El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que realizará una gira de 32 días por todo el país para hacer campaña de cara a las elecciones de medio mandato, conocidas como ‘midterm’, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre y para las que el Partido Demócrata parece partir como favorito. «Para que lo entendáis: todos quieren que vaya. Soy una sola persona y todos quieren que haga campaña.
En dos días empezaré un viaje de literalmente 32 días para ir a todas partes. A Texas, a Ohio, a muchos sitios diferentes», ha explicado en una serie de declaraciones a la prensa frente a la Casa Blanca. Sus palabras llegan a medida que las encuestas sitúan a los demócratas por delante en algunos de los estados más importantes para hacerse con el control de la Cámara de Representantes, una situación que podría repetirse también en el Senado.
Este giro responde, en gran medida, al descontento de la población por el alto precio de la gasolina y la guerra en Irán. Las próximas elecciones servirán para decidir si los republicanos mantienen el control del Congreso estadounidense o si, en cambio, el Partido Demócrata se hace con el poder de cara a los dos últimos años de mandato de Trump, lo que podría cambiar el curso incluso de las investigaciones abiertas contra su Administración.
Si bien actualmente no existen pesquisas pendientes, los demócratas barajan la posibilidad de poner sobre la mesa investigaciones y comisiones al respecto, dependiendo del resultado de los comicios. Las últimas encuestas sobre intención de voto sitúan al Partido Demócrata por delante con casi 9 puntos de ventaja y el 48,7% de los apoyos frente al Partido Republicano, que obtendría el 40% de los respaldos.
Estados Unidos eliminará a partir de este miércoles la autorización para los viajes educativos grupales a Cuba conocidos como “pueblo a pueblo” y prohibirá asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en la isla, como parte de un nuevo endurecimiento de las restricciones financieras y de viaje.
Una modificación de las normas del Departamento del Tesoro establece que los viajes educativos vinculados con Cuba deberán efectuarse bajo el respaldo de una organización aceptada por las leyes estadounidenses. Los estudiantes, además, tendrán que viajar acompañados por la institución autorizada.
Las nuevas restricciones afectan directamente a los viajes “pueblo a pueblo”, una modalidad de visitas educativas grupales que hasta ahora estaba permitida bajo las regulaciones estadounidenses relacionadas con Cuba. Sin embargo, las personas que antes de este miércoles hayan realizado al menos una transacción vinculada con su viaje, como la compra de un boleto de avión, podrán conservar la autorización para realizar la visita.
Paralelamente, el Departamento de Estado prohibió las transacciones financieras directas o indirectas de ciudadanos estadounidenses con entidades incluidas en la lista de sancionados, en la que figuran organismos vinculados con el aparato militar y los servicios de inteligencia cubanos.
A partir de esta semana tampoco estarán permitidas las operaciones mediante las cuales bancos estadounidenses podían procesar determinadas transacciones relacionadas con Cuba cuando tanto su origen como su destino se encontraban fuera de Estados Unidos.
Las nuevas disposiciones también impedirán que los bancos estadounidenses abran o mantengan cuentas para ciudadanos cubanos considerados empresarios independientes del sector privado, ampliando así las restricciones financieras aplicadas por Washington hacia la isla.
El endurecimiento de las medidas educativas y financieras ocurre una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara a Cuba de “Estado fallido” durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos utiliza la lucha contra el narcotráfico como “pretexto” para militarizar la región.
El funcionario también acusó a Washington de fortalecer el bloqueo contra Cuba, aplicar sanciones secundarias y amenazar con una agresión militar contra la isla.
La Casa Blanca frenó una decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que buscaba poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 200.000 salvadoreños en Estados Unidos, según un funcionario de la administración y otras tres personas cercanas al gobierno citadas por el medio estadounidense Politico.
El medio revela que el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habían autorizado un aviso para terminar el TPS de El Salvador y publicarlo en el Registro Federal, pero la Casa Blanca detuvo abruptamente el proceso, una decisión que tomó por sorpresa a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. La administración todavía no anuncia oficialmente una extensión o finalización del programa.
La discusión ocurre a cinco semanas de unas elecciones en las que la política migratoria vuelve a generar tensiones entre los sectores más duros que respaldan al presidente Donald Trump y votantes independientes e hispanos.
El debate también enfrenta los intereses empresariales con quienes reclaman mayores restricciones migratorias, mientras Texas, que tiene la segunda mayor población salvadoreña de Estados Unidos, atraviesa una disputada carrera por el Senado.
