El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones contra nueve entidades y dos funcionarios vinculados al régimen de Cuba, como parte de su estrategia para restringir el acceso de la administración del presidente Miguel Díaz-Canel a recursos financieros que Washington considera obtenidos de manera ilícita.
El Departamento de Estado informó que entre las entidades sancionadas figuran el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), la Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A., compañías relacionadas con el sector energético cubano.
La administración del presidente Donald Trump también incluyó en la lista de sanciones a varias empresas que, según las autoridades estadounidenses, forman parte de las operaciones del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas cubanas y señalado por Washington de intentar evadir las restricciones económicas impuestas al régimen.
Entre las empresas sancionadas se encuentra la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., operadora del principal puerto de contenedores de Cuba, considerada por Estados Unidos como una de las entidades estratégicas del conglomerado militar.
Las nuevas medidas también alcanzan a entidades relacionadas con el programa de misiones médicas internacionales de Cuba, al que Estados Unidos acusa de funcionar bajo un esquema de trabajo forzoso mediante la retención de una parte significativa de los salarios que reciben los profesionales de la salud enviados al extranjero.
Los dos funcionarios incluidos en las sanciones son la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), Gretza Sánchez Padrón, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Las restricciones congelan cualquier bien o activo que ambos, así como las entidades sancionadas, posean bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.
El régimen cubano tildó de «acto de agresión» las sanciones anunciadas y acusó a Washington de «intenciones genocidas» con el fin de provocar una crisis humanitaria.
«Cada acto de agresión del Gobierno de EE.UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales.
Asimismo señaló que el Gobierno estadounidense «continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba», pero «le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria» en el país caribeño.
Las nuevas acciones se suman a las sanciones impuestas en junio pasado contra el presidente Miguel Díaz-Canel, varios de sus familiares y el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro. Asimismo, el Departamento de Justicia mantiene una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996, hecho que dejó cuatro personas fallecidas.
Con este nuevo paquete de sanciones, la administración Trump mantiene la presión sobre el Gobierno cubano, al que acusa de sostener estructuras económicas y programas estatales que vulneran los derechos humanos y permiten financiar al régimen mediante actividades que considera contrarias a la legislación estadounidense.
