Redacción DEM

Etiqueta: FMI

  • Lotería Nacional de Beneficencia triplica sus ingresos y disminuye su patrimonio según sus estados financieros

    Lotería Nacional de Beneficencia triplica sus ingresos y disminuye su patrimonio según sus estados financieros

    La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) cerró con un patrimonio de $1.5 millones al cierre del año 2024, la mitad de los $3.1 millones con los que cerró el año 2023, de acuerdo con los estados financieros de las empresas públicas publicados en el Portal de Transparencia Fiscal.

    Durante los últimos cinco años, el total de patrimonio de la LNB ha disminuido de $3.8 millones en 2020 a $1.5 millones en 2024, un poco más de la mitad, 60.5 %. El patrimonio total es la diferencia entre los activos, los bienes que tiene una entidad, y sus pasivos, es decir sus deudas u obligaciones.

    El resumen de los estados financieros identifica, por separado, un “patrimonio estatal” dentro de la LNB, y lo establece en $6.8 millones en el año 2020, con una disminución del 60.3 % hacia el año 2024, cuando se fijó en $2.7 millones.

    Según sus estados financieros, el patrimonio estatal está compuesto por el “patrimonio” que cerró en $1.5 millones negativo en el año 2024 y había cerrado $2.5 millones en positivo en 2020; “reservas” que se han mantenido superiores a los $4.2 millones en los últimos cinco años; y detrimento patrimonial.

    Bienes y deudas

    Los activos de la Lotería Nacional de la Beneficencia (LNB) cerraron en $7.2 millones en el año 2024 con un aumento de $400,000 respecto al año anterior; mientras, las deudas totales cerraron en $5.7 millones, con un aumento de $2 millones respecto al año anterior.

    El aumento en los pasivos o las deudas ocurre concretamente en los pasivos corrientes dentro de “Financiamiento de terceros” y “Acreedores financieros”.

    El leve aumento en los activos se debe al aumento en las existencias institucionales, que se duplican de $900,000 a $1.8 millones.

    Sin embargo, también dentro de los activos totales, las disponibilidades de los fondos disminuyen de $2.5 millones a $2.1 millones, las inversiones temporales se mantienen en $1.2 millones, los bienes de uso se mantienen en $1.8 millones y los deudores a largo plazo se mantienen en $300,000.

    Se triplican los ingresos de la LNB

    Según los estados de rendimiento financiero de los últimos cinco años, el total de ingresos anuales de la LNB se han triplicado desde 2020, ya que han aumentado en un 226 % desde $18.8 millones en 2020 hasta llegar a $61.3 millones en 2024. De la misma manera, han aumentado los gastos de $21.8 millones a $62.5 millones en el mismo periodo.

    Los ingresos aumentan por el alza de la venta de bienes y servicios, de $18.5 a $60.9 millones; y los gastos que aumentan son transferencias otorgadas, de $11.9 millones a $41 millones, aunque también aumentan los costos de venta y cargos calculados, de $4.3 a $12.8 millones, y gastos en bienes de consumo y servicios, de $1.9 a $4.5 millones. El gasto en personal ha aumentado de $3.7 millones a $4.1 millones en cinco años.

    La diferencia entre los gastos y los ingresos resulta en un negativo $1.2 millones, en donde los gastos superaron a los ingresos en 2024, algo que se conoce como “resultado del ejercicio. Este dato fue positivo en 2023, que cerró con $300,000 y en 2021, que cerró con $600,000. El año 2022 cerró con un $1.9 millones en negativo; y el 2020, con un $3 millones en negativo.

    La Dirección General de Contabilidad Gubernamental publicó el documento “Estados financieros empresas públicas” del periodo 2020-2024 en el Portal de Transparencia Fiscal. La publicación de los estados financieros de la LNB, además de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO, como de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) fue parte de los compromisos incluidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Nacional (FMI).

