El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó este lunes que las negociaciones para vender la billetera estatal Chivo se encuentran “muy avanzadas”.
“Las negociaciones para la venta de la billetera electrónica gubernamental Chivo están muy avanzadas, y las discusiones con respecto al proyecto bitcoin continúan, centradas en mejorar la transparencia, salvaguardar los recursos públicos y mitigar los riesgos asociados”, indicó un comunicado del FMI tras las conversaciones con las autoridades salvadoreñas en el marco de la segunda revisión del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por $1,400 millones.
El acuerdo con el FMI, aprobado en febrero de 2025, establece el compromiso del gobierno de desmantelar o vender el monedero, lanzado en septiembre de 2021 para impulsar la adopción del bitcoin, en ese momento acompañado de un bono de $30. Sin embargo, su uso fue mínimo en los siguientes años.
Acuerdo de venta o desmantelar
El primer anuncio de venta o desmantelamiento lo dio Stacy Herbert, directora de la Oficina de Bitcoin, en diciembre de 2024, quien aseguró que, pese al acuerdo con el FMI, se mantendrías las compras de la criptomoneda e incluso se aumentaría.
En la primera revisión del SAF, realizada en mayo pasado, el FMI confirmó que el gobierno se comprometió a desmantelar el monedero en julio de 2025, pero la administración de Nayib Bukele no volvió a mencionar el tema en los meses posteriores.
La Oficina del Bitcoin mantiene adquisiciones constantes de la criptomoneda para aumentar la reserva, que hasta el 22 de diciembre suma 7,509.3 monedas.
En marzo de 2025, como parte de los compromisos de transparencia asumidos ante el FMI, el gobierno publicó los estados financieros de Chivo Wallet, los cuales confirmaron que la plataforma opera con pérdidas. En un resumen de cinco páginas, se detalló que el monedero cerró el año pasado con $245.4 millones en pasivos, que incluyen gastos pendientes por facturas, salarios de empleados, impuestos, cuentas y otras deudas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este lunes que “continúan los avances” para la segunda revisión del programa de $1,400 millones con El Salvador, al tiempo que destacó los resultados, económicos, fiscales y la publicación del estudio actuarial de pensiones.
Según un comunicado, la misión del FMI sostuvo conversaciones virtuales y presenciales en los últimos meses con las autoridades salvadoreñas, en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), aprobado en febrero de 2025, cuya revisión se esperaba para septiembre pasado.
La nota señala que “continúan los avances en las negociaciones hacia un acuerdo a nivel del personal técnico en torno a la segunda revisión del programa en el marco del SAF”.
El FMI destacó que la economía salvadoreña se expande a un “ritmo más rápido de lo previsto”, impulsada por una mayor confianza del mercado, el ingreso récord de las remesas familiares y una “inversión pujante”, por lo que proyecta un crecimiento económico de 4 % en 2025, por encima del 2.5 % estimado inicialmente.
“El compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal sigue siendo firme: la meta del saldo fiscal primario para fines de 2025 está bien encaminada hacia su cumplimiento, y el presupuesto para 2026 recientemente aprobado es consistente con una nueva reducción del déficit junto con una expansión del gasto social”, indicó el FMI.
Sistema financiero y pensiones
El organismo multilateral agregó que los esfuerzos fiscales están respaldados por la acumulación de reservas y una reducción del endeudamiento interno, de acuerdo con las metas establecidas en el programa, que contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).
“Para ayudar a apuntalar la consolidación proyectada, se ha publicado recientemente un estudio actuarial sobre pensiones, junto con el marco fiscal de mediano plazo”, indicó el Fondo.
De acuerdo con el cronograma, el estudio actuarial se debía publicar en septiembre tras una primera prórroga, ya que inicialmente se esperaba en junio. El Ministerio de Hacienda tiene disponible un link en el portal de Transparencia Fiscal, pero no se encuentra disponible, aunque en redes circula un documento.
Además, citó reformas orientadas a fortalecer la estabilidad financiera, la banca, la gestión de crisis y los sistemas de garantía, así como la adopción de regulaciones de Basilea II para mejorar la cobertura de liquidez y el financiamiento.
