Redacción DEM ADMIN

Etiqueta: derechos humanos

  • EEUU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones

    EEUU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones

    Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por legalidad de estas operaciones militares de la Administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.

    El ataque, que habría sucedido hoy mismo, fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva ‘Lanza del Sur’ y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como «narcoterroristas» por el Ejército.

    La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo.

    Las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote en esta ocasión.

    Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.

    Trump aseguró esta semana que se preparan para iniciar operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico.

    La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 80 muertos y levantado acciones legales por posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses.

  • En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    En Nicaragua hay actualmente 62 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 28 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    «La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento», advirtió esa ONG.

    De esas 62 personas privadas de libertad por razones políticas, 6 son mujeres y 56 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.

    Esa cifra (62) representa una disminución respecto al reporte anterior, que contabilizaba 77 detenidos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó.

    La lista actualizada mantiene al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

    Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.

    Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores.

    También los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

    El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

    Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

  • Jueces y facilitadores son capacitados en protección internacional y desplazamiento forzado

    Jueces y facilitadores son capacitados en protección internacional y desplazamiento forzado

    Jueces y facilitadores judiciales fueron capacitados sobre la protección internacional como asilo y refugio y, desplazamiento forzado en El Salvador por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en El Salvador.

    El taller «protección internacional y desplazamiento forzado» fue inaugurado esta semana por la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, y por la oficial de Operaciones de Acnur, Luz Ariadna García. Los capacitados deberían aplicar los aprendidos en las comunidades en las que laboran.

    La magistrada Elsy Dueñas dijo durante su intervención que estas formaciones permiten a los empleados judiciales ofrecer atención técnica, oportuna y humana en las comunidades para las personas que aspiran a obtener protección internacional en El Salvador o que son víctimas de desplazamiento forzado.

    «Como facilitadores les invito a aprovechar al máximo los contenidos que se desarrollarán en el transcurso de esta jornada formativa, ya que van a potenciar aún más su capacidad de respuesta». Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

    Los jueces de Paz y facilitadores participantes del taller ejercen sus labores en Apopa, Tamanique, Puerto de La Libertad y en Zaragoza. La capacitación incluyó fortalecimiento de conocimientos técnicos, abordaje de conceptos, análisis de movimientos mixtos y estudio del marco jurídico.

    Los participantes también conocieron el proceso para identificar el mecanismo adecuado para atender y remitir casos de personas que requieren de asilo político, refugio o que son víctimas de desplazamiento forzado de sus comunidades o países.

    Por su parte, la oficial de Operaciones de Acnur dijo que esta formación tendría que permitir que las personas desplazadas forzosamente puedan encontrar apoyo y oportunidades para desarrollarse en un nuevo lugar, tomando en cuenta que los facilitadores son quienes «impulsan soluciones en sus territorios y generan confianza, tranquilidad y esperanza” en las comunidades.

  • TikTok, principal herramienta de reclutamiento forzado de menores por grupos en Colombia

    TikTok, principal herramienta de reclutamiento forzado de menores por grupos en Colombia

    TikTok se convirtió en la principal herramienta de reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia por parte de los grupos armados ilegales, con videos que alcanzan las 200.000 visitas y registran más de 76.000 interacciones, reveló un estudio publicado este miércoles por la ONG Vivamos Humanos.

    El reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes se lleva a cabo a través de plataformas como TikTok, que es la principal red social para captarlos, así como por Facebook, Telegram, Instagram e incluso aplicaciones de videojuegos como Roblox, dice el estudio de reclutamiento digital ‘El algoritmo en el conflicto armado’.

    TikTok fue la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión «masiva» de los videos en esta aplicación, las «pocas restricciones» en el contenido y la facilidad de búsqueda a través de etiquetas o palabras clave relacionadas con los grupos armados.

    El estudio también identificó 40 casos documentados con «evidencia directa» en TikTok, así como 70 cuentas presuntamente relacionadas con estas organizaciones criminales, «inferidas a partir de las interacciones en los comentarios».

    La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) de la organización, Lina Mejía, afirmó, al presentar el estudio, que identificaron «falencias estructurales graves como la inexistencia de canales de denuncia» para este tipo de casos.

    La experta añadió que en muchos casos, aunque el contenido sea reportado, este «continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más».

    Los grupos que más utilizan las redes sociales para reclutar menores son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

    En cuanto a las regiones más afectadas por esta modalidad de reclutamiento, la organización, que no precisó cifras, indicó que la mayoría de casos suceden en zonas de conflicto como los departamentos de Norte de Santander, ubicado en el noreste del país y fronterizo con Venezuela, y Putumayo, Nariño y Cauca, en el suroeste.

