Los problemas del salvadoreño Kilmar Ábrego García no cesan. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió el lunes a un tribunal federal de apelaciones restablecer los cargos penales en su contra, tras ser deportado erróneamente a El Salvador durante la administración de Donald Trump y posteriormente devuelto a territorio estadounidense por orden judicial.
La petición fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito y busca revertir la decisión adoptada en mayo por el juez federal Waverly Crenshaw, de Tennessee, quien desestimó una acusación contra Ábrego García por dos cargos relacionados con el tráfico de migrantes.
Crenshaw determinó que el Departamento de Justicia procesó al salvadoreño como represalia por sus acciones legales contra la deportación a El Salvador.
“La evidencia objetiva aquí muestra que, de no haber existido una demanda exitosa de Abrego impugnando su expulsión a El Salvador, el Gobierno no habría iniciado este proceso”, escribió el juez en su resolución del 22 de mayo.
El Departamento de Justicia rechazó que el proceso tuviera carácter vengativo y sostuvo que existían “múltiples bases legítimas para procesar” a Ábrego García. La institución argumentó que la decisión de presentar la acusación fue tomada por fiscales de carrera a partir de las pruebas disponibles y de su convencimiento de que podrían demostrar los delitos más allá de una duda razonable.
Los cargos tienen su origen en un control de tránsito ocurrido en Tennessee en noviembre de 2022, cuando agentes estatales detuvieron un vehículo conducido por Ábrego García en el que viajaban numerosas personas. La investigación federal sobre esos hechos comenzó unos dos años y medio después y el salvadoreño se declaró inocente de los cargos.
Ábrego García fue deportado a El Salvador en marzo de 2025 pese a que existía una orden judicial que impedía enviarlo a su país por temor a la violencia de pandillas. Su situación se convirtió posteriormente en uno de los casos más conocidos entre los críticos de la política migratoria de la administración Trump. Tras una intervención del Tribunal Supremo, fue devuelto a Estados Unidos y posteriormente acusado penalmente.
La administración Trump sostiene ahora que la resolución de Crenshaw no siguió los precedentes establecidos por el Tribunal Supremo. El Departamento de Justicia afirmó además que el fallo supone una ampliación considerable de la facultad de los tribunales para desestimar acusaciones penales calculando en valoraciones sobre las motivaciones de los fiscales.
Ábrego García enfrenta paralelamente otro proceso federal en Maryland relacionado con los intentos del Gobierno estadounidense de deportarlo nuevamente. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pretende enviarlo a Liberia, pero una jueza federal bloqueó temporalmente esa medida y determinó que no podrá ser deportado al menos hasta octubre.