“Simplemente vino de la Casa Blanca”, dijo Mark Krikorian, quien dirige el Centro de Estudios de Inmigración, organización de Washington favorable a mayores restricciones a la inmigración legal y al fortalecimiento de las migratorias.
«Quizás simplemente estén pensando: hagamos que esto desaparezca durante seis meses hasta después de las elecciones, no porque vaya a tener ningún efecto directo en las elecciones. Simplemente no quieren noticias sobre esto», opinó Krikorian.
La Casa Blanca remitió las consultas al DHS, cuyo portavoz reiteró que un anuncio será “hecho en el momento apropiado”, y que, mientras tanto, “los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan protección”.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele es un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump.
El efecto Bukele
Según Politico, otro elemento dentro de las discusiones es la posición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aliado de Trump, quien presionó a Estados Unidos para mantener las protecciones. Muchos salvadoreños han permanecido bajo el TPS durante 25 años y miles tienen hijos y nietos estadounidenses.
Empresarios también pidieron a la Casa Blanca evitar la eliminación del programa ante el impacto que tendría sobre trabajadores en un mercado laboral con poca disponibilidad de mano de obra.
“Texas tiene la segunda población salvadoreña más grande después de Los Ángeles, y en términos de cuánto tiempo ha existido esta población, estos son empleados conectados con algunos donantes de muy alto nivel y líderes empresariales que se han acercado al presidente y a altos funcionarios”, señaló una cuarta persona cercana a la administración.
En contraste, los sectores partidarios de soportar las medidas migratorias sostienen que las condiciones en El Salvador mejoraron y señalan que el aviso de viaje del Departamento de Estado se encuentra actualmente en el nivel más seguro, Nivel 1.
La demora también contrasta con las medidas de la administración para revocar el TPS y otras protecciones humanitarias a cientos de millas de inmigrantes.
Una fuente cercana al gobierno consideró que la situación refleja “tensión dentro de la Casa Blanca sobre qué hacer” y advirtió que cualquier decisión será “impopular con alguien pase lo que pase”.
«La política va en ambos sentidos. Existe la percepción de que si [Trump] les permitiera quedarse, eso de alguna manera tendría algún tipo de beneficio político para algún candidato republicano en algún lugar, ¿o para él?». añadido. «Por otro lado, también está contribuyendo a la frustración de algunas personas del lado más agresivo de la aplicación de la ley porque el presidente se ha vuelto blando».
La falta de una decisión mantiene en incertidumbre a la comunidad salvadoreña, después de que transcurrieron casi tres semanas desde la fecha de vencimiento sin que se anunciara una extensión o terminación.
La administración de Trump terminó el TPS para más de una docena de países, aunque las protecciones para El Salvador, Líbano, Sudán, Ucrania y algunos inmigrantes venezolanos permanecen activas.
Una encuesta de American Business Immigration Coalition encontró que el 76% de los hispanos consultados en estados competitivos prefería candidatos que apoyaran un estatus legal permanente para inmigrantes sin autorización de larga permanencia que trabajan e impuestos paganos en Estados Unidos.
Las decisiones migratorias también han tenido repercusiones en sectores económicos. Algunos senadores de estados agrícolas expresan preocupación por el impacto de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en plantas procesadoras de carne, mientras organizaciones de ganaderos y procesadores aseguran haber perdido millones en ingresos.
“Estos son ejemplos de estados donde hay una población blanca que envejece. No tienen gente que pueda ir a trabajar en mataderos en la industria ganadera en Kansas”, afirmó Matt Barreto. “Así que es una parte cada vez más importante de sus economías, y andar haciendo estas redadas de personas que están trabajando no resuelve nada, y ciertamente no mejora los precios ni la inflación”.
Estados Unidos comenzó este martes a prohibir la importación de determinados productos procedentes de Canadá, entre ellos bebidas alcohólicas, derivados lácteos, melaza y algunas motocicletas, en medio de una nueva escalada de la disputa comercial entre ambos países.
La medida, anunciada el pasado 8 de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró en vigor a las 00:01, hora de Washington (04:01 GMT), y reemplaza los aranceles del 50 % que Estados Unidos aplicaba desde agosto a algunos de esos productos por una prohibición total de ingreso.
Las tres proclamaciones presidenciales abarcan bebidas alcohólicas como cerveza, vino, whisky, vodka y ron, además de determinados productos lácteos, especialmente suero y concentrados de proteínas. La restricción también incluye melaza y cerveza sin alcohol.
En el sector de vehículos, la prohibición afecta a algunas motocicletas y ciclomotores fabricados en Canadá con motores de combustión de más de 800 centímetros cúbicos. Entre las compañías alcanzadas por la medida figura la canadiense BRP.
