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Trump lanza Junta de Paz para Gaza formada por aliados y una membresía millonaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la creación de una Junta de Paz, un nuevo órgano internacional respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá como objetivo supervisar la implementación de su plan de 20 puntos para Gaza y, eventualmente, intervenir en otros conflictos mundiales.

La iniciativa, calificada por la Casa Blanca como un enfoque “nuevo y audaz” para alcanzar una paz duradera, plantea la formación de una administración transitoria en la Franja de Gaza y el desarme del grupo Hamás.

Trump presidirá personalmente la Junta, y designó como miembros de la Junta Ejecutiva a figuras de alto perfil como el secretario de Estado, Marco Rubio; su yerno Jared Kushner; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; el ex primer ministro británico Tony Blair; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el asesor Roberto Gabriel.

Entre los países invitados a formar parte del nuevo organismo se encuentran Argentina, Paraguay, Turquía, Egipto, Jordania y Canadá. Los presidentes Javier Milei y Santiago Peña, así como el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, confirmaron haber recibido la invitación.

Según un borrador filtrado por Bloomberg y The Atlantic, la membresía para integrarse a la Junta tendrá un costo de $1,000 millones, aunque no se detalló en qué serán utilizados esos fondos. Los miembros tendrán un mandato de tres años, renovable únicamente con autorización del presidente estadounidense. Los países que contribuyan con más de $1,000 millones durante el primer año no estarán sujetos a dicho plazo.

Además, Trump tendrá la potestad exclusiva de decidir qué naciones pueden unirse y aprobará o vetará las decisiones tomadas por votación conjunta, según el mismo documento.

La creación de este organismo coincide con la activación de la segunda fase del plan de paz para Gaza, que contempla un gobierno de tecnócratas liderado por el ingeniero Ali Shaaz, al frente del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), acompañado por 15 miembros más.

El anuncio ha generado reacciones encontradas. La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, criticó el plan y lo calificó como “un intento descarado de imponer los intereses de EE.UU. e Israel”. Mientras tanto, Israel rechazó la propuesta al señalar que no se alinea con su política oficial, según un comunicado del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Algunos diplomáticos expresaron temor a que la nueva Junta eclipse al Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, otros actores internacionales han optado por observar con cautela el desarrollo del proyecto, cuya presentación formal se espera la próxima semana en el Foro de Davos, en Suiza.

Un extracto del preámbulo de los estatutos filtrados por The Atlantic justifica la creación del ente afirmando que “una paz duradera requiere juicio pragmático, soluciones sensatas y el valor de alejarse de enfoques que han fracasado”.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha proporcionado más detalles sobre el funcionamiento de la Junta y únicamente ha publicado el listado de integrantes del órgano.

18 de enero de 2026
El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.

Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.

Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.

Detenciones históricas y denuncias de abusos

Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.

Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.

Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE

ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas

El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.

Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.

Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.

Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS

El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.

Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.

“Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.

La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.

Frontera más cerrada y caída en los cruces

La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.

Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.

Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.

El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.

“El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.

18 de enero de 2026
El Vaticano confirma que intentó un acuerdo con Maduro para evitar derramamiento de sangre

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó este sábado que la Santa Sede trabajó para lograr una solución pacífica que evitara un derramamiento de sangre en Venezuela, incluyendo gestiones diplomáticas con el presidente Nicolás Maduro y otros representantes del régimen, antes de su detención por parte de Estados Unidos.

Parolin afirmó, al margen de un acto oficial en el Vaticano, que se intentó alcanzar un acuerdo que también había sido mencionado en algunos periódicos, en referencia a las informaciones del Washington Post sobre esfuerzos vaticanos para facilitar un salvoconducto o un destino negociado para Maduro previo a su captura.

“Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, dijo Parolin, en alusión a los reportes de que el Vaticano exploró opciones como asilo en Rusia para Maduro antes de que fuera detenido por las fuerzas estadounidenses.

El cardenal reiteró que la Iglesia siempre ha apoyado un camino pacífico para la resolución de la crisis venezolana, aunque reconoció que la situación se enfrentó “ante un hecho consumado”, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su esposa.