    Esta modalidad también es utilizada en los departamentos caribeños de Bolívar, Magdalena y Cesar.

     Liderazgos perdidos

    En la presentación también intervino el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, quien afirmó que «los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos» del Gobierno contra los grupos armados.

    Por otra parte, la organización apuntó que esta «nueva forma de violencia (el reclutamiento), que opera en silencio», se ha convertido en «uno de los retos humanitarios más urgentes del país».

    «La pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales», añadió Vivamos Humanos.

    El estudio detectó dos modalidades principales de reclutamiento a través de las redes sociales: la primera, mediante ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, y la segunda, que se desarrolla a través de «engaños y otras formas de captación», como la utilización de correos humanos para efectuar esta «vinculación forzada».

    Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por los grupos armados.

  • El presidente de Paraguay acompañará a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

    El presidente de Paraguay acompañará a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

    El presidente de Paraguay, Santiago Peña, acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega, según confirmó este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

    Ramírez indicó que Peña fue invitado tanto por la Fundación Nobel como por la propia Machado, quien será reconocida con este prestigioso galardón “por su notable participación en materia de paz”. La gira del mandatario sudamericano incluirá también visitas oficiales a Hungría y Uzbekistán, y se desarrollará entre el domingo 7 y el viernes 13 de diciembre, informó una fuente de la Cancillería paraguaya a la agencia EFE.

    Según el canciller, esta invitación constituye “un reconocimiento a la gestión del presidente Peña en defensa de la libertad, los derechos y la democracia en Venezuela”, en un contexto marcado por las tensiones políticas entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

    Durante su estancia en Oslo, Peña también aprovechará para abordar temas de la agenda bilateral con Noruega, entre los cuales destaca un proyecto de cooperación en energía verde que ese país europeo desarrolla en Paraguay, según afirmó el viceministro Raúl Lezcano.

    María Corina Machado fue distinguida el pasado 10 de octubre por el Comité Nobel Noruego por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

    A la ceremonia también asistirán otros mandatarios latinoamericanos como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quienes confirmaron haber recibido invitaciones personales de Machado para acompañarla en la entrega del Nobel.

    Sin embargo, la presencia de jefes de Estado en el evento ha generado reacciones en Caracas. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) criticó duramente a los presidentes invitados. “Esos presidentes son unos flojos, vagabundos, como que no tuvieran nada qué hacer en sus países (…), son unos chulos que no pierden oportunidad para viajar a cualquier lado”, declaró el dirigente chavista Diosdado Cabello en conferencia de prensa.

  • Al menos 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va de 2025, según ONG

    Al menos 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va de 2025, según ONG

    Un total de 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va del 2025, tanto dentro del país como en el extranjero, según reveló este martes el informe del Observatorio Voces Contra la Violencia, impulsado por la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo Nicaragua.

    Del total de crímenes, 51 ocurrieron en territorio nicaragüense, mientras que 21 se perpetraron fuera del país, siendo Costa Rica (10 casos) y Estados Unidos (7 casos) los países más señalados. La organización subrayó que «la vida de las mujeres migrantes nicaragüenses cuenta», al insistir en la visibilización de los feminicidios cometidos fuera del país.

    Según el observatorio, los principales agresores fueron las parejas actuales (24 casos), seguidos por conocidos (14) y exparejas (11). Las regiones más afectadas dentro de Nicaragua fueron Managua, con 14 víctimas, y la Costa Caribe, con 11.

    El reporte también destaca el impacto en la niñez: 41 de las mujeres asesinadas eran madres de menores de edad, dejando a un total de 88 niños y adolescentes en situación de orfandad.

    “Este 25 de noviembre una vez más exigimos que se reconozca la magnitud de esta crisis violenta contra mujeres y niñas. Basta de ocultar e invisibilizar cifras. Todas las vidas importan”, expresó la organización, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

    En el mismo periodo de 2024, se contabilizaron 76 feminicidios, lo que representa una leve disminución en términos absolutos, aunque las organizaciones advierten que la cifra continúa siendo alarmante.

    Aunque el Gobierno de Nicaragua ha reabierto las Comisarías de la Mujer y promueve campañas como la cartilla educativa “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para la Prevención del Feminicidio”, organizaciones feministas critican la liberación anticipada de reos comunes, medida que, según denuncian, ha derivado en un aumento de los feminicidios y de la criminalidad en general.