  • S&P mantiene calificación de El Salvador, pero advirtió de una desafiante situación fiscal y pensiones

    S&P mantiene calificación de El Salvador, pero advirtió de una desafiante situación fiscal y pensiones

    La calificación de riesgo soberano S&P Global Ratings reafirmó el 20 de agosto la calificación de la deuda soberana de El Salvador por el soporte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió de una delicada situación fiscal y de pensiones.

    La agencia explicó que la preceptiva muestra un equilibrio por la “aún desafiante situación fiscal” por el alto servicio de la deuda proyectado en medio de una drástica mejora en la seguridad pública que debería impulsar el crecimiento económico, así como mejores condiciones para acceder a financiamiento con instituciones multilaterales.

    La suma de estos factores debería “seguir conteniendo los riesgos de incumplimiento soberano durante los próximos 12 a 18 meses”.

    La agencia agregó que la calidad crediticia de El Salvador se ve limitada por un débil marco institucional y gestión económica, que ha derivado en “dos incumplimientos de pagos” con los fondos de pensiones en los últimos 10 años.

    “También se ve limitada por un crecimiento económico moderado que ha mantenido al país con menores indicadores de riqueza que muchos otros países con la misma calificación y ha contribuido a la debilidad fiscal y a una elevada deuda gubernamental”, sostuvo.

    Para la agencia, el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Administración de Nayib Bukele mejoraría la capacidad de pago a largo plazo.

     

    Carga de pensiones

    La agencia advirtió que de un agotamiento del fondo de solidaridad del sistema de pensiones, al tiempo que ejercerá presión en las cuentas fiscales: “Esperamos que el fondo de solidaridad para el sistema de pensiones de contribución definida se quede sin reservas durante nuestro horizonte de proyección”.

    “En nuestra opinión, el fin del período de gracia del servicio de la deuda con los fondos de pensiones privados en 2027 aumentará la carga de intereses y mitigará cualquier ganancia esperada en superávit primario”, añadió.

    Tras la última reforma de pensiones, en 2023 el gobierno salvadoreño hizo un canje de la deuda con las AFP por certificados de largo plazo, que incluyó un período de gracia de cuatro años de intereses y capital.

    Anticipa que el sistema público siga dependiendo de los fondos de pensiones para financiar los déficits y, en un escenario base, el pago de intereses alcanzaría un máximo superior al 20 % de los ingresos del gobierno al final del período de gracia de la deuda con el sistema de pensiones. Además, la deuda pública neta llegaría a un 91 % en 2028, desde un 84 % en 2024.

    Estos escenarios están sujetos a una reforma que debe presentar el gobierno salvadoreño a más tardar el 10 de febrero de 2026, según el programa de compromisos del FMI.

    “Esperamos que el gobierno apruebe una reforma previsional en 2026, pero no hay claridad sobre cómo abordará la deuda del sistema de pensiones que tienen las AFP”, dijo.

    La calificadora recordó que la ley obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a comprar certificados previsionales, que ascendieron a un 30 % del PIB en 2024.

     

    Mejorar de nota bajo condiciones

    Sin embargo, advirtió que podría rebajar la calificación en los próximos seis o 12 meses si el gobierno salvadoreño no avanza con los compromisos del acuerdo con el FMI, ya que podría obstaculizar el acceso a financiamiento.

    También podría empeorar la nota de la deuda salvadoreña si los déficit fiscales siguen elevados, pues aumentaría la probabilidad de incumplimiento de pago a medida se acerca el final del período de gracia acordado en 2023 con las AFP.

    Por el contrario, S&P Global Ratings agregó que podría aumentar la calificación en los próximos 12 o 18 meses si El Salvador mejora su desempeño fiscal, con mayor libertad para cumplir sus obligaciones.

    S&P Global Ratings prevé que el PIB crezca un 2.5 % entre 2025 y 2028 en virtud de los flujos de remesas y la mejora en la seguridad. Además, espera que la inflación se mantenga baja durante los próximos tres años.

