya declarado ante la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quien desde el 29 de septiembre del año 2021 asumió el proceso penal, tras la renuncia del juez Jorge Guzmán Urquilla.
Sin embargo, esta notificación no ha sido recibida por todas las partes. El abogado, acusador particular, Ovidio Mauricio de Tutela Legal, señaló que no ha recibido el escrito, sino que se enteró por la comunicación que tiene con APDHEM.
“Ha habido una resolución de El Mozote, de acuerdo al código del 73, la jueza ha resuelto elevar a plenaria; al elevar a plenaria es pues pasar a la etapa de contradicción o la etapa de debates, entonces, pero a nosotros no nos ha notificado nada; sí sabemos porque tenemos comunicación con el presidente del Comité de Víctimas de El Mozote, a ellos les notificaron”, manifestó esta semana.
Este 10 de diciembre se cumplen 44 años de la peor matanza en la historia moderna de El Salvador, perpetrada a manos del proscrito Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Atlácatl, bajo la comandancia de Domingo Monterrosa, quienes junto a la tercera, quinta brigada de infantería del Destacamento Militar #4 y la Fuerza Aérea Salvadoreña, asesinaron a 978 personas entre el 10 y 13 de diciembre de 1981
Según el registro del mismo juzgado, de esas casi mil víctimas, 220 eran hombres, 200 mujeres, 293 eran niños y 248 eran niñas. Todos fueron señalados de ser supuestos guerrilleros y condenados a muerte en la operación Yunque y Martillo que desplegó el Ejército para tomarse Perquín y los lugares aledaños, un territorio que la Fuerza Armada de El Salvador concebía como de la guerrilla, durante el conflicto armado.
Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM). / Archivo DEM
Los acusados
La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General de 1993, en julio de 2016, y dos meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, entonces presidido por el juez Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el proceso penal por la matanza de El Mozote.
Aquel proceso referencia 238/1990 archivado desde hacía 23 años, volvió a ser leído y los nombres de los acusados, perseguidos, por la justicia salvadoreña.
Los acusados que sobreviven son el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García; el general de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo Toledo; el subteniente Carlos Eduardo Cáceres Flores (ahora general); el entonces teniente coronel de brigada de artillería, Luis Adalberto Landaverde Barrera (hoy coronel); el teniente Óscar Córdova Hernández (hoy capitán); el entonces subteniente César Augusto Milla Ramírez, hoy general; el capitán del BIRI Atlácatl, José Antonio Rodríguez Molina; el subteniente y hoy coronel Roberto Antonio Garay Saravia; el subteniente Rafael Santiago del Cid Aguirre; el mayor José Mario Godínez Castillo; el entonces capitán y hoy general, Mauricio Isaac Duke Lozano; el capitán y hoy general Walter Oswaldo Salazar Martínez y el entonces capitán del BIRI Atlácatl y hoy coronel, Juan Ernesto Méndez Rodríguez.
No obstante, en diciembre de 2023, la jueza Portillo de Cruz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal, en favor de los principales imputados de la matanza. Estos últimos son: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores.
Además de ellos: Reynaldo Quintanilla Prado, quien fue secretario de la Asamblea en 1993; también los exdiputados fallecidos, el pecenista, Ciro Cruz Zepeda Peña, y la tricolor, Mercedes Gloria Salguero Gross; añaden a René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
Según el Juzgado, tras el cometimiento de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, los 10 nuevos imputados en el proceso penal “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.
Los delitos
En este juicio desfilarán al menos 12 delitos que están consignados en el Código Penal de 1973:
Asesinato
Violación agravada
Privación de libertad agravada
Violación de Morada
Robo
Daños agravados
Estragos especialmente sancionados
Actos de terrorismo
Tortura
Desaparición forzada de personas
Y desplazamiento forzado
Pero la jueza, al agregar 10 imputados más, agregó los delitos de encubrimiento personal. La docena de delitos antes mencionados ya son catalogados como de lesa humanidad, y por lo tanto, son imprescriptibles; sin embargo, la jueza determinó que este último delito agregado tampoco prescribe.
La masacre de El Mozote ocurrió entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en las comunidades Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz, sin embargo, la mayoría de las víctimas se concentraron en El Mozote y el día más mortífero fue el 11.
La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época, presidido por el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido, y por la administración estadounidense de Ronald Reagan, que entregaba un millón de dólares diarios para la guerra al país centroamericano.
Aunque negada, la masacre encontró eco a nivel internacional y el 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza y exigió un proceso judicial para encontrar verdad, justicia y reparación.