La empresa fabrica en Quebec los vehículos de tres ruedas Can-Am Spyder y Canyon destinados al mercado estadounidense, por lo que se encuentra entre los fabricantes directamente afectados por las nuevas restricciones comerciales impuestas por Washington.
El Gobierno estadounidense justificó la decisión como una respuesta a lo que considera prácticas comerciales discriminatorias por parte de Canadá, así como a las represalias adoptadas por Ottawa contra los aranceles aplicados previamente por Estados Unidos.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que las prohibiciones son consecuencia del trato que Canadá da a las exportaciones estadounidenses de bebidas alcohólicas, productos lácteos y vehículos.
Analistas consideran que las restricciones tendrán un impacto limitado sobre el conjunto de la economía canadiense, aunque sus efectos pueden ser importantes para las compañías directamente afectadas. Canadá exportó alrededor de 1.200 millones de dólares canadienses en alcohol hacia Estados Unidos el año pasado, mientras que las ventas de los derivados lácteos incluidos en la prohibición y de motocicletas fueron considerablemente menores.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo la aprobación de nuevas normas de eficiencia en el consumo de combustible para vehículos, con las que aseguró que revierte las políticas de incentivos a los automóviles eléctricos promovidas por su antecesor, Joe Biden.
«Es un gran día para los trabajadores del sector automotriz y los compradores de automóviles de Estados Unidos», afirmó Trump mediante un mensaje publicado en redes sociales al anunciar la medida.
El mandatario sostuvo que las nuevas disposiciones dejan sin efecto las políticas aplicadas anteriormente para incentivar los vehículos eléctricos.
«Acabo de aprobar nuevas normas de eficiencia de combustible que anulan la ridícula decisión sobre vehículos eléctricos», señaló.
Trump responsabilizó al Partido Demócrata de provocar pérdidas de «miles de millones de dólares» al sector automotriz y de «forzar a los estadounidenses a usar coches que nunca quisieron». También criticó la inversión destinada a infraestructura para estos vehículos: «Gastaron miles de millones de dólares en cargadores que nunca llegaron a construirse».
El presidente no detalló cuáles serán específicamente los cambios introducidos por las nuevas normas ni cuándo comenzarán a aplicarse, pero afirmó que las medidas «acabarán con el despilfarro en la fabricación de automóviles en Estados Unidos».
«Eso significa precios más bajos, ahorrando a las familias miles de dólares al comprar un vehículo nuevo, hermoso y seguro; muy superior a esos ‘monstruos ambientales’ que se estaban fabricando hasta ahora», sostuvo Trump al defender los posibles efectos de las disposiciones.
El mandatario aseguró además que «todos los fabricantes» se comunicaron con él para «expresar su deseo» de producir vehículos en territorio estadounidense. También afirmó que su Administración «está invirtiendo más de $100,000 millones en vehículos estadounidenses».
«Eso es solo el principio. Las fábricas están volviendo, los puestos de trabajo están volviendo a Míchigan, Ohio, India, Carolina del Sur y el resto del país», aseguró Trump, quien también agradeció el trabajo de los secretarios de Transporte y Comercio, Sean Duffy y Howard Lutnick, respectivamente.
La Corte Suprema permitió este viernes que la Administración del presidente Donald Trump pueda aplicar un sistema de recopilación de datos de ciudadanía para encontrar votantes no ciudadanos en las próximas elecciones legislativas.
La decisión supone una victoria para el mandatario y permite que la herramienta pueda utilizarse ya en los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre en los que el Partido Republicano se juega el control del Congreso.
El sistema en línea combina las bases de datos sobre ciudadanía, números de la Seguridad Social y otros datos confidenciales sobre millones de estadounidenses. Demócratas y algunos grupos de defensor del voto temen que un gran número de votantes puedan quedar fuera de las elecciones.
La Corte Suprema se pronunció de emergencia y consideró que «el Gobierno Federal tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes». Los tres jueces liberales, encabezados por la magistrada Ketanji Brown Jackson, se opusieron.
«En mi opinión, sin embargo, el daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el daño inexistente que experimenta el Gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad», escribió Jackson, con el apoyo de las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
La decisión de la Corte Suprema influirá en los litigios abiertos en los tribunales inferiores sobre la reforma electoral de la Administración de Trump.
Esta decisión llega después de que los magistrados de la Corte Suprema rechazaran el plan del Gobierno para que el Servicio Postal examinara las papeletas de voto por correo.