El FMI adelantó que las negociaciones para la venta de la billetera pública Chivo se encuentran “muy avanzadas”, mientras que las discusiones sobre el bitcoin se centran en la transparencia, la protección de los recursos públicos y la mitigación de riesgos.
El organismo sostuvo que continuará la “estrecha colaboración” con las autoridades salvadoreñas para alcanzar un acuerdo a nivel técnico sobre las reformas necesarias que permitan completar la segunda revisión del programa, cuyo aval del directorio habilitaría un nuevo desembolso.
Hasta la fecha, el FMI ha desembolsado $231 millones del programa: $113 millones en febrero, con la aprobación del acuerdo, y $118 millones tras la primera revisión en junio.
El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró el martes que la economía salvadoreña crecerá por encima del 4 % al cierre de 2025, superando en al menos 1.4 puntos porcentuales el crecimiento registrado en 2024, según sus estimaciones preliminares.
Durante un evento público por la colocación de la primera piedra de una nueva zona franca aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Bukele afirmó que el crecimiento económico será mayor a lo previsto por las entidades oficiales y multilaterales.
“Nuestra economía este año crecerá arriba del 4 %. Eso no lo dice todavía el BCR, pero vamos a crecer arriba del 4 %”, expresó.
El mandatario recordó que a principios de año se proyectaba un crecimiento de apenas 2.5 %, cifra que generó críticas. “Todo mundo dijo: ¡Qué bajo! Solo el 2.5 %. Pero vamos a crecer arriba del 4 %”, enfatizó.
Hasta ahora, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene su proyección de crecimiento para 2025 en un rango de entre 2.5 % y 3 %, mientras que el Banco Mundial mejoró recientemente su estimación de 2.2 % a 2.5 %, de acuerdo con la última actualización publicada en octubre.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene una visión más conservadora, y estima que la economía de El Salvador crecerá un 2.5 % en 2025 y mantendrá ese mismo ritmo en 2026, con una leve aceleración a 2.8 % en 2027, si se cumplen las condiciones previstas por el organismo.
El BCR informó en enero pasado que la economía salvadoreña cerró 2024 con un crecimiento del 2.6 %, impulsado por sectores como la industria manufacturera, la construcción y el turismo, aunque también enfrentó presiones por el encarecimiento del costo de vida.
Pese a los discursos optimistas del Ejecutivo, la percepción ciudadana sobre la economía se mantiene crítica. Según una reciente encuesta, el desempleo y el alto costo de la vida son los principales problemas para los salvadoreños, desplazando a la delincuencia como la principal preocupación nacional.
Los retos económicos persisten, a pesar del crecimiento moderado. Expertos insisten en que el país necesita fortalecer su competitividad, atraer inversión extranjera directa sostenible y mejorar la productividad para consolidar un crecimiento de largo plazo.
El Salvador suma, hasta este lunes, 7,502 bitcoines en «su reserva estratégica», con un valor de $647.4 millones, según las cifras alojadas en el sitio web de la Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC).
La reserva de El Salvador de bitcoin llegó a 7,502.37 monedas con la compra hoy de una criptoactivo más, según se observa en el portal web oficial de la referida oficina.
El Salvador hizo historia en 2021 al convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal.
Sin embargo, la apuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no tuvo el impacto esperado.
Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) limitó el uso del bitcoin y la compra de este activo por parte del Gobierno de El Salvador como una de las condiciones para un acuerdo económico por $1,400 millones.
A pesar de esta condición del FMI, el presidente Bukele aseguró en marzo pasado que la adquisición de bitcoin «no se detendrá en el futuro».
A finales de enero pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la Ley Bitcoin para eliminar la obligación de aceptar esta criptomoneda para los agentes económicos, suprimir el papel estatal en su uso y borrar referencias para aceptarla como una moneda de curso legal.
Diversas encuestas indican que 91.8 % de los salvadoreños no utilizó la criptomoneda en mención en 2024.
Desde un punto de vista técnico, la edad de jubilación para las mujeres debería incrementarse cinco años, pasando de 55 a 60 años, debido a factores estadísticos relacionados con la esperanza de vida y la sostenibilidad del sistema, advirtió este lunes Patricio Pineda, experto en pensiones y miembro de la Mesa por una Pensión Digna.