  • La prima de riesgo de Panamá cae casi un 40%, "reflejando mayor confianza internacional"

    La prima de riesgo de Panamá cae casi un 40%, «reflejando mayor confianza internacional»

    La prima de riesgo de Panamá cayó casi un 40%, al pasar de 330 a 200 puntos básicos, «reflejando mayor confianza internacional y mejores condiciones de financiamiento», informó este sábado el Gobierno de ese país.

    «Este avance en la percepción internacional no es un dato frío: significa que Panamá está recuperando su buen nombre ante las plazas financieras. Cada punto que se reduce en nuestros márgenes representa dinero liberado que podemos invertir en mejorar la vida de los ciudadanos», dijo el ministro de Economía, Felipe Chapman.

    Los márgenes que «paga» Panamá, señala en un comunicado la cartera de Economía, «al emitir deuda en las plazas financieras internacionales han caído a su nivel más bajo en más de dos años», lo que significa que «puede financiar sus proyectos a un costo menor, lo que se traduce en mayores posibilidades de inversión en obras y servicios para la población».

    En los últimos meses, Panamá «pasó de pagar una prima de riesgo superior a 330 puntos básicos a solo 200, lo que representa una reducción cercana al 40%», lo que refleja «que los inversionistas externos reconocen el esfuerzo del Gobierno en ordenar las finanzas públicas, proteger la economía y fortalecer la confianza», agrega la misiva.

    Eso supone que el «Estado podrá acceder a financiamiento en mejores condiciones generando importantes ahorros en el pago de intereses» destinando esos fondos a «más escuelas, hospitales, carreteras y proyectos de agua potable».

    El Gobierno panameño mantiene la expectativa de un crecimiento económico del 4 % para este año, la misma previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que está por encima de la regional del 2 % y de la mundial de 2,8 %.

    Después de que el producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2,9 % en el 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque marcado por el lastre del abrupto cierre de una gran mina de cobre que ha ralentizado su ritmo de expansión.

    Desde que asumió el quinquenio el 1 de julio de 2024, el presidente José Raúl Mulino ha reclamado en distintos foros que Panamá sea falsamente acusado de paraíso fiscal, y alertó que las empresas de aquellos países que lo mantuvieran en «listas discriminatorias» serían excluidas de las licitaciones panameñas.

    El Parlamento Europeo decidió el pasado julio eliminar finalmente a Panamá y otras jurisdicciones de la lista de blanqueo, después de que la Eurocámara hubiese rechazado el repertorio que el Ejecutivo comunitario había planteado inicialmente en abril de 2024, una decisión que fue ampliamente aplaudida por el Gobierno panameño.

    Y, el pasado viernes, Ecuador sacó oficialmente a Panamá de su lista de paraísos fiscales gracias a un acuerdo de cooperación tributaria, según informó la cancillería panameña. También, el país salió en 2023 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

  • FMI prevé que efecto del arancel de EEUU a El Salvador sea leve

    FMI prevé que efecto del arancel de EEUU a El Salvador sea leve

    El efecto directo en El Salvador del arancel impuesto por Washington de un 10 % será “leve”, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque advirtió de sectores vulnerables por la dependencia de insumos intermedios.

    La Administración de Donald Trump endureció su política arancelaria el 2 de abril de 2025 cuando anunció una tanda de aranceles a los países de mayor peso en la canasta comercial estadounidense, así como una tasa mínima del 10 % para 90 naciones, entre las cuales se incluyó a El Salvador.

    Aunque poco después anunció una prórroga, la pausa solo aplicaba para los países con tasas por arriba del 10 %. De esa manera, los exportadores salvadoreños comenzaron a pagar el arancel el 9 de abril de 2025, cuando entró en vigencia.

    En el informe sobre la consulta al Artículo IV y la primera revisión del programa de Servicio Ampliado (SAF), el FMI analizó que el efecto del arancel será leve, pero recordó que El Salvador está expuesto indirectamente al vaivén de la cadena global de valor.

