Expertos alertaron el miércoles sobre un «panorama alarmante» en el desarrollo del proceso electoral en Honduras, marcado por retrasos en el cronograma, inacción institucional y el uso indebido de recursos estatales para favorecer a la candidata oficialista a la Presidencia, Rixi Moncada, a menos de cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.
El coordinador técnico de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), Juan Carlos Aguilar, señaló a EFE que uno de los principales desafíos del proceso electoral es garantizar la gobernabilidad en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según Aguilar, el principal reto es cumplir con el cronograma electoral, ya que hasta ahora solo se ha completado el 50 % de las etapas clave debido a la «extrema partidización de las instituciones», lo que, afirmó, «pone en riesgo la certeza y la transparencia del proceso».
El órgano electoral enfrenta el desafío de avanzar en el proceso y tomar decisiones que, en su mayoría, requieren aprobación unánime, enfatizó Aguilar.
El experto señaló que los escenarios electorales en Honduras se presentan en dos direcciones opuestas. Por un lado, se podría desarrollar un proceso tranquilo, respetando el ordenamiento jurídico, con elecciones que cuenten con garantías mínimas y asegurando que la voluntad popular defina la elección del presidente, alcaldes y diputados.
Sin embargo, también existe el riesgo de una alta conflictividad debido a la creciente polarización política, que podría desencadenar una “crisis similar o incluso más grave” que la de 2017, cuando Juan Orlando Hernández resultó reelegido y gobernó entre 2014 y 2022.
Hernández no solo ganó las dos elecciones con fraude, según la oposición, sino que también se reeligió en 2017 aún cuando la Constitución del país no lo permite, bajo ninguna modalidad.
La situación dependerá de la «dinámica de los partidos políticos y de sus líderes», quienes podrían optar por defender un triunfo electoral o intentar mantenerse en el poder por la fuerza, en lugar de respetar el proceso democrático, subrayó Aguilar.
La directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, coincidió con Aguilar al señalar a EFE que persiste el uso indebido de recursos públicos con fines electorales.
“No hemos podido superar la dependencia del erario público para generar campañas”, lamentó Elvir, quien afirmó que otro de los desafíos de cara a los comicios radica en la propia institucionalidad pública.
Destacó además que persisten problemas de tiempo y logística que podrían repetirse, como ocurrió en las elecciones primarias de marzo pasado, cuando muchas maletas electorales no llegaron a los centros de votación.
“La desconfianza ciudadana es latente y eso puede implicar desafíos importantes para la institucionalidad pública”, aseguró Elvir, quien dijo que espera que las elecciones de noviembre se desarrollen como una “fiesta cívica, en paz y democracia”.
Ambos expertos destacaron el aumento en la entrega de bonos, la publicidad estatal y la utilización de cuentas alternas vinculadas al poder para atacar adversarios, difundir desinformación y promover logros del gobierno, sin que se conozca el origen de los fondos.
La RDD lamentó la falta de respuesta del Ministerio Público (Fiscalía) ante las denuncias de delitos electorales, porque de los 196 casos reportados, apenas cuatro han derivado en requerimientos fiscales, lo que considera erosiona la confianza ciudadana y genera un clima de permisividad frente a irregularidades.
Advirtió que en Honduras hay un «deterioro del espacio cívico», caracterizado por amenazas, hostigamiento y campañas de odio contra voces críticas, amplificadas en redes sociales desde cuentas vinculadas al oficialismo.
La Red hondureña exigió a las autoridades electorales y de justicia «actuar con independencia e imparcialidad, sancionar el uso indebido de recursos públicos y garantizar un proceso electoral íntegro y pacífico».