  • Corte estadounidense bloquea deportaciones rápidas impulsadas por Trump

    Corte estadounidense bloquea deportaciones rápidas impulsadas por Trump

    El Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia rechazó este sábado un recurso del Gobierno estadounidense con el que buscaba reactivar las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, una política impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La decisión, tomada por mayoría de 2-1, respalda un fallo emitido por la jueza federal Jia Cobb, quien en agosto bloqueó temporalmente estas deportaciones al considerar que vulneran los derechos de los migrantes al debido proceso. El gobierno había solicitado una suspensión mientras apelaba, pero el tribunal no accedió.

    La corte consideró improbable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pueda demostrar que su mecanismo de deportación acelerada cumple con los estándares constitucionales.

    “Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita”, señala la resolución judicial.

    Además, criticó que no se garantice la posibilidad de presentar pruebas sobre su permanencia continua de dos años en Estados Unidos, requisito fundamental para evitar ser deportado bajo este procedimiento. La jueza Cobb ya había advertido que la política “prioriza la rapidez” y que “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.

    La medida fue restablecida por Trump en enero, retomando una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021). Esta permite deportar de forma inmediata a cualquier persona indocumentada que no pueda comprobar al menos dos años de permanencia en el país, sin necesidad de audiencia judicial previa.

    La política ha generado una fuerte polémica entre defensores de los derechos de los migrantes, que denuncian que las expulsiones aceleradas pueden llevar a errores irreparables, al no permitir una evaluación individual de cada caso ni el acceso a asesoría legal.

    El fallo representa un nuevo revés judicial para el gobierno del presidente Trump, que ha buscado endurecer las políticas migratorias como parte central de su agenda. La orden judicial impide, por ahora, que se sigan aplicando estas deportaciones sin pasar por un proceso judicial más exhaustivo.

    Se desconoce si el Departamento de Justicia presentará una nueva apelación ante instancias superiores, pero el tema podría escalar hasta la Corte Suprema, dada su relevancia nacional.

     

  • Gobierno de Costa Rica reitera disposición a recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Gobierno de Costa Rica reitera disposición a recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, aseguró que la oferta para recibir a Kilmar Ábrego García por razones humanitarias continúa vigente, en contraste con lo afirmado por funcionarios estadounidenses durante audiencias recientes en tribunales de Maryland.

    Zamora declaró a The Washington Post que la posición oficial de Costa Rica fue comunicada desde el 25 de agosto de 2025 y que no ha sufrido ninguna modificación desde entonces. Además, enfatizó que el país centroamericano garantiza los más altos estándares en derechos humanos y estaría dispuesto a otorgar residencia legal a Ábrego.

    “El ofrecimiento de Costa Rica para recibir a Ábrego bajo condiciones humanitarias que garanticen el respeto pleno de sus derechos y libertades sigue en pie”, reiteró Zamora.

    Afirmó que no se han solicitado negociaciones adicionales con el gobierno de Estados Unidos para concretar su llegada.

    Estas declaraciones contrastan con lo planteado por abogados del Departamento de Justicia, quienes en documentos judiciales del 7 de noviembre indicaron que Costa Rica no aceptaría al migrante sin “negociaciones adicionales” y “compromisos extras” por parte de EE.UU. Según esa versión, únicamente Liberia, un país en África Occidental, habría aceptado recibirlo sin condiciones.

    Kilmar Ábrego García, de 30 años, vivía en Maryland junto a su esposa e hijos estadounidenses. Fue detenido por agentes migratorios en marzo de este año y deportado ilegalmente a El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión por el riesgo de persecución por parte de pandillas.

    Posteriormente, en junio, fue retornado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas, a los cuales se ha declarado inocente. Desde entonces, permanece detenido en Pensilvania mientras el proceso judicial avanza, en medio de disputas sobre su destino final si es deportado nuevamente.

    Durante una audiencia en Maryland, la jueza Paula Xinis cuestionó a los representantes del gobierno del presidente Trump sobre por qué no se le enviaba a Costa Rica, considerando que el propio Ábrego ha manifestado su voluntad de ir allí. “¿Por qué no Costa Rica?”, preguntó con insistencia. Las respuestas fueron vagas y apuntaron a supuestas instrucciones del Departamento de Estado.

    Abogados del migrante sostienen que se trata de una represalia por haber desafiado legalmente su deportación en marzo.

    “El gobierno está actuando fuera de lo normal, buscando castigar a mi cliente simplemente porque quiere ir a Costa Rica”, afirmó Simon Sandoval-Moshenberg, defensor de Ábrego.

    Además, denunciaron que el gobierno ha propuesto enviarlo a cuatro países africanos distintos —Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia— sin respetar el debido proceso ni realizar evaluaciones personalizadas. Según su equipo legal, no tiene lazos familiares ni conexión alguna con esas naciones.