Algunos de los nombres más poderosos de la industria tecnológica estadounidense, entre ellos Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang y Tim Cook, compartieron este jueves mesa con el presidente chino, Xi Jinping, durante la cena de Estado ofrecida por Donald Trump en la Casa Blanca.
La lista de asistentes reunió a varios protagonistas de la carrera estadounidense por la inteligencia artificial (IA), entre ellos Huang, de Nvidia; Altman, de OpenAI; Sundar Pichai, de Alphabet; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Michael Dell, de Dell Technologies; y Musk.
Musk regresó así a la Casa Blanca para participar en un acto de alto perfil junto a Trump después del enfrentamiento público que ambos protagonizaron el año pasado. Entre los invitados también estuvo Cook, ahora presidente del consejo de Apple.
La ausencia del consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, destacó frente a la presencia de sus competidores. El ejecutivo ha defendido una mayor supervisión de los sistemas de IA más avanzados y controles más estrictos sobre la tecnología estadounidense que pueda llegar a China.
Reportes publicados antes de la cena indicaron que Amodei no aparecía entre los ejecutivos tecnológicos previstos para el encuentro, aunque no existe confirmación pública de que el fundador de Anthropic no recibiera una invitación.
Medios locales destacaron su ausencia debido a las posiciones que ha mantenido sobre los riesgos asociados con los modelos avanzados de IA. Amodei ha reclamado mayor cautela, mientras Huang ha cuestionado las advertencias sobre los posibles peligros de estos sistemas.
Trump, por su parte, rechazó frenar el desarrollo de esta tecnología bajo el argumento de que Estados Unidos debe conservar su ventaja frente a China. La presencia de los principales ejecutivos tecnológicos ocurre mientras la inteligencia artificial se convierte en uno de los asuntos de la agenda entre Trump y Xi.
El contraste entre ambas potencias también quedó reflejado en la cena, pues no hubo representantes de empresas chinas entre los invitados, según la prensa presente. The New York Times informó que varios altos ejecutivos chinos llegaron a Washington antes de la cumbre, pero viajaron separados de la delegación de Xi. El periódico señaló que importantes compañías chinas de internet y automoción figuran en listas de sanciones estadounidenses por sus vínculos con el Ejército chino, situación que habría complicado su presencia en un acto oficial de la Casa Blanca.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, reconoció que su Gobierno ha examinado la posibilidad, que considera extremadamente remota, de una acción militar de Estados Unidos contra Canadá tras las repetidas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de convertir el país en el «estado 51».
En una entrevista publicada en la noche del miércoles por The New York Times, Carney calificó esa posibilidad como un «extreme tail risk», expresión utilizada en gestión de riesgos para acontecimientos de muy baja probabilidad pero consecuencias potencialmente muy graves. «Creo que en estos cargos uno tiene la responsabilidad de analizar riesgos extremos», declaró Carney.
«Es simplemente gestión de riesgos. No es el escenario base, pero sería irresponsable no prepararse», añadió. El primer ministro evitó explicar en qué consistió ese análisis. Las declaraciones coinciden con informaciones publicadas en enero según las cuales las Fuerzas Armadas canadienses habían elaborado, por primera vez en aproximadamente un siglo, un modelo teórico sobre cómo responder a una hipotética invasión estadounidense.
Ese ejercicio, que los responsables canadienses recalcaron que no constituía un plan operacional, preveía que Canadá, ante la enorme superioridad militar estadounidense, podría perder sus principales posiciones terrestres y marítimas en cuestión de días y tendría que recurrir posteriormente a una guerra irregular.
El modelo contemplaba emboscadas, sabotajes, ataques con drones y acciones de pequeñas unidades militares o civiles armados, inspiradas en tácticas utilizadas en Afganistán. La hipótesis surgió después de que Trump planteara repetidamente convertir Canadá en el «estado 51» de Estados Unidos, aunque los responsables citados entonces consideraban improbable una invasión y destacaban que la cooperación entre los ejércitos de ambos países continuaba siendo positiva.
Las declaraciones de Carney llegan en medio de un fuerte deterioro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos en décadas. Tras la suspensión de las negociaciones comerciales en agosto, Washington impuso aranceles del 50 % sobre productos canadienses por valor de 27,600 millones de dólares canadienses y Ottawa respondió el 8 de septiembre con gravámenes de entre el 15 % y el 50 % sobre un volumen equivalente de importaciones estadounidenses.
