El salvadoreño Daniel Alexander Martínez Marín, de 24 años de edad, fue acusado el sábado en un tribunal guatemalteco de asesinar a un niño de 12 años y guarda prisión en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 1 de Quetzaltenango, al occidente de Guatemala, informó la Policía Nacional Civil del vecino país.
Martínez habría asesinado con una arma blanca al menor Jonathan Joel Vásquez Tizol en el municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango. El niño murió a causa de las heridas.
Martínez Marín ya había sido detenido tres días después del crimen, el 17 de septiembre, durante un allanamiento en la zona de Llanos de la Cruz. En esa ocasión, las autoridades guatemaltecas le incautaron droga y fue acusado por posesión para consumo. Sin embargo, en la audiencia inicial la jueza dictó falta de mérito por el asesinato, decisión que generó indignación entre la comunidad local.
El historial delictivo del salvadoreño incluye un arresto anterior en noviembre de 2023 cuando fue capturado mientras portaba un arma de fuego sin documentación legal y varias bolsas con marihuana.
El sábado, con la nueva orden de aprehensión por asesinato, Daniel Alexander Martínez Marín fue trasladado al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango, donde enfrentará cargos por el crimen del menor, así como por los delitos vinculados al narcotráfico y tenencia ilegal de armas.
El caso ha causado conmoción en la comunidad de Llanos de la Cruz, donde vecinos exigen justicia por la muerte del niño, quien trabajaba en la tienda donde fue asesinado.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica confirmó el sábado la detención de una embarcación que transportaba dos toneladas de cocaína en el Pacífico sur del país.
Las unidades policiales costarricenses, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), detectaron la lancha sospechosa e iniciaron una persecución frente a la costa de Golfito, en el Pacífico Sur.
«Al notar la presencia policial y con el fin de huir, los sospechosos encallaron de forma violenta la embarcación en tierra. Debido a esta agresiva maniobra, y producto del impacto generado, uno de los ocupantes cayó al suelo. De inmediato, los oficiales del Guardacostas coordinaron con la Cruz Roja, quienes lo declararon fallecido en el lugar», explicó el ministerio en su informe.
Como parte del operativo, la policía detuvo a un sujeto de nacionalidad ecuatoriana de apellido Cacierra, mientras que otro sospechoso logró huir de la escena. El Ministerio de Seguridad desplegó un dispositivo policial en tierra para tratar de ubicarlo.
«Estamos rastreando la zona en búsqueda de un tercer sujeto. Vamos a proseguir haciendo nuestro trabajo de lucha contra el narcotráfico en la zona sur-sur de Costa Rica», afirmó el ministro costarricense de Seguridad, Mario Zamora.
La Policía de Control de Drogas, en coordinación con la Fiscalía, se encargaron de hacer la revisión de la lancha y el levantamiento de las pesquisas del caso. El detenido será remitido al Ministerio Público para su debido procesamiento por el delito de tráfico internacional de drogas, que en Costa Rica se castiga con hasta veinte años de cárcel.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López defendió este sábado una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, al considerarla “absolutamente legítima”.
A juicio del líder de Voluntad Popular, dicha acción sería válida tras lo que calificó como un “golpe de Estado” cometido por el presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas en julio de 2024.
En entrevista con Europa Press, López manifestó que la salida de Maduro “representa el mayor punto de encuentro entre los venezolanos” y que todo escenario que conduzca hacia una transición democrática debe ser respaldado. También aplaudió el endurecimiento de la presión de Washington desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
López dio su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y no dudó al afirmar que también apoyaría una intervención directa.
“Tendría una respuesta masiva de los venezolanos”, sostuvo, recordando que “así se conquistó la independencia en América Latina”.
Rechazó que la muerte de ciudadanos venezolanos durante operativos contra narcotraficantes recaiga en las fuerzas estadounidenses, responsabilizando en cambio al Gobierno de Maduro.
El opositor también vinculó directamente al Ejecutivo con el Cártel de los Soles, afirmando que esta estructura “no es paralela, es el Estado mismo”.
Celebró que el Parlamento Europeo haya instado a clasificar esta red como organización terrorista, una postura que ya ha adoptado Estados Unidos. Asimismo, pidió al Gobierno de España y a sus empresas, incluidas las petroleras, romper relaciones políticas y económicas con Caracas.
Finalmente, López reiteró su respaldo al excandidato Edmundo González, a quien calificó como “el presidente constitucional de Venezuela”, y a María Corina Machado como principal referente de la oposición. Criticó a otros líderes opositores como Henrique Capriles por, según él, aceptar las condiciones del régimen. “Conformarse con las migajas del Gobierno no tiene ningún impacto en la aspiración colectiva de la mayoría de venezolanos”, afirmó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el jueves haber sostenido conversaciones con miembros de su gabinete o líderes militares para planificar un posible cambio de régimen en Venezuela, en medio del aumento de tensiones entre ambos países.