“Cinco años se elevaría la edad de retiro en mujeres, es una necesidad estadística, hay que ser honestos en esto, entonces de 55 pasaría a 60”, afirmó Pineda, al advertir que el panorama es diferente para los hombres, cuya participación en el sistema es mayor y cuyos ingresos son más altos. “No se necesita aumentar al mismo ritmo que las mujeres, pero sí se va a aumentar, entre dos o tres años”, puntualizó.
Según Pineda, «la participación activa comprando a mujeres con hombres es desventajosa para las mujeres como un 40%, entonces si se adecúan los datos combinando ingresos salariales, más las aportaciones, más la esperanza de vida, entonces en el caso del sector masculino que es el que más está participando en el sistema, no se necesita aumentar al mismo ritmo que las mujeres».
También señaló que el cabildeo que estén haciendo desde el gobierno “no sea dañino” en el sentido que se aumente la edad sin aumentar la tasa de remplazo.
«Lo otro que a subir, seguramente es la cotización, pero aquí la incógnita es de qué lado y por cuánto, si va a ser 50% patrono y trabajador y si va a ser 1%, 2% o 3%, no lo sé, es necesario», expuso.
Pineda advirtió que El Salvador es el segundo país en América Latina que más joven pensiona a su población, superado solo por Bolivia. Para mitigar el impacto del aumento en la cotización, propuso una revisión salarial que permita mejorar los ingresos de los trabajadores. “Es necesario mejorar los salarios”, subrayó.
Aunque el gobierno tiene previsto presentar la propuesta de reforma de pensiones el 10 de febrero de 2026, en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Pineda consideró incierta su aprobación.
“Podrán presentar el proyecto de reforma de pensiones en febrero, para cumplirle al FMI, pero que lo vayan a aprobar no lo sé, porque será un año previo a elecciones y aquí todo lo miden en cuestión de votos”, alertó. “La gente se le va a encachimbar” si se anuncian más años de trabajo y mayor cotización “a cambio de tener las mismas pensiones miserables”.
«Entonces aquí es cuestión de voluntad, de diálogo, porque el mismo Fondo Monetario Internacional le dice (al gobierno) presente el estudio en febrero, pero aprueben en junio, consulte a los trabajadores», aseveró Pineda.
Otro de los puntos que destacó Pineda fue que el Estado deje de emitir deuda para pagar en el sistema antiguo, para eso están las partidas del Presupuesto General del Estado y «dejar el Fondo Privados de los trabajadores en paz».
Según el informe de revisión del FMI del 15 de junio, la publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, afirmó en una entrevista con EFE que en 2026 el Ejecutivo impulsará la revisión de las leyes especiales que presionan el gasto público y son parte de las rigideces presupuestarias que afectan el perfil crediticio del país, que mantiene el grado de inversión con las agencias Moody’s y S&P.
La aspiración del Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, es presentar la mayoría de estas propuestas a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) «en la primera legislatura» de 2026, que comenzará el 1 de julio de ese año, señaló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Se trata de atacar «iniciativas que vienen acumulándose por años o décadas y que imponen aún más rigidez» al presupuesto nacional, que en el 2026 llega a 34,901 millones de dólares, el más elevado de la historia y un 13.6 % mayor al de este año.
Chapman, un economista que ha estado vinculado al mundo de los negocios y que por primera vez ejerce en el sector público, señala «lo contradictorio» de las normas especiales, porque son «decisiones que se van tomando mayoritariamente empujadas por grupos minoritarios que imponen rigidez en el presupuesto general del Estado, contrario a las demandas de los ciudadanos», que están exigiendo «disminuir el gasto y más inversión» para el desarrollo.
Con la revisión de estas legislaciones vigentes, el Ejecutivo se hace «eco del sentir de la población, de los ciudadanos, primordialmente los que no están vinculados al sector público, y también de los pronunciamientos de quienes analizan el país, dentro y fuera».