Parolin agregó que en Venezuela ahora existe una situación de “gran incertidumbre” y expresó su deseo de que el país evolucione “hacia la estabilidad y hacia una recuperación económica, porque la situación es muy precaria y la gente sufre”. También subrayó que es “necesaria una democratización del país”.

Aunque el secretario de Estado no proporcionó detalles específicos sobre las gestiones diplomáticas, el diario The Washington Post publicó que el Vaticano, además de buscar posibles rutas de salida para Maduro, pidió a las autoridades estadounidenses paciencia para permitir que se exploraran opciones de asilo, incluso con garantías de seguridad auspiciadas por Rusia.

El papa León XIV se refirió recientemente a la crisis venezolana en su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde instó a que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

18 de enero de 2026
Un 4.6 % de las empresas concentra exportaciones superiores a $10 millones

El 4.6 % de las empresas registradas como exportadoras despacha mercancía valorada en más de $10 millones, según registros del Banco Central de Reserva (BCR).

En su último informe analítico, correspondiente al período de enero a noviembre de 2025, el BCR detalla que hasta ese mes se registraban 2,593 empresas que enviaron mercancías desde El Salvador al resto del mundo.

De estas, 120 compañías (4.6 % del total) registraron exportaciones superiores a los $10 millones y, en conjunto, representaron el 81.9 % del total exportado, que a noviembre llegó a $6,217.2 millones, un crecimiento del 3.7 %.

El BCR reporta además que 654 empresas exportaron a Estados Unidos, lo que equivale a un 25.2 % del total de exportadoras.

Por el lado de las importaciones, el Banco Central registra que 30,943 empresas en el mercado salvadoreño realizaron compras en el exterior, de las cuales 14,081 adquirieron bienes procedentes de Estados Unidos.

Ruta de las exportaciones e importaciones

Si bien Estados Unidos es el mayor destino individual para las exportaciones salvadoreñas, al considerar la región, el BCR destaca que el mercado centroamericano es el principal socio, al concentrar el 51.4 % del total exportado. A noviembre, las ventas a la región sumaron $3,193.1 millones, equivalente a un crecimiento del 7 %.

Estados Unidos, por sí solo, representó para los exportadores salvadoreños más de $1,925.7 millones, una caída del 3.6 % en relación con 2024 y equivalente a una participación del 31 % del total.

La mayor economía del mundo también se posiciona como el principal proveedor del mercado salvadoreño, con $4,243.2 millones, un 25.9 % del total, mientras que China representó $3,360.8 millones, un 20.5 %.

El top cinco de las principales mercancías exportadas está conformado por camisetas, suéteres, artículos para el transporte o envasado de plástico, azúcar y papel higiénico. En conjunto, representan el 24.3 % del total.

Por su parte, los principales productos importados son los aceites de petróleo o de mineral bituminoso, medicamentos, gas de petróleo, automóviles para transporte de mercancías y de personas, y teléfonos.

18 de enero de 2026
Trump cierra primer año de mandato sin cumplir promesa sobre terminar la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluye el primer año de su segundo mandato con una de sus promesas más ambiciosas aún incumplida: poner fin a la guerra en Ucrania. Durante su campaña de 2024, aseguró repetidamente que lograría un acuerdo de paz “en 24 horas”, algo que sigue lejos de concretarse.

A lo largo de los últimos doce meses, el mandatario ha pasado de mostrarse confiado en alcanzar una solución rápida al conflicto, a reconocer públicamente su complejidad. “No es una situación fácil, debo decirles. Qué desastre”, expresó en diciembre, evidenciando su cambio de tono.

Trump insiste en que heredó el conflicto de sus antecesores, Joe Biden y Barack Obama, y aunque asegura haber puesto fin a “ocho guerras”, la situación en Ucrania continúa sin avances significativos.

