El Estado salvadoreño no asistió a la primera audiencia pública del 197 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Situación de las personas privadas de libertad en el marco del estado de excepción”, que se desarrolla en Panamá, donde se celebrarán audiencias del 26 al 30 de octubre.
“El día de hoy está ausente el Estado pese a que la CIDH hizo llegar oportunamente y de acuerdo al reglamento la invitación a esta audiencia”, indicó el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la CIDH.
“Estas audiencias tienen un valor especial al permitir que las voces de las personas afectadas sean escuchadas directamente”, señaló.
El presidente de la CIDH recordó que el artículo 63 del reglamento de la CIDH obliga a que el Estado debe brindar garantía a las personas participantes o que suministren a la comisión información, testimonios o pruebas, y que por tanto no puede “enjuiciar a testigos, peritos ni ejercer represalias” contra ellos ni contra sus familiares por sus declaraciones ante la Comisión.
“Lamentamos la ausencia del Estado en esta audiencia”, expresó, por su parte, Carlota Roly, abogada senior para América Latina de la organización Fundación Robert Kennedy Human Rights.
Sostuvo que el régimen de excepción es permanente, se ha prorrogado 54 veces hasta el 26 de agosto y se ha normalizado como herramienta de seguridad pública con la suspensión de garantías clave como el plazo máximo de detención administrativa, el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Señaló que ha habido 93,162 personas detenidas, 65,000 capturadas en el primer año del régimen, con 170 % índice de hacinamiento y 1 de cada 50 personas está privada de libertad en el país.
Sobre las declaraciones del presidente salvadoreño en torno a un plan de libertad anticipada para cierto grupo de reos vinculados a pandillas, preguntó quién decidirá estas 10,000 causas y qué va a pasar con personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción.
Por su parte, David Morales, de la asociación Cristosal, lamentó la ausencia del Estado y la vinculó con una “política general de opacidad” del Estado salvadoreño.
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