Es por ello que el ministro anhela que el Parlamento unicameral, de 71 escaños, actúe de forma «responsable» frente a la iniciativa del Ejecutivo para establecer «reglas que sean sostenibles a lo largo del tiempo, donde los funcionarios públicos reciban el beneficio al que aspiran pero también se cumpla con las demandas de los ciudadanos, que son quienes proveen los recursos» a través del pago de impuestos.
Chapman ha puesto sobre la mesa la necesidad de esta revisión en el marco de política de reducción y optimización del gasto público ante los riesgos persistentes de que Panamá pierda el grado de inversión, que aún mantiene con las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s (S&P), no así con Fitch, que se lo quitó en marzo de 2024.
Moody’s señaló en noviembre pasado, cuando ratificó en Baa3 con perspectiva negativa el grado de inversión a Panamá, que el país enfrenta desafíos fiscales principalmente a causa de la rigidez presupuestaria en el gasto y una base de ingresos gubernamentales estrecha resultado de la baja recaudación.
La calificadora señala como rigideces presupuestarias las leyes que dictan aumentos salariales, las ineficiencias en la asignación de subsidios y los gastos en educación, que representan el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), y afirma que estas limitan la capacidad del gobierno para realizar un ajuste fiscal efectivo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de Panamá crecerá un 4 % este 2025, por encima del 2,4 % de América Latina y el Caribe.
El Ministerio de Hacienda destacó los avances en las condiciones fiscales y la aprobación de leyes “adecuadas” con incentivos para atraer más inversiones en El Salvador, país anfitrión del Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y el Caribe (GET Forum), con ponentes de 25 países.
En la inauguración de la jornada de este lunes, Jerson Posada, ministro de Hacienda, elaboró un rosario de factores que, según él, han contribuido a mejorar la imagen de El Salvador a nivel internacional y encaminarlo a convertirse en un hub de innovación.
Según Posada, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda las políticas fiscales que implementa la Administración de Nayib Bukele, lo que ha permitido aliviar las finanzas públicas e incluso mejorar la percepción de riesgo de El Salvador, medida por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), desde el máximo reportado de julio de 2022 de 35.12 puntos, hasta 3.57 a finales de noviembre.
“Estamos cada día mejorando más”, señaló Posada, al tiempo que indicó que se ha pasado de tener déficit fiscal a superávit primario (gastar menos de lo recaudado). Para 2025, Hacienda prevé que este sea de 1.5 % como relación del producto interno bruto (PIB).
Posada consideró que el crecimiento económico será más “agresivo” a partir de los indicadores registrados hasta la fecha y superará las proyecciones de los multilaterales, que oscilan entre 2.5 % y 3.5 %.
A la lista se suma la mejora regulatoria, agregó, porque “El Salvador ha sabido pasar las leyes adecuadas que generen este ambiente de certidumbre y seguridad jurídica a las empresas”.
Entre las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa se encuentra una para atraer bancos de inversión, que podrán operar en bitcoin o activos de fácil liquidación; un régimen especial para incentivar las inversiones de alto valor con exoneración de impuestos; e incentivos fiscales a salarios de técnicos de nuevas inversiones o a la contratación de salvadoreños retornados.
James P. Scriven, del BID Invest, durante una jornada el lunes como parte del GET Forum. /DEM
Posada mencionó ante un panel de líderes empresariales el acuerdo con Google por $500 millones para proyectos de innovación y educación, así como el lanzamiento de DoctorSV, como muestras de los avances de El Salvador en materia tecnológica.
“Son más que cifras técnicas”, zanjó el funcionario durante un conversatorio compartido con Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, y Ricardo Augspurg, de Agrisal y presidente del hub de innovación SNBX.
Adaptación del sector privado
“El Salvador está demostrando que puede competir como un hub emergente de innovación en la región”, agregó la representante del BID, mientras que Augspurg aseguró que Agrisal, que tiene 120 años de operaciones, se encuentra en una “etapa de crecimiento sin precedentes” que es apalancada, en parte, por las condiciones económicas.
“Algo fundamental es que los esfuerzos de país están convergiendo hoy más que nunca”, indicó Augspurg, quien consideró que el sector privado y el público, junto con emprendedores y organismos internacionales, “están alineando sus prioridades y estamos trabajando de manera coordinada”.