Pese al deterioro de la relación bilateral, Carney aseguró a The New York Times que habla «frecuentemente» con Trump y que ambos han conversado en varias ocasiones desde que las negociaciones comerciales se suspendieron el mes pasado. «Desde mi perspectiva, tenemos una buena relación en el sentido de que podemos levantar el teléfono y hablar entre nosotros de los asuntos», afirmó Carney, quien insistió en que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial mutuamente beneficioso.
Al mismo tiempo, Ottawa está acelerando su estrategia para reducir su dependencia estratégica de Estados Unidos, desde el sistema de satélites Starlink hasta la revisión de compra prevista de cazas F-35, mientras busca diversificar sus relaciones económicas, tecnológicas y de defensa con Europa y otros socios.
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos durante operaciones federales de control migratorio desarrolladas en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026.
La organización llegó a estas conclusiones después de investigar las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras instituciones federales. Para su investigación realizó 154 entrevistas y analizó más de 30 pruebas audiovisuales.
Los hallazgos aparecen en un informe de 130 páginas titulado «Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE». AI señala discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, incluida fuerza letal.
La organización también denunció «represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».
Posibles ejecuciones extrajudiciales
Según AI, el sistema de detención y deportación masiva del Gobierno de Donald Trump está impulsado por «discursos falsos, xenófobos y racistas» y «teorías de supremacía blanca». La organización sostiene que las operaciones analizadas estuvieron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales.
El informe menciona como ejemplos de uso ilegítimo de fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington DC. «Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», señala el documento.
Amnistía pide desmantelar el ICE
En relación con las detenciones, AI asegura haber identificado un «patrón generalizado» de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para mantener a personas detenidas durante períodos prolongados, algunas en «condiciones inhumanas» y bajo «coacción», situaciones que, según la organización, pueden constituir «tortura».
AI también documentó casos en los que detenidos no tuvieron acceso a asistencia jurídica ni contacto con sus familiares, mientras que abogados enfrentaron obstáculos para comunicarse con ellos. En algunas ocasiones, según el informe, el ICE se negó a confirmar si determinadas personas estaban bajo su custodia o a informar sobre su paradero, lo que la organización describe como «detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».
Amnistía considera que las vulneraciones documentadas no responden únicamente a actuaciones individuales de los agentes, problemas de formación o falta de supervisión, sino a un entorno institucional «apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump». Por ello, sostiene que la «magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse de manera adecuada mediante reajustes específicos» y considera «necesario» el «fundamental desmantelamiento» del ICE. La organización agregó que los operativos generaron temor entre comunidades migrantes y afectaron la normalidad en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios.
Un juez federal ordenó este jueves al Gobierno de Estados Unidos restablecer de inmediato el acceso de las cadenas CNN y MSNBC y del portal de noticias Politico a la Casa Blanca, tras el veto del presidente estadounidense, Donald Trump, a los citados medios.
El magistrado Timothy Kelly ha determinado que la medida no fue ejecutada con el «debido proceso constitucionalmente adecuado», según el fallo judicial –recogido por la propia CNN–, que subraya que «los individuos deben recibir notificación y una oportunidad de ser escuchados antes de que el Gobierno los prive de un interés protegido constitucionalmente» mientras que la Administración Trump sólo señaló la posibilidad de apelación días después de la retirada de las acreditaciones.
Kelly ordenó a la Casa Blanca devolverles de inmediato las acreditaciones de prensa que se les retiraron el pasado viernes.
Se trata de una orden de emergencia con efecto temporal, que estará en vigor durante 14 días, es decir, hasta el próximo 8 de octubre, y el acceso de esos medios a la Casa Blanca debe mantenerse al menos «hasta que este tribunal emita otra orden o hasta que caduque» la medida anunciada este jueves.
Durante la audiencia, celebrada el miércoles, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, ha argumentado que las informaciones elaboradas por CNN, MSNBC y Politico ponían en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, así como que Trump, como presidente, tiene derecho a decidir quién puede acceder a la Casa Blanca.
En cambio, el letrado de los citados medios Ted Boutrous ha señalado que «la primera mención de la seguridad nacional en este caso» se produjo días después del anuncio de la prohibición y tras la presentación de la demanda contra la Administración, como si a la administración «se le hubiera encendido la bombilla» después de tomar la medida.
Asimismo, ha denunciado sus representados sólo recibieron las cartas de la Casa Blanca explicando los motivos de la prohibición días después de que esta fuera anunciada y con su demanda judicial ya presentada. Además, ha manifestado que los artículos de CNN citados por el Ejecutivo republicano para justificar la expulsión eran «noticias convencionales» y que, de todas ellas, sólo una había sido escrita por un periodista con acceso a la Casa Blanca.