La evolución de su postura ha ido en paralelo al desgaste de su relación con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien dijo estar “muy decepcionado”, y al fortalecimiento de sus vínculos con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Uno de los episodios más tensos entre Trump y Zelenski ocurrió en febrero, durante un encuentro en el Despacho Oval. Trump lo acusó de ser un “desagradecido” frente a la ayuda enviada por Washington y lo confrontó al decir: “Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial”.

A partir de ese incidente, ambos mandatarios lograron recomponer la relación, e incluso conversaron a solas durante el funeral del papa Francisco, en el Vaticano, en lo que la Casa Blanca calificó como una reunión “muy productiva”.

No obstante, ni el aumento de contactos diplomáticos ni las fotografías protocolarias han frenado los ataques rusos. El intento más claro por avanzar hacia la paz fue una reunión en Turquía que reunió a delegaciones de Ucrania, Rusia y EE.UU., sin resultados positivos.

El 15 de agosto, Trump sostuvo su primer encuentro con Putin como presidente reelecto en la base aérea de Anchorage, Alaska. Tras tres horas de diálogo, el presidente estadounidense afirmó que hubo avances, pero concluyó: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”. Moscú se negó a detener su ofensiva y tampoco aceptó discutir una retirada total del territorio ucraniano.

En noviembre, una propuesta de paz impulsada por el enviado especial Steve Witkoff y negociada inicialmente con Rusia fue cuestionada por países europeos, que la consideraron favorable al Kremlin. Tras ser ajustado, el plan de 20 puntos recibió la aprobación de Zelenski “en un 90 %”, pero el principal obstáculo continúa siendo la negativa de Ucrania y sus aliados a ceder territorios ocupados, en particular la región de Donetsk.

El último encuentro entre Trump y Zelenski se celebró en diciembre de 2025 en Florida, y no se logró ningún acuerdo. Está previsto que ambos vuelvan a reunirse esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos.

A estas alturas, el presidente Trump ha admitido que el conflicto en Ucrania “llevará tiempo resolver”, alejándose del discurso de una solución inmediata que repitió antes de volver a la Casa Blanca.

18 de enero de 2026
Un grupo de simpatizantes del FMLN piden liberación de Maduro

Un grupo de unos 30 salvadoreños se congregó este sábado en la Plaza Simón Bolívar, en el centro de San Salvador, para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, apresados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas. Los manifestantes calificaron las capturas como un “secuestro” y expresaron rechazo a la intervención estadounidense en los asuntos de otros países latinoamericanos.

Los integrantes del movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Venezuela alzaron pancartas y corearon consignas como “¡Qué viva Venezuela!” y “Libertad para el compañero Maduro y Cilia”, mientras recordaban a los militares venezolanos y cubanos fallecidos durante la acción, que, según autoridades venezolanas, dejó 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y 32 militares cubanos muertos.

Carlos Martínez, integrante del comité y miembro del partido izquierdista FMLN, condenó lo que calificó de “agresión fascista del imperio” y sostuvo que con la captura de Maduro, Estados Unidos “ha violentado el derecho internacional, la libre determinación de los pueblos y la soberanía de Venezuela”. Afirmó también que desde El Salvador se suman a las jornadas mundiales que exigen la liberación de la pareja.

Lourdes Palacios, exdiputada del FMLN, aseguró que la acción estadounidense busca “robarle y quitarle esos bienes naturales que posee este país”. “Desde El Salvador, les decimos: allí estamos con ustedes, compañeros y compañeras de Venezuela. Nos solidarizamos con ustedes y también con el hermano Gobierno cubano y su pueblo”, añadió Palacios.

Tras la operación estadounidense en Caracas, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales, incluidos narcoterrorismo y tráfico de drogas. Ambos se declararon no culpables durante su primera comparecencia judicial en Estados Unidos.

El ataque que resultó en la captura de Maduro forma parte de la denominada “Operación Determinación Absoluta”efectuada por fuerzas estadounidenses en Venezuela el 3 de enero de 2026. En esa acción, además de arrestar a Maduro y Flores, se llevaron a cabo bombardeos en infraestructura militar y se produjeron víctimas dentro del país, según reportes internacionales.