Para el líder empresarial, El Salvador avanza en convertirse en un hub tecnológico basado en tres “razones”, que abarcan el “entorno habilitante que genera confianza” mediante la seguridad.
En segundo lugar, añadió, la adopción de tecnología que da “pasos importantes y reales” en todos los sectores de la economía, mientras que la tercera razón es un ecosistema que “comienza a consolidarse cada día con mayor fortaleza”, con aceleradoras de empresas emergentes e iniciativas privadas.
“Una empresa con 120 años de historia, para nosotros, este es un momento extraordinario, trascendental. Creemos más que nunca en El Salvador, en lo que cada uno de nosotros hace por nuestro país y estamos invirtiendo para que esta transformación sea sostenible, competitiva y, sin duda, de largo plazo”, sostuvo.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, aseguró este lunes que el Gobierno salvadoreño trabaja en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la elaboración del estudio actuarial que abrirá las negociaciones para una nueva reforma del sistema de pensiones, así como la próxima revisión del programa de $1,400 millones.
Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno salvadoreño para acceder al programa es realizar una reforma al sistema de pensiones que, según el contrato, se tendría para febrero de 2026. Pero, primero, debe presentar un estudio actuarial que inicialmente estaba previsto para julio de 2025 y luego se pospuso para septiembre, cuyos resultados aún no se publican.
“Estamos coordinados con el FMI en torno a los documentos que con ellos hemos acordado que se tienen que presentar. Estamos conforme a los tiempos y coordinados y conversando con ellos”, dijo Posada sobre la preparación del estudio actuarial.
Dicho estudio es clave para la nueva reforma, luego de que la última, vigente desde 2023, agravara las vulnerabilidades del sistema y acelerara el agotamiento de los ahorros, según un análisis que realizó el FMI en el marco del Artículo IV de 2023.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, indicó que avanzan con el FMI sobre la reforma al sistema de pensiones. «Estamos coordinando con el FMI en torno a todos los documentos que con ellos hemos acordado que se deben presentar. Estamos conformes los tiempos», afirmó, pero no… pic.twitter.com/fPAABIoGFd
En la última revisión del Servicio Ampliado (SAF), en julio de 2025, el FMI se decantó por elogiar el desempeño del programa y aseguró en ese momento que tuvo un comienzo auspicioso. Por ello se aprobó un segundo desembolso de $118 millones que, sumado al primer tramo de $113 millones, totalizaba $231 millones.
La próxima revisión del programa se esperaba en octubre pasado, pero tampoco hubo comunicación pública sobre su desarrollo. Estos análisis son clave porque se revisa el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno y dan paso a la aprobación de nuevos desembolsos.
Sin comprometerse con fechas para la próxima revisión, Posada insistió en que “estamos trabajando con ellos en coordinación para cada una de las revisiones que se tienen que hacer y en los momentos que tengan que estar listas”.
El contrato publicado por el FMI establece que se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores. Luego serán semestrales para analizar las reformas estructurales.
El ministro de Hacienda consideró el acuerdo con el FMI una pieza clave para atraer inversiones y sostener las finanzas públicas, según expuso durante el GET Forum que se realiza en El Salvador con el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID).
“El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, efectivamente, ha servido de soporte para todas las políticas que hemos venido implementando en la parte fiscal y estamos trabajando con ellos en una serie de acciones que ya desde el Gobierno se habían planificado”, dijo.
El Salvador tiene más de 80 empresas fintechs y exchanges registradas a nivel nacional, según la memoria de labores de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB).
El documento, que recolecta información entre junio de 2024 y mayo de 2025, señala que en El Salvador operan 58 plataformas digitales para comprar, intercambiar y vender activos.
Además, se tienen a más de 30 empresas dedicadas a la tecnología financiera (fintech).
La AAB señaló que hay grandes empresas que han invertido en El Salvador, como Tether Holdings que, además del capital, apoyará a la adopción y el uso de activos digitales y bitcoin.
“Esta colaboración estratégica ha sido crucial para impulsar el desarrollo y la expansión del mercado de activos digitales en El Salvador, facilitando su adopción y democratizando el acceso a las finanzas”, puntualizó la AAB.