    Desgranó que la industria textil y confección, así como el sector agrícola y los rubros que dependen de insumos intermedios importados se encuentran vulnerables a los efectos externos de la guerra comercial.

    “Se espera que estos cambios en la política comercial, y la incertidumbre en relación con las perspectivas de cambios futuros afecten los flujos comerciales a través de vínculos directos e indirectos, aunque el momento y la magnitud de estos efectos son muy inciertos”, sostiene el FMI en el informe.

     

    Escenarios

    El FMI elaboró escenarios sobre cómo podría afectar la elevada incertidumbre en las políticas comerciales.

    Un escenario plantea que EE. UU. aumenta los costos comerciales a las exportaciones de origen de China, Canadá y México en 25 puntos porcentuales, mientras que al resto de los países les deja un 10 %.

    El segundo escenario contempla que los socios comerciales toman represalias simétricamente.

    Según el análisis, un arancel uniforme para todos los países tendría un efecto pequeño, porque la mayoría de los países tendrían el mismo trato. En cambio, si la tasa es más alta para China, Canadá y México, resultaría más atractivo para los consumidores estadounidenses adquirir productos de otros lugares, como El Salvador.

    Inicialmente, los empresarios salvadoreños consideraron que El Salvador tendría ventaja si Washington imponía tarifas más altas a México, el principal proveedor de EE. UU., pero ocurrió lo opuesto, ya que Trump mantuvo en pausa varios ajustes a los productos mexicanos, mientras que la mercadería salvadoreña ingresa más cara por el arancel.

     

    Negociaciones sin fruto

    El FMI reconoce que los efectos podrían mitigarse si El Salvador y Estados Unidos acuerdan una reducción de los aranceles, un tema que ha estado en agenda desde el anuncio de imposición, pero que hasta la fecha no se tiene una respuesta.

    La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) esperaba una respuesta positiva de la Administración Trump durante la primera semana de agosto, después de calificar las negociaciones de positivas.

    Aún si logra un trato preferencial, “El Salvador seguiría sujeto a las repercusiones de las políticas del resto del mundo”.

    Estados Unidos se convirtió en la década de 1940 en el principal socio comercial después de desplazar a Gran Bretaña, en ese momento con la compra de café. Actualmente representa un 30.6 % de las exportaciones salvadoreñas, con más de $1,045.9 millones enviados en el primer semestre de 2025. Sin embargo, las importaciones sumaron $2,234.6 millones, 2.1 veces más que los envíos.

    Sumando a los países vecinos, el 80 % de las exportaciones salvadoreñas van a Centroamérica y Estados Unidos.

    El FMI estima que El Salvador ha promediado un déficit comercial -entre bienes y servicios- del 20 % del producto interno bruto (PIB), el cual se ha financiado principalmente por la llegada de remesas.

     

  • El Salvador sigue en el mapa cripto, pese al bajo uso entre la población, revela estudio

    El Salvador sigue en el mapa cripto, pese al bajo uso entre la población, revela estudio

    El Salvador se mantiene como un destino “estratégico” para el ecosistema de criptomonedas, aunque el 92 % de la población no usa la criptomoneda, destacó un estudio de la agencia de relaciones públicas Sherlock Communications.

    El estudio, realizado por el investigador Luiz Eduardo Abreu Hadad, revisó la madurez del ecosistema de criptomonedas y las actualizaciones regulatorias en América Latina.

    La investigación recuerda que El Salvador fue el primer país en el mundo en reconocer el bitcoin como moneda de curso legal septiembre de 2021, pero la adopción de la criptomoneda es “baja a nivel popular” con solo un 1.7 % de la población con activos.

    El documento sostiene que la falta de confianza y utilidad en la vida cotidiana en el bitcoin es uno de los motivos detrás de la baja adopción, a pesar de que el “gobierno promueve agresivamente el uso de criptoactivos”.