17 de enero de 2026
EE. UU. exige a Nicaragua la liberación “incondicional” de todos los presos políticos

Estados Unidos exigió este sábado a la dictadura de Nicaragua de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, la “liberación incondicional” de todos los presos políticos sin excepciones, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas y denuncias de represión en el país centroamericano.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado publicó un mensaje en la red social X, difundido por la embajada estadounidense en Managua, en el que critica duramente al Ejecutivo sandinista, al que calificó de “régimen ilegítimo” y “paranoico” por reprimir disidencia incluso por expresiones en redes sociales.

“Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas detenciones”, subrayó el Departamento de Estado.

El pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno nicaragüense anunciara el pasado sábado la excarcelación de “decenas de personas” que estaban detenidas, entre las cuales varias organizaciones y familiares confirmaron la liberación de opositores que organismos de derechos humanos consideran presos políticos. Sin embargo, muchos de los excarcelados continúan con restricciones, bajo vigilancia policial o con medidas que limitan su libertad real.

La solicitud estadounidense ocurre en un contexto de presiones internacionales crecientes sobre Managua por su historial de detenciones arbitrarias y represión de la oposición, que incluye arrestos por expresiones en redes sociales o por críticas al Gobierno de Ortega y Murillo, según diversos reportes de organismos de derechos humanos y diplomáticos.

En su mensaje, la Oficina del Departamento de Estado afirmó que “libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, instando a que no se acepten liberaciones parciales, arrestos domiciliarios o nuevas detenciones como sustituto de una liberación plena.

La presión de Washington se da además tras una serie de excarcelaciones impulsadas por la cercana relación entre Nicaragua y Venezuela, donde hace poco se liberaron presos políticos tras presión similar. Las autoridades nicaragüenses han defendido sus acciones como conmemorativas de aniversarios de Gobierno, sin atender plenamente a las demandas internacionales por derechos humanos.

17 de enero de 2026
México captura a uno de los diez criminales más buscados del FBI

Las autoridades mexicanas capturaron este sábado a Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez criminales más buscados por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), durante un operativo realizado en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo.

La detención fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de labores de inteligencia y cooperación internacional con el FBI.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó el arresto a través de sus redes sociales. “Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, elementos de SSPC y FGR realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro N., quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición”, publicó el funcionario.

García Harfuch recordó que el FBI ofrecía una recompensa de $250,000 por información que condujera a la captura de Rosales Castillo, quien es requerido por las autoridades del estado de Carolina del Norte.

De acuerdo con la información oficial, el detenido enfrenta cargos por asesinato en primer grado, robo a mano armada, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, delitos por los cuales será sometido a un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense incluyó a Rosales Castillo en 2017 en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan y su peligrosidad.

17 de enero de 2026
Ver un partido de Brasil en el Mundial le costará al menos $2,100 a cada aficionado

Viajar desde Brasil a Estados Unidos para ver el debut de la selección brasileña en el Mundial 2026 puede costar un mínimo de $2,100 por aficionado, según estimaciones de agencias de viaje y plataformas de hospedaje. Esa cifra equivale a siete salarios mínimos en Brasil, lo que hace del sueño mundialista una experiencia exclusiva para pocos.

El partido inaugural del equipo dirigido por Carlo Ancelotti será el 11 de junio en Nueva Jersey, ante Marruecos, por el Grupo C. Luego, enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará la fase de grupos el 24 de junio en Miami, todas sedes en Estados Unidos, lo que encarece los traslados entre encuentros.

El costo estimado del viaje a Nueva Jersey parte de un boleto aéreo ida y vuelta de $950, dos noches de hotel de tres estrellas por $450, y $600 adicionales para comida y transporte. A esto se suma el precio de la entrada más económica, $105, lo que eleva el gasto mínimo para un solo partido a más de $2,100.

Para quienes deseen seguir a la selección brasileña durante toda la fase de grupos, el costo asciende hasta $11,000 por persona, de acuerdo con paquetes ofrecidos por agencias de viajes, sin incluir alimentación. Este precio puede aumentar dependiendo de los niveles de comodidad elegidos en hospedaje y restaurantes.