El gobierno aseguró que ha establecido una “red sólida” de alianzas estratégicas para inversiones y proveedores de servicios.
La AAB fue creada bajo el Decreto Legislativo 643, publicado en enero de 2023, y, desde entonces, la institución asegura que se promovió la innovación financiera y se fortaleció el talento humano.
Previsiones
Para el período de junio de 2025 a mayo de 2026, la agencia administradora espera que las reservas de bitcoin crezcan en El Salvador.
El gobierno dijo en el documento que se posiciona en el top 5 a nivel mundial de países que “más custodian” este activo digital, con más de 6,000 monedas.
A futuro, la AAB espera que El Salvador se convierta en un “referente mundial” en la adopción de activos digitales, así como fortalecer la confianza económica de la mano del bitcoin para contribuir con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y “optimizar” las inversiones financieras.
El 17 de noviembre, el presidente Nayib Bukele confirmó que el país posee más de 7,400 bitcoin equivalentes, en ese momento, a $685 millones.
La situación se da pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al gobierno de su desvinculación con la adquisición de bitcoin y el desmantelamiento de los Chivo Wallet.
Pero, hasta la fecha, ninguna de las dos medidas se ha concretado, al menos públicamente, pese a que el organismo internacional ya aprobó financiamiento como parte de un programa pactado con El Salvador.
El Salvador está a menos de un mes de cumplir un año desde que el FMI confirmó un acuerdo de financiamiento por $1,400 millones para el país.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sufrió el domingo su primer revés político tras perder de forma contundente el referéndum que promovía reformas estructurales en el país. Con más del 99 % del escrutinio, el ‘No’ se impuso en las cuatro preguntas planteadas, lo que representa un golpe político apenas siete meses después de haber sido reelecto hasta 2029.
La ciudadanía rechazó la instauración de una Asamblea Constituyente (61.72 %), la instalación de bases militares extranjeras (60.77 %), la eliminación del financiamiento público a partidos (58.21 %) y la reducción de asambleístas (53.61 %).
La derrota se atribuye a factores como el incremento de la violencia, medidas económicas impopulares y el enfrentamiento con la Corte Constitucional.
Aunque su gobierno ha capturado a los líderes de bandas criminales, Ecuador atraviesa su peor crisis de violencia en la historia reciente. Con una proyección de hasta 9,000 homicidios este año, el país lidera los índices de asesinatos en Latinoamérica.
Desde que Noboa declaró “conflicto armado interno” y calificó a las bandas como “terroristas”, las extorsiones y explosiones han aumentado, principalmente en ciudades como Guayaquil.
Ajustes económicos y protestas indígenas
Bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien firmó un acuerdo por $5,000 millones entre 2024 y 2028, Noboa incrementó el IVA del 12 % al 15 % y eliminó subsidios al diésel y a las gasolinas más utilizadas. Las medidas provocaron protestas de organizaciones indígenas que fueron reprimidas violentamente, con saldo de al menos dos fallecidos.
Además, el mandatario redujo de 20 a 14 los ministerios del Ejecutivo y despidió a 5,000 empleados públicos, lo que encendió más descontento social.
Choque con la Corte Constitucional
Otra fuente de conflicto fue la decisión de la Corte Constitucional de suspender varias leyes de seguridad impulsadas por el Ejecutivo. En respuesta, Noboa propuso una Asamblea Constituyente para reemplazar la actual carta magna y encabezó marchas contra los jueces, a quienes calificó como “enemigos de la ciudadanía”.
El órgano judicial se convirtió así en el principal contrapeso a sus decisiones.
Cárcel de máxima seguridad y el caso Glas
Días antes del referéndum, Noboa trasladó a 300 reos considerados de alta peligrosidad a una nueva prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo carcelario de El Salvador.
Entre ellos se encontraba el exvicepresidente Jorge Glas, condenado tres veces por corrupción y detenido este año en un polémico operativo dentro de la embajada de México en Quito, tras haber recibido asilo.
El traslado de Glas, visiblemente deteriorado, fue exhibido por el Gobierno en redes sociales, generando fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.