    Además, el bitcoin pierde apetito en el mercado por la baja inflación, a diferencia de países con altas tasas inflacionarias donde las criptomonedas sirven de refugio. “El hecho de que El Salvador ya tenga una economía dolarizada hace que la adopción de stablecoins sea baja. Por ahora, la mayoría de los salvadoreños sigue prefiriendo las finanzas tradicionales”, añade.

    Al cóctel se suma el bajo uso de la criptomoneda para enviar remesas, con apenas un 0.52 % del total en el primer trimestre al sumar $16 millones, una cifra también inferior en un 45 % en comparación con el mismo período de 2024. El reporte agrega que los salvadoreños prefieren el efectivo o los canales fintech por los problemas con la billetera Chivo y la volatilidad de las criptomonedas.

     

    Con el acuerdo del FMI, el gobierno se comprometió a liquidar la Chivo Wallet en julio. /DEM

    “En resumen, las iniciativas del gobierno en materia cripto todavía no han logrado integrarse de forma significativa en la vida financiera diaria de la mayoría de los hogares”, indica.

     

    Entonces, ¿por qué es un destino?

    Según el informe, la postura del gobierno envía señales positivas. Por un lado, la reserva estratégica de bictoin continúa en crecimiento con más de 6,200 monedas por un valor cercano a los $620 millones.

    “La administración del presidente Nayib Bukele continúa con su estrategia de comprar 1 BTC al día, lo que indica confianza a largo plazo”, indica, al tiempo que asegura que Estados Unidos comienza a implementar una reserva similar.

    También cita que, según las autoridades salvadoreñas, el bitcoin y la mejora en seguridad son parte de los atractivos que moviliza el turismo. Bitcoin Beach, en el Zonte, La Libertad, se mantiene como un referente, con negocios que aceptan pagos en la criptomoneda.

    Al menos 181 empresas de criptomonedas se encuentran registradas ante el Banco Central de Reserva (BCR), pero solo 20 están operativas.

    Las plataformas locales con licencia reportan que los bancos con frecuencia niegan cuentas por presiones de las instituciones financieras en Estados Unidos debido la presión de riesgos. Sin embargo, con la Administración Trump se espera una relajación de las normas y facilite la integración del ecosistema.

    “Los expertos del sector consideran a El Salvador como un país amigable con las criptomonedas, destacando que la infraestructura legal ya está lista para un posible ingreso de capital en el próximo mercado alcista”, sostiene el reporte.

    Además, El Salvador ofrece un marco “legal atractivo”, aun cuando el gobierno retiró al bitcoin la categoría de moneda de curso legal como parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de $1,400 millones, al tiempo que limitará la intervención pública en el ecosistema bitcoin y liquidará la Chivo Wallet.

  • Banco Mundial aprueba $350 millones a El Salvador para finanzas y resiliencia ante desastres

    Banco Mundial aprueba $350 millones a El Salvador para finanzas y resiliencia ante desastres

    El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó este viernes un préstamo de $350 millones para sostenibilidad fiscal y resiliencia ante desastres climáticos.

    El Banco Mundial detalló que la operación incluye una serie de hasta $100 millones, con opción de desembolso diferido ante una catástrofe por desastre natural o de salud que se puede activar tras una declaratoria oficial de emergencia por parte del gobierno.

    Jerson Posada, ministro de Hacienda, aseguró que El Salvador ha dado pasos “firmes” para estabilizar la economía y fortalecer las finanzas públicas, que mejoren la imagen y la confianza en el mercado.

    “Este financiamiento respalda nuestro compromiso con una gestión fiscal responsable, al igual que con la protección de la población ante los crecientes riesgos climáticos. Además, se alinea con los objetivos de gobierno, promoviendo una estabilidad macroeconómica que favorezca la creación de empleos productivos”, sostuvo.

     

    Finanzas públicas

    Uno de los pilares del programa se basa en la sostenibilidad fiscal a través del cual el Banco Mundial apoyará al gobierno en el análisis de medidas para racionalizar la masa salarial pública y modernizar el marco regulatorio del servicio civil.