Los hinchas que buscan opciones más económicas podrían trasladarse en tren o por carretera entre Nueva Jersey y Filadelfia, debido a su cercanía. Sin embargo, el último partido en Miami implica recorrer más de 1,900 kilómetros, lo que añade complejidad logística y más gastos.

Pese a los altos costos, el entusiasmo no se detiene. Brasil figura como el cuarto país con más solicitudes de entradas al Mundial, con más de 101,500 boletos pedidos a través del sitio oficial de la FIFA, según datos divulgados en diciembre pasado.

La afición mantiene la esperanza en que Ancelotti logre recuperar el rendimiento de la ‘verde-amarela’, que llega al torneo con los peores resultados en unas eliminatorias sudamericanas: solo 8 victorias en 18 partidos, 6 derrotas y 17 goles encajados, ocupando el quinto lugar en la clasificación.

Desde que se instauró el formato de todos contra todos en 1998, Brasil solo había quedado fuera del primer lugar en dos ocasiones, pero nunca había registrado un desempeño tan bajo. Aun así, la pasión por la camiseta amarilla sigue moviendo multitudes, sin importar el precio.

17 de enero de 2026
Salvadoreña enfrenta juicio en California por la muerte de su hija durante un «exorcismo»

Una mujer salvadoreña ha sido acusada en California por la muerte de su hija Arely, de tres años, ocurrida durante un supuesto “exorcismo” familiar, y ahora solicitó a un juez que desestime el proceso penal al alegar que es víctima de persecución por sus creencias religiosas.

La acusada, identificada como Claudia Elisa Hernández, a finales de sus 20 años, comparecerá ante un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara el próximo 22 de enero, más de tres años después de la muerte de su hija Arely, según documentos judiciales citados por el medio estadounidense Daily Beast.

De acuerdo con los reportes policiales, Hernández participó junto a su padre y su hermano en la agresión contra la menor, a quien creían “poseída por un espíritu maligno” luego de que la niña despertara gritando. Las autoridades señalan que el supuesto ritual se prolongó durante horas y terminó con la muerte de la menor.

“Llegaron a las 6:30 a.m. [24 de septiembre de 2022], y durante las siguientes 12 horas, la inmovilizaron violentamente y le metieron los dedos en la garganta para hacerla vomitar, lo que creían que la ayudaría a expulsar el espíritu”, escribieron los agentes en el informe policial.

Arely, de tres años, la presunta víctima de su madre, Claudia Elisa Hernández.

Durante el ataque, la niña suplicó en repetidas ocasiones que se detuvieran y le decía a su madre: “Te amo”, según han detallado las autoridades.

Antes de ser arrestada, Hernández publicó un video en YouTube en el que defendió sus acciones ante las críticas. “No puedo cambiar lo que es. Es lo que es”, expresa la madre en esta grabación.

La defensa legal de Hernández, junto a la de su padre y hermano —ambos coacusados— presentó una moción conjunta argumentando que las autoridades los investigaron y procesaron debido a su religión y origen cultural. Los abogados invocaron la Ley de Justicia Racial de California, vigente desde 2021, que permite impugnar procesos judiciales si se considera que hubo sesgo por raza, etnia u origen nacional, incluso sin probar discriminación intencional.

Según el documento, la familia profesa el cristianismo pentecostal y sostiene creencias sobre posesión demoníaca y sanación divina. El padre de Hernández, un pastor que emigró desde El Salvador, había participado anteriormente en rituales de oración para expulsar espíritus malignos.

Los abogados alegan que los investigadores mostraron prejuicios al cuestionar reiteradamente a la familia sobre supuestas enfermedades mentales y al referirse a su iglesia como un lugar de culto “improvisado” o ilegítimo.

No obstante, expertos legales descartaron que la solicitud prospere ya que la libertad religiosa no ampara actos que pongan en riesgo la vida de un menor.

La Fiscalía solicita 25 años de prisión a cadena perpetua para los acusados por la muerte de la menor.

17 de enero de 2026