    La deportación de Ábrego está actualmente suspendida por orden de la jueza Xinis, mientras se resuelve su caso de hábeas corpus. El juicio por el cargo penal está programado para enero. Sus abogados insisten en que enviarlo a un país donde nunca ha vivido representaría un castigo, no una solución migratoria legítima.

     

     

     

  • La violencia provoca el 70 % del desplazamiento interno en Latinoamérica, revela informe

    La violencia provoca el 70 % del desplazamiento interno en Latinoamérica, revela informe

    La violencia y el accionar de grupos criminales son la causa principal del desplazamiento interno en América Latina, de acuerdo con la iniciativa ProLAC, liderada por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y el Consejo Danés para los Refugiados (DRC).

    Según su último informe, el 70 % de los desplazamientos en Ecuador, Guatemala, Honduras y México son consecuencia directa de la inseguridad generalizada.

    El estudio advierte que este fenómeno, impulsado por amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y disputas territoriales, se ha convertido en una “consecuencia generalizada y sistémica” de la violencia.

    A pesar de su magnitud, el sistema jurídico de estos países carece de herramientas efectivas para proteger a las víctimas.

    “La situación se agrava aún más por la falta de reconocimiento legal de las personas desplazadas internamente en todos los países analizados”, advierte ProLAC. En ese sentido, destaca que un tercio de las personas encuestadas no denuncian por desconfianza hacia las autoridades.

    Stine Paus, directora regional del NRC para América Latina, advirtió que “las familias que huyen se vuelven cada vez más invisibles” y subrayó que “no se puede ignorar los peligros extremos a los que se enfrentan estas personas”.

    Ante ese panorama, ProLAC solicitó a los gobiernos reconocer esta crisis como una emergencia humanitaria y adoptar medidas para garantizar la protección, asistencia y derechos de quienes se ven forzados a abandonar sus hogares.

    Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC, resaltó la gravedad del vacío legal: “Este vacío legal tiene consecuencias reales. Limita el acceso a la asistencia humanitaria, la justicia, las reparaciones y soluciones duraderas”.

    La situación varía según el país. En Honduras, aunque existe una ley desde 2022, apenas cuenta con regulación ni presupuesto. En México, solo algunos estados han avanzado en marcos legales; Guatemala aún no presenta avances significativos, y Ecuador carece completamente de legislación en la materia.

    Cornic llamó a los Estados a legislar con urgencia para brindar protección a los desplazados y advirtió que, aunque la sociedad civil realiza esfuerzos significativos, “sin voluntad política, serán insuficientes”.

    ProLAC, respaldada por la Unión Europea, insistió en que el reconocimiento legal del desplazamiento forzado es esencial para que estas personas accedan a derechos básicos y no queden en el abandono institucional.

     

  • CIDH otorga medidas cautelares a tres salvadoreños presos tras deportación

    CIDH otorga medidas cautelares a tres salvadoreños presos tras deportación

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de tres salvadoreños deportados desde Estados Unidos y encarcelados posteriormente en El Salvador, ante el riesgo de sufrir daños irreparables a su vida e integridad física, informó este martes el organismo regional.

    Los beneficiarios son William Alexander Martínez Ruano, José Osmin Santos Robles y Brandon Bladimir Sigarán Cruz, quienes se encuentran en distintas cárceles salvadoreñas, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde también estuvieron recluidos más de 200 venezolanos deportados por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Según la CIDH, tras ser deportados, los tres salvadoreños fueron detenidos y, en un inicio, sus familiares desconocían su paradero. Actualmente, permanecen incomunicados, sin acceso a abogados ni contacto con sus familias, quienes no han podido conocer su situación jurídica ni estado de salud, a pesar de haber agotado recursos legales internos.

    Ante esta situación, la CIDH instó al Estado salvadoreño a garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los detenidos y a brindar información oficial sobre si enfrentan cargos, así como confirmar si fueron presentados ante una autoridad judicial competente.

    De acuerdo con la resolución, Brandon Bladimir Sigarán Cruz permanece en el Cecot desde el 15 de marzo de 2025, mientras que Martínez Ruano y Santos Robles están recluidos en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, al occidente del país.

    La comisión también recordó que, a inicios de octubre, emitió medidas cautelares para localizar al salvadoreño Irvin Jeovanny Quintanilla García, desaparecido tras su deportación desde Estados Unidos en marzo de este año.

    Además, en septiembre pasado, dictó resoluciones similares para los abogados Ruth López y Enrique Anaya, ambos defensores de derechos humanos y críticos del Gobierno del presidente Nayib Bukele.