    Este es uno de los objetivos perseguidos con el programa de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo programa establece que la reforma integral del servicio civil se debe publicar en septiembre próximo y se presentará para su aprobación en 2026.

    “Nuestro compromiso es apoyar la sostenibilidad fiscal, a través de una gestión pública más eficiente, y la atracción de inversión privada para generar empleos de calidad y servicios más efectivos”, añadió Carine Clert, gerente de país del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica.

    Además, respaldará acciones para aumentar la eficiencia de la inversión pública y atraer fondos privados para infraestructura mediante las asociaciones público-privadas o de economía mixta.

    La segunda línea de trabajo del préstamo contempla medidas para que el país esté mejor preparado ante emergencias climáticas. Este pilar incluye una planificación metropolitana resiliente en San Salvador que beneficiará a 200,000 personas con espacios verdes que mitigan el calor extremo e inundaciones.

  • Deuda estatal de pensiones cerró en $10,876.81 millones en junio de 2025

    Deuda estatal de pensiones cerró en $10,876.81 millones en junio de 2025

    La deuda de pensiones cerró en $10,876.81 millones a junio de 2025 luego de una emisión total de $2,482.05 millones en nuevos certificados estatales que han sido adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) después de la reforma aprobada en 2022 y vigente a partir de 2023.

    Según el Banco Central de Reserva, la deuda estatal con los fondos de pensiones heredada de años anteriores, antes de reforma, asciende a $8,394.77 millones. Su monto no ha variado desde la reforma de 2022, gracias a un acuerdo entre el gobierno y las AFP para congelar por cuatro años las amortizaciones de intereses o capital de dicha deuda.

    La reforma de 2022 facultó al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que antes era el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), a que emitiera Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

    La deuda anterior fue emitida a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que eran emitidos por el extinto Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) a tasas menores de rendimiento.

    El gobierno realizará una nueva reforma de pensiones a la luz del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    El acuerdo con el FMI busca una financiación adecuada del sistema de pensiones, la reducción de la dependencia estatal de los fondos de pensiones, la diversificación de las inversiones de los ahorros de los trabajadores cotizantes en las AFP y también buscan la contención de los costos fiscales asociados a la reforma de 2022.

    Está prevista la publicación de un informe actuarial para septiembre, la publicación de una propuesta de reforma de pensiones para el 10 de febrero de 2026 y la aplicación de la reofrma “a mediados de 2026” con las recomendaciones del FMI.

    El FMI mantiene vigente la negociación del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que incluye un financiamiento gradual de $1,400 millones y que en el fondo busca lograr una estabilidad financiera de El Salvador.

  • Afectados COSAVI piden por tercera vez al FMI incluya su caso como criterio de transparencia en acuerdo con gobierno salvadoreño

    Afectados COSAVI piden por tercera vez al FMI incluya su caso como criterio de transparencia en acuerdo con gobierno salvadoreño

    Un grupo de afectados del desfalco millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (Cosavi de R.L.) han decidido enviar una tercera carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar, nuevamente, que la entidad tome en cuenta su caso como criterio de cumplimiento dentro del acuerdo de $1,400 millones con el gobierno salvadoreño.

    Esta es la tercera carta que los afectados Cosavi envían al FMI y específicamente solicitan “la inclusión de criterios de desempeño para transparencia y medidas anticorrupción en la administración financiera de Cosavi en la próxima revisión del acuerdo stand-by con El Salvador”.

    “Es nuestra tercera nota al Fondo, para que considere el caso Cosavi como un caso de corrupción, un caso de manejo oscuro desde la gestión pública, dado que la Superintendencia del Sistema Financiero tiene secuestrados nuestros ahorros; es el Estado salvadoreño a través de la SSF, y reiterarle al Fondo nuestra solicitud para que el caso Cosavi sea incluido como un indicador de cumplimiento, es decir, que si el Fondo finalmente decide incluirlo, entonces el gobierno tendrá que resolver el caso si quiere seguir recibiendo las erogaciones de los $137 millones que se han anunciado”, explicó Juan José Ortiz, vocero de los afectados.

