Ocho años después del inicio de la crisis política derivada de las protestas de 2018, la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “cada vez más preocupante” y la represión “ha alcanzado todos los sectores”, afirmó este lunes la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Comunicaciones recientes de expertos de la ONU también documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, censura y restricciones religiosas.
El organismo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que analiza la situación de las libertades fundamentales entre junio de 2025 y junio de 2026. Una de sus principales conclusiones sostiene que “ya no existe el pluralismo político en las instituciones nacionales ni en el ámbito local”.
La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, señaló como ejemplo que ninguna de las 185 votaciones realizadas en la Asamblea Nacional durante el período analizado registró un voto disidente.
“Esa misma realidad se reproduce a nivel local, donde el partido gobernante controla las 153 municipalidades del país”, agregó.
Kohonen vinculó esta situación con el silenciamiento de opositores y críticos y con modificaciones institucionales impulsadas durante los últimos años.
“La última reforma constitucional propuesta y aprobada el 1 de septiembre profundiza esta tendencia”, advirtió, al señalar que la modificación incorpora amplias restricciones para la participación política.
La funcionaria también denunció el cierre “prácticamente total” del espacio cívico y señaló que 56 medios de comunicación fueron cerrados y 5,539 organizaciones canceladas desde 2018 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los mecanismos de Naciones Unidas han documentado anteriormente el colapso del espacio cívico nicaragüense y la salida del país de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y dirigentes opositores.
Las restricciones también alcanzan el ámbito religioso, según el informe presentado por Kohonen, que recoge incidentes de hostigamiento contra integrantes de la Iglesia católica.
“Más de la mitad de las diócesis católicas permanecen sin obispo debido al exilio de sus titulares”, subrayó.
Expertos de Naciones Unidas reportaron en marzo de 2026 denuncias relacionadas con discriminación contra comunidades religiosas, censura y represión de expresiones religiosas pacíficas.
La Oficina de la ONU documentó además al menos 35 casos de detenciones arbitrarias durante los 12 meses analizados y calificó de “especialmente alarmante” el incremento de muertes de personas bajo custodia estatal.
El informe contabilizó al menos cuatro casos entre junio de 2025 y junio de 2026, incluido el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.
“La oficina reitera su llamamiento a Nicaragua para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, ponga fin a las prácticas de represión y reanude su cooperación con los mecanismos regionales y de Naciones Unidas en materia de derechos humanos”, concluyó Kohonen.
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