El mandatario estadounidense fue abordado por la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras concluir una visita de Estado al Reino Unido. Cuando se le preguntó si había discutido la posibilidad de un cambio de régimen con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con altos mandos militares, el presidente respondió escuetamente: “No, no lo he hecho”.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha vuelto más tensa en las últimas semanas debido a un despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que, según Washington, busca combatir el narcotráfico procedente del país sudamericano.
Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han destruido al menos tres embarcaciones en aguas internacionales que presuntamente transportaban drogas, y aseguró que las personas a bordo murieron durante la operación. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro rechaza esta versión y calificó los ataques como “ilegales”.
En respuesta, Maduro advirtió que Venezuela se encuentra en una “fase de lucha no armada”, pero afirmó que, de ser atacada por “el imperio estadounidense”, responderán con “lucha armada” para defenderse del “grupo yanqui invasor”.
La administración Trump ha ofrecido una recompensa de hasta $50 millones por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusa de encabezar el Cártel de los Soles, una red de narcotráfico. El régimen venezolano niega todas las acusaciones.
Más de 22 toneladas de diferentes tipos de droga han sido incautadas en El Salvador en lo que va de 2025, con un valor de 545,1 millones de dólares, según informaron este martes funcionarios del Gabinete de Seguridad.
La información oficial destaca que durante la Administración del presidente Nayib Bukele (en seis años) han sido decomisadas 71,6 toneladas de drogas con un valor de más de 1.682 millones de dólares.
Las autoridades de Seguridad también se refirieron a un cargamento de 1,4 toneladas de cocaína, valorada en 35 millones de dólares, que fue localizada flotando por miembros de la Marina Nacional de El Salvador, en aguas del Pacífico, según lo informó en X el pasado 9 de septiembre Bukele.
«Con este nuevo decomiso, ya sumamos 37,2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932,4 millones de dólares», destacó en X el presidente salvadoreño.
Un total de 17,2 toneladas de diferentes tipos de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas «corresponden a cocaína», dijo en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino.
La Administración de Donald Trump anunció la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, tras considerar que el país sudamericano “incumplió manifiestamente” sus compromisos internacionales contra las drogas, según un comunicado del Departamento de Estado.
“El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”, señaló el comunicado.
Junto a Colombia, Estados Unidos también retiró de la lista a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania, por los mismos motivos de incumplimiento en sus esfuerzos antidrogas.
Washington advirtió que los países que no atiendan sus responsabilidades en la erradicación de coca y el control del tráfico de cocaína “enfrentarán graves consecuencias”. No obstante, insistió en que la asistencia estadounidense hacia Colombia, Bolivia, Venezuela y Birmania sigue siendo “vital para los intereses nacionales de EE.UU.”.
Sobre Colombia, el Departamento de Estado afirma que considerará quitar al país de la lista si el Gobierno de Petro: «Adopta medidas agresivas para erradicar la coca y reducir el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes se benefician de ella».
Reacción del Gobierno colombiano
Horas antes del anuncio oficial, Gustavo Petro adelantó en un consejo de ministros que EE.UU. procedería con la descertificación antidrogas, pese a los sacrificios de militares, policías y civiles en la lucha contra el narcotráfico.
En 2024, Colombia reportó la incautación de más de 889 toneladas de cocaína, según el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, durante una visita a Washington. Sin embargo, estas acciones no evitaron la decisión de la Casa Blanca.
La medida afectará directamente la cooperación internacional contra el narcotráfico, en especial las operaciones contra el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, grupos armados que mantienen actividades ligadas al tráfico de drogas en Colombia.
La certificación antidrogas de EE.UU., vigente desde 1986, evalúa anualmente los esfuerzos de una veintena de países productores y de tránsito de drogas ilícitas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que su país no descarta una intervención dentro del territorio venezolano, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas.
“Veremos qué pasa. Mira, Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable”, afirmó Trump a la prensa en Nueva Jersey antes de viajar hacia Washington.
“No nos gusta lo que Venezuela nos está mandando: ni sus drogas ni sus pandilleros. No nos gusta, no nos gusta nada”, agregó el mandatario.
Las declaraciones se producen tras el despliegue de ocho buques militares y un submarino estadounidense en el mar Caribe, bajo el argumento de reforzar las operaciones contra el narcotráfico. En ese contexto, Estados Unidos anunció recientemente el derribo de una lancha que, según sus autoridades, transportaba drogas y a once presuntos miembros del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro negó la versión y condenó el ataque.
Al ser cuestionado sobre la legalidad de la operación, Trump respondió: “Lo que es ilegal es que 300 millones de personas murieran el año pasado por drogas”.
Desde Caracas, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció que Estados Unidos realiza vuelos de inteligencia sobre Venezuela y acusó a Washington de preparar un “plan de amenaza militar e intervención” para desplazar a Maduro del poder.
El Ejecutivo venezolano informó además que un destructor estadounidense desplegó a dieciocho efectivos armados que ocuparon una embarcación con “nueve pescadores humildes” en la Zona Económica Exclusiva del país. Ante esto, el gobierno ordenó la movilización de buques, el alistamiento de milicianos y un refuerzo militar en cinco regiones costeras.
La crisis diplomática entre ambos países escala así a un nuevo nivel, con acusaciones cruzadas y una tensión que pone bajo la lupa la estabilidad en el Caribe.
Este miércoles 10 de septiembre a las 5:30 pm (hora de El Salvador) se estrenará “Narcoterroristas”, una miniserie de diez capítulos que busca visibilizar la crisis política y social en Venezuela, mostrando cómo, según sus creadores, el país ya no está gobernado por un presidente, sino por el Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro.
La serie, producida por la agencia argentina Methodo, se transmitirá exclusivamente en Instagram a través de la cuenta @narcoterroristasvzla. Con un formato innovador inspirado en las grandes plataformas de streaming, presentará microcontenidos de un minuto que revelan el modus operandi de esta red criminal acusada de narcotráfico, terrorismo, persecución y tortura.
“Lo que ocurre en Venezuela no es ficción. Es una historia de terror que el mundo necesita ver para comprender la magnitud del horror que sufren los venezolanos, que a pesar de todo siguen luchando por la libertad”, afirmó Patricio Hernández, CEO de Methodo, quien explicó que el proyecto nació tras un viaje al país.
Cada episodio muestra los rostros, las conexiones y los tentáculos del Cartel de los Soles, una organización que opera desde hace más de dos décadas y que recientemente fue declarada organización terrorista por Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana y el Congreso de Perú. El cartel, integrado por altos mandos chavistas, ha controlado negocios ilícitos que incluyen tráfico de drogas, minerales, petróleo y personas.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, en 2024 estas actividades generaron al régimen ingresos estimados en $8,236 millones. Además, el cartel mantiene alianzas con grupos como las FARC, el ELN, carteles mexicanos y el Tren de Aragua, este último también catalogado como organización terrorista global por Estados Unidos.
Al frente del Cartel de los Soles se encuentran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, imputados por la justicia estadounidense desde 2020 por cargos de narcoterrorismo. Sobre Maduro pesa una recompensa de $50 millones, la más alta en la historia de Estados Unidos, incluso superior a la que se ofreció en su momento por Osama Bin Laden.
A un año del estallido de la crisis de violencia en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, el saldo es devastador: 1,828 homicidios dolosos y 2,390 desapariciones. La pugna interna del cártel de Sinaloa, declarado grupo terrorista por Estados Unidos en 2025, mantiene a la población en una situación de angustia permanente.
“Hemos vivido un año en el que si hacemos una analogía es como si estuviera lloviendo todos los días”, declaró a EFE Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).
Según el especialista, los meses más violentos fueron octubre y noviembre de 2024, con 182 y 172 homicidios respectivamente, y junio de 2025, con un repunte de 207 asesinatos.
El origen de esta crisis se remonta a septiembre de 2024, cuando se agudizó el enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones internas del cártel, tras la detención de Ismael “el Mayo” Zambada en julio, entregado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
La violencia ha golpeado con fuerza a la sociedad sinaloense. Miles de familias sufren la desaparición de sus seres queridos, lo que ha dado lugar al surgimiento de colectivos de madres buscadoras.
“En este delito puede haber el doble de casos de los denunciados porque muchas familias no confían en la autoridad”, advirtió Calderón.
El especialista recordó que Sinaloa ya atravesó crisis similares en 2008-2011 y en 2017, pero destacó que la actual “ha trastocado la cotidianidad, canceló la vida nocturna y en algunos momentos interrumpió actividades escolares y laborales”.
Calderón urgió a fortalecer las instituciones estatales de seguridad y justicia, con más presupuesto para policías, ministerios públicos y peritos.
“Tenemos unas instituciones estatales muy débiles (…) sin las corporaciones federales el problema sería dos o tres veces más grave”, señaló.
Ante la magnitud del conflicto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este lunes su compromiso con la pacificación del estado.
“Vamos a seguir trabajando, ahí está el gabinete de seguridad cada 15 días, hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de investigación, hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa”, aseguró.