    Los socios defraudados también reiteraron que el mecanismo de entregar el dinero por capas no funciona, en primer lugar, porque a penas van en la capa de $45,000, que fue anunciada el 30 de abril pasado, según dijo el presidente de la Junta Directiva de Afectados Cosavi, Julio Flores.

    “Lastimosamente, la información que fluye de la SSF para con nosotros los afectados Cosavi es mínima, por no decir nula, por tanto ni tenemos un dato exacto del número de beneficiados con esas famosas capas, ese sistema de capas no nos beneficia en nada. La cooperativa mantenía un margen arriba de los $50,000 en ahorros por socio. Exigimos a la SSF, al gobierno, a la Fiscalía información de qué pasó con nuestros ahorros, ya pasaron tres meses que la señora Evelyn Gracias anunciara esa capa de los $45,000, ¿cuántos han sido beneficiados? No lo sabemos”.
    Presidente de la Junta Directiva de Afectados Cosavi, Julio Flores

    El afectado también criticó que aunque la persona esté dentro de las capas, entre $1,000 y $45,000, no le entregan su dinero si no se le ha vencido el plazo, “peor si es certificado de aportación”, el otro cuestionamiento que hacen es que desde hace más de un año no están recibiendo intereses, cuando Cosavi sigue cobrando intereses “entonces ¿dónde está todo ese dinero”, pregunta Flores.

    ¿Qué piden al FMI?

    Dentro de esta solicitud específicamente le piden al Fondo que le condicione al gobierno, para la segunda revisión del acuerdo stand-by que haga una publicación periódica y transparente del avance en la resolución del caso Cosavi, garantizando la devolución efectiva de fondos a los ahorrantes.

    También la creación de un fideicomiso independiente para asegurar el pago rápido y efectivo a socios y tenedores de certificados de aportación, y que el gobierno quite la reserva de información por siete años, que han impuesto en el caso Cosavi.

    Como cuarto criterio, piden que el gobierno acceda al diálogo con los afectados, para que estos sean escuchados por la Superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, que a un año y dos meses de haberse revelado el desfalco nunca ha accedido a una reunión con los socios de la cooperativa.

    La carta será enviada este martes por la tarde, dirigida al señor José Torres, quien se encarga de políticas macroeconómicas y del sector fiscal del FMI.

    Los afectados tienen la “esperanza” de “convencer al fondo” que acepte incluirlos como criterio de cumplimiento dentro del acuerdo con el gobierno, sin embargo, aseguran que agotarán todas las instancias posibles para hacerse escuchar y lograr que el gobierno les devuelva su dinero “nosotros no vamos a desistir, vamos a seguir luchando por nuestros ahorros, no somos delincuentes, ni opositores, solo exigimos que nos devuelva nuestro dinero, es dinero lícito y es producto de una vida de trabajo de miles de personas”, recalcó Ortiz.

  • Esto respondió el FMI sobre el aumento de reservas de bitcoin pese a que programa condiciona compras

    Esto respondió el FMI sobre el aumento de reservas de bitcoin pese a que programa condiciona compras

    Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el aumento en la reserva de bitcoin se relaciona con los movimientos de varias billeteras gubernamentales y no estrictamente a nuevas compras, según declaraciones de Julie Kozack, portavoz del FMI.

    Kozack fue interrogada el 24 de julio, en una conferencia con prensa internacional, sobre cómo el FMI evaluaba que continuará la acumulación de bitcoin, pese a que el acuerdo de $1,400 millones establece condiciones claras de que el gobierno limitará la compras y su intervención en el ecosistema de criptomonedas.

    La portavoz señaló que sobre este tema no tenía “mucho qué añadir de nuevo”, salvo que “la cantidad total de bitcoin en las billeteras gubernamentales se mantiene sin cambios”.

    “La acumulación de bitcoin por parte del Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin es coherente con la condicionalidad del programa. Y los aumentos en el Fondo de Reserva de Bitcoin se relacionan con los movimientos en varias billeteras gubernamentales”, añadió.

    La Oficina del Bitcoin, creada como una dependencia de Casa Presidencial, reporta las constantes compras de criptomoneda realizadas para la reserva de El Salvador, que hasta la fecha suma 6,252.18 monedas.

    Este tema ha generado dudas sobre el argumento del gobierno ante el FMI para sustentar estas adquisiciones sin sobrepasar el acuerdo, mientras el Fondo ha asegurado en diferentes momentos que la Administración Bukele cumple con las condiciones del programa en cuanto al bitcoin.

    Para finales de julio se tiene prevista la salida definitiva del gobierno del monedero Chivo, así como la liquidación del fondo fiduciario (Fidebitcoin) creado en 2021 para garantizar la liquidez con dinero estatal en la conversión de bitcoin a dólares. Además, se publicarán los estados financieros de Chivo auditados por un experto independiente.

    Kozack insistió en que el “desempeño del programa ha sido sólido en El Salvador”.

    “La economía ha continuado su expansión a medida que se abordan los desequilibrios macroeconómicos. Los objetivos fiscales y de reservas clave se cumplieron con margen al momento de la revisión. Se sigue avanzando sustancialmente con la ambiciosa agenda de reformas en materia de gobernanza, transparencia y resiliencia financiera”, sostuvo.

    Con el desembolso inmediato de $113 millones cuando se aprobó el programa en febrero pasado y el aval de $118 millones tras la aprobación de la primera revisión, el FMI ha entregado al gobierno salvadoreño $231 millones.

  • Gobierno prepara reforma integral a la administración pública

    Gobierno prepara reforma integral a la administración pública

    El gobierno está preparando una reforma integral de la administración pública en El Salvador como parte del calendario de reformas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Según el memorando actualizado de políticas económicas y financieras, el acuerdo con el FMI proyecta que la reforma a la administración pública en El Salvador reduzca la masa salarial en alrededor de 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027.

    La propuesta de reforma integral del servicio civil será publicada en septiembre de 2025 y su proyecto sería presentado ante la Asamblea Legislativa en el año 2026.

    Actualmente, se está elaborando una «estrategia amplia de reforma de la administración pública» con asistencia técnica del Banco Mundial. El documento «que ilustre los principales objetivos y el programa de trabajo para preparar dichas reformas» será publicado a «finales de septiembre de 2025».

    El proyecto de ley será presentado «a más tardar a mediados de 2026».

    El objetivo de la reforma sería «armonizar el sistema de compensación para garantizar que los salarios públicos estén relacionados con la productividad y las calificaciones de los funcionarios públicos», así como «aplicar criterios más estrictos para la contratación», y que se eviten «expansiones innecesarias del empleo público».

    Los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas deben continuar especialmente a través de una mayor racionalización de la masa salarial y otros gastos corrientes». Nigel Clarke, director gerente adjunto, presidente interino del FMI.

    La masa salarial estatal ascendió a $885 millones a finales de marzo, «muy por debajo» de la proyección de $918 millones. Para el primer trimestre de 2026, la meta de masa salarial es $924 millones.

    A diciembre de 2025, se ha proyectado una masa salarial de $3,964 millones, como «criterio cuantitativo de desempeño» (QPC) acumulado.

    Según el FMI la reforma a realizarse en el servicio civil debe ser «integral», ya que es uno de los elementos, junto a la reforma de pensiones, que apuntalarían el ajuste fiscal «más allá de 2025».

    El Fondo reconoció que el plan de consolidación fiscal se ha visto respaldado por «las restricciones a la contratación» y registró una reducción de «más del 20 por ciento en la masa salaria en el primer trimestre de 2020», un 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB).